La Cámara de Diputados realizó hoy la primera de las dos audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares, en una jornada marcada por la controversia en torno a las restricciones impuestas a la participación de los miles de inscriptos para la convocatoria.

El acceso al Congreso, minado de agentes de seguridad, que filtraban el ingreso de los expositores anotados, en función de una lista que nadie sabe quién confeccionó, fue un cuello de botella político para el gobierno, que terminó cruzado por denuncias de la oposición en la Justicia Federal porteña.

De los más de 100.000 inscriptos para las dos jornadas de la audiencia pública por el proyecto de la Casa Rosada, de habilitar parte del área protegida de los glaciares a la explotación minera y petrolera, pudieron ingresar 300.

Diputadas y diputados de distintos bloques de la oposición presentaron un pedido de impugnación contra la convocatoria, por “irregularidades” en la selección de expositores y exigieron la “revisión y adecuación” del procedimiento a estándares democráticos.

Igualmente, el oficialismo logró imponerse y la audiencia se llevó a cabo en un clima accidentado, que trajo, una y otra vez, los cuestionamientos por el método quirúrgico de selección de expositores.

La indignación saltó enseguida a las redes, donde muchos de los inscriptos que no pudieron ingresar, entre profesionales, activistas ambientales, biólogos, trabajadores mineros; e incluso, varios diputados de la oposición, volvieron a cuestionar la validez de la convocatoria.

Negocios mineros

Finalmente, las comisiones de Recursos Naturales y Medio Ambiente, y de Legislación, cumplieron con la primera de las dos jornadas previstas para la discusión pública de la reforma a la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno de Javier Milei.

De la convocatoria de este miércoles, participaron los diputados misioneros, Yamila Ruiz y Alberto Arrúa, del Frente Renovador Neo; y Emmanuel Bianchetti, del PRO Misiones.

El desarrollo de la reunión tuvo cruces fuertes, como el de Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, quien anunció durante su exposición que mañana estará presentando una denuncia en Comodoro PY contra la senadora salteña Flavia Royón, por incompatibilidad en la función pública, ya que votó a favor de la nueva ley de Glaciares y tiene una consultora sobre minería.

“¿Ustedes saben que hay una senadora nacional que no representa a la provincia de Salta, sino que representa a las mineras directamente, que se llama Flavia Royón?”, preguntó Viale al recinto.

“Flavia Royón tiene una consultora que asesora a Río Tinto, que es una de las principales beneficiadas por esto. Y mañana la estamos denunciado penalmente por incompatibilidad en la función pública y que se investigue el cohecho”, anunció Viale, y miró al legislador libertario José Peluc, presidente de la Comisión de Recursos Naturales.

“¿Usted no tiene relación con proveedores mineros? La gente de su partido, ¿No tuvo una reunión hace poco con un proveedor minero? ¿Cuántos diputados hay así, cuántos diputados son proveedores mineros?”, lanzó.

“La verdad es que esto tiene nombre y apellido: son las grandes transnacionales mineras. ¡Le están entregando el agua y es para siempre!”, arremetió Viale.

El abogado Enrique Viale aseguró que denunciará penalmente a la senadora Flavia Royón por incompatibilidad con la función pública, al votar a favor de modificar la ley de Glaciares y tener una consultora que asesora a la minera Río Tinto.https://t.co/zmWGSNB20U pic.twitter.com/vMrDr6YiU4

— Diagonales (@diagonalesweb) March 25, 2026

Fue una de las intervenciones más encendidas de la jornada, que arrancó al mediodía y se extendió hasta las 19:00 horas, junto con las exposiciones de Bruno Giambelluca, de Greenpeace; la ex diputada Marta Maffei, autora de la Ley de Glaciares; Marcelo Arteaga, trabajador petrolero y opositor al proyecto; y el Nobel de Derechos Humanos, Adolfo Pérez Esquivel.

“La reforma busca borrar de un plumazo la protección de la zona periglaciar, permitiendo la destrucción de reservas de agua dulce que son críticas ante el cambio climático”, afirmó Giambelluca y disparó: “La historia los juzgará como los que remataron el agua de los argentinos”. Hubo aplausos y llamados al orden de los presidentes de comisión.

Maffei dijo que la modificación propuesta por el gobierno “omite los recaudos legales”, tachó de farsa la convocatoria y aclaró: “Mi participación no convalida esta aberración”.

“Hoy, el litro de agua cuesta más que el combustible”, tiró Arteaga y vaticinó: “El pueblo no va a tener para comprar agua mineral”.

“Por presión del Gobierno de Estados Unidos se quiere ingresar empresas a imponer esta ley de Glaciares”, señaló Pérez Esquivel y pidió “encontrar un equilibrio de las necesidades del ser humano con el desarrollo que necesitan los pueblos para su vida”.

“Por presión del Gobierno de Estados Unidos se quiere ingresar empresas a imponer esta ley de Glaciares”

Adolfo Pérez Esquivel señaló que se debe “encontrar un equilibrio de las necesidades del ser humano con el desarrollo que necesitan los pueblos para su vida”. pic.twitter.com/0XFzpVBomQ

— Corta (@somoscorta) March 25, 2026

Los riesgos de contaminación de las fuentes de agua potable de las regiones protegidas por la ley sancionada en 2009, es el centro de los cuestionamientos de las organizaciones ambientalistas y vecinales de las provincias afectadas, y de la oposición política kirchnerista y de izquierda.

Legisladores como Juan Grabois, Nicolás Del Caño, Cristian Castillo, Myriam Bregman, Sabrina Selva, Gabriela Estévez, Lucía Campora, María Inés Zirgaran, Adriana cristina Serquis y Maximiliano Ferraro, entre otros, fueron los que llevaron la voz cantante contra el proyecto.

Eco terroristas y máquinas

El oficialismo tiene como espadas a los diputados Guillermo Mosso y Nicolás Mayoraz, que este miércoles jugaron fuerte, en el límite del Reglamento de la Cámara.

Mosso fue la voz más combativa que se escuchó hoy a favor de la reforma. Al llegar al Congreso tuvo un cruce con los manifestantes, la mayoría expositores que quedaron afuera, y luego, en su discurso en la audiencia, tildó de “eco-terroristas” y “máquinas de impedir” a quienes se oponen a la minería.

Dijo que Argentina “necesita divisas de forma urgente” y que los glaciares “no se tocan”, pero que el área periglaciar, que el proyecto mileísta libera de protección, es “tierra productiva desperdiciada”.

Mayoraz, presidente de la comisión, cambió la retórica por la acción, e impuso límites de cinco minutos por orador, cortó micrófonos varias veces, cruzó los reclamos con insultos, y puso, por momentos, la sesión al borde de la disolución.

El gobierno sumó voces, como la UOCRA, Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina; la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN), y de la CAEM, la Cámara Argentina de Empresas Mineras.

La discusión sobre glaciares está cargada de exageraciones. No está en juego el agua que consumen las personas ni están en peligro los sistemas hídricos. En la cordillera, los ríos dependen principalmente de la nieve; en casi todo el país, de las lluvias. 2/5

— Guillermo Mosso (@guillemosso) March 25, 2026

Los argumentos se centraron en ecuaciones económicas y en “la necesidad de seguridad jurídica para las inversiones”. Hubo abucheos cuando afirmaron que la actividad minera actual tiene estándares que “conviven armoniosamente” con el medio ambiente.

Por Misiones no habló ninguno de los legisladores nacionales de la tierra colorada que integran las comisiones involucradas en la discusión del proyecto: Ruiz y Bianchetti, por Legislación; y Arrúa, por Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Los tres ya adelantaron públicamente que votarán por el proyecto que ya tuvo media sanción el Senado, con los votos de los tres parlamentarios misioneros, Omar Arce y Sonia Rojas Decut, de la Renovación Neo; y Martín Goerling, del PRO Misiones.

El peronista Arrúa opinó en los medios locales que la reforma de la Ley de Glaciares “protege el medio ambiente”. En el mismo sentido se despacharon Rojas Decut y Goerling, justificando su voto por un proyecto que, según organizaciones ambientalistas de Misiones y de otras provincias que no tienen glaciares, abre la puerta para la desregulación de normativas como la Ley de Humedales y la Ley de Bosques, que protege la selva misionera.

---

---

---

---

---

---

Ramón Benítez Ferreyra (71), falleció el pasado 22 de marzo en el hospital Madariaga a raíz de un grave cuadro de salud que habría empeorado al ser trasladado al geriátrico San Francisco de Asís, en la localidad misionera de Corpus Christi, por lo que la Asociación Civil Movimiento Social Gente de Trabajo presentó una denuncia y solicitó la investigación judicial correspondiente.

El caso se conoció a raíz de la presentación policial radicada por Luis Sanabria, presidente de la Fundación Ayudanos a Ayudar y de la mencionada asociación, desde donde apuntó contra el hogar San Francisco de Asís: “Cuando lo fuimos a visitar lo vimos en un estado peor del que lo habíamos encontrado inicialmente. Casi lo dejan morir”.

Fue a comienzos de febrero cuando un miembro de la fundación encontró a Benítez residiendo en una pequeña casa de madera a la vera del río Paraná, sin servicios, por lo que decidió trasladarlo al geriátrico ubicado sobre calle Francisco Gali, entre Padre Adolfo y Pedro Fontana de Corpus. 

Este fin de semana, cuando Sanabria se dirigió a este lugar para realizar una visita, supo que Benítez había fallecido el pasado 22 de marzo en el Madariaga. 

En la denuncia radicada el viernes ante el Juzgado de Instrucción Uno y ayer en la Comisaría 4, expuso que en el mes de febrero Benítez “se encontraba en un estado de abandono y en la calle”, por lo que “nuestra asociación toma intervención y ayuda a este hombre, quien tenía totalmente reducida la vista”.

Luego de transcurrir algunos días en la residencia de uno de los miembros del equipo, fue trasladado al hogar, sobre lo que detalló: “Durante toda una semana, se intentó visitarlo y ver su evolución médica, pero la directora del Ministerio de Desarrollo Social de Corpus, Roxana Quintana, negaba el ingreso de cualquier persona, manifestando que él debía adaptarse”.

Finalmente, lograron verlo el 13 de marzo. De aquella visita observó: “Se encontraba en un estado total de abandono, sin ninguna mejora. De haber ingresado caminando con sus sentidos totalmente lúcidos, ubicado en tiempo y espacio, a terminar postrado y totalmente desorientado en una cama prácticamente dejándolo morir en el lugar”.

Frente a esa circunstancia y según la denuncia, gestionaron su traslado en ambulancia al hospital de Corpus, sitio en el cual estuvo en observación durante cuatro días y luego fue derivado el 15 de marzo al Madariaga. Lamentablemente, falleció el 22 de marzo producto de su condición médica.

Denuncia presentada por Luis Sanabria, titular de la Fundación Ayudanos a Ayudar

Pedido de información 

La Asociación Civil Movimiento Social Gente de Trabajo solició “que se realicen las tareas investigativas correspondientes, se verifique el historial clínico de la asistencia de este hombre en el hospital de Roca, Corpus y el Madariaga, lugar donde recibió atención médica”. 

A través de un comunicado, ratificó la denuncia presentada, solicitando la intervención de la justicia “a fin de que se investigue un hecho de extrema gravedad ocurrido con un ciudadano que se encontraba en situación de abandono y vulnerabilidad social”.

Y detalla: “En fecha reciente, integrantes de la asociación se presentaron en el hospital con el fin de conocer la evolución del paciente, recibiendo en primera instancia información de que él mismo habría sido dado de alta, sin que se pudiera indicar quién autorizó dicha decisión ni bajo qué responsabilidad, situación que generó preocupación teniendo en cuenta la condición de abandono en la que se encontraba”.

También señaló que en ningún momento fueron notificados sobre el deceso: “Ante la insistencia para obtener información precisa, posteriormente se comunicó que el ciudadano había fallecido y que su cuerpo se encontraba en la morgue del nosocomio, sin que se hubiera notificado previamente a quienes venían interviniendo en su asistencia, ni se brindaran explicaciones claras respecto a las circunstancias del hecho”.

Tras la última denuncia presentada esta mañana, aguardan “que se determine lo ocurrido, se requieran los informes médicos y administrativos necesarios, y se establezca si se cumplieron los protocolos previstos para casos de personas sin familiares y en situación de vulnerabilidad”.

Para cerrar, la asociación consideró que “por la gravedad de lo sucedido, resulta indispensable el esclarecimiento total de los hechos, en resguardo de la transparencia institucional y del derecho de toda persona a recibir la debida atención y protección”.

Hogar San Francisco de Asís de Corpus

Denuncian abandono de persona en geriátrico de Corpus Christi

---

---

---

---

---

---

El avance de la causa por el homicidio de Ivo Rodrigo Torres, el joven indígena de 22 años asesinado durante una persecución de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en La Quiaca (Jujuy), derivó en el sobreseimiento de dos efectivos misioneros que habían sido imputados en el expediente judicial.

Se trata del subalférez Alexander Gunther, oriundo de Aristóbulo del Valle, y del cabo primero Marcos Leonardo Wisniewski, oriundo de Santa Rita, quienes integraban la patrulla del Escuadrón 21 al momento del hecho ocurrido el 6 de febrero de 2025.

La resolución fue adoptada por la Justicia Federal de Jujuy tras considerar que no existían elementos suficientes para atribuirles participación directa en los disparos que terminaron con la vida del joven motociclista.

La investigación determinó, a partir de pericias balísticas y reconstrucciones técnicas, que los proyectiles mortales provinieron de un único arma reglamentaria, utilizada por el sargento primero Walter Daniel Álvarez, otro integrante del operativo.

En una primera etapa, los dos efectivos misioneros, junto a la cabo Juliana Enciso, habían quedado imputados por homicidio agravado, aunque con el correr de la instrucción fueron desvinculados del hecho principal.

Los sobreseimientos fueron firmados el 27 de febrero y el 4 de marzo pasado, por el juez de Garantías N° 1 de Jujuy Eduardo Hansen.

Ivo Rodrigo Torres fue asesinado de un disparo en la espalda en febrero del año pasado.

Un gendarme a juicio

Con la elevación de la causa, el único acusado que llegará a juicio oral será el sargento primero Álvarez, señalado como autor de los dos disparos efectuados durante la persecución que se extendió por varios kilómetros en inmediaciones de la frontera entre Argentina y Bolivia.

Según la acusación fiscal, uno de los proyectiles impactó por la espalda en Torres y le provocó heridas fatales. Por ese hecho, Álvarez deberá responder por homicidio doblemente agravado, tanto por alevosía como por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.

La acusación es impulsada por el fiscal federal Federico Zurueta, mientras que la querella, en representación de la familia de la víctima, sostiene que existió un uso desproporcionado de la fuerza durante el procedimiento.

Dos gendarmes misioneros detenidos por el crimen de un joven indígena en Jujuy

---

---

---

---

---

---