Policiales
Tuvo sexo con el amigo de su hijo de 15 años y lo extorsionó con falso aborto
El impresionante hecho ocurrió en Santa Fe. La mujer tuvo sexo con el adolescente de 15 años y le inventó una macabra historia sólo para sacarle dinero.
SANTA FÉ. Los habitantes de Villa Guillermina, una pequeña localidad de Santa Fe, están conmocionados. Una mujer de 34 años fue condenada a tres años de prisión y el pago de 90.000 pesos a la familia de un adolescente de 15 años por abuso sexual con acceso carnal y coacciones reiteradas.
Las autoridades comprobaron que la agresora, “aprovechando la inmadurez sexual de la víctima”, usó su cuerpo para hacer que el adolescente, amigo de su propio hijo, le diera dinero. Lo manipuló hasta que el joven no pudo más.
De acuerdo a lo que se logró saber, la mamá de la víctima detectó la situación y realizó la denuncia. Luego de la investigación y la resolución judicial, el fallo interpretó que la acusada planeó todo a sabiendas de que los padres del joven, que son comerciantes, les va bien económicamente.
Según informó ReconquistaHoy, Luciana comenzó el acecho desde la red social Facebook enviándole una invitación para ser “amigos”, lo que el pibe aceptó ya que la conocía.
Al entrar en confianza le pidió prestado mil pesos y le aseguró que se los iba a devolver. En inmediaciones del negocio de los padres del menor se encontraron y el menor le entregó el dinero que la mujer le había pedido.
Pasó una semana y media y como Luciana no devolvía el préstamo, el joven le escribió el recordatorio; y allí fue cuando ella le propuso devolverle de otra manera: teniendo relaciones sexuales, y le mandó fotografías de sus pechos y vagina.
Luego le pidió que le lleve $10.000. El muchacho le llevó esa suma de dinero a la casa, donde Luciana lo hizo pasar a la habitación, le indicó que deje la plata sobre la mesita de luz, que se acueste y se saque el pantalón mientras ella se desnudó quedando solo en corpiño y lo sometió sexualmente sobre la cama robandole la virginidad a su víctima, quien no tenía experiencia sexual.
El plan estaba en marcha. Ella le dijo que se cuidaba con pastillas para no quedar embarazada, y luego le inventó el embarazo que se lo comunicó por WhatsApp para seguir presionándolo por más dinero para abortar.
“$6.000 para las pastillas y $4.000 para la doctora que le haría la prescripción de las pastillas abortivas, y que necesitaba todo el dinero junto”, le inventó la agresora.
El muchacho se preocupó: necesitaba plata, la mujer estaba embarazada e iba a abortar. Los padres se enteraron de lo que estaba sucediendo a partir de un mensaje que ella le envió al adolescente.
Los hechos ocurrieron entre 2016 y 2018. Era concubina (ya no lo sería, según sus familiares) de un suboficial de la policía que se desempeñaba en la comisaría de la localidad. Tiene dos hijos adolescentes, uno de 13 y otro de 15 años; este último es amigo y compañero de estudios y de voley de la víctima.
El martes 5 de marzo pasado, la madre del menor denunció ante la Justicia el caso sufrido por su hijo. Luciana Vera fue detenida al día siguiente, y el jueves 7, en la audiencia imputativa, el fiscal Ríos solicitó prisión preventiva sin plazo, a lo que la jueza Claudia Bressán lo permitió.
En esa audiencia Ríos le atribuyó a Vera los delitos de hurto en concurso real con amenazas, abuso sexual con acceso carnal aprovechando la inmadurez sexual de la víctima y coacciones reiteradas, en calidad de autora.
Ante la solicitud de la defensa, y con la anuencia de la víctima, la magistrada convalidó un procedimiento abreviado para evitar el juicio oral y público. Bressán condenó a Luciana Vera a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional más la obligación de abonar 90.000 pesos en dos cuotas iguales a la familia del adolescente.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
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Una mujer de 50 años fue detenida, acusada de sustraer dos vinos de colección valuados en más de 6 millones de pesos de una tienda de bebidas ubicada sobre avenida Mitre casi Colón.
Todo comenzó con una denuncia radicada el pasado 12 de febrero por la propietaria del local “Vinos y Co”, ubicado en la mencionada intersección, quien advirtió el faltante de dos botellas de alta gama.
Según consta en la denuncia, se trata de un vino Estiva Reservado 1994 de Catena Zapata, valuado en $4.000.000, y otro Estiva Reservado 2008 de la misma bodega, con un valor de $2.450.000, lo que eleva el perjuicio económico a más de 6 millones de pesos.
En ese marco, se inició una investigación para dar con el paradero de la presunta autora del hecho. Finalmente, en la tarde del 31 de marzo, personal policial ubicó a la sospechosa, quien fue detenida y quedó a disposición de la Justicia en averiguación del hecho. La misma fue identificada como Celia S. (50).
Por su parte, los investigadores buscan establecer el destino de las botellas sustraídas, analizando si fueron consumidas, obsequiadas o comercializadas.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente.
Un oficial subayudante de la Policía de Misiones fue detenido y separado de la fuerza luego de dos denuncias por hechos contra la integridad sexual radicadas por uniformadas que compartieron dependencias con él en la localidad de El Soberbio.
El implicado fue identificado como Emanuel K. (26), cuya detención fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, donde se tramita ambas presentaciones radicadas en su contra.
Según la información brindada por la propia fuerza, de las denuncias se desprende que uno de los hechos ocurrió en diciembre de 2023, cuando el apuntado presuntamente encerró a una camarada en una oficina e intentó someterla sexualmente.
El siguiente hecho tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando el mismo uniformado se propasó con una agente con la que compartía lugar de trabajo y después de ello la amenazó para que no relevara lo que había sucedido.
Las denuncias fueron presentadas hace pocos días y después de ello el juzgado ordenó la detención del agente involucrado, al tiempo que la Jefatura de Policía inició una investigación administrativa a través de la Dirección de Asuntos Internos y ordenó el pase a disponibilidad del acusado.
El uniformado ahora se encuentra detenido y a disposición de las autoridades intervinientes en la causa, quienes decidirán los próximos pasos a seguir.
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