Provinciales
Preocupa la incapacidad de la Policía para resolver los casos más complejos
POSADAS. La liberación del único detenido por la brutal agresión a una joven en el barrio El Palomar, el misterio sobre en el asesinato de Lucía Maidana o las incógnitas que rodean al crimen de Javier Pauluk, ya son hitos de la inoperancia de la Policía de Misiones para resolver casos complejos.
El listado podría completarse con un sinfín de hechos que a pesar del tiempo transcurrido, no fueron esclarecidos, como la desaparición del joven Mario Golemba que cumplió una década sin respuestas de parte de la Justicia provincial ni de su principal auxiliar: la Policía.
Semejante incapacidad de la fuerza de seguridad, comenzó a alimentar, hace tiempo, la preocupación de la población que se ve desprotegida y en medio de interrogantes con respecto la preparación de los efectivos y jefes para llegar a dilucidar los delitos contra la vida, principalmente.
Como contrapartida, nadie niega la intervención exitosa de esta fuerza en procedimientos vinculados contra el tráfico de drogas, por ejemplo, cuyos resultados alcanzaron las páginas de diarios y pantallas de medios nacionales, y fueron exaltadas por las autoridades en distintos niveles.
Sin embargo, con solo localizar los sitios donde de centralizaron los operativos, las condiciones en que se desarrollaron los mismos y las detenciones practicadas, quienes siguen de cerca el quehacer policial no dudan en señalar que nada más se siguieron las pistas por todos conocidas y con un mínimo trabajo de “inteligencia”.
Otro logro reciente fue la detección de desarmaderos de automóviles que funcionaban en distintos puntos del territorio misionero. Acaso es muy difícil determinar dónde están o iban a parar miles de piezas de rodados de todo porte? El caso de San Vicente fue el más elocuente: toda la región sabía de una poderosa banda, hasta que se enteró la Policía y decidió intervenir.
En definitiva, no es nada más que el cumplimiento de la tarea asignada con exclusividad. Pero qué sucede, por ejemplo, con las supuestas andanzas de un violador serial, cuyo ADN habría sido detectado en distintos atentados. A pesar de la cantidad de víctimas confirmadas (al menos tres) y el tiempo transcurrido, el misterio persiste.
Por ahora se sabe que el autor, cuyo componente genético está descifrado pero se desconoce de quién se trata, tuvo conductas similares en la ejecución de los hechos, aunque solamente en el caso de Lucía Maidana derivó en crimen, mientras que los otros fueron de violación, amenaza, privación de la libertad y agresión.
La abogada Roxana Rivas, que lleva adelante la defensa en el caso Maidana, dijo hace poco tiempo que “es el momento en el que podrían salir a hablar y explicar los jueces que investigan estas causas, darle tranquilidad a la población. Tenemos que tener ese ejercicio de ciudadanos empezar a exigir porque no está prohibido por ley que los jueces de instrucción o los fiscales salgan a explicar en que están dentro de sus investigaciones cuando son de tanta gravedad”.
El clamor surgió, como en todos los casos de violencia contra la integridad física, debido a que “todavía no tenemos una persona real que se la esté persiguiendo. Aunque sea por casualidad se puede llegar a saber quién era. Hay un gran pacto de silencio entre los que intervinieron y saben lo que pasó, que no se está pudiendo romper”.
¿Y la Policía?
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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