Policiales
Crimen de Víctor: el intendente de Santa Ana dijo que las marchas “ensucian al pueblo”
Así reveló Eliana, la hermana del chico que murió por un disparo que le efectuó un oficial de la Policía. Se lamentó por esta actitud ya que “cuando el necesitó el apoyo del pueblo hasta le dimos vuelta la camioneta a un ministro”, dijo.
POSADAS. El intendente de Santa Ana, Pablo Castro, le dijo a los familiares de un joven que fue asesinado por un policía que no hicieran marchas para reclamar el esclarecimiento del hecho, porque “ensucian al pueblo”.
La sugerencia fue revelada por Eliana Márquez Dos Santos, hermana de Víctor que murió el 24 de agosto al recibir un disparo en la cabeza efectuado por el oficial Deibid Ramón Vergara, durante un operativo policial.
Por el caso siete efectivos fueron detenidos, pero al presente Vergara y otros dos continúan en prisión en tanto que una mujer policía que dio detalles del incidente, cumple prisión domiciliaria.
Con respecto a la injerencia del intendente Castro, Eliana dijo al canal Misiones Cuatro que “llama a los vecinos, les prohíbe que vengan a las marchas y les dice que no nos apoyen más”.
Por esa razón los familiares hablaron con el alcalde, pero “él niega todo. En cambio los vecinos nos mandan los audios y nos dicen: mirá, escuchá, esto es lo que nos dice”.
Al ser interrogado sobre esa actitud, la hermana de Víctor dijo que les respondió: “ensucia al pueblo (las marchas y los reclamos), que dejemos todo así, que ya están los culpables. Para qué seguimos”.
En esa circunstancia dijo que le recordaron entonces que “cuando usted necesitó que el pueblo se mueva y que lo apoye, también hicimos marchas y hasta le volcamos la camioneta a un ministro”, recordando la crisis política de abril de 2015.
Por esos antecedentes, “como mínimo esperábamos que no se interponga en esto que es nuestro derecho”, dijo Eliana que además comentó acerca de la presencia en Santa Ana del ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, hace pocos días.
“Me fui sola, yo quería que esté presente mi abogado. No me dieron tiempo de nada. Le comenté que el intendente hace esto de prohibir a los vecinos que nos ayuden. El ministro dice que el municipio no tiene nada que ver. Nosotros sabemos, pero que deje que los vecinos nos ayuden”, señaló.
Añadió la mujer que a raíz de las presiones, “los mismos vecinos que van a la marcha son los que no trabajan para ellos (Castro y funcionarios), los que no le deben nada al intendente. Porque los que trabajan para él o le deben favores no pueden ir”.
Por último remarcó que “lo único que pedimos es Justicia. No le faltamos el respeto a nadie ni a nada. Duele que te traten así. Cada vez que hablo con alguien tengo que pedir disculpas como si yo hubiera hecho algo malo. Tenemos una ley en la que el asesino tiene más derechos que la víctima”, señaló.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó penas de 1 año y 10 meses de prisión, respectivamente, para los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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