Provinciales
Zbikoski acusó a Hassan de “incitar a la violencia” tras denuncia de lockout
Con una carta fechada el 24 de enero, el empresario del transporte Marcelo Zbikoski le pidió a Pablo Hassan “ratificar públicamente sus expresiones”, luego de que el intendente de Oberá acusara a la concesionaria del servicio a presionar con el recorte de líneas para obtener aumentos en el boleto.
El apoderado de NSR-Next UT se refería a una entrevista otorgada por el jefe comunal al diario Primera Edición, en la que amenazó con multar a la empresa de Zbikoski por promover un “lockout” para lograr un pasaje de 1.300 pesos, tal como lo solicitado por la firma en audiencia pública y tras lo cual se determinó un boleto de 260 pesos con Sube.
En sus declaraciones mediáticas, el alcalde instó a la ciudadanía a que “se ponga de lado del municipio” y postuló que “hay que unirnos, hay que luchar, que es lo que estamos haciendo”, declaraciones que suscitaron la respuesta del transportista.
“¿A qué se referirá con esto? ¿Le habrá usted informado de los beneficios de esa arenga a sus huestes ciudadanas dispuestas a luchar?”, cuestionó Zbikoski en su escrito, publicado además en sus redes sociales.
“Le aclaro que jamás existió y no existe ninguna posibilidad de lockout patronal, como usted denomina, por parte de alguna de las empresas que me pertenezcan, lo rechazo de plano”, fustigó el empresario.
“Esta frase suya seguramente podrá generar hechos de violencia de los que deberá responder toda vez que una incitación así no pareciera más que una orden a su ciudadanía, o a la que represente y sea consecuente, para salir a agredir al servicio de transporte público donde hay usuarios, trabajadores, ciudadanos y bienes involucrados en esta gestión”, planteó.
“Tal vez quiso decir: ‘Unirnos y cumplir ordenadamente con el contrato de concesión, según la adjudicación que generó la oferta cuya licitación ha sido impulsada por mí mismo entre otras personas…’”, ironizó el propietario de la firma de colectivos.
El empresario Zbikoski y el intendente Hassan.
“Una estafa”
En otro tramo de la extensa misiva, Marcelo Zbikoski defendió el precio del pasaje a 1.300 pesos, reclamó al municipio por pagos atrasados y atacó la política de subsidios del gobierno de Alberto Fernández, la cual calificó como “una estafa”.
“La prestación del servicio de transporte público requiere de ingresos cuyos cálculos tienen sus fundamentos y fórmulas, pues incluso ese municipio que usted dirige así lo estipuló oportunamente”, apuntó el transportista al intendente, y añadió: “Tienen relación directa con lo comprometido en los pliegos de licitación y consecuentemente en la oferta de la licitación por usted dirigida como Poder Ejecutivo municipal”.
“Nuevamente recalco que, desde el inicio de la prestación del servicio, su gestión a honrado solamente el 33% de los costos”, lanzó el empresario y siguió: “Cosa que no ha mencionado en sus encendidas arengas de unión y lucha contra los prestadores del servicio de transporte público o sus accionistas, o sus trabajadores, no se entiende bien contra quién”.
Al solicitar a la ciudadanía “que se ponga de su lado, ¿nos ilusionamos en que será para pagar la deuda atrasada del servicio ya prestado?”, se preguntó el remitente en su carta.
“Se entiende sin responsabilidad del prestador o concesionario la imposibilidad fáctica de continuar sin las adecuaciones pertinentes, cuya responsabilidad caben únicamente en el poder concedente, que está claro que usted representa”, aclaró.
Para el titular de la concesionaria de colectivos, “se hace imposible continuar sin la concreción de honrar el compromiso oportunamente tomado por el municipio de Oberá, y que las empresas lo necesitan para poder sobrevivir”.
“Dios quiera que consiga inmediatamente reencauzar nuestro trabajo ya que en breve se deberá volver a la actividad plena que exigirá nuestro mejor esfuerzo sin arengas y sin luchas ni declamaciones falsas que impiden obtener resultados maduros con efectos positivos para la sociedad, coincidentemente con la preocupación por el usuario”, sostuvo el empresario.
La carta completa
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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