Provinciales
Zbikoski acusó a Hassan de “incitar a la violencia” tras denuncia de lockout
Con una carta fechada el 24 de enero, el empresario del transporte Marcelo Zbikoski le pidió a Pablo Hassan “ratificar públicamente sus expresiones”, luego de que el intendente de Oberá acusara a la concesionaria del servicio a presionar con el recorte de líneas para obtener aumentos en el boleto.
El apoderado de NSR-Next UT se refería a una entrevista otorgada por el jefe comunal al diario Primera Edición, en la que amenazó con multar a la empresa de Zbikoski por promover un “lockout” para lograr un pasaje de 1.300 pesos, tal como lo solicitado por la firma en audiencia pública y tras lo cual se determinó un boleto de 260 pesos con Sube.
En sus declaraciones mediáticas, el alcalde instó a la ciudadanía a que “se ponga de lado del municipio” y postuló que “hay que unirnos, hay que luchar, que es lo que estamos haciendo”, declaraciones que suscitaron la respuesta del transportista.
“¿A qué se referirá con esto? ¿Le habrá usted informado de los beneficios de esa arenga a sus huestes ciudadanas dispuestas a luchar?”, cuestionó Zbikoski en su escrito, publicado además en sus redes sociales.
“Le aclaro que jamás existió y no existe ninguna posibilidad de lockout patronal, como usted denomina, por parte de alguna de las empresas que me pertenezcan, lo rechazo de plano”, fustigó el empresario.
“Esta frase suya seguramente podrá generar hechos de violencia de los que deberá responder toda vez que una incitación así no pareciera más que una orden a su ciudadanía, o a la que represente y sea consecuente, para salir a agredir al servicio de transporte público donde hay usuarios, trabajadores, ciudadanos y bienes involucrados en esta gestión”, planteó.
“Tal vez quiso decir: ‘Unirnos y cumplir ordenadamente con el contrato de concesión, según la adjudicación que generó la oferta cuya licitación ha sido impulsada por mí mismo entre otras personas…’”, ironizó el propietario de la firma de colectivos.
El empresario Zbikoski y el intendente Hassan.
“Una estafa”
En otro tramo de la extensa misiva, Marcelo Zbikoski defendió el precio del pasaje a 1.300 pesos, reclamó al municipio por pagos atrasados y atacó la política de subsidios del gobierno de Alberto Fernández, la cual calificó como “una estafa”.
“La prestación del servicio de transporte público requiere de ingresos cuyos cálculos tienen sus fundamentos y fórmulas, pues incluso ese municipio que usted dirige así lo estipuló oportunamente”, apuntó el transportista al intendente, y añadió: “Tienen relación directa con lo comprometido en los pliegos de licitación y consecuentemente en la oferta de la licitación por usted dirigida como Poder Ejecutivo municipal”.
“Nuevamente recalco que, desde el inicio de la prestación del servicio, su gestión a honrado solamente el 33% de los costos”, lanzó el empresario y siguió: “Cosa que no ha mencionado en sus encendidas arengas de unión y lucha contra los prestadores del servicio de transporte público o sus accionistas, o sus trabajadores, no se entiende bien contra quién”.
Al solicitar a la ciudadanía “que se ponga de su lado, ¿nos ilusionamos en que será para pagar la deuda atrasada del servicio ya prestado?”, se preguntó el remitente en su carta.
“Se entiende sin responsabilidad del prestador o concesionario la imposibilidad fáctica de continuar sin las adecuaciones pertinentes, cuya responsabilidad caben únicamente en el poder concedente, que está claro que usted representa”, aclaró.
Para el titular de la concesionaria de colectivos, “se hace imposible continuar sin la concreción de honrar el compromiso oportunamente tomado por el municipio de Oberá, y que las empresas lo necesitan para poder sobrevivir”.
“Dios quiera que consiga inmediatamente reencauzar nuestro trabajo ya que en breve se deberá volver a la actividad plena que exigirá nuestro mejor esfuerzo sin arengas y sin luchas ni declamaciones falsas que impiden obtener resultados maduros con efectos positivos para la sociedad, coincidentemente con la preocupación por el usuario”, sostuvo el empresario.
La carta completa
En medio del conflicto territorial que involucra a la comunidad mbya Puente Quemado II y al empresario forestal Alfredo Ruff, este domingo se viralizó un audio en el que un hombre “sugirió” a un remisero no trasladar a los integrantes de la tekoa, lo que infundió miedo y propagó temor entre quienes prestan el servicio particular en Garuhapé.
“No vayas a venir más acá para el lugar donde los paisanos están haciendo protestas porque ya te tienen marcado los milicos. No vayas a traer más paisanos para acá”, se escucha en el audio enviado por un hombre que se identificó como César.
Luego de este episodio, uno de los remiseros locales aseguró que no ofrecerá el traslado a los miembros de la comunidad por temor a represalias. “Yo no voy a llevar más gente porque no quiero problemas con los colonos y menos con la autoridad”, manifestó un chofer de la zona consultado por La Voz de Misiones.
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Esta comunidad se encuentra ubicada a 22 kilómetros de la ruta nacional 12, por lo que la única forma de acceder es a pie o a través de vehículos contratados de manera particular.
En los últimos años, Puente Quemado II fue blanco de denuncias por parte del empresario forestal Ruff, quien reclama la restitución de los lotes 71 al 78.
El martes 28 de julio, siete familias fueron desalojadas del predio mediante una medida judicial ordenada el pasado 17 de julio por el juez de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del juez Roberto Sena, y suspendida tras la apelación presentada por abogados del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa).
La ilegalidad del procedimiento fue advertida por el Ministerio Público Fiscal, por lo que, tras 48 horas de la ejecución, la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo de Héctor Simón, dictaminó dejar sin efecto el desalojo.
Finalmente, este domingo los miembros de la comunidad regresaron al predio y allí se encontraron con personal policial. Además, según material fotográfico difundido por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, el propio empresario habría arribado al lugar cubriendo su rostro con un pasamontaña.
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En Mojón Grande residen más de 60 familias productoras de caña de azúcar y derivados, quienes este domingo celebraron la quinta edición de la Fiesta Provincial del Azúcar Rubio Artesanal. Como principal economía del municipio, el año pasado vendió 250.000 kilogramos de azúcar a la empresa bonaerense Cachafaz, lo que generó ingresos superiores a los $350 millones.
Si bien la producción de caña y la elaboración de miel, rapadura y azúcar rubio se remonta a una antigua tradición regional, en esta localidad la actividad recibió un fuerte impulso en el año 2019 con la sanción de la Ley Provincial VI Nº 230 que declaró a Mojón Grande Capital Provincial del Azúcar Rubio Artesanal.
En esa localidad, ubicada dentro del departamento misionero de San Javier, los productores cultivan caña de azúcar sobre tierras propicias para el crecimiento de plantas de alta calidad y elaboran el azúcar -sin agregados químicos- en sus casas, utilizando herramientas y maquinaria especializada en espacios acondicionados, y luego venden el producto final a la Cooperativa Agrícola Mojón Grande y acopiadores.
Con el correr del tiempo, la legislación fue ampliada por la Ley VIII N.º 107, sancionada en 2024, que la estableció como sede permanente de la fiesta que inició en el año 2022, y brindó las condiciones necesarias para que el sector consolide su crecimiento con inversiones en infraestructura y organización cooperativa.
Fue así que en el año 2025, la cooperativa local acopió y comercializó 350.000 kilos de azúcar distribuidos en trece cargas con destino a Buenos Aires, lo que generó ingresos superiores a $350 millones para las familias productoras, además de ampliar su inserción comercial de productos como rapadura, miel de caña, dulces, mermeladas y panificados.
“Es lo que más inyecta dinero a las familias de los productores en este momento tan complicado para todas las cosas de la chacra, y eso hace que se multiplique y distribuya en otros sectores de la economía, no solo de Mojón Grande, sino también de la región“, destacó Adrián Solis, intendente de Mojón Grande consultado por La Voz de Misiones.
Exposición de productos locales
La fiesta
La quinta edición de la Fiesta Provincial del Azúcar Rubio Artesanal se concretó este domingo 2 de agosto y reunió a productores, emprendedores y vecinos, tanto de Mojón Grande, como también de Gobernador López, Ameghino, Dos Arroyos y San Javier.
Sobre este evento organizado por la Municipalidad, el intendente remarcó: “La fiesta vino a poner en valor la producción familiar y se convirtió en una vidriera para mostrar esta actividad que es tan importante para la región. Por otra parte, la fiesta permitió atraer más visitantes a Mojón Grande, como “el lugar del azúcar”, y eso ayuda mucho”.
Respecto a los desafíos productivos, analizó: “De ahora en más apuntamos a seguir ampliando el mercado del azúcar rubio, apoyar a los productores y hacer que cada día esta producción cobre más importancia y que las familias puedan encontrar el progreso económico a través de la producción de azúcar”.
Durante la jornada, recibieron al gobernador Hugo Passalacqua, quien recorrió los stands, entregó insumos deportivos y destacó el crecimiento de la actividad en el municipio.
El evento contó con exposición de productores, feria gastronómica y de emprendedores, demostraciones del proceso de elaboración del azúcar rubio artesanal, espectáculos musicales y propuestas para toda la familia.
Fotos: Misiones Online
Las siete familias que integran la comunidad mbya Puente Quemado II regresaron este domingo al predio del que fueron desalojadas el pasado martes 28 de julio en la localidad de Garuhapé.
La ilegalidad del procedimiento había sido advertida por el Ministerio Público Fiscal, por lo que, tras 48 horas de la ejecución de la medida ordenada por el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del juez Roberto Sena, la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo de Héctor Simón, dictaminó dejar sin efecto el desalojo.
El viernes pasado también se produjo una mesa de diálogo entre el cacique Santiago Ramos, autoridades del Ministerio de Derechos Humanos, la Dirección de Asuntos Guaraníes y la empresa Arauco, donde acordaron realizar mejoras habitacionales para la comunidad, como la instalación de un pozo perforado y paneles solares.
Finalmente, este domingo las familias de Puente Quemado II regresaron al predio que habitan desde hace varios años, cuyo territorio fue relevado en el marco de la Ley 26.160 en 2013, aunque sigue siendo objeto de denuncias por parte del empresario forestal Alfredo Ruff.
“Puente Quemado II recuperó pacíficamente, una vez más, su territorio ancestral tras un desalojo cuya ilegalidad fue advertida por el Ministerio Público Fiscal y exige garantías para la seguridad de la Comunidad”, confirmó el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) a través de un comunicado.
Y añadieron: “La Comunidad reafirma que este territorio le pertenece ancestralmente y que sus derechos se encuentran respaldados por el relevamiento territorial realizado en el marco de la legislación nacional vigente”.
En este sentido, aseguraron que el desalojo fue ejecutado pese a que la defensa había interpuesto un recurso de apelación que debía ser remitido previamente al Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, esa intervención no se produjo antes de la medida. Posteriormente, el fiscal solicitó dejar sin efecto el desalojo, poniendo en evidencia las graves irregularidades del procedimiento.
“Exigimos al Gobierno de la Provincia de Misiones y a las fuerzas de seguridad que garanticen la integridad y la seguridad de las familias de Puente Quemado II. Hacemos responsables a las autoridades de cualquier hecho de violencia, hostigamiento o vulneración de derechos que pudiera producirse”, reclamaron desde Emipa.
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