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La Corte Suprema rechazó la queja y dejó firme la condena por la tragedia del Paraná

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja presentado por los defensores del prefecturiano Jorge Lezcano y Hugo Alfonso, y finalmente dejó firme la condena resuelta en diciembre de 2014 por el Tribunal Federal de la ciudad de Posadas. Ahora, ese órgano podría solicitar la detención de los dos involucrados, sentenciados a cuatro años y medio, y tres de prisión efectiva.  Ambos fueron hallados responsables de “homicidio culposo calificado por el número de víctimas”, en el caso de Lezcano, por ser responsable de Prefectura Posadas al momento del hecho, y en el caso de “Tyson” Alfonso, como organizador de aquel trágico cruce del Paraná.

El episodio que es considerado como la mayor tragedia del deporte misionero y una de las más graves a nivel nacional, sucedió el sábado 16 de enero de 2010 cuando casi medio centenar de nadadores llevaba adelante la edición número 80 del tradicional cruce del río, desde Encarnación a Posadas. En determinado momento, un importante número de competidores fueron arrastrados hacia un grupo de barcazas sojeras ancladas a mitad del río Paraná: ocho nadadores -siete misioneros y un santafesino- murieron ahogados.

En la fatídica jornada perdieron la vida Víctor Darío Sessa, Fernando Miguel Solé Mases; Eugenio Raúl Seró; Sebastián Enrique Ruzecki; Ricardo Nicolás Levequi; Manuel Jacinto Leiva, Mauro Patricio Bacigalupi y Luis Saide. Luego de años de lucha, marchas y homenajes, el 19 de diciembre del 2014 el prefecto Lezcano y el organizador Alfonso fueron condenados como coautores del delito de “homicidio culposo calificado por la cantidad de víctimas”, a cuatro y tres años y medio de prisión, respectivamente.

El Tribunal Federal de Posadas, presidido por Norma Lampugnani y secundado por Lucrecia Badaró y Mario Hachiro Doi, necesitó de 38 días para dar a conocer el fallo y el largo proceso fue descripto como complejo. La pena debería ser de cumplimiento efectivo si quedaba firme, algo que los tiempos de la Justicia cerraron ayer, casi tres años después.

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UNESCO monitorea el proyecto de los hospedajes dentro de Cataratas

La Fundación Amigos de los Parques informó la situación al organismo internacional. Abogados presentarán amparos para frenar el avance del plan de Nación.

PUERTO IGUAZÚ. El proyecto del gobierno nacional para la instalación de hospedajes dentro del área Cataratas en el Parque Nacional Iguazú concentra el rechazo de miles de vecinos de la ciudad, de la provincia y visitantes de todo el mundo que también expresaron el rechazo en las redes sociales.

La resistencia a la iniciativa -que fue impulsada por la Secretaría de Ambiente de la Nación y la Secretaría de Turismo de la Nación- sumó un nuevo actor: la Organización para las Naciones Unidas (UNESCO), que fue informada del avance del proyecto para negocios turísticos privados que pretenden instalar sobre el área declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984.

La lucha de los vecinos la encabeza la Fundación Amigos de los Parques, desde donde se concentran las acciones legales que ejecutan abogados especialistas en medioambiente, en tribunales porteños.

“Seguramente vamos a comenzar presentando un recurso de amparo. Es solo el comienzo de una defensa que vamos a sostener hasta el final”, advirtió José Barrios, presidente de la Fundación.

Bajo el asesoramiento de los especialistas, los Amigos de los Parques decidieron enviar a la UNESCO la respuesta que la Dirección de Parques Nacionales les ofreció por escrito, luego del reclamo y un pedido de detalles sobre el plan que quieren ejecutar en Cataratas.

“La UNESCO respondió inmediatamente e informó que van monitorear el caso”, detalló Barrios.

Objeción ambiental

La postura de los defensores del área natural se sustenta en el impacto ambiental que implicaría la decisión de permitir la instalación de hospedajes y la posibilidad de pernoctar dentro de los sectores de uso público del Parque Iguazú.

Actualmente “el Parque se cierra a las 6 de la tarde y comienza el tránsito de una fauna inmensa: el funcionamiento de la selva se vería afectado por la permanencia de personas”, explicó el también ambientalista José Barrios.

Los esfuerzos para la conservación de la selva misionera se enfrentan a un enemigo impensado: el Estado nacional, impulsor del proyecto denominado Oportunidades Naturales, que convoca a inversores internacionales al usufructo de espacios determinados dentro de 20 áreas naturales en Argentina.

A toda velocidad

El proyecto impulsado por el gobierno nacional fue presentado el 4 de diciembre de 2018 en el Salón de los Pueblos Originarios, en Casa Rosada. Los encargados del lanzamiento fueron el secretario de Turismo, Gustavo Santos junto al secretario de Ambiente y Desarrollo sustentable, el rabino Sergio Bergman.

A partir de ese momento el plan se desarrolla a toda velocidad: durante enero de 2019 se encuentra en ejecución la Fase informativa, y para febrero ya está previsto el comienzo del proceso de licitación de las 37 oportunidades de inversión privada en servicios turísticos.

La fecha estimada de adjudicación se estableció para mayo de este año, e inmediatamente después, en junio, el inicio de las obras.

Las oportunidades de inversión dentro de Cataratas que ofrece el gobierno nacional en su página web, son dos: A- Glamping en Campamento Temático Mundo Selva y B- Hosterías ubicación de selva junto al río antes y después de las Cataratas.

La disputa en la tierra colorada está dada en un terreno clave en el mapa del turismo, pero también ícono de la conservación de la flora y la fauna, un tesoro viviente que guarda más de la mitad de las especies de seres vivos que existen en el país, y que le valió a Misiones el reciente título de Capital Nacional de la Biodiversidad.

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ATE: el salario mínimo en Argentina debe ser de $38.500

Los datos son de acuerdo a la información de noviembre de 2018, y el valor se compone de $12.179,7 -Canasta alimentaria mínima- y $ 26.337,8 -otros bienes y consumos mínimos, según informaron.

Así lo aseguraron trabajadores de la Junta Interna de ATE-INDEC quienes realizaron un estudio de costos en relación a la canasta alimentaria. Una pareja con dos hijos menores debe tener un ingreso de $38.517,5.

Las canastas utilizadas para este ejercicio son las llamadas “Canastas de Consumos Mínimos” y surgieron como propuesta metodológica innovadora en el INDEC, pero todavía no se han aplicado en las mediciones.

No son las habitualmente utilizadas para la medición de la Pobreza, que se siguen empleando para hacer comparables los datos, expresaron en un documento. Consultada sobre estos datos, Mónica Gurina de la CTA dijo que el “aumento salarial” del Gobierno provincial no tiene nada que ver con los salarios reales de los trabajadores de la provincia que con suerte llegarían a los 20 mil pesos.

“Si la canasta alimentaria te da cuenta de 12 mil pesos, solamente comemos. En Misiones muchos trabajadores cobran esa suma”, dijo.  “38 mil pesos tampoco le alcanza a la familia, es lo mínimo”, agregó. Desde CTA anticiparon reuniones con las diversas organizaciones para avanzar en los reclamos salariales.

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Grupo GEA avasalla ordenanza y pone publicidad en la plazoleta del mástil

Desde 1994 el Concejo Deliberante prohibió específicamente el emplazamiento de todo tipo de propaganda en ese espacio. A pesar de las remodelaciones, nunca se cumplió.

POSADAS. El negocio publicitario en la vía pública es uno de los principales territorios a conquistar por las marcas y la Municipalidad,  el regulador de los espacios públicos, encargada de cobrar aranceles según los metros cuadrados y características de los carteles.

En busca de aportar ordenamiento al crecimiento de la capital provincial, el Concejo Deliberante de Posadas sancionó en el año 1994 la Ordenanza III – Nº 19 (antes Ordenanza 72/94), que en su Artículo 1 establece: “Prohíbese la colocación de carteles, pasacalles y todo tipo de propaganda, en la plazoleta ubicada en la intersección de la avenida Mitre y la calle Junín, donde se encuentra el mástil oficial a la bandera nacional y el busto que memora la figura al General Manuel Belgrano”.

Sin embrago el Grupo GEA, la empresa de publicidad posadeña concesionaria de la mayoría de los carteles en la vía pública de la ciudad, hace caso omiso de la prohibición específicamente sancionada hace casi 25 años, el 27 de mayo de 1994, y promulgada en el Boletín Oficial el 10 de julio de ese mismo año.

El dispositivo publicitario, ofrecido por la empresa en su página web como carteles “Backlights de 1,08 x 1,48 metros”, fue retirado de la plazoleta como consecuencia de distintos siniestros viales que terminaron con la destrucción del anuncio; o en las sucesivas remodelaciones del espacio, aunque, por alguna razón, siempre volvieron a disponer del estratégico lugar.

OFICIAL. La información está disponible en el Digesto Jurídico de Posadas.

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