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Piden procesar a López por enriquecimiento ilícito

El fiscal federal Federico Delgado pidió el procesamiento del exsecretario de Obras Públicas José López por presunto “enriquecimiento ilícito”, tras ser detenido con casi 9 millones de dólares el pasado 14 de junio en un convento de General Rodríguez.

Mediante un dictamen presentado ante el juez federal Daniel Rafecas, el fiscal reclamó que López siga detenido al acusar a López por su incremento patrimonial injustificado tras su paso por la función pública.

La detención de López se derivó tras ser detectado in fraganti en las puertas del convento de General Rodríguez con casi nueve millones de pesos y una carabina calibre 22, por lo que también está imputado por portación ilegal de arma.

“Todo hace pensar que la fuente de su incremento patrimonial ilegal fue su cargo de Secretario de Obras Públicas que ocupó durante las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”, sostuvo Delgado. Además, reclamó que el exfuncionario siga detenido pues en libertad existe peligro de entorpecimiento de la investigación.

El fiscal considero en su dictamen, presentado días atrás pero que se conoció hoy, la conexidad de la causa por enriquecimiento ilícito con otra donde se investiga a López por el presunto direccionamiento en la obra pública a favor de empresas del grupo Báez, al considerar que su crecimiento patrimonial injustificado es consecuencia de maniobras irregulares en dicha área.

También reclamó la conexidad con otra causa por que se sospecha que López otorgó licitación por obra pública a la empresa Rovella & Carranza la cual compró la firma Gotti, esta última pertenecía a Lázaro Báez.

“El dinero mal habido de López está conectado con su función pública”, dijo el fiscal para quien “Rovella & Carranza” es una empresa que podría estar vinculada al entonces funcionario y que por su rol central en la adjudicación de la obra pública pudo ser beneficiada”.

López fue indagado días después de ser detenido en esta causa iniciada ya en 2008 por enriquecimiento ilícito pero para el fiscal no pudo explicar “la diferencia que existe entre los datos que se desprenden de sus declaraciones juradas patrimoniales presentadas mientras se desempeñó como Secretario de Obras Públicas de la Nación”.

En ese sentido, la fiscalía contrastó los casi dos millones de pesos que declaró López y los 9 millones de dólares que se le encontró al ser detenido. Ahora el juez Rafecas tiene diez días para definir si procesa a López por presunto enriquecimiento ilícito.

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Alberto Fernández prometió impulsar la legalización del aborto: “Queremos más derechos para todas”

El presidente electo Alberto Fernández prometió impulsar la legalización del aborto en la presentación de un libro en la Facultad de Derecho. “Queremos más libertad y derechos para todas”, dijo.

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Controles de alcoholemia y drogas a policías y otras fuerzas federales

Un grupo especial podrá llegar sin previo aviso a dependencias y operativos y el control será obligatorio.

Los integrantes de las fuerzas de seguridad federales serán sometidos a controles antidoping y de alcoholemia en cualquier horario y sin previo aviso, según una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación publicada hoy en el Boletín Oficial.

La iniciativa está prevista en la resolución 507/2019, mediante la cual se crea la Unidad de Pruebas Toxicológicas (UPT), bajo la órbita de la Dirección de Prevención de la Corrupción y Ejecución de Pruebas de Integridad de la cartera de Seguridad.

Esa unidad realizará controles “de carácter obligatorio sobre el personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para la detección de consumo de estupefacientes y alcohol”.

“Para el cumplimiento de su objetivo estará autorizada a toda hora y sin previo aviso a ingresar en cualquiera de las dependencias u operativos de despliegue de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”, indica el artículo 2 de la resolución.

La disposición alcanza a los integrantes de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, quienes “deberán prestar plena colaboración y asistencia en los requerimientos” que le efectúen los miembros de la UPT.

Según se establece en el protocolo de actuación, quienes estén a cargo de los controles de alcoholemia y de estupefacientes “realizarán una selección aleatoria de los agentes que serán evaluados” y a tal fin “solicitarán listados del personal o bien recorrerán la dependencia u operativo eligiendo azarosamente a los agentes que se encuentren en sus puestos de trabajo”.

Además, podrán requerir a las autoridades responsables la presencia de aquellos agentes que hayan sido seleccionados a tal efecto pero que se encuentren de servicio fuera de la dependencia u operativo.

En caso de que alguno de los test arroje resultado positivo, se pondrá en conocimiento a las autoridades del área a la que pertenece el efectivo, quienes deberán “suspender inmediata y preventivamente toda actividad operativa del agente en cuestión, restringiendo así también el uso de armamento”.

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El peronismo se encaminaba a aprobar un repudio al “golpe de Estado” en Bolivia

Cambiemos limitó su proyecto a condenar las intervenciones políticas y militares. Pero quedó en minoría. Macri pretendía que ni se hablara de “golpe”.

BUENOS AIRES (Diarios y agencias). Sin el apoyo del macrismo, el pronunciamiento de repudio “al golpe de estado en Bolivia” iba camino a ser aprobado por la mayoría peronista en Diputados, ya que no hubo acuerdo entre los bloque

Ya se había anticipado que el oficialismo se abstendría de votar el texto del PJ a pesar de haber presentado un proyecto que condenaba lo sucedido con Evo Morales.

El presidente Mauricio Macri logró que sus legisladores evitaran referirse a la salida de Evo Morales como “un golpe de Estado”, pero no evitó que repudiaran la intervención militar que lo obligó a dimitir el domingo.

El debate interno entre el PRO y la UCR demoró la sesión de la Cámara de Diputados e impidió que acordaran una declaración conjunta con el resto de la oposición y casi se frustre.

Es que los legisladores de Cambiemos no llegaron a sus bancas cuando había pasado una hora de la citación y Emilio Monzó bien podría haber suspendido la sesión, pero prefirió esperar hasta que se reunieran 129.

Ni bien comenzó, pidió un cuarto intermedio para negociar un texto común entre los bloques pero no fue posible y el secretario parlamentario Eugenio Inchausti leyó las tres declaraciones: la del Gobierno, la de la oposición y la de Evolución, el bloque de Martín Lousteau, que no estaba para firmar.

El de Cambiemos no menciona golpe de Estado y repudia las irregularidades en las elecciones del 20 de octubre y es bastante más duro que las definiciones de Macri y Faurie por estos días, con letra de los radicales con experiencia diplomática que integran el bloque.

Dice: “Ratificar el compromiso con la cláusula democrática de la OEA y el protocolo de Usuahia del Mercosur, repudiar los ataques contra el sistema democrático, sufridos por el Estado Plurinacional de Bolivia, las condenables intervenciones policiales y militares en el proceso político, como así también las gravísimas alteraciones a la voluntad popular que desembocaron en el anuncio de una nueva convocatoria a elecciones nacionales.

Rechazar cualquier golpe contra la democracia y cualquier tipo de violencia, apoyando las autoridades constitucionales y la alternancia democrática”.

“Abogar por el inmediato restablecimiento pleno del Estado de derecho que garantice la paz en el pueblo de Bolivia a través de la convocatoria y realización de elecciones con total transparencia y la vigencia irrestricta a sus normas constitucionales”, termina el texto firmado por los tres jefes de bloque: Mario Negri (UCR), Álvaro González (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

El segundo párrafo de los fundamentos sienta una postura que tampoco se escucha en el palacio San Martín: “Es particularmente preocupante que reaparezcan en nuestro continente injerencias directas de las fuerzas armadas propiciando la renuncia de autoridades civiles”.

El del peronismo es escueto porque buscó ser consensuado por todo el recinto, pero no fue posible. “Expresar su profundo repudio al golpe de Estado perpetrado el 10 de noviembre de 2019 en el Estado plurinacional de Bolivia, que obligó al presidente Evo Morales y a otros funcionarios a renunciar”, dice el primero de los tres párrafos.

El de Carla Carrizo y Teresita Villavicencio, aliadas de Lousteau, cuestiona el golpe de Estado en Bolivia y las “prácticas electorales” fraudulentas.

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