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Tras prescripción de denuncia de abuso, juez solicita juicio por la verdad
El juez de Garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitale lo solicitó por una víctima cuya causa había prescripto.
BUENOS AIRES. A pesar de que la Cámara de Casación de Lomas de Zamora archivó el caso porque pasaron más de 20 años del hecho, un magistrado decidió que el juicio se lleve a cabo para reparar de manera simbólica el daño a la víctima. De ser hallado culpable, el acusado no irá a prisión
El juez de Garantías N° 8 de Loma de Zamora, Gabriel Vitale, dispuso que se realice un juicio por la verdad en un caso de abuso sexual en la infancia. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental y el Tribunal de Casación Penal provincial determinaron que el delito prescribió porque había pasado mucho tiempo, sin embargo el magistrado consideró que por las características de los hechos denunciados, se trata de una grave violación a los derechos humanos y el Estado tiene obligación de investigarlos, aunque no se aplique una sanción penal.
Al cancelar el derecho de la víctima a que “su verdad” sea discutida públicamente, la Justicia “transforma esa violencia particular denunciadaen violencia institucional pública”, sentenció Vitale a Página 12. Es la primera vez que se dicta en la provincia de Buenos Aires un fallo que reconoce el valor que tiene para la denunciante la posibilidad de ser escuchada por un tribunal y que los hechos sean probados en la Justicia, aunque no haya castigo penal.
La resolución seguramente será apelada por la defensa y tendrán que expedirse nuevamente la Cámara de Apelaciones y Casación. Si queda firme, Vitale llevaría adelante ese juicio por la verdad como si fuera un debate oral ordinario.
“Conocer la verdad histórica de los hechos de abusos sexuales ha de tener un efecto reparador para el adulto víctima y denunciante, ya que la condición de niño/a abusado/a -que es parte inescindible de su personalidad– necesita el reconocimiento proveniente de la sociedad adulta de los hechos que pronunció, para recuperar la confianza en sí mismo y en las demás personas”, señaló Vitale en su resolución.
El caso
La denunciante de 36 años en 2014 denunció ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 de Esteban Echeverría que entre 1994 a 2000 fue abusada por la pareja de una prima. Los episodios habrían ocurrieron cuando ella tenía entre 10 y 16 años. Por el tiempo transcurrido, la defensa planteó que el delito había prescripto.
La Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora y el Tribunal de Casación Penal avalaron su postura y dispusieron que la causa se archive. Pero Vitale volvió a pronunciarse ahora con esta propuesta novedosa. Como antecedente, en su resolución menciona una sentencia de diciembre de 2018 de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, en relación a la denuncia de abuso sexual en la infancia realizada por dos hermanas -que ahora son docentes- contra una pareja de su madre cuando eran niñas.
Prescripción
Antes de 2011, las víctimas de abusos tenían un plazo de doce años para denunciar. Ese año se sancionó la ley 26.705, conocida como Ley Piazza, que suspendía ese plazo hasta que las víctimas fueran mayores de edad (18 años). En 2015 se sancionó la ley 27.206, llamada “Ley de Imprescriptibilidad” y luego Ley de respeto del tiempo de la víctima. Ya no hay plazos, pero esta norma sólo se tiene en cuenta con los abusos cometidos después de 2015, que es el año en el que entró en vigencia.
Policiales
Desbaratan red de usura en Posadas: tres detenidos y 350 tarjetas incautadas
Mediante dos allanamientos simultáneos ejecutados anoche en un barrio de Itaembé Guazú en Posadas, la Policía desbarató una red de usura y detuvo a tres sospechosos, al tiempo que decomisó 350 tarjetas de débito y tres camionetas, entre otros elementos de interés para la causa.
De acuerdo a la información difundida, la pesquisa estuvo a cargo del personal de la División Investigaciones de la Unidad Regional X, en conjunto con los agentes de la Brigada de Investigaciones del Nodo de Seguridad Itaembé Guazú, quienes mediante labores encubiertas siguieron el rastro de una banda dedicada a realizar prácticas de usura y retención indebida de documentación en perjuicio de familias vulnerables.
De esta manera, con los datos reunidos con las tareas de campo, anoche solicitaron órdenes de allanamiento y con el aval de la Justicia irrumpieron en dos inmuebles ubicados en el barrio 508 Viviendas.
Allí concretaron la detención de tres sospechosos identificados como Andrés A. R. (43), Andrés B. (39) y Susana M. (43), quienes ahora se encuentran a disposición de la Justicia.
En los procedimientos además se incautaron elementos comprometedores para la banda, como ser 350 tarjetas de débito con sus respectivas contraseñas de cajero y 25 documentos nacionales de identidad que habrían sido retenidos para garantizar el cobro de préstamos con intereses exorbitantes. También se hallaron cuadernos, anotaciones y registros contables que forman parte del circuito financiero informal investigado.
No fue lo único. Los efectivos recuperaron una gran cantidad de electrodomésticos y bienes de uso cotidiano presuntamente entregados por las víctimas como forma de pago ante la imposibilidad de afrontar los intereses impuestos por los prestamistas.
Según precisaron, todos los elementos serán inventariados y puestos a disposición del Juzgado para avanzar con la identificación de damnificados y la restitución correspondiente.
Como parte del operativo también fueron secuestrados cuatro vehículos vinculados a la maniobra, entre ellos una Toyota Hilux, una Volkswagen Amarok, una Toyota SW4 y un Fiat Fiorino, todos utilizados por la organización en la actividad investigada.
Las pesquisas continúan bajo supervisión judicial para determinar si existen otros domicilios involucrados, nuevas víctimas y eventuales integrantes del circuito usurero, sin descartarse nuevas medidas en las próximas horas.

Los allanamientos fueron realizados en el barrio 508 Viviendas de Itaembé Guazú.
Cultura
Yerba Canchada vuelve para despedir el año a pura cumbia y baile en el Galpón
La agrupación posadeña Yerba Canchada vuelve al concierto antes de que termine el año y será con una fiesta el sábado 27 de diciembre en El Galpón de la murga (Pedro Méndez 2260).
El show se llama “N’el Patio”, con la idea de mixturar el ritmo afrolatino con impronta litoraleña para una fiesta popular como viene planteando la banda desde trece años.
Las entradas tienen lotes con valores anticipados al 3764652874 : el Lote 1 tiene un costo de $15.000 o 2 por $28.000 hasta el 12 de diciembre. Luego se habilitará el Lote 2 a $18.000 o 2 por $35.000 hasta el 26 de diciembre. Finalmente, el costo en puerta será de $20.000.
En esta edición especial, la fiesta contará con la presencia de D Cerro DJ. Habrá una puesta visual, especialmente diseñada para acompañar el clima veraniego que propone el concepto del concierto.
Yerba Canchada publicó hasta el momento solo el disco “Juira los Argeles” (2016), bajo el auspicio del Instituto Nacional de Música (Inamu) y contiene diez canciones de 33 minutos en total, con éxitos propios como “Barro Ñaú”, “Caña de limón” o “La Kambá”.
El grupo está integrado por Matías Juañuk en voz y guitarra criolla, Maxi Juañuk en guitarra eléctrica y coros, Micho Acuña en el bajo y coros, Valeria Berend en acordeón, Leandro Yahni en teclados y los percusionistas Mauricio Ovando, Omar Gauna, Matías Dutra y Jerónimo Brítez.
Judiciales
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
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