Fueron dos fallos simultáneos de distintos jueces. Uno dijo que los funcionarios que escribieron en DNU “son incapaces de aprobar un parcial de Derecho Civil-Parte General”. Otro, que la norma es inconstitucional.

BUENOS AIRES (Diarios y agencias). La justicia laboral volteó, este martes y con dos fallos, el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Mauricio Macri que bajó las indemnizaciones por accidentes laborales.

Si bien desde el principio se advirtió que el DNU de Macri era inconstitucional y que el primer juez del fuero laboral que tuviera que resolver al respecto, lo rechazaría, pocos esperaban un doble fallo en el mismo sentido.

El juez Fernando Vilarulo hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y suspendió la aplicación del decreto 669 publicado hace diez días en el Boletín Oficial, cuando entraba formalmente en vigencia.

En el dictamen el magistrado sostuvo que el Poder Ejecutivo se arrogó facultades legislativas vedadas por la Constitución y consideró que los argumentos carecían de razonabilidad y justificación para eludir la intervención del Congreso.

En tanto, el juez subrogante Alejandro Segura declaró inconstitucional el artículo 3 del decreto 669, el que establecía la retroactividad de la medida, calificándolo de “insólito” y “dislate” por el intento de retroactividad y dice que sus efectos son “tenebrosos”.

Además, afirma que los autores del DNU  “desconocen los rudimentos del Derecho Civil. De lo contrario no se explica cómo han sido capaces de dictar una norma tan aberrante”, remarca.

Segura intervino en un reclamo del periodista Miguel “Tití” Fernández contra dos ART, a las que condenó a pagar de acuerdo a lo que la ley establecía previo al decreto de Macri.

“El DNU debe ser arrastrado por un imaginario ratón directo a la papelera de reciclaje”, dice el juez, por momentos casi en tono de burla para con los funcionarios nacionales que escribieron la norma, sobre quienes concluye que son “incapaces de aprobar un parcial de Derecho Civil Parte General”.

Es por el fallo contra la quita de IVA y Ganancias que aplicó la Nación mediante un DNU. No hay una cifra exacta de la cantidad afectada, pero el reclamo es que sea devuelta con retroactividad. Y que los decretos queden sin efecto.

BUENOS AIRES (Agencias y diarios). Las quince provincias que se alzaron contra la quieta de impuestos coparticipables por parte de la Nación, reclamaron este martes que la Corte Suprema exija al gobierno de Mauricio Macri la devolución de unos 35 mil millones de pesos.

La medida fue adoptada en el marco de una reunión de ministros de Economía y fiscales de Estado que unificaron estrategias de presión para que el macrismo acate el fallo de la Corte y compense a las provincias por lo que les hizo perder con sus medidas económicas de “alivio”, que les implicaron pérdidas por el recorte de IVA y Ganancias.

Los gobernadores pretenden una metodología común para fijar el monto de compensación, ya que si bien el fallo habla de una quita de 35 mil millones de pesos coparticipables, en la cumbre de este martes no hubo un cálculo preciso.

“Es muy difícil tener un estimado porque nos afecta las finanzas en el goteo diario de coparticipación. Uno puede hacer una estimación global del costo pero es difícil de determinar la incidencia diaria”, explicó uno de los ministros que participó de la reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Según los datos que manejan, la pérdida total del recorte de IVA y Ganancias es de 61.800 millones de pesos desde que Macri anunció hasta su vencimiento en diciembre.

Una parte corresponde a la Nación y la otra a las provincias, sin embargo la caída de la recaudación por efecto de la recesión dificulta el cálculo: “El monto está entre 35 y 37 mil millones, pero es complejo estimar el IVA”, aclaran.

Del encuentro también participaron los fiscales de Estado de las provincias que presentaron la cautelar y acordaron seguir con pedidos a la Corte.

Es que los gobernadores coinciden en que Macri quiere dilatar el tema para dejárselo a la próxima gestión y por eso ahora agregó otra instancia judicial: pidió audiencias que por ahora serán para dos provincias -Entre Ríos y Santiago del Estero- y el tema quedó a la espera de que el máximo tribunal defina qué hacer con este pedido.

“Esperamos que la Corte defina hoy mismo, creemos que va a rechazar el pedido de audiencia del Gobierno”, dijo uno de los fiscales y opinó: “El momento de consensuar era antes, ahora tienen que cumplir el fallo”.

Mientras esperan que la Corte se expida, los gobernadores acordaron hacer un nuevo pedido. “El consenso entre los fiscales y ministros de todas las provincias es que vamos a presentar un nuevo escrito al máximo tribunal para que la Nación suspenda de inmediato la aplicación de los decretos del Presidente”, explican.

Además, la mayoría entiende que el fallo debe ser retroactivo y deberán obtener una compensación por los fondos perdidos. “Buscamos que el Gobierno intime a la AFIP a que a través de ese organismo se cumpla la sentencia”, resumió un funcionario.

Lo hizo a través un fallo que favoreció a las provincias. Fue con respecto a una quita unilateral que hizo la Nación. El costo lo afrontaría el próximo gobierno.

BUENOS AIRES (Diarios y agencias). La Corte Suprema falló a favor de las provincias en el reclamo por la rebaja del IVA y Ganancias, y determinó que la reducción de los impuestos no puede afectar los fondos coparticipables.

La medida es un fuerte revés para la gestión de Mauricio Macri, pero que también puede trasladarse al próximo gobierno, dado que la devolución de los fondos se discutirá más adelante.

La Corte obligó al Estado nacional a afrontar el costo económico total de las medidas de “alivio” que anunció Macri tras su derrota en las PASO: la suba del mínimo no imponible de Ganancias y la reducción al 0 por ciento del IVA a los alimentos de la canasta básica hasta el 31 de diciembre.

De acuerdo con especialistas, la resolución de la Corte no implica que esas medidas queden sin efecto.

El fallo está firmado de manera favorable por los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, en tanto que el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia.

El reclamo beneficia a Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

La Corte le dio la razón a Entre Ríos que planteó que el Poder Ejecutivo “detrajo unilateralmente montos de la masa de recaudación de impuestos coparticipables, sin tener competencia para ello”

Además afirmó que la medida le generaba un perjuicio de mil millones de pesos, según un informe de la Comisión Federal de Impuestos, y que eso la dejaba en “un escenario de extrema gravedad y dificultad para cumplir con las obligaciones”.

Los jueces indicaron que tuvieron “especialmente en cuenta” que la medida del Gobierno nacional podría causar un “daño irreparable” porque los fondos que las provincias dejan de percibir ya fueron presupuestados y se encuentran comprometidos a la ejecución de políticas.

En su disidencia, el juez Rosenkrantz sostuvo que, previo a proveer a la medida cautelar, debía establecerse si la Provincia de Entre Ríos estaba legitimada para efectuar su reclamo.

Para el Gobierno, “no es tradición”

El ministro de Justicia, Germán Garavano, fue el encargado de dar a conocer la reacción del Gobierno al fallo y cuestionó a la Corte Suprema, al tiempo que ratificó que mantendrán las rebajas del IVA y Ganancias.

“Esperábamos el fallo, no es tradición de la Corte de abordar este tipo de cuestiones en tiempos electorales, pero el Gobierno siempre cumple con sus pronunciamientos”, dijo.

“El fallo no es claro en lo operativo, pero el Gobierno lo cumplirá como siempre. Corresponde a los analistas decir si es un pronunciamiento político, pero la Corte tenía la tradición de no hacer fallos con condimentos políticos en tiempos electorales”, agregó.