Policiales
Imputaron a la dueña de los pitbulls que atacaron al ladrón dentro de su casa
El asaltante fue atacado por dos perros pitbull cuando se metió a robar en una casa de Los Polvorines. Le amputaron una pierna.
BUENOS AIRES. “Tenía un perro, está permitido, hay que pasearlo con correa y con bozal, eso sí. Pero en tu casa, sin nada. No es un tigre de bengala”.
La figura planteada por una importante fuente judicial alcanza y sobra para entender que parece insólita la imputación que aún pesa sobre la dueña de dos perros que atacaron a un ladrón en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, provocándole la amputación de una de sus piernas y otras lesiones importantes.
Para la mujer, “lesiones graves culposas”, un delito que prevé una sanción de seis meses a dos años de prisión (Art. 91 del Código Penal). Para el ladrón, “violación de domicilio”, con una condena similar. Y allí se instala la cuestión y la polémica. “Es un exceso de garantismo”, agrega la fuente.
En en el hecho, ocurrido durante la madrugada del sábado, un hombre sufrió la amputación de una pierna y otras heridas graves luego de ser atacado por dos perros pitbull cuando se metió en una casa de la calle Senillosa al 400. Los vecinos llamaron al 911 al escuchar ladridos y los gritos de dolor del hombre.
El intruso apareció casi desnudo, ya que los perros le desgarraron la ropa, y presentaba lesiones en varias regiones de su cuerpo, como la cabeza, los brazos y, en especial, en la pantorrilla de la pierna izquierda, que luego le fue amputada. El herido fue trasladado en ambulancia al Hospital de Trauma de Malvinas Argentinas.
El subsecretario de Seguridad del municipio de Malvinas Argentinas, Jorge Cancio, dijo que desde la dependencia van a asesorar jurídicamente a la dueña de los perros ya que cree desmedido que la Justicia la haya imputado cuando, según su punto de vista, “todo indica que los perros actuaron porque este hombre entró con fines de robo”.
La causa fue tramitada al inicio por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 23 descentralizada de Malvinas Argentinas, pero luego las actuaciones fueron giradas a la UFI 4 de San Martín de Delitos Culposos.
“No habría que imputar a la mujer, no hay delito. Lo que deberían analizar es qué acto imprudente cometió la mujer para que se le impute un delito. Un acto doloso no es, no tuvo la intención de lastimar a nadie. Debería ser legítima defensa para ella”, detalla la fuente.
Para dejar más en claro aún la discutible imputación, este funcionario judicial plantea el escenario al revés: “Ella podría estar imputada si ve a los ladrones, los deja encerrados en un patio y le suelta los perros, sin que ella esté bajo peligro. ¿Se entiende? Hay otro concepto judicial que también debe considerarse. La autopuesta en peligro de la víctima, en el caso del delincuente. Yo tengo un deber con ese perro pero cede cuando la otra persona, en este caso el ladrón, eleva su nivel de riesgo”.
“Creemos que no es justo que la mujer termine imputada en una causa penal cuando, por lo que se está averiguando, todo indica que el hombre entró a cometer algún robo en la propiedad. La vamos a defender desde la subsecretaría”, confirmó, por su parte, Cancio.
Las idas y vueltas, los detalles finos, los grises, las distintas líneas de pensamiento… todo cabe en la cara injusta de la Justicia.
El ministerio de Gobierno, a cargo de Marcelo Pérez, puso en marcha en un nuevo esquema operativo en las comisarías posadeñas y dispuso que el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) se haga cargo de las labores de resguardo de detenidos en dependencias policiales durante el turno nocturno, lo que permitirá destinar más efectivos a las calles y reforzar la seguridad en barrios de la ciudad durante la noche.
Con esta disposición, los agentes del SPP se encargarán de la custodia de detenidos en aquellas dependencias con mayor concentración de personas privadas de su libertad durante el turno comprendido desde las 19 hasta las 7.
Según consignaron desde la fuerza provincial, “a partir de esta readecuación, los efectivos policiales que cumplían funciones de guardia en comisarías serán reasignados a tareas preventivas, reforzando los patrullajes, las recorridas barriales, la instalación de puestos fijos y la presencia activa en puntos estratégicos de la capital provincial”.
“El esquema es coordinado entre la Jefatura de Policía y el Servicio Penitenciario Provincial, en el marco de un proceso progresivo que busca optimizar los recursos disponibles y fortalecer la operatividad en el territorio”, explicaron en el mismo comunicado.
La medida se implementa, además, casi dos meses después de la última fuga de presos registrada en la Unidad Regional X de Posadas.
En aquella ocasión, cuatro internos con diversas causas judiciales escaparon a través de un orificio en el techo del patio interno de la dependencia y dos de ellos, el paraguayo Walter Ramón Ávalos Cáceres (25) y el posadeño Cristian Ezequiel “Guri” Andino (23) permanecen prófugos.
Se fugaron cuatro presos de la UR X: uno había sido condenado en diciembre
La autopsia practicada a un joven de 26 años reveló que su muerte, ocurrida el último lunes en la localidad de Concepción de la Sierra, se produjo por causas violentas y tras esa confirmación la Justicia dispuso la detención de su novia como sospechosa de homicidio.
La víctima del hecho fue identificada como Ramón Germán Bergergi, cuyo deceso se descubrió el lunes, cuando un familiar suyo lo encontró sin vida en su casa de Concepción.
Después de ello, el Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, ordenó el cuerpo sea enviado a autopsia, examen forense que finalmente reveló que el deceso no se dio por causas naturales, sino más bien por causas violentas, lo que modificó el enfoque de la investigación.
En ese marco, las mismas autoridades dispusieron la detención de la novia de la víctima como sospechosa de homicidio. Según consignaron fuentes consultadas, la muchacha, de 18 años, habría estado consumiendo estupefacientes con Bergergi momentos antes del desenlace fatal.
Entre las medidas dispuestas también allanamientos y procedimientos que culminaron con el secuestro de teléfonos celulares, registros de cámaras de seguridad y un martillo. Todos los dispositivos y elementos serán sometidos a pericias.
En paralelo, los investigadores aguardan el resultado de los estudios complementarios y toxicológicos que podrían aportar mayores precisiones sobre lo ocurrido.
El Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la magistrada Verónica Skanata, activó ayer una serie de procedimientos vinculados a una investigación por contrabando de mercaderías y coimas que involucra a más de 40 funcionarios, entre agentes aduaneros y gendarmes, quienes no fueron detenidos pero sí quedaron supeditados a la causa que se tramita desde 2022.
Según precisaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la pesquisa tiene bajo la lupa a un total de 24 integrantes de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y 22 agentes de Aduana, organismo dependiente de Arca (ex Afip), con prestación de servicios en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz.
En ese marco, el lunes se ejecutaron 38 allanamientos simultáneos realizados por investigadores de la propia fuerza federal, quienes tuvieron la misión de irrumpir en el domicilio o lugar de trabajo de camaradas y agentes aduaneros.
Esos procedimientos culminaron con el secuestro de 57.333.470 de pesos, 37.202 dólares, 6.701 reales, 947.000 guaraníes y 17 pesos cubanos. También se incautaron 62 celulares, entre aparatos de uso personal que serán enviados a pericias y otros que pudieron ser ingresados al país burlando los trámites de importación.
Además, se decomisaron múltiples dispositivos electrónicos más como tarjetas de almacenamiento, cámaras, computadoras y cámaras fotográficas.
Lo que se sospecha es que todos los involucrados formaban parte de una organización dedicada a facilitar el contrabando de mercaderías por el viaducto internacional a partir del cobro de coimas, ardid similar al descubierto en 2016, causa por la cual cuatro aduaneros fueron imputados por asociación ilícita y que el año pasado fueron condenados en juicio oral.
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