Policiales
Crimen de Víctor: el intendente de Santa Ana dijo que las marchas “ensucian al pueblo”
Así reveló Eliana, la hermana del chico que murió por un disparo que le efectuó un oficial de la Policía. Se lamentó por esta actitud ya que “cuando el necesitó el apoyo del pueblo hasta le dimos vuelta la camioneta a un ministro”, dijo.
POSADAS. El intendente de Santa Ana, Pablo Castro, le dijo a los familiares de un joven que fue asesinado por un policía que no hicieran marchas para reclamar el esclarecimiento del hecho, porque “ensucian al pueblo”.
La sugerencia fue revelada por Eliana Márquez Dos Santos, hermana de Víctor que murió el 24 de agosto al recibir un disparo en la cabeza efectuado por el oficial Deibid Ramón Vergara, durante un operativo policial.
Por el caso siete efectivos fueron detenidos, pero al presente Vergara y otros dos continúan en prisión en tanto que una mujer policía que dio detalles del incidente, cumple prisión domiciliaria.
Con respecto a la injerencia del intendente Castro, Eliana dijo al canal Misiones Cuatro que “llama a los vecinos, les prohíbe que vengan a las marchas y les dice que no nos apoyen más”.
Por esa razón los familiares hablaron con el alcalde, pero “él niega todo. En cambio los vecinos nos mandan los audios y nos dicen: mirá, escuchá, esto es lo que nos dice”.
Al ser interrogado sobre esa actitud, la hermana de Víctor dijo que les respondió: “ensucia al pueblo (las marchas y los reclamos), que dejemos todo así, que ya están los culpables. Para qué seguimos”.
En esa circunstancia dijo que le recordaron entonces que “cuando usted necesitó que el pueblo se mueva y que lo apoye, también hicimos marchas y hasta le volcamos la camioneta a un ministro”, recordando la crisis política de abril de 2015.
Por esos antecedentes, “como mínimo esperábamos que no se interponga en esto que es nuestro derecho”, dijo Eliana que además comentó acerca de la presencia en Santa Ana del ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, hace pocos días.
“Me fui sola, yo quería que esté presente mi abogado. No me dieron tiempo de nada. Le comenté que el intendente hace esto de prohibir a los vecinos que nos ayuden. El ministro dice que el municipio no tiene nada que ver. Nosotros sabemos, pero que deje que los vecinos nos ayuden”, señaló.
Añadió la mujer que a raíz de las presiones, “los mismos vecinos que van a la marcha son los que no trabajan para ellos (Castro y funcionarios), los que no le deben nada al intendente. Porque los que trabajan para él o le deben favores no pueden ir”.
Por último remarcó que “lo único que pedimos es Justicia. No le faltamos el respeto a nadie ni a nada. Duele que te traten así. Cada vez que hablo con alguien tengo que pedir disculpas como si yo hubiera hecho algo malo. Tenemos una ley en la que el asesino tiene más derechos que la víctima”, señaló.
Dos motociclistas fallecieron esta madrugada tras un siniestro vial registrado en el kilómetro 1426 de la ruta nacional 12, en cercanías de Hipólito Yrigoyen.
Las víctimas fueron identificadas como Eduardo Doprado (50), domiciliado en Puerto Iguazú, y Ramona Albina Castillo (68), oriunda de Ituzaingó, Corrientes.
El hecho ocurrió alrededor de las 4, cuando una motocicleta Honda Titan 125 cc impactó de frente contra un colectivo de la empresa Río Uruguay que se desplazaba en sentido Posadas–Iguazú. La fuerza del choque provocó que ambos ocupantes de la motocicleta perdieran la vida en el lugar.
La moto quedó sobre la calzada, mientras que el ómnibus era conducido por un hombre de 55 años, acompañado por un guarda de 22, quienes resultaron ilesos.
Efectivos de la comisaría local, junto a peritos de la División Científica, personal de Seguridad Vial y profesionales médicos y bioquímicos policiales, realizaron las tareas de rigor.En tanto, por orden del juez interviniente, los dos vehículos fueron secuestrados para avanzar con la investigación.
Un procedimiento de rutina en una ruta provincial se convirtió en un escándalo este lunes cuando agentes de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de Entre Ríos detuvieron a una oficial en actividad de la Policía Federal Argentina (PFA) que transportaba más de 14 kilos de cocaína ocultos en su vehículo.
La droga, valuado en unos 315 millones de pesos, estaba escondida en los zócalos de un Ford Fiesta Kinetic y apunta a posibles ramificaciones en una red de narcotráfico con vínculos en Misiones y Buenos Aires.
El arresto ocurrió pasadas las 3 de la mañana en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito, sobre la ruta nacional 14, en el límite entre Corrientes y Entre Ríos.
La mujer, oriunda de Buenos Aires y de unos 40 años –cuya identidad no fue revelada por razones judiciales–, viajaba sola en sentido sur, desde Posadas (Misiones) hacia San Justo, en el partido de La Matanza.
Durante el control preventivo, un can detector de narcóticos alertó sobre irregularidades en el vehículo. Al inspeccionar los zócalos, los policías extrajeron inicialmente tres paquetes rectangulares con una sustancia blanca que reaccionó positivamente a pruebas químicas de campo.
Posteriormente, hallaron seis envoltorios adicionales, sumando un total de 14 kilos de clorhidrato de cocaína de alta pureza. La oficial, sorprendida en flagrancia, no opuso resistencia y fue esposada en el acto.
Lo que más impacta al caso es el perfil de la detenida: según fuentes judiciales, la mujer había trabajado en la Dirección de Asuntos Internos de la PFA, el área encargada de investigar irregularidades dentro de la propia fuerza.
El diario La Nación añadió que sus colegas en Buenos Aires no tenían conocimiento de sus actividades hasta que la noticia se filtró en las últimas horas.
La jueza federal Analía Ramponi, titular del Juzgado Federal de Concordia, tomó intervención inmediata. La sospechosa fue trasladada a una comisaría en Chajarí, donde permanece detenida a disposición de la Justicia.
Además de la droga y el auto, se incautaron elementos vinculados al caso, como teléfonos y documentación. El procedimiento derivó en tres allanamientos simultáneos: dos en Posadas (Misiones) y uno en La Matanza (Buenos Aires), donde se secuestraron más estupefacientes, datos informáticos y se identificaron posibles cómplices en una presunta organización narco.
Un oficial de la Policía de Misiones que habría facilitado la fuga de siete delincuentes que estaban alojados en la comisaría de Bernardo de Irigoyen fue detenido este mediodía y quedó a disposición de la Justicia.
La detención del uniformado se concretó en la sucursal del banco Macro en Irigoyen, donde el implicado cumplía servicio adicional, adelantaron fuentes consultadas.
El sospechoso fue identificado como Mario O., y sería oriundo de San Antonio. Se le secuestró un teléfono celular que será sometido a pericias.
Del procedimiento participaron los propios camaradas del agente, como así también personal de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), cuya intervención se dio a pedido del procurador general Carlos Giménez.
La causa está en manos del fiscal de Instrucción Uno de San Pedro, Francisco Javier Insfrán, y del juez de instrucción de la misma circunscripción judicial, Ariel Belda Palomar, quienes dirigieron y supervisaron las primeras actuaciones del caso.
En paralelo, la Jefatura de Policía dispuso la apertura de un sumario administrativo con intervención de la Dirección Asuntos Internos de la institución.
La fuga se registró el lunes a la madrugada, cuando siete sindicados delincuentes de peligrosidad lograron escapar a través de un boquete realizado en el sector de sanitarios de calabozos de la comisaría de Bernardo de Irigoyen.
Los evadidos fueron Alejandro “Dente” Ramos, Emanuel “Pirata” Krourluch, Daniel Simons, Agustín Morais, Jorge Ojeda, Darío Brítez y Juan José Ferreira Álvez, todos acusados por delitos graves como robos calificados y homicidios.
El hecho motivó un mega operativo policial del cual participaron más de 500 agentes abocados a la búsqueda y en exactamente 48 horas todos fueron recapturados.
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