Hizo lugar a un recurso de casación. Y admitió su responsabilidad en la muerte de un motociclista.Pero advirtió que conducía dentro de los límites establecidos. Una cadena de inhibiciones la beneficiarían para evitar la prisión por la condena de cuatro años que recibió.

POSADAS: El Superior Tribunal de Justicia dispuso que sea revisada la pena de cuatro años de prisión impuesta a la abogada Rocío Santa Cruz, por la muerte de un motociclista en un siniestro vial, con lo cual podría eludir el encierro en un penal.

Si bien el máximo órgano judicial coincidió con el fallo del juez César Jiménez en cuanto a la responsabilidad de la mujer en la muerte de Ramón Cabrera, un empleado municipal, consideró que la velocidad con que se desplazaba estaba dentro de los límites permitidos.

Dicha circunstancia habría sido evaluada como un atenuante para que el Tribunal diera curso al pedido de reducción de la pena de cuatro años de prisión, que por su monto debería ser de cumplimiento efectivo en un establecimiento carcelario.

Tras haber superado el trámite de casación, el expediente debería retornar al juez de la causa, aunque en fuentes judiciales se estima que se inhibiría, y en el orden operativo debería recaer en el juzgado de la jueza Marcela Leiva, quien ya adoptó un actitud similar durante el procedimiento.

En la misma línea de conjeturas, la causa finalmente iría a parar al juzgado del magistrado Marcelo Cardozo, quien si bien no es posible asegurar, se estima que seguiría la recomendación del Superior Tribunal y la condenada obtendría la rebaja de la pena y evitaría ir a prisión.

El caso

El hecho por el cual fue juzgada y condenada Santa Cruz se registró el 31 de enero de 2016, en la avenida Quaranta (tramo urbano de la Ruta Nacional 12) de Posadas, aunque la investigación determinó una serie de dudas sobre la conducta que tuvo la acusada tras el accidente.

El 26 de noviembre de 2018 fue condenada a cuatro años de prisión efectiva y diez de inhabilitación para conducir automotores, al ser hallada responsable por la muerte Cabrera, luego de colisionar el auto que manejaba con la motocicleta conducida por la víctima fatal.

Entre las medidas complementarias de la condena, el juez Jiménez le impuso a Santa Cruz la prohibición de salir del país mientras se tramitaban recursos y hasta que la pena quedara firme, pero en la Navidad de 2018, dos empleados judiciales la identificaron en un vuelo Asunción-Lima.

En febrero de 2019 la abogada, con prestación de servicios en la AFIP-Posadas, fue detenida por desobediencia durante 155 días, pero consiguió la libertad por un recurso de habeas corpus que fue tramitado ante la jueza Georgina López Liva, y desde entonces goza del beneficio.

El acusado es un profesor de cuarto año de la Epet 3 de Oberá quien habría acosado a cuatro alumnas.

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El hecho se registró el 20 de septiembre en jurisdicción de la comisaría 14ª. Un joven resultó herido de bala. Están involucrados un policía de la provincia y un federal.

POSADAS y GARUPÁ. El juzgado de instrucción penal 3, a cargo del magistrado Fernando Luis Verón, instruye una causa donde se investiga a dos policías -uno de la provincia de Misiones y otro de la Policía Federal Argentina (PFA)- por un hecho en el que terminó herido de bala un vecino del barrio Santa Cecilia, en jurisdicción de la comisaría 14ª.

A pesar de la gravedad, el incidente fue ocultado por las dos fuerzas ya que ni siquiera se dio a conocer a través de las habituales comunicaciones de prensa.

Todo ocurrió la noche del jueves 20 de septiembre de 2019 cuando, por causas que se investigan, los dos agentes de la Ley habrían acudido a un pedido de auxilio de unos vecinos en medio de un robo.

Los policías investigados por la Justicia estaban -al momento del llamado de socorro- fuera de servicio compartiendo un asado en la misma dependencia policial, en la comisaría 14ª. En ese marco, el alerta habría sido atendido por los comensales quienes salieron al cruce del malhechor.

Una causa silenciosa

Según revelaron fuentes judiciales, por ese episodio un menor de 17 años terminó con una herida de bala y fue hospitalizado, aunque sin riesgo de vida.

La noticia no trascendió a los medios y la Justicia avanza en una investigación donde está involucrado el policía federal Gabriel Lezcano, cuya arma fue inmediatamente secuestrada para los peritajes balísticos. Sin embargo, la causa judicial en proceso no impidió que continúe prestando servicio diariamente en la dependencia de la PFA sobre calle Ayacucho.

Para el policía de la provincia de Misiones las sanciones llegaron inmediatamente. Al oficial principal Rubén Augusto también le quitaron su arma reglamentaria para los peritajes y, en paralelo a la causa judicial, se le inició un sumario administrativo y fue pasado a disponiilidad.

En la revuelta de la noche del 20 de septiembre en la que actuaron los dos policías fuera de servicio y sin uniformes, resultó detenido Javier Resquín, de 39 años.

DE LA CALLE. El mensaje indaga sobre la responsabilidad colectiva.