Los senadores del Frente Renovador Neo, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, renunciaron al reciente aumento del 9,4% de la dieta de los parlamentarios, que llevó el salario a poco más de $11 millones.

“Renunciamos al aumento de dieta para honrar nuestro compromiso con los misioneros”, se titula el comunicado difundido por los parlamentarios en el sitio web de la Renovación y las redes sociales.

El pronunciamiento señala que Arce y Rojas Decut “reafirmaron su compromiso con la austeridad y el ejemplo en la función pública ante el contexto económico nacional”.

“Desde el misionerismo, reafirmamos una convicción que guía nuestra forma de hacer política: la responsabilidad con la gente y la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos”, proclaman.

Dicen que decidieron renunciar a este último aumento salarial, “entendiendo que el contexto económico que atraviesa el país exige gestos claros de austeridad y compromiso por parte de quienes ocupamos responsabilidades institucionales”.

“La decisión responde al compromiso asumido con el pueblo misionero, que espera de sus representantes cercanía, empatía y una conducta acorde a las dificultades que atraviesan muchas familias argentinas”, señala. “Creemos que la política debe estar al servicio de la gente, y que ese servicio comienza por dar el ejemplo”, argumentan.

“En tiempos complejos, los representantes públicos debemos actuar con prudencia, responsabilidad y sensibilidad social”, dicen Arce y Rojas Decut y finalizan: “Por eso, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por Misiones con la misma convicción de siempre, sosteniendo una política basada en el ejemplo, la austeridad y la coherencia entre el decir y el hacer”.

Los aumentos

Las autoridades del Senado y los gremios legislativos acordaron el miércoles un aumento acumulativo del 12,5% que impacta en las dietas de los senadores, debido a que están enganchadas a las paritarias de los trabajadores de la Cámara.

Esto es así, por la Resolución 8/24, aprobada por el Senado hace dos años, en una polémica votación que se concretó a mano alzada, que ató las dietas a la paritaria legislativa, donde se negocia el valor del módulo, que es la unidad de medida de los salarios. Según esta normativa, la dieta equivale a 2.500 módulos.

A la dieta hay que sumar otros dos conceptos: los gastos de representación, que equivalen a unos 1.000 módulos; y desarraigo, que equivale a otros 500 módulos y aplica únicamente a los parlamentarios de las provincias.

La posibilidad de los senadores de renunciar individualmente a los aumentos es nueva. Fue incorporada a la normativa del Senado en junio de 2025 por la titular de la Cámara, la vicepresidenta Victoria Villarruel, como consecuencia de las polémicas por incrementos salariales anteriores.

Captura de pantalla de lo publicado esta noche en la web de la Renovación.

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Se filma entre Puerto Iguazú y Puerto Libertad parte de la miniserie distópica “El futuro es nuestro”, basada en una obra del escritor Phillip K. Dick, bajo la dirección de Vicente Amorim, Jesús Braceras y Daniel Rezende.

Se trata de una producción de KyS Films, responsable de grandes éxitos audiovisuales como las series “División Palermo”, “El Reino” y “El Eternauta”, como también las películas “Belén”, “El Clan”, “Tiempo de valientes” y “Relatos salvajes”.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el rodaje culminará su etapa la semana que viene, cuenta con actuaciones y el trabajo técnico de varios misioneros, aunque se lleva adelante la realización bajo la más estricta confidencialidad.

No obstante, se filtraron unas imágenes que divulgó la usuaria Tamara De Melo. En el video que compartió en Instagram se ven imágenes de camionetas y extras con armas largas en escenas que fueron filmadas, al parecer, en la aldea Yryapú.

Según trascendió, otros espacios para filmar serán en el monte, un pinar y un salto de Puerto Libertad. Buena parte de “El futuro es nuestro” ya se rodó el año pasado en Buenos Aires y tras las escenas en Misiones se continuará por Uruguay.

En la provincia filman escenas de un grupo de resistencia que lucha por la poca selva que resta en el mundo, según el libreto.

Por su lado, según dio a conocer ayer el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (Iaavim), el rodaje “comprenderá ocho jornadas de filmación y movilizará un importante despliegue logístico diario con más de 100 técnicos, elenco, extras y equipamiento especializado, además de camiones y unidades de producción que ya se encuentran en la provincia para el inicio del rodaje”.

Asimismo, el Iaavim indicó que “las locaciones confirmadas en Puerto Iguazú incluyen el barrio 2000 Hectáreas, la Comunidad Yryapú y el Camino al Salto El Turista, entre otros espacios que aportarán el marco natural y territorial que requiere la historia”.

El comunicado precisó que el “desarrollo del rodaje en la provincia contó con el acompañamiento del Iaavim a través de su Comisión de Filmaciones” y además remarcó que “la producción también articula con servicios y profesionales del sector audiovisual local”.

 

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Añade que se hicieron castings para “la participación de menores” con “profesionales de Puerto Iguazú, y se suman integrantes locales en áreas de producción, realización y arte, especialmente en la construcción de decorados para algunas de las escenas”.

“El futuro es nuestro” fue anunciada en octubre pasado por Netflix y detalló que contaría con con las actuaciones de Emiliano Zurita (México), Delfina Chaves (Argentina), Enzo Vogrincic (Uruguay), Marleyda Soto (Colombia) y Marco Antonio Caponi (Argentina).

También cuenta con intepretaciones de Fernán Mirás, Alfredo Castro, Antonia Zegers, Angela Rodríguez, María Gracia Omegna, Rallen Montenegro, Juan Palomino, Ilay Perales y Paloma Contreras.

La serie está basada en la novela “The World Jones Made” (El mundo que Jones creó) del escritor estadounidense Philip K. Dick, el autor de “¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?”, la célebre novela en la que se basó la película “Blade Runner” (1982).

“Nos hemos acercado a la obra de Philip K. Dick con muchísimo respeto y admiración, encontrando temas contundentemente relevantes en la actualidad”, afirmó por entonces Francisco Ramos, Vicepresidente de contenidos de Netflix para Latinoamérica.

“Sin lugar a dudas, el desafío es inmenso pero nos llena de orgullo poder contar una historia que mostrará a Latinoamérica como fuerza de resistencia en el nuevo orden. Será una producción de máxima ambición, sin precedentes en América Latina, que demostrará que este tipo de historias también pueden ser contadas desde nuestros países, en español y con la máxima calidad”.

Según su argumento, “en un futuro distópico, donde el cambio climático lo ha devastado todo, surge el FedSur, un gobierno sin fronteras que intenta mantener el orden. Sin embargo, colapsa con la aparición de Jonás, un líder religioso que asegura prever el futuro y establece la Iglesia Jonás como nuevo poder”.

La síntesis cuenta que “Hugo, un ex detective del Fedsur traicionado por los suyos, se une a la resistencia para enfrentar el nuevo régimen, que usa la fe y la inteligencia artificial como herramientas de poder. En medio de la opresión y la lucha por preservar lo que queda del mundo, cada decisión puede cambiar el destino de la humanidad”.

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La clausura de la Arenera JM S.A, dispuesta por la Municipalidad de Candelaria, llegó al Concejo Deliberante local, donde el mismo presidente del cuerpo, Daniel Alejandro Gauto, encaminó un pedido de informes a la administración del intendente Carlos Flores.

El proyecto de Comunicación, firmado también por la secretaria del HCD, Camila Alegre, emplaza al Ejecutivo Municipal a informar, “en un plazo perentorio de cinco días hábiles”, todo lo concerniente a la resolución municipal que impide la actividad económica de la empresa hace varios meses.

El proyecto solicita información sobre “los fundamentos legales y administrativos que motivaron la clausura del establecimiento”, la “copia de las actas de inspección, resoluciones, disposiciones o actuaciones administrativas que dieron origen a dicha medida”; la “identificación de la ordenanza municipal invocada para justificar las exigencias formuladas a la empresa, indicando expresamente si la misma cuenta con reglamentación vigente, acompañando copia de la misma”; el “detalle de los requerimientos realizados a la empresa en materia ambiental, fiscal o administrativa, indicando fechas, actuaciones y respuestas presentadas por la firma”; la “documentación técnica y ambiental presentada por la empresa, incluyendo certificaciones emitidas por organismos provinciales competentes”; la “intervención, si la hubiere, de organismos provinciales o nacionales vinculados al control ambiental o a la actividad extractiva”; y las “medidas que el Departamento Ejecutivo prevé adoptar para encauzar institucionalmente la situación y resolver el conflicto existente, resguardando el cumplimiento de la normativa ambiental y administrativa vigente”.

Asimismo, insta a la Intendencia municipal a que, “en el marco del respeto a la legalidad, la institucionalidad democrática y el interés general de la comunidad, promueva una pronta solución al conflicto planteado, evitando situaciones que puedan afectar el empleo, la actividad económica local y la confianza institucional del municipio”.

Entre los fundamentos del proyecto, el concejal Gauto destaca la historia de la arenera, propiedad del empresario Jorge Muniagurria, y recalca el impacto de la medida aplicada por el municipio en contra de la empresa, porque “puede generar daños colaterales en la economía local, en la estabilidad laboral de trabajadores y en la confianza institucional del municipio como destino de inversión”.

“La empresa mencionada desarrolla su actividad productiva desde hace más de dos décadas en la región, generando trabajo directo e indirecto, movimiento económico y aportes al desarrollo de la comunidad”, reza el proyecto.

Señala que, “de acuerdo a lo expresado públicamente por el empresario, la empresa habría cumplimentado con la presentación de documentación técnica y ambiental ante organismos provinciales competentes, incluyendo certificaciones y estudios vinculados al impacto ambiental”.

“Se ha planteado que la ordenanza municipal invocada para justificar determinadas exigencias administrativas carecería de reglamentación, circunstancia que podría generar controversias respecto de su aplicabilidad efectiva”, indica el escrito, en referencia a la Ordenanza 3/12, observada por la empresa.

“En un Estado de Derecho, la actuación administrativa debe ajustarse estrictamente al principio de legalidad, garantizando reglas claras, procedimientos transparentes y previsibilidad para los ciudadanos y para quienes desarrollan actividades productivas dentro del municipio”, advierte el proyecto de Gauto.

“El desarrollo económico local, la generación de empleo y la radicación de inversiones requieren necesariamente de seguridad jurídica, previsibilidad institucional y respeto por las normas vigentes, evitando decisiones que puedan interpretarse como arbitrarias o desproporcionadas”, sostiene.

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