Ramón Benítez Ferreyra (71), falleció el pasado 22 de marzo en el hospital Madariaga a raíz de un grave cuadro de salud que habría empeorado al ser trasladado al geriátrico San Francisco de Asís, en la localidad misionera de Corpus Christi, por lo que la Asociación Civil Movimiento Social Gente de Trabajo presentó una denuncia y solicitó la investigación judicial correspondiente.

El caso se conoció a raíz de la presentación policial radicada por Luis Sanabria, presidente de la Fundación Ayudanos a Ayudar, que integra la mencionada asociación, desde donde apuntó contra el hogar San Francisco de Asís: “Cuando lo fuimos a visitar lo vimos en un estado peor del que lo habíamos encontrado inicialmente. Casi lo dejan morir”.

Fue a comienzos de febrero cuando un miembro de la fundación encontró a Benítez residiendo en una pequeña casa de madera a la vera del río Paraná, sin servicios, por lo que decidió trasladarlo al geriátrico ubicado sobre calle Francisco Gali, entre Padre Adolfo y Pedro Fontana de Corpus. 

Este fin de semana, cuando Sanabria se dirigió a este lugar para realizar una visita, supo que Benítez había fallecido el pasado 22 de marzo en el nosocomio de la capital provincial. 

En la denuncia radicada en la mañana de este miércoles ante el Juzgado de Instrucción Uno, expuso que en el mes de febrero Benítez “se encontraba en un estado de abandono y en la calle”, por lo que “nuestra asociación toma intervención y ayuda a este hombre, quien tenía totalmente reducida la vista”.

Luego de transcurrir algunos días en la residencia de uno de los miembros del equipo, fue trasladado al hogar, sobre lo que detalló: “Durante toda una semana, se intentó visitarlo y ver su evolución médica, pero la asistente social del lugar Roxana Quintana negaba el ingreso de cualquier persona, manifestando que él debía adaptarse”.

Finalmente, lograron verlo el 13 de marzo. De aquella visita observó: “Se encontraba en un estado total de abandono, sin ninguna mejora. De haber ingresado caminando con sus sentidos totalmente lúcidos, ubicado en tiempo y espacio, a terminar postrado y totalmente desorientado en una cama prácticamente dejándolo morir en el lugar”.

Frente a esa circunstancia y según la denuncia, gestionaron su traslado en ambulancia al hospital de Corpus, sitio en el cual estuvo en observación durante cuatro días y luego fue derivado el 15 de marzo al Madariaga. Lamentablemente, falleció el 22 de marzo producto de su condición médica.

Denuncia presentada por Luis Sanabria, titular de la Fundación Ayudanos a Ayudar

Pedido de información 

La Asociación Civil Movimiento Social Gente de Trabajo solició “que se realicen las tareas investigativas correspondientes, se verifique el historial clínico de la asistencia de este hombre en el hospital de Roca, Corpus y el Madariaga, lugar donde recibió atención médica”. 

A través de un comunicado, ratificó la denuncia presentada, solicitando la intervención de la justicia “a fin de que se investigue un hecho de extrema gravedad ocurrido con un ciudadano que se encontraba en situación de abandono y vulnerabilidad social”.

Y detalla: “En fecha reciente, integrantes de la asociación se presentaron en el hospital con el fin de conocer la evolución del paciente, recibiendo en primera instancia información de que él mismo habría sido dado de alta, sin que se pudiera indicar quién autorizó dicha decisión ni bajo qué responsabilidad, situación que generó preocupación teniendo en cuenta la condición de abandono en la que se encontraba”.

También señaló que en ningún momento fueron notificados sobre el deceso: “Ante la insistencia para obtener información precisa, posteriormente se comunicó que el ciudadano había fallecido y que su cuerpo se encontraba en la morgue del nosocomio, sin que se hubiera notificado previamente a quienes venían interviniendo en su asistencia, ni se brindaran explicaciones claras respecto a las circunstancias del hecho”.

Tras la última denuncia presentada esta mañana, aguardan “que se determine lo ocurrido, se requieran los informes médicos y administrativos necesarios, y se establezca si se cumplieron los protocolos previstos para casos de personas sin familiares y en situación de vulnerabilidad”.

Para cerrar, la asociación consideró que “por la gravedad de lo sucedido, resulta indispensable el esclarecimiento total de los hechos, en resguardo de la transparencia institucional y del derecho de toda persona a recibir la debida atención y protección”.

Hogar San Francisco de Asís de Corpus

Denuncian abandono de persona en geriátrico de Corpus Christi

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El avance de la causa por el homicidio de Ivo Rodrigo Torres, el joven indígena de 22 años asesinado durante una persecución de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en La Quiaca (Jujuy), derivó en el sobreseimiento de dos efectivos misioneros que habían sido imputados en el expediente judicial.

Se trata del subalférez Alexander Gunther, oriundo de Aristóbulo del Valle, y del cabo primero Marcos Leonardo Wisniewski, oriundo de Santa Rita, quienes integraban la patrulla del Escuadrón 21 al momento del hecho ocurrido el 6 de febrero de 2025.

La resolución fue adoptada por la Justicia Federal de Jujuy tras considerar que no existían elementos suficientes para atribuirles participación directa en los disparos que terminaron con la vida del joven motociclista.

La investigación determinó, a partir de pericias balísticas y reconstrucciones técnicas, que los proyectiles mortales provinieron de un único arma reglamentaria, utilizada por el sargento primero Walter Daniel Álvarez, otro integrante del operativo.

En una primera etapa, los dos efectivos misioneros, junto a la cabo Juliana Enciso, habían quedado imputados por homicidio agravado, aunque con el correr de la instrucción fueron desvinculados del hecho principal.

Los sobreseimientos fueron firmados el 27 de febrero y el 4 de marzo pasado, por el juez de Garantías N° 1 de Jujuy Eduardo Hansen.

Ivo Rodrigo Torres fue asesinado de un disparo en la espalda en febrero del año pasado.

Un gendarme a juicio

Con la elevación de la causa, el único acusado que llegará a juicio oral será el sargento primero Álvarez, señalado como autor de los dos disparos efectuados durante la persecución que se extendió por varios kilómetros en inmediaciones de la frontera entre Argentina y Bolivia.

Según la acusación fiscal, uno de los proyectiles impactó por la espalda en Torres y le provocó heridas fatales. Por ese hecho, Álvarez deberá responder por homicidio doblemente agravado, tanto por alevosía como por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.

La acusación es impulsada por el fiscal federal Federico Zurueta, mientras que la querella, en representación de la familia de la víctima, sostiene que existió un uso desproporcionado de la fuerza durante el procedimiento.

Dos gendarmes misioneros detenidos por el crimen de un joven indígena en Jujuy

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Luego de varias semanas de negociación y tras dos audiencias bajo conciliación obligatoria, la Municipalidad de Posadas y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soemp) alcanzaron un acuerdo salarial correspondiente a la primera paritaria de 2026, desactivando así un conflicto que había escalado en los últimos días con medidas de fuerza y posturas enfrentadas entre ambas partes.

El entendimiento quedó formalizado este martes durante la segunda audiencia realizada en sede laboral provincial, luego de un proceso que incluyó reuniones previas, un paro de 24 horas impulsado por el gremio y la intervención del Ministerio de Trabajo de Misiones para encauzar las negociaciones.

Según el acta firmada, el acuerdo establece una mejora salarial escalonada para el primer semestre del año. En marzo se otorgará una suma de 30.000 pesos: para los agentes de categorías 12 a 19, el monto se distribuye entre 13.860 pesos en concepto de pasaje y 16.140 pesos por capacitación laboral; mientras que para las categorías 20 a 24 se aplicará una suma directa de igual valor.

Además, se incorporó una actualización de las asignaciones familiares, incluyendo mejoras en los ítems por hijo, nacimiento, adopción, matrimonio, prenatal e hijo con discapacidad. A esto se suma una nueva recomposición prevista para mayo, compuesta por 20.000 pesos en ticket canasta y 15.000 pesos adicionales por productividad.

Uno de los puntos destacados del acuerdo es el compromiso del Ejecutivo municipal de avanzar con 200 cambios de situación de revista, permitiendo el pase de trabajadores desde planta temporaria a planta permanente, bajo criterios de antigüedad, prestación efectiva de servicios y ausencia de sanciones disciplinarias.

El cierre de esta primera paritaria representa un giro respecto del escenario de días atrás, cuando las posiciones parecían irreconciliables: mientras el sindicato reclamaba una recomposición de 150 mil pesos, el Municipio sostenía una oferta considerablemente menor en un contexto marcado por la caída de ingresos municipales.

Municipales iniciaron el viernes de paro y hubo conciliación obligatoria

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