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Además de Aranguren, también Dujovne, Caputo y Faurie tienen dinero fuera del país

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BUENOS AIRES y POSADAS. El ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, admitió durante una entrevista que mantenía sus depósitos de dinero en el exterior, aunque no es el único integrante del gobierno de Cambiemos que intenta preservar el valor nominal de sus fondos personales fuera del país.

En el mismo ranking se encuentra el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, quien declaró unos 79 millones de pesos depositados en otros países, equivalentes al 82 por ciento de su patrimonio total que llega a unos 97 millones de pesos.

También el ministro de Finanzas, Luis “Toto” Caputo, conserva unos 9 millones de pesos en una cuenta en Estados Unidos, equivalente a alrededor de 500 mil dólares.

El canciller Jorge Faurie también tiene bienes en el extranjero: una casa en Portugal por 2 millones de pesos y dos cuentas en aquel país por 4 millones. Además tiene dos cuentas más en Francia por 1 millón de pesos.

Los casos mencionados fueron divulgados el año pasado cuando los colaboradores del presidente Mauricio Macri presentaron sus declaraciones juradas, tal como exige la legislación, en una aparente demostración de transparencia en la gestión.

Por aquel entonces, la revista Perfil sostuvo en un informe que “con la publicación de las nuevas declaraciones juradas de los funcionarios se volvió a convertir en noticia el patrimonio de los miembros del Gabinete, quienes en su mayoría son hombres y mujeres millonarios que ya arrastraban una considerable fortuna desde antes de dedicarse a la actividad pública o que vienen de las familias ricas del país”.

Transcurrido el tiempo, y ante la insistente prédica del Presidente y de los mismos funcionarios acerca de la necesidad de reordenar la economía para que los argentinos pudieran estabilizar su nivel de vida, ninguno de los mencionados dio siquiera muestras de intenciones de repatriar su capital personal para contribuir con estos objetivos.

Al contrario, recientemente Aranguren no dudó en señalar: “Sigo teniendo mi dinero afuera. A medida que recuperemos la confianza en la Argentina regresaremos el dinero”, en una demostración de desconfianza total con la administración de gobierno que él también integra.

Fue más allá el funcionario de Cambiemos cuando aseguró que “el que se quema con leche, ve una vaca y llora”, aunque después intentó relativizar sus expresiones que lo condenaron, señalando que el Gobierno Nacional está “devolviendo la confianza en Argentina”. Pero él sigue sin apostar por el país que gobierna.

Con respecto al origen del capital que mantiene en el exterior, Aranguren dijo que “casi todo lo que tengo afuera fue producto de una bonificación que recibía de mi anterior empleador, de acciones de esa empresa que estaba en el exterior”.

Lo cierto es que según su declaración jurada reveló que el 84 por ciento de su patrimonio -unos 88 millones de pesos- está depositado en un banco extranjero, esto le vale ser el ministro que más dinero posee en el exterior.

Una actitud reprochable, sin duda, por el rol que tiene asignado en el manejo de la cosa pública.

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Bono de $40.000 y adicionales para fuerzas federales en abril

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bono fuerzas federales

El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.

De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.  

Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.

La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.

El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal. 

Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.

 

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La Justicia instó al gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

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La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.

Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.

De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.

Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.

En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.

El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial

Impacto en Misiones

Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.

Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.  

Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes

 

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Cautelar a favor de la CGT suspende 82 artículos de la reforma laboral

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reforma laboral cautelar

La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.

La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.

Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.

La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.

El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.

Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.

Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26

El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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