Policiales
Imputaron a la dueña de los pitbulls que atacaron al ladrón dentro de su casa
El asaltante fue atacado por dos perros pitbull cuando se metió a robar en una casa de Los Polvorines. Le amputaron una pierna.
BUENOS AIRES. “Tenía un perro, está permitido, hay que pasearlo con correa y con bozal, eso sí. Pero en tu casa, sin nada. No es un tigre de bengala”.
La figura planteada por una importante fuente judicial alcanza y sobra para entender que parece insólita la imputación que aún pesa sobre la dueña de dos perros que atacaron a un ladrón en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, provocándole la amputación de una de sus piernas y otras lesiones importantes.
Para la mujer, “lesiones graves culposas”, un delito que prevé una sanción de seis meses a dos años de prisión (Art. 91 del Código Penal). Para el ladrón, “violación de domicilio”, con una condena similar. Y allí se instala la cuestión y la polémica. “Es un exceso de garantismo”, agrega la fuente.
En en el hecho, ocurrido durante la madrugada del sábado, un hombre sufrió la amputación de una pierna y otras heridas graves luego de ser atacado por dos perros pitbull cuando se metió en una casa de la calle Senillosa al 400. Los vecinos llamaron al 911 al escuchar ladridos y los gritos de dolor del hombre.
El intruso apareció casi desnudo, ya que los perros le desgarraron la ropa, y presentaba lesiones en varias regiones de su cuerpo, como la cabeza, los brazos y, en especial, en la pantorrilla de la pierna izquierda, que luego le fue amputada. El herido fue trasladado en ambulancia al Hospital de Trauma de Malvinas Argentinas.
El subsecretario de Seguridad del municipio de Malvinas Argentinas, Jorge Cancio, dijo que desde la dependencia van a asesorar jurídicamente a la dueña de los perros ya que cree desmedido que la Justicia la haya imputado cuando, según su punto de vista, “todo indica que los perros actuaron porque este hombre entró con fines de robo”.
La causa fue tramitada al inicio por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 23 descentralizada de Malvinas Argentinas, pero luego las actuaciones fueron giradas a la UFI 4 de San Martín de Delitos Culposos.
“No habría que imputar a la mujer, no hay delito. Lo que deberían analizar es qué acto imprudente cometió la mujer para que se le impute un delito. Un acto doloso no es, no tuvo la intención de lastimar a nadie. Debería ser legítima defensa para ella”, detalla la fuente.
Para dejar más en claro aún la discutible imputación, este funcionario judicial plantea el escenario al revés: “Ella podría estar imputada si ve a los ladrones, los deja encerrados en un patio y le suelta los perros, sin que ella esté bajo peligro. ¿Se entiende? Hay otro concepto judicial que también debe considerarse. La autopuesta en peligro de la víctima, en el caso del delincuente. Yo tengo un deber con ese perro pero cede cuando la otra persona, en este caso el ladrón, eleva su nivel de riesgo”.
“Creemos que no es justo que la mujer termine imputada en una causa penal cuando, por lo que se está averiguando, todo indica que el hombre entró a cometer algún robo en la propiedad. La vamos a defender desde la subsecretaría”, confirmó, por su parte, Cancio.
Las idas y vueltas, los detalles finos, los grises, las distintas líneas de pensamiento… todo cabe en la cara injusta de la Justicia.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
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Una mujer de 50 años fue detenida, acusada de sustraer dos vinos de colección valuados en más de 6 millones de pesos de una tienda de bebidas ubicada sobre avenida Mitre casi Colón.
Todo comenzó con una denuncia radicada el pasado 12 de febrero por la propietaria del local “Vinos y Co”, ubicado en la mencionada intersección, quien advirtió el faltante de dos botellas de alta gama.
Según consta en la denuncia, se trata de un vino Estiva Reservado 1994 de Catena Zapata, valuado en $4.000.000, y otro Estiva Reservado 2008 de la misma bodega, con un valor de $2.450.000, lo que eleva el perjuicio económico a más de 6 millones de pesos.
En ese marco, se inició una investigación para dar con el paradero de la presunta autora del hecho. Finalmente, en la tarde del 31 de marzo, personal policial ubicó a la sospechosa, quien fue detenida y quedó a disposición de la Justicia en averiguación del hecho. La misma fue identificada como Celia S. (50).
Por su parte, los investigadores buscan establecer el destino de las botellas sustraídas, analizando si fueron consumidas, obsequiadas o comercializadas.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente.
Un oficial subayudante de la Policía de Misiones fue detenido y separado de la fuerza luego de dos denuncias por hechos contra la integridad sexual radicadas por uniformadas que compartieron dependencias con él en la localidad de El Soberbio.
El implicado fue identificado como Emanuel K. (26), cuya detención fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, donde se tramita ambas presentaciones radicadas en su contra.
Según la información brindada por la propia fuerza, de las denuncias se desprende que uno de los hechos ocurrió en diciembre de 2023, cuando el apuntado presuntamente encerró a una camarada en una oficina e intentó someterla sexualmente.
El siguiente hecho tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando el mismo uniformado se propasó con una agente con la que compartía lugar de trabajo y después de ello la amenazó para que no relevara lo que había sucedido.
Las denuncias fueron presentadas hace pocos días y después de ello el juzgado ordenó la detención del agente involucrado, al tiempo que la Jefatura de Policía inició una investigación administrativa a través de la Dirección de Asuntos Internos y ordenó el pase a disponibilidad del acusado.
El uniformado ahora se encuentra detenido y a disposición de las autoridades intervinientes en la causa, quienes decidirán los próximos pasos a seguir.
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