El gobernador Hugo Passalacqua dispuso el apartamiento de Carlos Alberto Heppner, quien se desempeñaba como director de Promoción y Protección de Derechos del Adulto Mayor, en el ámbito de la Subsecretaría del Adulto Mayor, luego de que su nombre quedara incorporado en la investigación judicial por una estafa piramidal.

La medida se conoció mientras avanza la causa que investiga un esquema de inversiones denunciado por varios damnificados, en el que se habrían ofrecido retornos económicos elevados a partir de supuestas operaciones comerciales vinculadas a exportaciones e importaciones. Según fuentes consultadas, Heppner aparece mencionado dentro del expediente y habría tenido participación en la operatoria investigada.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, la maniobra consistía en captar fondos con promesas de ganancias semanales y mensuales por encima de los valores habituales del mercado. Durante los primeros meses se habrían concretado pagos parciales, pero luego comenzaron los incumplimientos y reclamos por falta de devolución del dinero invertido.

En el marco de la causa, en los últimos días también se realizaron nuevos procedimientos en Posadas, entre ellos un operativo en el barrio Itaembé Guazú donde fueron detenidas dos personas vinculadas al entorno del principal acusado, conocido como Charly. En esos allanamientos se secuestraron tarjetas bancarias y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

La investigación judicial continúa enfocada en el análisis de movimientos financieros y en el circuito de fondos utilizado para canalizar los aportes de los inversores, mientras no se descartan nuevas medidas procesales en los próximos días.

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Luego de que Geremías D. S (69) arrastrara a un perro atado a su moto en marcha y sea filmado por un transeúnte, lo que derivó en un operativo policial que capturó al hombre, la agrupación proteccionista “Patas Sucias” formalizó la denuncia enmarcada en la Ley Nacional 14.346, que sanciona el maltrato animal.

En el video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, se puede observar que el perro presentaba resistencia mientras el hombre a bordo de la moto avanzaba lentamente para pasarlo de un lado a otro de la ruta 210 de San Ignacio.

El hecho provocó un rápido repudio social y, tras la llegada de efectivos policiales que concretaron la detención del hombre y el resguardo del animal, una mujer de 26 años, integrante de la agrupación proteccionista Patas Sucias, radicó la denuncia correspondiente.

Según consta en la presentación, el acusado identificado como Geremías D. S, “había sido visto mientras arrastraba a un perro atado con una soga a una motocicleta, provocándole sufrimientos innecesarios”. 

Por disposición del Juzgado de Paz local, la denuncia fue incorporada al sumario contravencional en curso en el marco de la Ley Nacional 14.346, que sanciona los actos de crueldad hacia los animales.

Puntualmente, esta normativa nacional penaliza el maltrato y la crueldad hacia los animales, considerándolos víctimas y no solo propiedad.

Al mismo tiempo, establece penas de 15 días a un año de prisión para quienes cometan actos de maltrato o crueldad, incluyendo el abandono, la falta de alimento y la tortura. 

 

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La Cámara de Diputados realizó hoy la primera de las dos audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares, en una jornada marcada por la controversia en torno a las restricciones impuestas a la participación de los miles de inscriptos para la convocatoria.

El acceso al Congreso, minado de agentes de seguridad, que filtraban el ingreso de los expositores anotados, en función de una lista que nadie sabe quién confeccionó, fue un cuello de botella político para el gobierno, que terminó cruzado por denuncias de la oposición en la Justicia Federal porteña.

De los más de 100.000 inscriptos para las dos jornadas de la audiencia pública por el proyecto de la Casa Rosada, de habilitar parte del área protegida de los glaciares a la explotación minera y petrolera, pudieron ingresar 300.

Diputadas y diputados de distintos bloques de la oposición presentaron un pedido de impugnación contra la convocatoria, por “irregularidades” en la selección de expositores y exigieron la “revisión y adecuación” del procedimiento a estándares democráticos.

Igualmente, el oficialismo logró imponerse y la audiencia se llevó a cabo en un clima accidentado, que trajo, una y otra vez, los cuestionamientos por el método quirúrgico de selección de expositores.

La indignación saltó enseguida a las redes, donde muchos de los inscriptos que no pudieron ingresar, entre profesionales, activistas ambientales, biólogos, trabajadores mineros; e incluso, varios diputados de la oposición, volvieron a cuestionar la validez de la convocatoria.

Negocios mineros

Finalmente, las comisiones de Recursos Naturales y Medio Ambiente, y de Legislación, cumplieron con la primera de las dos jornadas previstas para la discusión pública de la reforma a la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno de Javier Milei.

De la convocatoria de este miércoles, participaron los diputados misioneros, Yamila Ruiz y Alberto Arrúa, del Frente Renovador Neo; y Emmanuel Bianchetti, del PRO Misiones.

El desarrollo de la reunión tuvo cruces fuertes, como el de Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, quien anunció durante su exposición que mañana estará presentando una denuncia en Comodoro PY contra la senadora salteña Flavia Royón, por incompatibilidad en la función pública, ya que votó a favor de la nueva ley de Glaciares y tiene una consultora sobre minería.

“¿Ustedes saben que hay una senadora nacional que no representa a la provincia de Salta, sino que representa a las mineras directamente, que se llama Flavia Royón?”, preguntó Viale al recinto.

“Flavia Royón tiene una consultora que asesora a Río Tinto, que es una de las principales beneficiadas por esto. Y mañana la estamos denunciado penalmente por incompatibilidad en la función pública y que se investigue el cohecho”, anunció Viale, y miró al legislador libertario José Peluc, presidente de la Comisión de Recursos Naturales.

“¿Usted no tiene relación con proveedores mineros? La gente de su partido, ¿No tuvo una reunión hace poco con un proveedor minero? ¿Cuántos diputados hay así, cuántos diputados son proveedores mineros?”, lanzó.

“La verdad es que esto tiene nombre y apellido: son las grandes transnacionales mineras. ¡Le están entregando el agua y es para siempre!”, arremetió Viale.

El abogado Enrique Viale aseguró que denunciará penalmente a la senadora Flavia Royón por incompatibilidad con la función pública, al votar a favor de modificar la ley de Glaciares y tener una consultora que asesora a la minera Río Tinto.https://t.co/zmWGSNB20U pic.twitter.com/vMrDr6YiU4

— Diagonales (@diagonalesweb) March 25, 2026

Fue una de las intervenciones más encendidas de la jornada, que arrancó al mediodía y se extendió hasta las 19:00 horas, junto con las exposiciones de Bruno Giambelluca, de Greenpeace; la ex diputada Marta Maffei, autora de la Ley de Glaciares; Marcelo Arteaga, trabajador petrolero y opositor al proyecto; y el Nobel de Derechos Humanos, Adolfo Pérez Esquivel.

“La reforma busca borrar de un plumazo la protección de la zona periglaciar, permitiendo la destrucción de reservas de agua dulce que son críticas ante el cambio climático”, afirmó Giambelluca y disparó: “La historia los juzgará como los que remataron el agua de los argentinos”. Hubo aplausos y llamados al orden de los presidentes de comisión.

Maffei dijo que la modificación propuesta por el gobierno “omite los recaudos legales”, tachó de farsa la convocatoria y aclaró: “Mi participación no convalida esta aberración”.

“Hoy, el litro de agua cuesta más que el combustible”, tiró Arteaga y vaticinó: “El pueblo no va a tener para comprar agua mineral”.

“Por presión del Gobierno de Estados Unidos se quiere ingresar empresas a imponer esta ley de Glaciares”, señaló Pérez Esquivel y pidió “encontrar un equilibrio de las necesidades del ser humano con el desarrollo que necesitan los pueblos para su vida”.

“Por presión del Gobierno de Estados Unidos se quiere ingresar empresas a imponer esta ley de Glaciares”

Adolfo Pérez Esquivel señaló que se debe “encontrar un equilibrio de las necesidades del ser humano con el desarrollo que necesitan los pueblos para su vida”. pic.twitter.com/0XFzpVBomQ

— Corta (@somoscorta) March 25, 2026

Los riesgos de contaminación de las fuentes de agua potable de las regiones protegidas por la ley sancionada en 2009, es el centro de los cuestionamientos de las organizaciones ambientalistas y vecinales de las provincias afectadas, y de la oposición política kirchnerista y de izquierda.

Legisladores como Juan Grabois, Nicolás Del Caño, Cristian Castillo, Myriam Bregman, Sabrina Selva, Gabriela Estévez, Lucía Campora, María Inés Zirgaran, Adriana cristina Serquis y Maximiliano Ferraro, entre otros, fueron los que llevaron la voz cantante contra el proyecto.

Eco terroristas y máquinas

El oficialismo tiene como espadas a los diputados Guillermo Mosso y Nicolás Mayoraz, que este miércoles jugaron fuerte, en el límite del Reglamento de la Cámara.

Mosso fue la voz más combativa que se escuchó hoy a favor de la reforma. Al llegar al Congreso tuvo un cruce con los manifestantes, la mayoría expositores que quedaron afuera, y luego, en su discurso en la audiencia, tildó de “eco-terroristas” y “máquinas de impedir” a quienes se oponen a la minería.

Dijo que Argentina “necesita divisas de forma urgente” y que los glaciares “no se tocan”, pero que el área periglaciar, que el proyecto mileísta libera de protección, es “tierra productiva desperdiciada”.

Mayoraz, presidente de la comisión, cambió la retórica por la acción, e impuso límites de cinco minutos por orador, cortó micrófonos varias veces, cruzó los reclamos con insultos, y puso, por momentos, la sesión al borde de la disolución.

El gobierno sumó voces, como la UOCRA, Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina; la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN), y de la CAEM, la Cámara Argentina de Empresas Mineras.

La discusión sobre glaciares está cargada de exageraciones. No está en juego el agua que consumen las personas ni están en peligro los sistemas hídricos. En la cordillera, los ríos dependen principalmente de la nieve; en casi todo el país, de las lluvias. 2/5

— Guillermo Mosso (@guillemosso) March 25, 2026

Los argumentos se centraron en ecuaciones económicas y en “la necesidad de seguridad jurídica para las inversiones”. Hubo abucheos cuando afirmaron que la actividad minera actual tiene estándares que “conviven armoniosamente” con el medio ambiente.

Por Misiones no habló ninguno de los legisladores nacionales de la tierra colorada que integran las comisiones involucradas en la discusión del proyecto: Ruiz y Bianchetti, por Legislación; y Arrúa, por Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Los tres ya adelantaron públicamente que votarán por el proyecto que ya tuvo media sanción el Senado, con los votos de los tres parlamentarios misioneros, Omar Arce y Sonia Rojas Decut, de la Renovación Neo; y Martín Goerling, del PRO Misiones.

El peronista Arrúa opinó en los medios locales que la reforma de la Ley de Glaciares “protege el medio ambiente”. En el mismo sentido se despacharon Rojas Decut y Goerling, justificando su voto por un proyecto que, según organizaciones ambientalistas de Misiones y de otras provincias que no tienen glaciares, abre la puerta para la desregulación de normativas como la Ley de Humedales y la Ley de Bosques, que protege la selva misionera.

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