La implementación de la Tasa Ecoturística Municipal generó un clima de tensión en Wanda, tras comenzar a cobrarse a los visitantes de las Minas de Piedras Preciosas. 

La medida, impulsada por la intendenta Romina Faccio, fue establecida mediante la Ordenanza N° 22/2025 y se fundamenta -según el decreto reglamentario- en “la necesidad de establecer en la ciudad de Colonia Wanda una tasa ecoturística municipal con el objetivo de promover la preservación ambiental, el desarrollo sostenible y la consolidación de una gestión turística sustentable en beneficio de la comunidad local”.

El texto oficial establece además el destino de los fondos recaudados: 75% al Fondo Municipal de Infraestructura, Mantenimiento y Preservación Ambiental; 15% al Fondo Especial para la Fiesta Provincial de las Piedras Preciosas; y 10% al Fondo de Administración, Fiscalización y Promoción Turística.

El cobro se efectúa en el acceso a los predios mineros, principal atractivo turístico de la localidad, lo que abrió el debate entre autoridades, prestadores y visitantes sobre el impacto de la tasa en la actividad.

Reclamos

En las últimas horas, la situación se tensó aún más cuando trabajadores de las minas se concentraron en los accesos a los yacimientos para manifestar su rechazo al cobro. La protesta se realizó frente a las puertas de ingreso, donde actualmente se ubican los agentes municipales encargados de percibir la tasa.

Los empleados cuestionaron además la presencia policial en el lugar, señalando que se impide el ingreso de vehículos que no abonen el tributo. Según relataron desde una de las empresas, incluso se ordena a los conductores dar la vuelta si no realizan el pago.

Ambos yacimientos resolvieron cerrar temporalmente el acceso turístico como medida de protesta. Sin embargo, el puesto de cobro continuó funcionando.

“Es como si te pusieran una garita de peaje en la puerta de tu negocio”, expresó a La Voz de Misiones Patricia Busch, una de las propietarias, al describir la situación y remarcar que, a su entender, la tasa se abona directamente sobre el ingreso a una propiedad privada.

Patricia confirmó que junto a la otra mina presentaron un recurso de amparo ante la Justicia provincial para frenar la aplicación de la tasa. “Hemos presentado una medida cautelar, en la Justicia provincial para que se determine si esto es legal o no”, sostuvo.

Además, aseguró que en al menos tres reuniones con la intendenta ofrecieron asumir el pago para evitar que se le cobre al visitante. “Nosotros pagamos la ecotasa, pero dennos un servicio. Si hay una contraprestación real, la pagamos nosotros y que no molesten al turista”, afirmó.

Riesgos

Desde el sector empresarial advierten que la caída en el flujo de visitantes ya ronda el 40%, en comparación con el mismo período del año pasado. Señalan que el turista que viaja hacia Puerto Iguazú suele ingresar a las minas como atractivo de paso y que, ante esta situación “arbitraria”, muchos optan por continuar viaje.

Actualmente, unas 100 personas dependen de manera directa de la actividad en los dos yacimientos. Sin embargo, los propietarios indicaron que, de mantenerse el esquema actual, podrían cerrar la parte turística y conservar solo la explotación minera. En ese escenario, Patricia estima que de seguir así “se perderían mas de 60 puestos de trabajo” vinculados a guías, atención al público, mantenimiento y servicios complementarios.

“La actividad minera puede seguir con menos personal, pero el turismo es lo que genera empleo y movimiento en el pueblo”, recalcó Patricia.

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Una nueva asamblea de asociaciones, productores yerbateros y legisladores se concretó ayer por la tarde en el Salón Parroquial de Aristóbulo del Valle, luego de una convocatoria realizada por el titular del Inym, Rodrigo Correa, quien no estuvo presente.

“Lo que causó mucho enojo entre los productores fue la ausencia del presidente del Inym, quien había solicitado la reunión con los productores y asociaciones, pero no ha concurrido, entonces eso generó mucha bronca”, afirmó Jorge Skripczuk consultado por La Voz de Misiones.

“Desde Nación ya no esperamos nada, lo único que se puede lograr es lo que comentaba el presidente de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones (Fedecoop), Edgar Hein, respecto a los amparos que se han presentado”, añadió.

Durante la reunión, los cinco directores del Inym presentes se comprometieron a entregar una nota solicitando el cese de cosecha. Mientras que, los productores plantearon realizar una manifestación en la plaza 9 de Julio de Posadas frente a Casa de Gobierno.

Entre los diputados presentes estuvieron Héctor “Cacho” Bárbaro, Cristian Castro y Elvani Goring por el Partido Agrario y Social (Pays) y Ramón Amarilla por Algo Nuevo por la Dignidad de los Trabajadores, todos pertenecientes al arco político opositor de la provincia, por lo que también “generó inquietud” la ausencia de renovadores.

Carta a Correa

Tras el encuentro concretado en Aristóbulo, las asociaciones de productores hicieron extensivo un escrito dirigido al titular del Inym a quien cuestionaron su ausencia: “Si Usted nos hubiese preguntado, íbamos a acondicionar un espacio para ese encuentro que nuevamente decidió suspender y que para nosotros es tan importante. Y le reiteramos: no queremos comunicación por teléfono; necesitamos encuentro personal, amplio y diverso, con la participación de todas las asociaciones y por qué no, de todos los que sientan que pueden aportar a la gravísima crisis en la que nos sumergió el gobierno de la Nación”.

En este sentido, reconocieron que la crisis yerbatera surgió como respuesta a la desregulación del mercado iniciada con la firma del DNU 70/2023: “Debemos reiterar que desde que Javier Milei asumió la presidencia de la Nación, en diciembre de 2023, el sector yerbatero comenzó a transitar quizás el peor momento de su historia, un hecho reflejado sobre todo en la caída estrepitosa del precio de la materia prima y en la eliminación de normas y estructuras que garantizaban la inocuidad y calidad del producto, con impacto directo en el consumidor y por lo tanto también, en el corto y mediano plazo, en la comercialización”.

A su vez, recordaron que durante más de dos décadas, el Inym operó como una herramienta que “brindó crecimiento y desarrollo para TODOS los integrantes de la cadena yerbatera, registrando datos estadísticos y de territorialidad que permiten proyectar con eficiencia las mejoras para el sector, optimizando las condiciones de trabajo y vida de los tareferos (capacitaciones, indumentaria y nuevas tecnologías, como tijera electrónica, carritos de arrastre y guinches de carga de raídos), de los productores (asistencia técnica directa con una mirada integral y a largo plazo para yerbales sustentables y de calidad, y precios oficiales para la hoja verde), secaderos, cooperativas e industrias (aportando innovación para el uso eficiente de energía y uniformidad al producto final, financiando estudios científicos que validan a la yerba como un alimento excepcional para la salud y el bienestar, facilitando la presencia de pequeñas y grandes marcas en las principales ferias internacionales y creando en la Argentina la feria MATEAR, promoviendo competitividad, sumando consumidores), por citar algunos logros”.

Sobre el precio, añadieron que “en el año 2023, con el Inym funcionando plenamente, se llegó a pagar, al productor, por encima del valor fijado oficialmente”.

Por lo que concluyeron: “la política de desregulación provoca un criminal deterioro socio económico, le solicitamos formalmente, señor Rodrigo Correa, que gestione, desde el lugar que ocupa en la Institución y ante quien corresponda, la devolución de todas las facultades del Inym y que cese el desguace de normativa y de la estructura de la Institución, que se aceleró a partir de su presencia”.

Frenan cosecha de yerba hasta que el Inym “recupere facultades y fije precios”

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El concejal de Posadas, Fernando Zarza, apuntó contra el Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (Eprac), por la problemática de la falta de suministro de agua en muchos barrios de la ciudad, que saltó a las noticias a través de las redes sociales, por posteos de vecinos indignados.

“La creación del Eprac era justamente para defender al usuario, y lo que menos hace es defender al usuario; se convirtió en un ente de cobro externo, un cajero de Samsa, donde vos vas y te hacen convenios de pago, de 30, 40 meses, con intereses usureros, que se transforma ya en un negocio financiero”, disparó Zarza, en diálogo con La Voz de Misiones.

“A Samsa le conviene más hacer convenios de pago, para cobrarle intereses exorbitantes a los vecinos, que cobrarte mensualmente la boleta; le conviene que el usuario deba”, lanzó.

Zarza comentó que, durante un relevamiento reciente del suministro de agua en los barrios de Posadas, constató que los costos de reconexión de Samsa a los usuarios morosos “son impagables”.

“Las reconexiones en algunos barrios te cobran $100.000, $200.000, y cuando se cumplen los 30 días de mora te aumenta el 100%”, indicó y razonó: “Si vos no podés pagar hoy $100.000, es muy difícil que el mes que viene puedas pagar $200.000”.

El edil, que asumió en diciembre pasado en reemplazo del fallecido Francisco Pepi Wipplinger y conformó su bloque unipersonal Hacemos, pidió a la empresa proveedora de agua y al ente regulador provincial, “un poco de sentido común y empatía con la realidad económica del país y los usuarios”.

“Si vos te fijas tu boleta de Samsa, ya te cobra una cierta cantidad de metros cúbicos, aunque vos no abras la canilla en todo el mes, que va de los $20.000, $30.000, hasta los $60.000”, afirmó y contó el caso de “una vecina que nos mostró una boleta de $200.000”. “Una locura, la mujer no tiene pileta, no tiene lavadero, no tiene nada”, se quejó.

Válvulas

Zarza responsabilizó al oficialismo municipal de “hace poco y nada” por la recurrente problemática de la falta de agua en los barrios posadeños cada temporada de verano.

“Otra vez, la situación se ve complicada; sobre todo, por las altas temperaturas”, comentó Zarza a LVM.

“La semana pasada, cuando hicimos el relevamiento, había más de 50 barrios de Posadas que no tenían suministro continúo de agua potable”, contó y relató: “Muchos de ellos tenían un poco a la mañana, una hora, dos horas; o por la tarde, o por la noche”.

“La gente tiene que estar expectante, a ver cuándo tiene suministro para poder llenar su tanque, sus baldes, lo que sea”, describió.

“Este no es un problema de ahora, porque es un verano de calor extremo; es un problema que viene de hace más de diez años”, afirmó Zarza y atribuyó la situación “a ciertas obras que tenía que hacer Samsa, que a la luz de los hechos no hizo; porque si no, no tendríamos tantos barrios sin agua en la ciudad”, razonó.

El concejal de Hacemos contó que “en A4, hay zonas donde hay diversas válvulas que Samsa va abriendo y cerrando según la disposición, para que cierto sector tenga agua, en desmedro de otro que no la tiene”.

“Así, van jugando con los vecinos; un día abren una, otro día abren otra, y así; porque si abren todas las válvulas nadie en el barrio tiene agua”, señaló.

Comentó que “los vecinos compran bombas, para bombear agua al tanque de 200 litros; porque la presión es tan mala que no sube; esto pasa en A4, Terrazas, Itaembé Guasu”, precisó.

-¿Qué puede hacer el Concejo Deliberante?, quiso saber LVM.

“Nosotros tenemos una función legislativa y, jurídicamente, estamos bastante atados de las manos”, contestó Zarza.

“Es lo mismo que pasa con otro problema que tiene mucha queja de la ciudadanía, que es el Sistema Integrado de Transporte”, agregó. “En el Concejo, más que presentar quejas y otras cuestiones de acompañamiento del usuario, no podemos hacer otra cosa, porque es una cuestión provincial, que está manejada desde la Legislatura”, explicó.

Adelantó que, de todas maneras, desde su banca va a impulsar “la recolección de firmas” y la presentación de “escritos en el Eprac, para ver si se puede solucionar la problemática del agua en la ciudad”.

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