Nacionales
La Armada ya no busca sobrevivientes, pero seguirá intentando hallar al submarino ARA-San Juan
BUENOS AIRES. La Armada Argentina puso fin este jueves al operativo de rescate de las 44 personas que viajaban a bordo del ARA San Juan, pero mantiene la búsqueda del submarino militar, que desapareció el pasado 15 de noviembre en aguas de la Patagonia tras sufrir una explosión.
El portavoz de la Armada, Enrique Balbi, compareció nuevamente ante los medios de comunicación para anunciar que la fase de búsqueda de supervivientes ha concluido. “El Ministerio de Defensa dio por terminada la fase de búsqueda y rescate del submarino ARA-San Juan”, según comunicó este jueves la Armada.
“No ha sido posible localizar el submarino”, sostuvo Balbi, el portavoz de la Marina. Y confirmó que la siguiente fase “comprende la búsqueda del submarino en el lecho” del mar.
El vocero dijo concretamente: “El Ministerio de Defensa y la Armada Argentina informan que se declaró finalizado el caso SAR cambiando la fase de búsqueda”, confirmando que ya no es un operativo de búsqueda y rescate.
Aclaró que el plan SAR tenía como misión el “salvamento de personas, con el fin de preservar la vida humana”. En ese contexto, Balbi explicó que “se ha extendido hasta el doble el tiempo de búsqueda de las posibilidades” de rescatar a los 44 tripulantes, pero “no se encontró evidencia alguna del naufragio en las áreas exploradas, sin obtener contacto con el submarino ni con sus balsas”.
La nave con 44 tripulantes desapareció hace 15 días, cuando tuvo el último contacto mientras navegaba por el golfo San Jorge hacia su apostadero en la base naval de Mar del Plata.
El miércoles la Marina había informado que el área de búsqueda tenía un radio de 40 kilómetros, equivalente a 20 ciudades de Buenos Aires, con profundidades de 200 a 1.000 metros. Y que el proceso de barrido, a cargo de 8 unidades, era lento. Otro dato: había buenas condiciones climáticas, que se mantienen.
Mientras, algunos parientes de los marinos que viajaban en el ARA San Juan pidieron ser incluidos como querellantes en la causa que investiga la jueza federal Marta Yáñez, de Caleta Olivia.
“En principio son 8 familias, pero todavía hay que juntar documentación”, advirtió la magistrada tras reunirse con el abogado Luis Tagliapietra, papá de Alejandro, uno de los 44 tripulantes.
“Nos ocultaron cosas y nos mintieron ─dijo el hombre─. Y entendí que si no hay una intervención activa, difícilmente sabremos la verdad”.
En los últimos días quedó en evidencia cómo la Armada en su momento negó que el submarino hubiera sufrido un incendio, algo que se confirmó 12 días después cuando se filtró el mensaje final del comandante del ARA San Juan: “Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N° 3 ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Baterías de proa fuera de servicio. Al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal mantendré informado”.
En esa primera conferencia de prensa, el vocero Balbi había desestimado el dato: “Oficialmente no tenemos ninguna novedad sobre eso. No sé de dónde habrá salido ese rumor”.
Este episodio de idas y vueltas repercutió en la relación del Gobierno con la Armada. Y ante los medios, el portavoz señaló que hubo “profesionalismo” en la comunicación y que cuenta con el aval del Ministerio de Defensa y, por lo tanto, del Poder Ejecutivo que lidera el presidente Mauricio Macri.
El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.
Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.
Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.
El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal.
Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.
Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.
De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.
Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.
En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.
El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial
Impacto en Misiones
Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.
Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.
Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes
La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.
La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.
Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.
La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.
El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.
Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.
Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26
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