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O firman o van presos, la estrategia del macrismo / por Tito Lobato
Con la convicción que le otorgaron las urnas en octubre pasado, el Gobierno Nacional dio muestras de salir a la caza de los objetivos que la alianza Cambiemos había negado a rajatablas, en 2015, tal vez temerosa del resurgimiento del kirchnerismo
Ahora, con la espada en un puño y el escudo de defensa en el otro brazo, el presidente Mauricio Macri lanzó al ruedo su proyecto de reforma laboral, de reforma fiscal y de redistribución de fondos con las provincias para que sea conocido, en un gesto aperturista pero que de tal no tiene nada.
No es casualidad que ambas iniciativas hayan sido instaladas por el gobierno en el escenario “findeañero” de los trabajadores, los empresarios y de los gobernadores como un elemento de presión, casi extorsivo, para avanzar en su aprobación.
A poco de interiorizarse del contenido, comenzaron a llover las críticas de los mismos destinatarios de los proyectos en cuestión, aunque las observaciones más tibias se conocieron del lado del empresariado, sin dudas el sector más beneficiado con lo que el gobierno pretende.
Frente a las críticas, es vox populi que el gobierno fue desandando distintas tácticas de convencimiento con el sindicalismo y con los gobernadores, preferentemente. Hubo reuniones públicas, secretas y de las otras, casi conspirativas por el nivel del reserva.
Y lo que comenzó como un intercambio de opiniones fue subiendo de tono hasta transformarse en discusión, áspera en casos, para llegar a un clímax insostenible, según los comentarios que se conocieron en estos círculos y que suelen ser un privilegio para la prensa centralista.
Fue en ese contexto en que habría sonado con fuerza la frase: “o firman o van presos”, dirigida a los gremialistas a los que se estampó en el rostro un abanico de carpetas con supuestas irregularidades por varios millones de pesos, entre los cuales el “Pata” Medina sería un infante.
A partir de ello, que fue negado sistemáticamente por las partes involucradas, comenzaron a circular fuertes rumores de un acuerdo inminente entre la CGT y el gobierno para convertir en ley la reforma laboral, que en principio se asentaría en el régimen de licencias, blanqueo, instancias de formación, fomento al empleo joven y la negociación colectiva para el sistema de prácticas formativas o pasantías universitarias.
En el caso de los gobernadores, están enfrascados en la preparación de una contraoferta a la decisión de la administración nacional de modificar el sistema fiscal a través de un nuevo pacto con eje en Ingresos Brutos, compensación a la provincia de Buenos Aires y Ganancias.
Más allá de los detalles, que son motivo de negociaciones febriles, con llamativo desparpajo el mismo gobierno salió a advertir que habrá “penas” para los mandatarios provinciales reacios, aunque también una última oportunidad de adherir en el futuro a lo que se pueda acordar.
En ese contexto, el llamado “Consenso Fiscal” establece para los rebeldes que dejarán de recibir los recursos del Fondo Solidario, conocido como Fondo Sojero, y en cambio sus provincias quedarán encuadradas en el Pacto Fiscal II, de 1993, que conlleva una fuerte disminución de Ingresos Brutos y del impuesto a los Sellos.
Así planteadas las posturas en el debate del momento, cuyos resultados se convertirán en bisagra de las relaciones futuras de las partes, es evidente que el Gobierno Nacional está dispuesto a hacer sentir el peso del poder que concentra a quien se oponga a sus objetivos.
Y no se trata del poder de las urnas, de por sí imprescindible en la vida republicana, sino de la fuerza conjunta de un sector político, los empresarios, los banqueros, los industriales, el campo, de un lado, frente un debilitado sistema federal, los sindicatos y la oposición política cuestionada por actos de corrupción. El futuro dirá.
Mediante dos allanamientos simultáneos ejecutados anoche en un barrio de Itaembé Guazú en Posadas, la Policía desbarató una red de usura y detuvo a tres sospechosos, al tiempo que decomisó 350 tarjetas de débito y tres camionetas, entre otros elementos de interés para la causa.
De acuerdo a la información difundida, la pesquisa estuvo a cargo del personal de la División Investigaciones de la Unidad Regional X, en conjunto con los agentes de la Brigada de Investigaciones del Nodo de Seguridad Itaembé Guazú, quienes mediante labores encubiertas siguieron el rastro de una banda dedicada a realizar prácticas de usura y retención indebida de documentación en perjuicio de familias vulnerables.
De esta manera, con los datos reunidos con las tareas de campo, anoche solicitaron órdenes de allanamiento y con el aval de la Justicia irrumpieron en dos inmuebles ubicados en el barrio 508 Viviendas.
Allí concretaron la detención de tres sospechosos identificados como Andrés A. R. (43), Andrés B. (39) y Susana M. (43), quienes ahora se encuentran a disposición de la Justicia.
En los procedimientos además se incautaron elementos comprometedores para la banda, como ser 350 tarjetas de débito con sus respectivas contraseñas de cajero y 25 documentos nacionales de identidad que habrían sido retenidos para garantizar el cobro de préstamos con intereses exorbitantes. También se hallaron cuadernos, anotaciones y registros contables que forman parte del circuito financiero informal investigado.
No fue lo único. Los efectivos recuperaron una gran cantidad de electrodomésticos y bienes de uso cotidiano presuntamente entregados por las víctimas como forma de pago ante la imposibilidad de afrontar los intereses impuestos por los prestamistas.
Según precisaron, todos los elementos serán inventariados y puestos a disposición del Juzgado para avanzar con la identificación de damnificados y la restitución correspondiente.
Como parte del operativo también fueron secuestrados cuatro vehículos vinculados a la maniobra, entre ellos una Toyota Hilux, una Volkswagen Amarok, una Toyota SW4 y un Fiat Fiorino, todos utilizados por la organización en la actividad investigada.
Las pesquisas continúan bajo supervisión judicial para determinar si existen otros domicilios involucrados, nuevas víctimas y eventuales integrantes del circuito usurero, sin descartarse nuevas medidas en las próximas horas.
Los allanamientos fueron realizados en el barrio 508 Viviendas de Itaembé Guazú.
La agrupación posadeña Yerba Canchada vuelve al concierto antes de que termine el año y será con una fiesta el sábado 27 de diciembre en El Galpón de la murga (Pedro Méndez 2260).
El show se llama “N’el Patio”, con la idea de mixturar el ritmo afrolatino con impronta litoraleña para una fiesta popular como viene planteando la banda desde trece años.
Las entradas tienen lotes con valores anticipados al 3764652874 : el Lote 1 tiene un costo de $15.000 o 2 por $28.000 hasta el 12 de diciembre. Luego se habilitará el Lote 2 a $18.000 o 2 por $35.000 hasta el 26 de diciembre. Finalmente, el costo en puerta será de $20.000.
En esta edición especial, la fiesta contará con la presencia de D Cerro DJ. Habrá una puesta visual, especialmente diseñada para acompañar el clima veraniego que propone el concepto del concierto.
Yerba Canchada publicó hasta el momento solo el disco “Juira los Argeles” (2016), bajo el auspicio del Instituto Nacional de Música (Inamu) y contiene diez canciones de 33 minutos en total, con éxitos propios como “Barro Ñaú”, “Caña de limón” o “La Kambá”.
El grupo está integrado por Matías Juañuk en voz y guitarra criolla, Maxi Juañuk en guitarra eléctrica y coros, Micho Acuña en el bajo y coros, Valeria Berend en acordeón, Leandro Yahni en teclados y los percusionistas Mauricio Ovando, Omar Gauna, Matías Dutra y Jerónimo Brítez.
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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