Judiciales
Juicio Horacelia: una puñalada perforó el corazón y llegó hasta una vértebra
La segunda jornada del juicio oral por el femicidio de Horacelia Marasca (16), asesinada y descuartizada en su casa de Villa Cabello en 2015, continuó esta mañana con la declaración de cuatro testigos y el principal foco de atención estuvo puesto en el aporte de peritos forenses, quienes detallaron la mecánica y las características de las lesiones que presentaba la joven, al tiempo que descartaron que las mismas se hayan producido de manera “accidental”.
Tal como estaba previsto, esta mañana se abrió la etapa de incorporación de pruebas con la toma de testimoniales y el primero en pasar al recinto de debates del Tribunal Penal Dos de Posadas fue el médico de extensa trayectoria Juan Antonio Galuppo, quien intervino en el examen de autopsia practicado a los restos de la joven que fue desmembrada en cinco partes y luego descartada en distintas alcantarillas de la zona Oeste de la ciudad.
Como Galuppo no realizó el examen, sino que solo acompañó el proceso, el fiscal Vladimir Glinka consideró que su testimonio podía ser incorporado por lectura, pero Miguel Ángel Varela, el defensor oficial del único imputado, Martín Fernando Monzón (39), pareja de la víctima al momento del hecho, estimó necesaria su comparecencia en la sala del testigo para responder preguntas.
El debate giró en torno a los tres puntazos que presentaba el cuerpo en la región del tórax y a la falta de tres dientes. Determinar en qué tiempo y de qué manera fueron producidas las mismas era el objetivo tanto de la fiscalía como de la defensa, dado que las heridas propias del descuartizamiento del cadáver están fuera de cualquier tipo de duda e incluso fue confesado por el imputado.
En ese marco, el forense recordó que el cuerpo presentaba “heridas en la cara, en el tronco y en piezas dentarias”, al tiempo que apuntaló que todas eran “vitales”, es decir, producidas mientras la víctima aún tenía vida y no post-mortem.
“Eran lesiones muy marcadas, muy contundentes y vitales todas”, recalcó el testigo ante el tribunal presidido por el magistrado César Yaya e integrado por sus pares Gregorio Busse y Fernando Verón (subrogante).
Martín Monzón enfrenta una acusación que prevé prisión perpetua.
En esa misma línea, pero en último orden, fue convocada a declarar la doctora Silvina Lanzos, encargada principal de la operación de autopsia practicada los restos de la adolescente asesinada.
Lanzos también fue contundente al mencionar que todas las lesiones fueron provocadas con la víctima en vida.
El testimonio de Lanzos se extendió durante largos minutos en los cuales repasó con lujo de detalles cada una de las lesiones que detectó y asentó en su informe de conclusiones.
De esa manera, la doctora contó que el cuerpo de Horacelia presentaba tres lesiones punzocortantes en el tórax, más precisamente en la región intermamaria, sobre el esternón.
El detalle de las lesiones -en orden de gravedad, no de ubicación espacio-temporal- marca que la primera lesión fue “sobre el esternón, superficial y de 1 centímetro”. La segunda, en tanto, fue un poco más grave: “Atravesó el esternón, de 2 centímetros y potencialmente mortal si no recibía asistencia médica pronto”.
Y la tercera fue la más contundente, dado que “fracturó los cartílagos del esternón, atravesó el saco pericárdico, perforó el corazón y la hoja del cuchillo finalizó en la sexta vertebra dorsal”. Esa puñalada tuvo una profundidad de 14 centímetros y de máximo poder letal, ya que la profesional estimó que el tiempo de sobrevida ante una lesión así no supera los 60 segundos.
A partir de estos detalles, el fiscal Glinka ahondó en la posibilidad de que esas lesiones se hayan producido de manera accidental, tal menciona una teoría defensiva, ante lo cual la respuesta de Lanzos fue clara: “Accidental no. Es muy difícil. Para que una lesión así se produzca sin querer el arma debería estar fijo en un lugar y el cuerpo debería caer sobre él”.
Para dimensionar la gravedad la lesión, la forense fue más grafica: “Para introducir el cuchillo y dejar la marca hasta la vértebra debió hacer sido realizado con mucha fuerza. Habrá costado sacar el cuchillo del esternón”.
Más tarde fue consultada sobre lo mismo por el letrado Varela y la doctora se mantuvo en su postura: “Ni la segunda ni la tercera lesión que detallé pueden ser producidas de manera accidental, porque hay que atravesar un hueso. Por la mecánica, descarto que sea accidental, si fue en el fragor de un forcejeo ya no lo puedo determinar yo”.
Es que Varela consultó si dichas lesiones pudieron haberse producidas en el marco de un forcejeo defensivo, tal como el imputado aduce que sucedió, pero la doctora respondió que carecía de idoneidad para llegar a tal determinación.
El defensor Varela, en diálogo con el fiscal Glinka durante un receso.
Las consultas a Lanzos también estuvieron dirigidas a esclarecer de qué manera se produjo la pérdida de dos dientes en Horacelia. En su indagatoria, Monzón dio a entender que ello se pudo haber producido cuando hizo fuerza para descartar en la basura la cabeza del cuerpo desmembrado, mientras que para la hipótesis acusatoria todo pudo haber sido producto de una golpiza previa a las puñaladas.
Ante ese contexto, la doctora señaló que en la autopsia se observó la pérdida de tres dientes, uno producto de la descomposición de los restos y fue hallado dentro de la misma bolsa donde estaba la cabeza, mientras que otros dos se desprendieron de manera traumática -por golpes- mientras Horacelia aún estaba viva porque en los alvéolos se hallaron coágulos o signos de coágulos de sangre, evidencia clave para arribar a dicha conclusión.
“Dos incisivos centrales superiores tenían coágulos y había una lesión en la nariz con características vitales”, precisó.
Por último, la profesional se refirió al descuartizamiento y graficó que “el cuerpo estaba desarticulado, no había fracturas, las incisiones fueron para hacer separaciones. No había marcas, no había huesos astillados. La separación fue perfecta”.
La doctora Lanzos analizando las imágenes de la autopsia frente a los jueces Busse y Yaya.
En el medio de ambos peritos, también declararon dos licenciados en criminalística, quienes se refirieron a las manchas de sangre detectadas en la escena del hecho en la escena del hecho y reconocieron el cuchillo de mango blanco tipo carnicero incautado en el lugar.
El debate por el femicidio de Horacelia continuará hoy, a partir de las 8.30, con la declaración de más testigos. El proceso se extenderá hasta el 10 de marzo.
Monzón está imputado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, figura que prevé prisión perpetua.
El acusado no niega el descuartizamiento del cuerpo, pero su versión apunta a que él actuó en defensa propia ante un primer ataque de la adolescente y que en el “forcejeo” se produjo la estocada que terminó ocasionando la muerte de su concubina.
Horacelia fue asesinada en la noche del 16 de agosto de 2015, luego de una discusión con Monzón en el departamento que habitaban en la chacra 150 de Villa Cabello. La joven permaneció desaparecida varios días, hasta que sus restos fueron hallados en bolsas descartadas en distintos alcantarillas y túneles que desembocan en el arroyo Mártires.
El debate oral por el crimen del bonaerense Martín Arredondo (37), previsto para este jueves 4 de diciembre, fue suspendido debido a un acuerdo de juicio abreviado entre la fiscalía y los seis jóvenes imputados por el hecho, quienes admitieron su culpabilidad y aceptaron ser condenados a penas de 16 y 18 años.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de visu donde los seis imputados dieron el consentimiento para avanzar en el convenio de juicio abreviado se realizó esta mañana, circunstancia que derivó en la suspensión de las audiencias de debate oral que habían sido programadas para la semana entrante ante el Tribunal Penal Uno de Posadas.
Las mismas fuentes señalaron que los imputados admitieron su participación en el hecho y aceptaron recibir condenas de entre 16 y 18 años como responsables del delito de “homicidio en ocasión de robo”, figura menos gravosa que la acusación de “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditados de dos o más personas y criminis causae” con la que fueron procesados en etapa de instrucción y que preveía prisión perpetua.
Los imputados en esta causa son Brisa Torres (24), Oriana Saucedo (24), su hermano Alan William Saucedo (26), Elías Nahuel Trinidad (26), Miguel Ángel López (25) y Juan Alberto Barrios (22).
Los tres primeros aceptaron una pena de 16 años de cárcel, mientras que la pena mayor recaerá contra Trinidad y López. Barrios, por su parte, era menor de edad al momento del hecho y por lo tanto será un juzgado correccional el que decida su sanción.
En representación del Ministerio Público Fiscal intervino la fiscal María Laura Álvarez, por subrogancia legal ante la licencia del fiscal Vladimir Glinka.
El acuerdo alcanzado entre las partes ahora deberá ser elevado al Tribunal Penal Uno, integrado por los magistrados Gustavo Bernie y Viviana Cukla, quienes deberán analizar el documento y en caso de no detectar irregularidades transformarán el acta en sentencia.
Pablo Martín Arredondo fue ultimado en su departamento sobre calle Bolívar de Posadas.
Golpeado y estrangulado
El crimen de Arredondo se descubrió el 23 de febrero de 2020, cuando los vecinos del departamento que alquilaba en un edificio sobre calle Colón, frente al colegio Roque González, alertaron sobre un olor putrefacto que provenía del lugar.
Al ingresar al inmueble, los efectivos policiales intervinientes se encontraron con el cadáver del bonaerense y la autopsia posterior determinó que fue golpeado y finalmente estrangulado con un cinto.
La investigación global estableció que el crimen se registró cuatro días antes, el 19 de febrero, en horas de la madrugada, cuando la víctima se reunió en su departamento junto a una de las jóvenes que aparentemente era su novia y un grupo de amigos de ellas.
En el lugar, se cree que Arredondo fue dopado con estupefacientes (ketamina) y que al departamento luego llegaron otros cómplices con la intención de sustraerle 300.000 pesos que el hombre tenía destinado a utilizar como parte de pago para la compra de un automóvil.
Mediante la revisión de cámaras de seguridad los investigadores pudieron reconstruir las últimas horas de la víctima y los últimos movimientos registrados en cercanías a su departamento, con lo cual fueron identificando uno a uno a los sospechosos.
Luego, la ciencia hizo el resto. En el marco de la causa constan pericias telefónicas que darían cuenta de comunicaciones entre los implicados planificando el hecho y rastros de ADN que ubican a al menos tres de los sospechosos en la escena del crimen.
El caso fue investigado por el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, quien en mayo de 2023 firmó el requerimiento de elevación a juicio del expediente, medida que meses después fue ratificada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la provincia.
Se reprogramó para el 4 de diciembre el juicio por el caso Arredondo
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
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