El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del Concejo Deliberante del mismo municipio, se tomó licencia en el cargo y se puso a disposición de la Justicia, tal como lo había solicitado el miércoles a la noche el gobernador Hugo Passalacqua.

La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.

En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.

En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.

La denuncia

La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.

Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.

Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.

El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.

En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.

La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.

Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.

Medidas

Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.

En paralelo, ordenó otras medidas para la recolección de pruebas y en ese marco hubo allanamientos en su oficina en la municipalidad y en su casa. En esos procedimientos ya se incautaron dispositivos electrónicos como celulares y computadoras, elementos que serán sometidos a pericias por parte de los especialistas de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).

Los investigadores también realizaron un registro fotográfico de la oficina del alcalde y de otras dependencias que pudieran haber sido escena de alguno de los hechos denunciados.

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Desde las 00, empleados nucleados en el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Posadas (Soemp) iniciaron un “paro con movilización” por 24 horas tras fracasar la negociación salarial con la comuna este jueves. Sin embargo, la medida fue levantada alrededor de las 9, tras el dictado de una conciliación obligatoria por 10 días por el Ministerio de Trabajo.

Según consta el documento, la Subsecretaría de Relaciones Gremiales, del Ministerio de Trabajo de Misiones, intimó al “cese inmediato de las medidas de fuerza” que ejecutan los trabajadores municipales de la capital nucleados en el Soemp.

En el instrumento, el organismo provincial ordena a la entidad sindical a levantar el paro de los trabajadores y permitir “el normal funcionamiento de los servicios en el ámbito de la Municipalidad de Posadas”, al tratarse de prestaciones consideradas esenciales.

La resolución establece que el incumplimiento podrá derivar en sanciones previstas en la normativa vigente, entre ellas las leyes 14.786, 23.551, 25.212 y 25.877, además del decreto nacional 272/06.

Asimismo, la disposición de la cartera laboral exhorta tanto al sindicato como al municipio a garantizar la prestación efectiva de los servicios esenciales y a continuar el diálogo con el objetivo de encontrar una solución al conflicto. Finalmente, se dispuso la notificación formal de la medida tanto al Soemp como a la Municipalidad de Posadas.

Según trascendió, la propuesta del Ejecutivo consistía en otorgar un incremento de 30 mil pesos en marzo y otro monto similar a partir de abril, además del pase a planta de 200 trabajadores.

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Los senadores del Frente Renovador Neo, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, renunciaron al reciente aumento del 9,4% de la dieta de los parlamentarios, que llevó el salario a poco más de $11 millones.

“Renunciamos al aumento de dieta para honrar nuestro compromiso con los misioneros”, se titula el comunicado difundido por los parlamentarios en el sitio web de la Renovación y las redes sociales.

El pronunciamiento señala que Arce y Rojas Decut “reafirmaron su compromiso con la austeridad y el ejemplo en la función pública ante el contexto económico nacional”.

“Desde el misionerismo, reafirmamos una convicción que guía nuestra forma de hacer política: la responsabilidad con la gente y la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos”, proclaman.

Dicen que decidieron renunciar a este último aumento salarial, “entendiendo que el contexto económico que atraviesa el país exige gestos claros de austeridad y compromiso por parte de quienes ocupamos responsabilidades institucionales”.

“La decisión responde al compromiso asumido con el pueblo misionero, que espera de sus representantes cercanía, empatía y una conducta acorde a las dificultades que atraviesan muchas familias argentinas”, señala. “Creemos que la política debe estar al servicio de la gente, y que ese servicio comienza por dar el ejemplo”, argumentan.

“En tiempos complejos, los representantes públicos debemos actuar con prudencia, responsabilidad y sensibilidad social”, dicen Arce y Rojas Decut y finalizan: “Por eso, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por Misiones con la misma convicción de siempre, sosteniendo una política basada en el ejemplo, la austeridad y la coherencia entre el decir y el hacer”.

Los aumentos

Las autoridades del Senado y los gremios legislativos acordaron el miércoles un aumento acumulativo del 12,5% que impacta en las dietas de los senadores, debido a que están enganchadas a las paritarias de los trabajadores de la Cámara.

Esto es así, por la Resolución 8/24, aprobada por el Senado hace dos años, en una polémica votación que se concretó a mano alzada, que ató las dietas a la paritaria legislativa, donde se negocia el valor del módulo, que es la unidad de medida de los salarios. Según esta normativa, la dieta equivale a 2.500 módulos.

A la dieta hay que sumar otros dos conceptos: los gastos de representación, que equivalen a unos 1.000 módulos; y desarraigo, que equivale a otros 500 módulos y aplica únicamente a los parlamentarios de las provincias.

La posibilidad de los senadores de renunciar individualmente a los aumentos es nueva. Fue incorporada a la normativa del Senado en junio de 2025 por la titular de la Cámara, la vicepresidenta Victoria Villarruel, como consecuencia de las polémicas por incrementos salariales anteriores.

Captura de pantalla de lo publicado esta noche en la web de la Renovación.

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