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Posadas adjudica seis líneas de colectivos a San José S.A.

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Policiales

Crimen del penitenciario Argüello: detuvieron a su pareja por encubrimiento

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penitenciario argüello

Tras la detención de Lidia Rosa Argüello (54) por el crimen de su hermano, el agente penitenciario Julio César Argüello (45), ahora detuvieron a la pareja de la víctima como posible “encubridora” del homicidio.

La aprehensión de la mujer, de 35 años, se concretó este domingo a la tarde durante un procedimiento de la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones, cuyo personal viene trabajando en el caso.

La nueva detenida quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, quien a su vez prevé en las próximas horas tomarle declaración a la hermana de la víctima.

Según lo que se pudo reconstruir, todo comenzó el viernes 6 de febrero, minutos antes de las 9, cuando Lidia alertó haber encontrado a su hermano herido dentro de su casa sobre la calle Puerto Rico de Posadas.

El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en severo estado de salud hasta que este jueves se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo.

Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.

Entre esos elementos se destacan una cámara de seguridad que la muestra ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 milímetros encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.

El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica.

Muerte de penitenciario se investiga como homicidio y detuvieron a su hermana

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Policiales

Un hombre de 66 años fue asesinado de un tiro en su casa de Puerto Iguazú

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Un hombre de 66 años fue herido de bala esta madrugada en una vivienda cercana al río Paraná en Puerto Iguazú y falleció minutos después en el hospital, lo que dio inicio a una investigación para determinar las circunstancias del homicidio.

La víctima fue identificada como José Suzuki (66), de nacionalidad china, quien tras ser herido logró comunicarse con un vecino para pedir ayuda y gracias a ello logró ser trasladado al hospital Samic, aunque desafortunadamente minutos después se produjo su deceso.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el hecho ocurrió a las 2.30 en el barrio Santa Rosa y el hombre fue auxiliado sobre la calle Violeta de los Alpes, tras el llamado del vecino identificado como Juan M. (44).

En ese punto empezaron a trabajar los agentes de la comisaría Cuarta, quienes luego recorrieron la zona junto al personal de la División Científica y a unos 150 metros de la vivienda de Suzuki, en dirección hacia el río Paraná, encontraron con varias vainas servidas que dan cuenta de más de un disparo y de diferentes armas.

Según detallaron, entre lo hallado hay tres vainas servidas de calibre 9 milímetros, una de calibre 22 y un proyectil de 9 mm.

El médico policial que examinó el cuerpo determinó que el ciudadano chino sufrió un disparo que provocó un orificio de entrada en la región epigástrica (boca del estómago) y orificio de salida en la región dorsal.

De igual manera, el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, dispuso el traslado del cuerpo hacia la morgue judicial para ser sometido a un examen de autopsia.

No fue la única medida. También se ordenó el secuestro del teléfono celular del fallecido y se le tomó declaración testimonial al vecino que alertó a las autoridades sobre el hecho de violencia.

 

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Opinión

Nuñez – Macías: una postal de tiempos nuevos

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Por Fernando Oz

@F_ortegazabala

 

Me pregunto cuánto tendremos que esperar para que la Cámara de Representantes expulse al diputado Ramón Amarilla por “desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones” —artículo 99 de la Constitución provincial—. El agente del caos, esta semana, volvió a utilizar sus redes sociales con el único objetivo de inflar el malestar social en un contexto de crisis económica. Ya lo había hecho antes de finalizar el primer mes del año, cuando convocó a los empleados públicos, en especial a la policía y al servicio penitenciario, a reunirse en la plaza 9 de Julio para llevar una caterva de reclamos al Gobierno.

Este martes repitió la maniobra y, al día siguiente, volvió con el mismo espectáculo del miércoles anterior. Y el viernes también publicó en sus redes otro mensaje del tipo diplomáticamente incendiario. No tuvo reparos en aprovechar el conflicto salarial de la policía de Santa Fe para impulsar un reclamo masivo en Misiones, como tampoco parece darle ni una pizca de vergüenza la utilización, para su campaña de desestabilización, de los recientes casos de suicidio entre las filas de quienes fueron sus camaradas.

Hay un claro modus operandi: mediante hechos consecutivos, estudiados y planificados, el agente del caos realza un estado de malestar real de un sector social con el fin de magnificarlo y provocar violencia social. Ejecuta la acción de manera abierta a través de medios de comunicación y redes sociales. Su audiencia es el empleado público, especialmente de las fuerzas de seguridad. Lo repito: lo hace en el marco de un contexto de crisis económica a nivel nacional, dentro de un marco de ajustes y desempleo.

Amarilla no es un ciudadano común, de esos que tienen todo el derecho a plantarse y ponerle mala cara a un mal gobierno. Estamos hablando de un diputado; su función legislativa es clara: elaborar, discutir, modificar y sancionar leyes de interés público provincial; también puede fiscalizar actos del Poder Ejecutivo, como por ejemplo solicitar informes a funcionarios, además de prestar acuerdo para el nombramiento de magistrados o funcionarios judiciales y cuestiones institucionales.

A diferencia del ciudadano común, Amarilla cuenta con una serie de derechos e inmunidades: no puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones o discursos que emita en el desempeño de su mandato; también tiene inmunidad de arresto.

Cuenta con facultades valiosísimas, como la de presentar proyectos de ley, de resolución o de declaración sobre cualquier tema de competencia provincial. Puede participar en las comisiones que desee para patalear por cualquier iniciativa legislativa antes de su tratamiento y, si tiene ganas, puede seguir pataleando en el recinto. Puede pedir informes y hasta realizar investigaciones propias. Hay un vademécum de acciones que puede hacer, muchos puede, pero su interés es claro: generar y aprovechar el caos.

Que algún diputado provincial, fiscal o juez de turno diga si la instigación al desorden social corresponde al ejercicio de las atribuciones de un legislador. Que el presidente de la Cámara, Sebastián Macías, explique si Amarilla incurrió en “desorden de conducta” conforme a sus funciones.

Amarilla debe entender que no es un sindicalista y menos de una fuerza policial. Es un diputado, y la Cámara puede aplicar sanciones disciplinarias que van desde la amonestación hasta la expulsión definitiva, y que puede ser expulsado por incurrir en desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, con una mayoría especial de dos tercios de los votos de los miembros presentes.

El caso del expolicía no es el de un opositor más. Tiene antecedentes. Intentó amotinar una fuerza de seguridad. Fue imputado por los delitos de sedición y conspiración, acusaciones que surgieron tras la revuelta policial de mayo de 2024, que incluyó un acampe, corte de avenidas y la toma de vehículos oficiales.

Cabeceras ajenas, promesas y silencios

En política, las mesas importan tanto como las sillas, pero mucho más los sitios donde se sientan los protagonistas. No es casualidad que la reciente reunión sobre el destino del sector yerbatero haya tenido al presidente de la Cámara de Representantes relegado al rol de invitado, mientras el diputado Adrián Nuñez, vicepresidente primero, ocupaba la cabecera y, con gesto de anfitrión, organizaba el encuentro junto a Rodrigo Correa, mandamás del INYM. Uno podría esperar que, en el Cantón, la cabecera sea la prerrogativa del que lleva la insignia institucional más pesada. Pero no. Aquí, la cabecera fue el trono del que maneja la agenda, aunque sea por coyuntura y no por jerarquía.

Nuñez no solo eligió dónde sentarse; también el ritmo y el tono de la conversación, como esos generales que, sin serlo, se adueñan del mapa de batalla. Es curioso observar cómo el diputado, envalentonado por el aire fresco de la desregulación y el desempleo, se convirtió en un hábil organizador de agendas. Pero la política es el arte de la oportunidad, y el Doctor la aprovechó una vez más.

El sector yerbatero está inmerso en una crisis que parece no tener fin, como el mate de la tarde que se enfría y nadie quiere terminar. Los pequeños productores, siempre al margen, siguen esperando que los libertarios traigan un milagro. Pero la fe en los discursos no paga cuentas. El encuentro concluyó, como suele suceder, con promesas de diálogo y avances difusos. Los pequeños productores ven pasar la procesión de charlatanería sin que el santo yerbatero les preste atención. No hubo medidas concretas, apenas palabras que, como el humo, se disipan enseguida.

Rodrigo Correa se mueve entre el pragmatismo y la diplomacia, intentando sostener un equilibrio imposible entre la defensa del sector y la presión de quienes quieren abrir la compuerta del mercado sin restricciones. Nuñez, el abogado tributarista que hasta ayer gestionaba las cobranzas impositivas de varios municipios, sostiene la bandera de la libertad económica, como si el mercado fuera un dios benevolente; mientras Macías observa cómo los equilibrios institucionales se desdibujan ante la embestida política. Nadie se atreve a decirlo, pero la mesa sirvió más para mostrar quién comanda la oposición en el Cantón que para resolver lo urgente.

En definitiva, el encuentro fue una postal de tiempos nuevos: los políticos que organizan no siempre son los que tienen el cargo, y quienes deberían defender a los pequeños productores terminan sentados en el borde, escuchando. En política, por lo general, suele suceder que lo importante no está en lo que se dice, sino en lo que se calla y en lo que se muestra. Las mesas no siempre resuelven, pero sirven para apoyar las cartas al finalizar la partida. El sector yerbatero, golpeado y fragmentado, espera que alguna vez, quien se siente en la cabecera lo haga no por coyuntura, sino por compromiso real. Hasta entonces, los pequeños seguirán esperando, y la política seguirá jugando a cambiar de sillas, sin cambiar el fondo.

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