El servicio de balsa en Puerto Panambí volvió a operar con normalidad este jueves, luego de que las autoridades autorizaran la navegación en el paso fronterizo con Porto Vera Cruz, Brasil, tras el aumento del caudal del río Uruguay.

La rehabilitación del cruce internacional fue constatada cerca de las 8.30 por efectivos de la Comisaría de Panambí, dependiente de la Unidad Regional II de Oberá, quienes realizaron un relevamiento en la zona costera.

La habilitación fue dispuesta por la Prefectura Naval Argentina (PNA), tras verificar condiciones seguras para la navegación, en el marco del incremento del caudal del río Uruguay, que en los últimos días había provocado la interrupción del servicio.

Con esta medida, el cruce fluvial mediante balsa quedó restablecido, permitiendo nuevamente el tránsito de personas y vehículos entre ambas localidades fronterizas.

Suspenden la balsa de Panambí a Brasil por la bajante del río Uruguay

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El Honorable Concejo Deliberante de Montecarlo aprobó la actualización del cuadro tarifario del transporte urbano de pasajeros. Desde el 1º de abril el valor del boleto será de $1500, para quienes utilicen tarjeta electrónica, y $2000 para quienes abonen en efectivo.

Respecto a las tarifas diferenciadas, el pasaje universitario pasará a costar $1151,35 con tarjeta y $1400 sin el plástico. A su vez, para los docentes el valor será de $1312,73 con tarjeta y $1800 en efectivo.

La actualización también alcanza a los recorridos hacia zonas rurales y colonias. Los viajes a Santa Rosa y Guatambú tendrán un costo de $1609 con tarjeta y $2000 en efectivo. 

En tanto, para los trayectos hacia Itacuruzú, 4 Bocas y Guaraypo, el pasaje será de $1900 con tarjeta y $2100 general. En el caso del tramo hacia Mborá, el boleto tendrá un valor de $2000 con tarjeta y $2500 sin el descuento.

Según detalló el cuerpo deliberativo, se mantendrán vigentes los beneficios actuales para los distintos usuarios del sistema de transporte, pese a la actualización del cuadro tarifario.

Montecarlo: concejal del Falcon y docente se cruzaron por proyecto de memoria

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Con un proyecto integral que combina tareas productivas y comunitarias, y un esquema organizativo basado en acuerdos, la Asociación Civil para el Desarrollo Misionero contiene y acompaña a jóvenes en proceso de recuperación por consumo problemático en un agrocamping de la localidad de Wanda.

“Hoy tenemos más de 25 personas en rehabilitación en el agrocamping, pero no contamos con habilitación”, comentó Samuel Doichele, coordinador de la asociación, en diálogo con La Voz de Misiones.

Doichele contó que, actualmente, en el predio ubicado sobre la ruta provincial 19 solo reciben “hombres mayores de 18 años”, y señaló que tras la difusión del proyecto integral en redes sociales, la demanda por la problemática creció: “Tenemos más de 700 solicitudes, entre ellas mujeres y menores de edad, que no podemos recibir porque no somos un centro de rehabilitación”.

Según explicó a LVM, el proyecto se enmarca en una iniciativa más amplia que busca abordar múltiples problemáticas que afectan a la zona norte de Misiones. “Para el funcionamiento del agrocamping participan fundaciones, empresas y cooperativas, que apuntan a dar respuesta a cuestiones como el éxodo rural, la producción de alimentos, el acceso al trabajo, la salud, la disciplina y, la que tomó mayor relevancia, sacar a los jóvenes de las adicciones”, precisó.

Sin embargo, el coordinador destacó que, dado que el 90% de las consultas están vinculadas a consumos problemáticos, “decidimos priorizar esa línea dentro del espacio”.

“Nada es gratis”

Consultado por LVM sobre la organización y el método de trabajo en el agrocamping frente a la problemática del consumo, Doichele sostuvo que se trata de una asociación sin fines de lucro: “Los chicos vienen, se integran y empiezan a trabajar, a construir un espacio recreativo, educativo y productivo con materiales reciclados”. Además, comentó que los jóvenes desarrollan actividades como carpintería; producción de alimentos; huertas; viveros y piscicultura.

Asimismo, el coordinador de la asociación precisó que es un sistema de internación que contempla reglas acordadas con las personas que ingresan en estado de vulnerabilidad. “Cada lunes nos reunimos, como lo hace una asociación, y hablamos de los temas importantes para la convivencia y el avance en sus recuperaciones”.

Entre los acuerdos, se incluyen prohibición de salida y consumo: “No pueden salir. Si salen, es por un beneficio. No le damos ordenes, no los castigamos. Cada lunes nos reunimos, como una asociación, y hablamos de los temas importantes, como que nadie puede salir sin permiso, nadie puede tomar alcohol, nadie tal cosa, y cuando cumplen los acuerdos, tienen beneficios”, relató Doichele a este medio.

También explicó que la organización lleva un registro del trabajo realizado por las personas que llegan al agrocamping en busca de contención por el consumo. “No cobramos la internación, pero hablamos de que nada es gratis: acá tienen que trabajar para pagar su estadía”, indicó el coordinador.

En ese sentido, detalló que ese registro permite que “el día que un profesional certifique que están rehabilitados, se hace un balance: trabajó tanto, tuvo tal rendimiento, generó tanto capital (…) y el remanente sería su capital. Ese es nuestro objetivo, que cuando se recuperen tengan un respaldo para poder emprender un negocio fuera del camping”.

Además, enfatizó que “la mayoría” de las personas que ingresan por el consumo “tienen hijos o padres mayores, entonces lo que se hace es transferir dinero del trabajo que realizan. En el reglamento está prohibido que reciban efectivo, porque es una razón para que se vayan, pero si deciden comprar ropa, se compra; si enviamos la cuota a los hijos, se registra. Es todo administrado por la asociación. Ellos hacen sus números, toman decisiones y planifican para producir y vender”.

Abordaje de la salud

En relación con el abordaje de la salud, el coordinador señaló que cuentan con acompañamiento profesional externo. “Tenemos psicólogo, psiquiatra, doctor, pero nos ayudan bajo sombra, de forma voluntaria”, afirmó, y agregó que las consultas se realizan de manera puntual o virtual.

Además, destacó que el hospital público de Wanda “es la única institución pública que colabora un montón, porque uno de los requisitos que tenemos es que los chicos antes de ingresar al agrocamping, se hagan chequeos médicos, para saber si tienen alergias, enfermedades de transmisión sexual, u otras patologías”.

Sobre el contexto local, Doichele describió un escenario que calificó como crítico. “Es un caso de emergencia”, afirmó en relación al consumo problemático en Wanda. En ese sentido, sostuvo que “hoy hay mucha gente en la calle” y que, según sus registros, “le están ofreciendo -drogas- a niños de 7 u 8 años”.

Ante ese panorama, el coordinador expuso que acudió a los Concejos Deliberantes de Wanda y Puerto Iguazú “para que empiecen a involucrarse” y “se declare la emergencia por consumo problemático” en ambos municipios.

El proyecto avanza en Wanda

Durante la sesión ordinaria del último martes, los ediles de la localidad de Wanda trataron el proyecto de Doichele, presentado por la concejal Silvia Lutz, ex radical que recientemente se pasó al partido La Libertad Avanza (LLA).

En términos generales, la iniciativa busca que el gobierno municipal y provincial apoyen a la asociación con “permisos” y “habilitaciones”, con el objetivo de continuar con el abordaje de la problemática con acompañamiento institucional.

El proyecto contó con el acompañamiento de la mayoría de los concejales, aunque aún no fue aprobado, ya que se solicitó que se “presente” una propuesta formal con los “requisitos técnicos y profesionales” para avanzar en la habilitación del agrocamping como un centro de rehabilitación.

“La declaración de emergencia en materia de consumos problemáticos permitirá: Reconocer formalmente la gravedad de la situación local; habilitar mecanismos administrativos ágiles para la asignación de recursos; disponer el acompañamiento de equipos interdisciplinarios dependientes del municipio o de la provincia; establecer convenios con instituciones especializadas; brindar asesoramiento y cobertura legal al dispositivo comunitario existente; y diseñar políticas públicas sostenidas de prevención, tratamiento e inclusión social”, sostiene el proyecto presentado por Lutz, que continuará su debate en la próxima sesión ordinaria.

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