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Ramos Padilla pidió que el Consejo de la Magistratura cite a Macri, Carrió y Bonadío

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El juez de Dolores se defendió en el proceso que le entabló el Gobierno Nacional para apartarlo de la causa Stiusso. Es porque destapó escuchas ilegales, espionaje y aprietes contra empresarios. Y su defensa amplió una lista de testigos.

BUENOS AIRES (Agencias y diarios). La defensa del juez federal Alejo Ramos Padilla, a cargo de la llamada causa D’Alessio, pidió este jueves que el Consejo de la Magistratura cite al presidente Mauricio Macri, la diputada Elisa Carrió y su par Claudio Bonadío.

El planteo llegó durante el descargo que Ramos Padilla hizo en dicho órgano por la denuncia que impulsó en su contra el Gobierno, ya que su intervención en la causa destapó una red de espionaje político y judicial que llevaba adelante extorsiones, aprietes y operaciones ilegales.

Pero su defensa atacó fuertemente la llamada “Operación Puf” y pidió citar como testigos al presidente Mauricio Macri, la diputada Elisa Carrió, el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, entre otros. Sostuvo también que se trató de blanquear escuchas a detenidos y que desde el Ejecutivo se estuvo al tanto del contenido de esas grabaciones.

“Como juez debo avanzar en la investigación de las causas que son sometidas a mi decisión, y ello, por más que incomode a funcionarios, magistrados y/o legisladores vinculados al Poder Ejecutivo”, sostuvo el juez de Dolores.

Más adelante advirtió: “Se me quiere apartar a través de este procedimiento irregular ante este Consejo de la Magistratura y se recurre para ello a elucubraciones absurdas que se construyen a partir de la utilización indebida de escuchas”.

Recordó que respecto de dicha metodología “la Corte Suprema de Justicia Nación señaló que ‘no sólo deben ser prevenidas y castigadas por la ley y la jurisprudencia subsecuente, sino que deben merecer el máximo repudio social, pues constituyen un atentando a la confianza pública”.

El 18 de marzo, el Gobierno formalizó una denuncia por mal desempeño contra Ramos Padilla en el Consejo de la Magistratura. Fue después de que el juez fuese a la comisión de Libertad de Expresión de Diputados, invitado por la oposición, y contara detalles de la causa.

En televisión, el presidente Macri afirmó que Ramos Padilla ya se había “mandado varias” y añadió: “No es un juez que actúe con ecuanimidad, se prestó a un show mediático, espero que con las pruebas que hay el Consejo de la Magistratura evalúe destituirlo”.

La Comisión de Disciplina y Acusación analizó el caso e invitó al magistrado a hacer su descargo. Fue en ese marco en el que Ramos Padilla respondió sobre la vaguedad de la imputación en su contra.

El descargo de Ramos Padilla fue acompañado por un escrito de su defensa que reclamó que desfilen como testigos ante el Consejo desde el presidente Mauricio Macri, el ministro de Justicia Germán Garavano y el jefe de AFI Gustavo Arribas y su segunda, Silvia Majdalani, hasta la diputada Elisa Carrió.

También se pidió por el juez Claudio Bonadio, el fiscal Carlos Stornelli, el juez de Lomas de Zamora Federico Villena o el director de la oficina de escuchas que depende de la Corte Juan Rodríguez Ponte. Y que se convoque a los detenidos Roberto Baratta o Juan Pablo Schiavi, y al propio fiscal de la causa D’Alessio, Juan Pablo Curi, entre periodistas y políticos.

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Identifican un nuevo centro clandestino de detención de la dictadura

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En el barrio porteño de Floresta se detectó una vivienda que funcionó como centro de tortura del último gobierno de facto en la Argentina.

 

BUENOS AIRES. El juez federal Daniel Rafecas identificó un inmueble que habría funcionado como centro clandestino de detención en la última dictadura militar en el barrio porteño de Floresta y dispuso la “prohibición de innovar” para que no sufra alteraciones, además de ordenar un registro fílmico y fotográfico del sótano del lugar.

“Hicimos un descubrimiento importante para avanzar en las investigaciones. Veníamos con muchos testimonios que nos indicaban que existió un centro clandestino de detención que dependía de la Side y que estaba muy cerca de Automotores Orletti, otro lugar de reclusión por el cual hubo un juicio que terminó con más de doce condenados. Pero hasta el momento no podíamos descubrir dónde se encontraba”, sostuvo Rafecas en diálogo con AM 750 al confirmar esta hallazgo.

La vivienda es actualmente una casa de familia y está ubicada en la misma manzana en la que funcionó el centro clandestino de detención Automotores Orletti, informaron a Télam fuentes judiciales.

En el lugar hay un pequeño sótano en el cual habrían sido alojadas personas secuestradas, según testimonios brindados en la causa penal.

Según la pesquisa, en la casa ubicada en Bacacay 3570 habría funcionado un centro clandestino de detención dependiente de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado en la dictadura, al mando del fallecido general del Ejército Otto Paladino.

La investigación es parte de la megacausa por violaciones a los derechos humanos cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército, vinculada a delitos de lesa humanidad en el centro de detención Automotores Orletti en Floresta.

El centro clandestino de la calle Bacacay habría funcionado con anterioridad o en simultáneo a Orletti y el dato de su existencia surgió por testimonios de sobrevivientes que hasta el momento no habían podido precisar su ubicación exacta.

Pero el juzgado recibió documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos sobre la dictadura en Argentina y allí se hizo mención precisa al domicilio ahora identificado. El inmueble habría sido alquilado por la Side hasta 1977, cuando se vendió.

Los testimonios en la causa indican que las víctimas “eran introducidas encapuchadas, alojadas en habitaciones precarias o en el pequeño sótano de la propiedad, y sometidas a torturas con picana en una habitación acondicionada para ello”, explicaron fuentes del caso.

Además, “no se descarta que este sitio haya servido también para las operaciones del llamado Plan Cóndor, no sólo por su vinculación con Automotores Orletti, sino porque el relato de una de las víctimas da cuenta de que allí se alojaban detenidos uruguayos”, se agregó.

En la causa hay declaraciones de dos víctimas, realizadas en forma remota durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus, que describieron el inmueble de manera coincidente.

Fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos contaron a Télam que desde hace dos años se maneja información con respecto a la existencia de este lugar, que varios represores de Orletti habían aludido como El Jardín o La Cueva”.

La primera información sobre ese centro que funcionó como parte de la estructura represiva que se centraba en Orletti la dio la sobreviviente Mercedes Naveiro -ya fallecida-, quien confirmó que estuvo en una casa con “dos cocinas”.

Con esos datos, el juzgado a cargo de Rafecas inició una investigación y dio con María Ester Poggi, quien junto a su esposo compró esta vivienda en 1977 y tiempo más tarde le hicieron reformas y descubrieron que había un sótano en ese lugar.

La mujer hizo un croquis de la vivienda, brindó detalles de su ubicación en el barrio de Floresta y esos datos coincidieron con la información que apostaron dos sobrevivientes que pasaron por ese centro clandestino.

Se trata de Emma Lebozec y Ana Larrea de Jaroslavsky -residente en París-, quienes realizaron en mayo pasado una descripción por videoconferencia que conformaba los datos del inmueble que tenían en el juzgado.

“Ninguna de las dos mujeres sabían dónde habían estado. Es más, pensaban que habían estado alojadas en la Comisaría 50 de la Capital Federal”, indicaron desde el Juzgado Número 1 a cargo de esta causa.

Además, los compradores de la casa en 1977 fueron ubicados y declararon en el juzgado que cuando ingresaron a la propiedad “encontraron en el sótano unos zapatos de mujer sucios y de color rosa viejo y también zapatos de hombre”.

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Con el pico para agosto en las últimas 24 horas hubo 2.667 infectados y 44 muertos

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El Gobierno confirmó 2667 nuevos casos de coronavirus y 44 muertes en las últimas 24 horas en la Argentina. En un nuevo reporte vespertino, se detalló que los infectados en todo el país son 67.197. En tanto, las víctimas fatales ascienden a 1351.

De acuerdo con el informe diario, del total de infectados, 1066 son importados; 24.124 contactos estrechos de enfermos; 30.493 casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Las víctimas fatales son 18 hombres residentes en la provincia de Buenos Aires; siete en la Ciudad de Buenos Aires; y uno en Chaco y La Rioja.

También murieron nueve mujeres residentes en la provincia de Buenos Aires; seis en la Ciudad de Buenos Aires; y dos en Chaco. En tanto, 23.040 pacientes fueron dados de alta.

En total, se conocieron 1671 nuevos casos en la provincia de Buenos Aires; 841 en la Ciudad, 60 en Chaco; 17 en Jujuy; 13 en Río Negro; 12 en Neuquén; 11 en Córdoba; nueve en Entre Ríos; ocho en Tucumán y Chubut; siete en Mendoza; cuatro en Formosa; dos en Salta; y uno en Corrientes, La Rioja, Santa Fe y Santiago del Estero.

Así, el territorio bonaerense es el área con mayor número de infectados (33.310 totales), seguido por la capital del país (27.944) y Chaco (2091).

En tanto, no se registraron contagios en La Pampa, Misiones, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Además, Catamarca sigue siendo el único distrito sin casos positivos desde el comienzo de la pandemia.

Finalmente, el Gobierno informó que son 576 los pacientes con COVID-19 internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Por su parte, la ocupación camas UTI adulto a nivel nacional es del 50,6%, mientras que en el AMBA la cifra asciende a 55.9%.

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Aprobarán mañana los protocolos para la vuelta a las aulas en todo el país

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Este jueves los ministros de educación de todas las provincias junto al Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, sancionaran el protocolo para la vuelta a las clases.

 

BUENOS AIRES. El Consejo Federal de Educación (CFE), con la participación de los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones, se reunirá mañana en asamblea virtual para la aprobación de los protocolos mínimos y obligatorios para la vuelta progresiva a las aulas cuando la situación epidemiológica lo permita.

El documento fue presentado días atrás por el titular de la cartera educativa nacional, Nicolás Trotta, en conjunto con el Consejo asesor para el regreso presencial a las aulas y ya “cuenta con un amplio consenso entre todas las provincias que han participado en el proceso de elaboración”, informó el Ministerio.

Según se indicó, se trata de “un acuerdo federal que retoma las recomendaciones del Comité de expertos en diálogo con todos los actores del sistema educativo”.

El documento prevé dos instancias: una previa a la apertura de los establecimientos para garantizar las condiciones sanitarias necesarias, y otra que contempla el accionar cuando los establecimientos estén en funcionamiento, “siendo la situación epidemiológica de cada región el condicionante para el regreso a las aulas”, según se aclaró.

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