El aislamiento se mantendrá por tres semanas para AMBA y áreas de Córdoba, Chubut, Chaco y Río Negro. Y el resto del país entrará en una nueva etapa de “distanciamiento social”.

BUENOS AIRES. El presidente Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio y aclaró que gran parte del país entrará en una nueva etapa de “distanciamiento social” en la lucha contra el coronavirus.

A diferencia AMBA y áreas específicas de las provincias de Chaco, Córdoba, Río Negro y Chubut, en el resto del país comenzarán a poder “circular, trabajar y realizar sus actividades siempre que guarden dos metros de distancia”.

El jefe de Estado anticipó que en los lugares donde se flexibilizará la cuarentena podrá haber reuniones de no más de 10 personas, ya sean eventos privados o públicos, tendrán que mantener una distancia de dos metros, y no podrán superar el 50% de la capacidad del lugar.

El anuncio de la extensión de la cuarentena generó una vez más gran expectativa. De hecho, la transmisión televisiva tuvo picos de 46 puntos de rating.

El Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio se seguirá cumpliendo en el AMBA, Gran Córdoba, todo Chaco menos el departamento de San Fernando, ciudades de Río Negro y Trelew.

Eso implica que cada persona debe quedarse en su domicilio y que solo puede salir para hacer compras básicas, para realizar trabajos exceptuados o tareas especialmente autorizadas. El resto del país ingresará en una fase que el Presidente llamó “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”.

Todas las provincias y ciudades que ingresen esa fase tendrán que tener el sistema de salud adecuado para la demanda sanitaria y no deberán tener transmisión comunitaria del virus. Según definió, las personas pueden circular, trabajar y realizar sus actividades siempre y cuando guarden siempre dos metros de distancia con otra persona.

Perspectivas

“Si sacamos el AMBA, la duplicación del contagio en el país es de 43,8 días”, explicó durante la conferencia en la Quinta de Olivos, en la que estuvo acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. La zona urbana que une a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los municipios del conurbano es la zona más afectada. Así lo afirmó el Presidente al decir que “el 90% de los casos está en el AMBA”.

Fernández contó que durante la teleconferencia de hoy recibió el apoyo unánime de todos los gobernadores para poder avanzar en la flexibilización de la cuarentena en la mayor parte del país y sostener las estrictas medidas de aislamiento en algunos lugares específicos.

“Todos detectaron el mismo problema. Vecinos que vienen al AMBA y van a alguno de los lugares donde hay circulación viral, y vuelven contagiados. Hay que entender que el problema no terminó”, indicó.

“Aunque sentimos que muchos lugares del país no tienen contagios, lo cierto es que el contagio ocurre fácilmente. Lo que quiero decir es que a potencialidad del contagio crece si uno se acerca a la zona de mayor dispersión del virus. Los dos focos más importantes que hoy tenemos son la provincia de Chaco, en especial resistencia, y el AMBA”, sostuvo.

El Presidente volvió a resaltar que los resultados que se están obteniendo, comparados con los de la región, “siguen siendo resultados alentadores. En ese sentido, dijo que los resultados “son productor de una sociedad que entendió lo que estaba pasando, se protegió e hizo un gran esfuerzo, aunque no pueda evitar que el virus siga circulando y contagiando”.

Además, otras seis personas serán juzgadas por lavado unos 3.000.000 de dólares y 1.700.000 pesos proveniente de la venta de drogas.

BUENOS AIRES. La viuda del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, su hijo, el ex futbolista colombiano Mauricio “Chicho” Serna y a otras seis personas serán sometidas a juicio como acusados de lavar unos 3.000.000 de dólares y 1.700.000 pesos provenientes de la venta de drogas mediante inversiones inmobiliarias realizadas entre 2008 y 2017 en Argentina, entre ellas en el emblemático Café de los Angelitos.

Según informó hoy el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación a través de su página web, el juez federal 3 de Morón, Néstor Barral, resolvió elevar la causa a la etapa de debate oral.

Esta resolución coincidió con lo solicitado en agosto último por el fiscal federal 1 de dicho departamento judicial, Sebastián Basso, y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias.

Entre los nueve acusados que irán a juicio están la viuda de Escobar Gaviria, María Isabel Santos Caballero (59); el hijo de ambos, Juan Sebastián Marroquín Santos (42); y el ex futbolista “Chicho” Serna (52), a quienes se les atribuye haber realizado un aporte “esencial” para inyectar en el país fondos del narcotraficante José Bayron Piedrahita Ceballos (60), vinculado al líder del Cartel de Medellín.

Antes de elevar el caso a juicio, el magistrado rechazó los planteos de oposición y de sobreseimiento realizados por parte de las defensas.

El MPF les imputa a Piedrahita Ceballos, al abogado argentino Mateo Corvo Dolcet (55), a María de los Ángeles Verta (53), a María Gabriela Sánchez (50) y a Pedro Antonio Ruíz (58), haber integrado “una asociación criminal de corte internacional que operó en el territorio argentino desde al menos 2008 -fecha en la que se detectaron las primeras inyecciones de fondos- hasta el 29 de septiembre de 2017”.

Para los pesquisas, esta organización se dedicaba a “poner en circulación en el sistema financiero local bienes provenientes de maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes que cometió el ciudadano colombiano Piedrahita Ceballos por fuera del país, específicamente en la República de Colombia y en los Estados Unidos de América, con el objeto de otorgarles apariencia lícita”.

Con ese fin, la banda llevó a cabo “actos tales como la conversión, la transferencia, la administración, la venta, el gravamen, la disimulación, entre otros medios idóneos” y mediante distintas empresas logró ingresar al sistema financiero argentino “sumas que alcanzaron los -cuanto menos- 3.081.164 dólares y 1.713.035,15 pesos”.

Por otro lado, los fiscales atribuyen a la viuda e hijo de Escobar Gaviria “haber efectuado un aporte de naturaleza esencial para el cumplimiento de los objetivos criminales de la estructura ilícita mencionada”.

Similar acusación pesa sobre Serna, a quien se acusa de “haberle entregado a Piedrahita Ceballos, a un precio irrisorio y ficticio, los derechos posesorios de un inmueble situado en el paraje denominado El Campito -actualmente identificado como Club de Campo San Diego-, y dos lotes del Barrio Terravista SA, los cuales tenía bajo su propiedad, pero pertenecían realmente al ex jefe de la Oficina de Envigado Carlos María Aguilar”.

Finalmente, se le imputa a Esteban Adrián Delrio (59) el haber puesto en circulación en el sistema financiero local bienes provenientes de maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes desplegadas por Piedrahita Ceballos, también en Colombia y los Estados Unidos.

El devenir del expediente permitió establecer que este colombiano y su entorno tenían contactos con el grupo económico que lideraba Corvo Colcet quien, a través de un conjunto de sociedades comerciales, canalizaría y administraría los fondos provenientes del narcotráfico en emprendimientos inmobiliarios en Pilar y servicios de bar/confitería, entre ellos en la explotación de “El Café de los Angelitos” de Balvanera, que fue allanado en 2017.

Mientras que el 25 de marzo último, el juez Barral dispuso que el predio “Pilar Bicentenario”, afectado a esta causa sea entregado al Municipio de ese partido del norte del conurbano para establecer un centro de diagnóstico de Covid-19.

En tanto, hace un año, el mismo magistrado había dispuesto el procesamiento con prisión preventiva del principal acusado junto a un embargo de 200 millones de pesos.

De acuerdo al MPF, Piedrahita Ceballos “fue señalado como una persona que ocupaba cargos jerárquicos dentro de todas las estructuras criminales que integró desde –cuanto menos- los años 90, y podríamos presumir que fue esa predilecta ubicación la que le permitió conocer a Escobar Gaviria”.

“Tengamos en cuenta que ese mismo posicionamiento fue el que a posteriori le permitió escalar en las altas esferas del Cartel de Cali, y laborar junto a los hermanos Rodríguez Orejuela”, añadieron los fiscales en aquel entonces.

Gremios estatales afirmaron que “es inadmisible el retraso” del bono prometido por el gobierno. Aducen que sólo se pagó en Buenos Aires.

BUENOS AIRES. La conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) al reclamar hoy “el inmediato pago del bono dispuesto para los trabajadores de la salud”, sostuvo que “es inadmisible el retraso producido en su cobro” y aseguró que “la alta burocracia administrativa se convierte en destrato para quienes salvan vidas”.

El secretario adjunto nacional del sindicato y titular de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) de Río Negro, Rodolfo Aguiar, afirmó hoy que “es inadmisible el retraso en el pago de ese bono de 20 mil pesos en cuatro cuotas -entre abril y julio próximo- porque se trata de una compensación salarial determinada en el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, y que todavía no fue percibida”.

Un comunicado firmado por el dirigente sostuvo también que esa realidad de “no cobro” ocurre a nivel nacional, a la vez que ratificó “el heroísmo del personal que se mantiene en la primera línea para contener la pandemia de coronavirus”.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 315/20 determinó el pago de ese bono, por lo que el sindicalista exigió “la inmediata intervención del gobierno nacional, ya que son 22 las provincias que aún aguardan ese reconocimiento salarial”.

“Buenos Aires es la única excepción, según un relevamiento realizado por el sindicato. El decreto fue reglamentado por Resolución Conjunta 3/20 de las carteras de Salud y Trabajo, e indicó que la Jefatura de Gabinete es la encargada de realizar la reasignación de las partidas presupuestarias respectivas”, se señaló desde la entidad gremial.

Foto: archivo LVM.