Agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) incautaron casi 100 kilogramos de marihuana valuados en más de 300 millones de pesos en una zona costera del río Uruguay en la localidad de San Javier.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, el cargamento fue hallado y secuestrado esta madrugada, durante una serie de recorridas de prevención y tareas de vigilancia en zonas ribereñas.

En medio de una de las recorridas, los uniformados advirtieron movimientos sospechosos y en medio de la oscuridad reinante oyeron una embarcación que cruzaba desde Brasil hacia la costa argentina, embarcación que al advertir la presencia policial escaparon por el mismo cauce.

Fue así que cuando los prefecturianos arribaron al punto donde la embarcación había llegado se toparon con cinco bultos abandonados, los cuales tenían 159 panes en su interior.

La carga arrojó positivo para marihuana y alcanzó los 94 kilogramos, con un avalúo superior a los 330 millones de pesos.

En el caso interviene la Fiscalía Federal de Oberá. La investigación continúa abierta a fin de identificar a los responsables de la maniobra de narcotráfico.

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En el marco de la tercera edición de Mendocann, los gobiernos de Misiones y Mendoza firmaron un convenio de cooperación institucional orientado al desarrollo del cáñamo industrial y al fortalecimiento de su cadena de valor productiva.

El acuerdo fue suscripto por el ministro del Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori, y el ministro de Gobierno de Mendoza, Natalio Mema, durante las actividades oficiales del evento que reúne a referentes del sector productivo, científico e institucional vinculados al desarrollo del cannabis y el cáñamo en el país.

El convenio establece un marco de cooperación entre ambas provincias para promover el desarrollo productivo del cáñamo industrial, fomentar la investigación científica, impulsar la innovación tecnológica y consolidar nuevas cadenas de valor vinculadas a esta industria emergente.

Durante la apertura del evento, el ministro mendocino Natalio Mema destacó los avances regulatorios que Mendoza viene desarrollando en los últimos años para ordenar el crecimiento de la actividad.

“Esta es la tercera edición de Mendocann y en este tiempo hemos podido avanzar de manera sostenida en el desarrollo y el ordenamiento de la industria del cannabis en la provincia. El año pasado logramos modificar nuestra ley provincial a partir de amplios consensos para generar un marco normativo claro para el desarrollo de la actividad”, expresó.

En ese contexto, el ministro López Sartori participó del panel “Cannabis y cáñamo como política pública: el diseño normativo mendocino y sus desafíos de implementación”, donde destacó la importancia de avanzar en marcos regulatorios que brinden previsibilidad al sector.

“El sector privado que decide invertir en esta industria está apostando a proyectos de largo plazo. Por eso es fundamental que existan reglas claras y estabilidad normativa para garantizar seguridad jurídica y permitir el desarrollo de inversiones productivas”, señaló.

El ministro también subrayó el rol de las provincias en la construcción de políticas públicas vinculadas al cannabis y al cáñamo industrial.

“Muchas de las soluciones para el desarrollo de esta industria pueden surgir desde el trabajo articulado entre provincias. El desarrollo del cáñamo industrial representa una oportunidad estratégica para diversificar las economías regionales y construir nuevas cadenas de valor productivas”, sostuvo.

El acuerdo firmado entre Misiones y Mendoza contempla el intercambio de experiencias regulatorias, la cooperación técnica entre organismos públicos, el impulso de proyectos de investigación y la promoción de iniciativas productivas vinculadas al cáñamo industrial.

De esta manera, ambas provincias avanzan en la construcción de una agenda federal orientada a impulsar el desarrollo de esta industria emergente y generar nuevas oportunidades de inversión, innovación y empleo en las economías regionales.

Avanza la creación del Registro de Cannabis de Misiones

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Por Fernando OZ

@F_ortegazabala

En tiempos en que el Cantón libra una batalla diaria por su supervivencia económica, la dirigencia política parece, por momentos, más ocupada en el espectáculo de las redes sociales que en la defensa estratégica del territorio. El reciente cruce entre la diputada Paula Franco y su par Ramón Amarilla no es solo un intercambio de ‘chicanas’ olvidables; es el fiel reflejo de una dirigencia que, de uno y otro lado, está fallando en la lectura de la urgencia histórica que atraviesa nuestra provincia frente a un Gobierno Nacional que ha decidido asfixiar al federalismo.

Empecemos por el proyecto del ex policía. Su propuesta de derogar el cobro anticipado de Ingresos Brutos en los puestos de El Arco y Centinela suena, para el oído desprevenido, como una oda a la libertad de comercio y un alivio al bolsillo. Pero en la política real, los gestos no se miden por sus intenciones, sino por sus consecuencias. Y la consecuencia de la iniciativa es, lisa y llanamente, el desfinanciamiento de Misiones en su hora más crítica. Amarilla sigue disparando contra su propio cuartel. Sé que no le gusta que se lo digan.

Proponer hoy, con una crisis mundial a galope armamentístico, que Misiones renuncie a su recaudación en frontera es de una inconsciencia que roza la deserción. El hombre apela al “sentido común” del trabajador, pero parece olvidar que ese mismo trabajador es el que se queda sin hospital, sin escuela y sin seguridad cuando la caja provincial se queda escuálida.

Desarmar el sistema de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) hoy no es “liberar el comercio”; es dejar a la provincia sin el escudo necesario para pagar salarios docentes, mantener hospitales y sostener programas de consumo como el ‘Ahora Misiones’. Amarilla apela a la Constitución Nacional para hablar de aduanas internas, pero olvida que esa misma Constitución exige un reparto equitativo de la riqueza nacional que hoy se incumple sistemáticamente contra Misiones. Jugar a la “revolución fiscal” mientras la Nación nos mete la mano en el bolsillo es, en el mejor de los casos, una ingenuidad política; en el peor, una traición a la autonomía provincial.

Porque no nos engañemos: la Nación le está robando a Misiones. Así, sin paños calientes. El Ministro de Hacienda, Adolfo Safrán —un hombre que maneja los números con la frialdad de un coronel del servicio de intendencia— puso las cartas sobre la mesa: cuarenta mil millones de pesos mensuales de “agujero” por culpa de una coparticipación que es una estafa legalizada. Misiones produce con la fortaleza de una población joven y recibe migajas como un mendigo. Somos la séptima economía del país, pero nos tratan peor que a una colonia de ultramar a la que se le exige todo y se le da lo justo para que no muera del todo. En ese contexto, la tasa en cuestión no es un capricho; es el último recurso del sitiado para que el pan no falte en la mesa de los suyos.

Pero si lo de Amarilla es una estupidez estratégica, lo de la diputada Paula Franco, abanderada de la Neo, es de una arrogancia que hiela la sangre. Ante un debate que exige altura de miras, la señora Franco, doctora en leyes y contadora con pergamino, decidió bajarse al barro de la chicana barata. Ironizar sobre la formación académica de sus pares y proponer “cursillos de ingreso” para legisladores no solo es un acto de soberbia, sino que baja el nivel de la discusión pública al subsuelo.

En lugar de explicarle al misionero con pedagogía y honradez por qué el anticipo fiscal es el escudo contra el ajuste porteño, prefirió el ninguneo desde el pedestal, rompiendo los puentes de diálogo que una Legislatura debería construir. Cuando el oficialismo responde con el título universitario bajo el brazo, lo que hace es alejarse de la gente. La crisis actual no se resuelve con doctorados, sino con sensibilidad social y firmeza política.

Al chicanear con la falta de formación de Amarilla, Franco le regaló al diputado el papel de “víctima del sistema” y “defensor del sentido común”, permitiéndole eludir el debate técnico sobre el agujero fiscal que su proyecto generaría. La soberbia académica es el refugio de quienes no quieren, o no pueden, explicar por qué las medidas que toman son necesarias. Miren, uno puede tener tres doctorados colgados en la pared del despacho y seguir siendo un mediocre de manual.

El Cantón está en una encrucijada de esas que definen el destino de una generación. Por un lado, la caída real de los ingresos y el parate del consumo; por el otro, un Gobierno Nacional que ha decidido que las provincias son gastos a recortar y no pueblos a proteger.

Mientras los diputados se tiran con títulos y chicanas, la realidad económica de la provincia, descripta por Safrán, es de una gravedad extrema. El ministro ha sido claro: la baja de la recaudación por la recesión nacional y el recorte de transferencias han generado un escenario de “plan de austeridad” obligatorio. Se suspendieron compras de bienes de capital y se prioriza lo urgente. Así las cosas, a la provincia no le queda más que cobrar en la frontera porque la Nación no le liquida lo que le corresponde en la ventanilla de la coparticipación. Es un mecanismo de compensación frente a un federalismo quebrado.

Lo que Misiones necesita no son iluminados del “sentido común” que quieran desmantelar la poca defensa fiscal que nos queda, ni presuntos catedráticos que miren por encima del hombro al resto del mundo. Necesita personas valientes que sepan que la batalla se gana con unidad y con la verdad por delante. La verdadera inconstitucionalidad no está en un camión pagando un canon en la Ruta 14; la verdadera inconstitucionalidad es el centralismo que nos asfixia, que nos quita lo que es nuestro y que luego nos critica por intentar sobrevivir.

En resumen: Amarilla se equivoca de enemigo al querer desfinanciar su propia tierra, y Franco se equivoca de lenguaje al tratar a sus pares —y por extensión a los ciudadanos— como a alumnos de primaria. Al final, como siempre, el que paga el pato es el ciudadano de a pie, el que no tiene despacho ni coche oficial, y el que espera que sus representantes tengan, al menos una vez en la vida, la decencia de estar a la altura de la historia.

Criticar el proyecto de Amarilla es necesario porque es un salto al vacío que desprotege al misionero de a pie. Pero criticar a Franco también es imperativo, porque la soberbia y la chicana barata son el peor camino para convencer a la sociedad de que el esfuerzo fiscal vale la pena.

En esta encrucijada, el sentido común —ese que Amarilla invoca pero que no aplica en su proyecto, y que Franco desprecia desde su pedestal— dicta que la única salida es la unidad provincial para exigir lo que nos corresponde, sin desfinanciar nuestra casa en el intento. Misiones es mucho más que un ring de redes sociales. Es una provincia que trabaja y produce bajo condiciones de injusticia federal. Es hora de que sus representantes dejen de pelearse por el micrófono y empiecen a pelear, juntos y con argumentos sólidos, por el futuro de la tierra colorada.

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