Provinciales
Zbikoski acusó a Hassan de “incitar a la violencia” tras denuncia de lockout
Con una carta fechada el 24 de enero, el empresario del transporte Marcelo Zbikoski le pidió a Pablo Hassan “ratificar públicamente sus expresiones”, luego de que el intendente de Oberá acusara a la concesionaria del servicio a presionar con el recorte de líneas para obtener aumentos en el boleto.
El apoderado de NSR-Next UT se refería a una entrevista otorgada por el jefe comunal al diario Primera Edición, en la que amenazó con multar a la empresa de Zbikoski por promover un “lockout” para lograr un pasaje de 1.300 pesos, tal como lo solicitado por la firma en audiencia pública y tras lo cual se determinó un boleto de 260 pesos con Sube.
En sus declaraciones mediáticas, el alcalde instó a la ciudadanía a que “se ponga de lado del municipio” y postuló que “hay que unirnos, hay que luchar, que es lo que estamos haciendo”, declaraciones que suscitaron la respuesta del transportista.
“¿A qué se referirá con esto? ¿Le habrá usted informado de los beneficios de esa arenga a sus huestes ciudadanas dispuestas a luchar?”, cuestionó Zbikoski en su escrito, publicado además en sus redes sociales.
“Le aclaro que jamás existió y no existe ninguna posibilidad de lockout patronal, como usted denomina, por parte de alguna de las empresas que me pertenezcan, lo rechazo de plano”, fustigó el empresario.
“Esta frase suya seguramente podrá generar hechos de violencia de los que deberá responder toda vez que una incitación así no pareciera más que una orden a su ciudadanía, o a la que represente y sea consecuente, para salir a agredir al servicio de transporte público donde hay usuarios, trabajadores, ciudadanos y bienes involucrados en esta gestión”, planteó.
“Tal vez quiso decir: ‘Unirnos y cumplir ordenadamente con el contrato de concesión, según la adjudicación que generó la oferta cuya licitación ha sido impulsada por mí mismo entre otras personas…’”, ironizó el propietario de la firma de colectivos.
El empresario Zbikoski y el intendente Hassan.
“Una estafa”
En otro tramo de la extensa misiva, Marcelo Zbikoski defendió el precio del pasaje a 1.300 pesos, reclamó al municipio por pagos atrasados y atacó la política de subsidios del gobierno de Alberto Fernández, la cual calificó como “una estafa”.
“La prestación del servicio de transporte público requiere de ingresos cuyos cálculos tienen sus fundamentos y fórmulas, pues incluso ese municipio que usted dirige así lo estipuló oportunamente”, apuntó el transportista al intendente, y añadió: “Tienen relación directa con lo comprometido en los pliegos de licitación y consecuentemente en la oferta de la licitación por usted dirigida como Poder Ejecutivo municipal”.
“Nuevamente recalco que, desde el inicio de la prestación del servicio, su gestión a honrado solamente el 33% de los costos”, lanzó el empresario y siguió: “Cosa que no ha mencionado en sus encendidas arengas de unión y lucha contra los prestadores del servicio de transporte público o sus accionistas, o sus trabajadores, no se entiende bien contra quién”.
Al solicitar a la ciudadanía “que se ponga de su lado, ¿nos ilusionamos en que será para pagar la deuda atrasada del servicio ya prestado?”, se preguntó el remitente en su carta.
“Se entiende sin responsabilidad del prestador o concesionario la imposibilidad fáctica de continuar sin las adecuaciones pertinentes, cuya responsabilidad caben únicamente en el poder concedente, que está claro que usted representa”, aclaró.
Para el titular de la concesionaria de colectivos, “se hace imposible continuar sin la concreción de honrar el compromiso oportunamente tomado por el municipio de Oberá, y que las empresas lo necesitan para poder sobrevivir”.
“Dios quiera que consiga inmediatamente reencauzar nuestro trabajo ya que en breve se deberá volver a la actividad plena que exigirá nuestro mejor esfuerzo sin arengas y sin luchas ni declamaciones falsas que impiden obtener resultados maduros con efectos positivos para la sociedad, coincidentemente con la preocupación por el usuario”, sostuvo el empresario.
La carta completa
Tras suspender el servicio en Misiones hace dos años, la aerolínea Jet Smart retomará la ruta Posadas–Buenos Aires con un vuelo inaugural el próximo 1 de noviembre. Los pasajes ya se encuentran disponibles con tarifas desde $46.300 por tramo, con impuestos y tasas incluidas.
En su visita realizada este lunes a la ciudad de Posadas, el country manager de Jet Smart, Gonzalo Pérez Corral, expresó su satisfacción por volver a Misiones y destacó el trabajo realizado junto al gobierno provincial para concretar el regreso de la empresa.
“Muy contentos de estar nuevamente en la Casa de Gobierno de Misiones con el gobernador Hugo Passalacqua y el ministro de Turismo José María Arrúa. Venimos a contarles sobre la apertura de la venta de los vuelos que van a conectar Buenos Aires con Posadas a partir del 1 de noviembre”, señaló.
El directivo explicó que los pasajes ya se encuentran disponibles con tarifas desde $46.300 por tramo, con impuestos y tasas incluidas, y señaló que la nueva operación ampliará las posibilidades de conexión tanto para los misioneros como para quienes viajen desde otras regiones del país.
“Agradecemos el compromiso tanto del gobernador como del ministro por su trabajo incesante para que Posadas sea nuevamente un destino de Jet Smart”, manifestó.
Mesa de trabajo
Corral fue recibido por el mandatario provincial en el marco de un encuentro de trabajo centrado en el fortalecimiento de la conectividad aérea de Misiones y en los preparativos para el inicio de la nueva línea aérea de la compañía que conectará Posadas y Buenos Aires.
Durante la reunión, las autoridades repasaron el cronograma previsto para el comienzo de la nueva conexión, cuyo vuelo inaugural tendrá lugar el próximo 1 de noviembre, además de intercambiar perspectivas sobre el impacto que tendrá la incorporación de esta alternativa para el desarrollo del turismo, la actividad económica y la movilidad de los misioneros.
“Es muy importante para Misiones, porque somos una provincia turística y porque somos más de un millón y medio de misioneros. Además, Buenos Aires nos queda lejos, por lo que ampliar la cantidad de vuelos agiliza la economía en todos los sentidos. También favorece el flujo de empresas y de inversiones. Por eso, contar con una mayor conectividad aérea es algo muy positivo para toda la provincia”, remarcó Passalacqua durante la reunión.
En ese marco, el ministro Arrúa destacó que el Gobierno provincial avanza con obras en el aeropuerto de Posadas para acompañar el crecimiento de la conectividad aérea y responder a la mayor demanda de operaciones.
Finalmente, Corral sostuvo que la articulación entre el Estado y la empresa fue determinante para restablecer la operación y consideró que existe una demanda que podrá recuperarse con una mayor oferta de vuelos. “Se ve que este año hubo una disminución de pasajeros, en gran parte por la falta de oferta, pero sabemos que la demanda está y, con precios accesibles, creemos que este vuelo será un éxito”, anticipó.
En ese sentido, remarcó que el trabajo conjunto entre los sectores público y privado resulta fundamental para seguir fortaleciendo la conectividad en la provincia de Misiones. “El empuje que le ponen acá en la provincia para que nosotros lleguemos es muy importante. Ese trabajo mancomunado entre el sector público y el privado fue clave para restablecer este vuelo”, aseguró.
Corral junto a Passalacqua y Arrúa
El conflicto territorial entre la comunidad mbya Puente Quemado II y el empresario forestal Alfredo Ruff, quien reclama la restitución de los lotes 71 al 78 en Garuhapé, sumó un nuevo capítulo de “tensión y amenazas” esta mañana.
Según consta la denuncia pública realizada por el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), este lunes el empresario arribó al predio relevado en el marco de la Ley 26.160, sobre el que exige la devolución del territorio, y ante los integrantes de la comunidad “insistió constantemente en el derecho de propiedad privada por sobre los derechos indígenas”.
A través de un comunicado, Emipa aseguró que Ruff se dirigió a los miembros de la comunidad y lanzó: “Ustedes son paraguayos” y “usurpadores”.
En un video que fue adjunto al escrito difundido en sus redes sociales, también se escucha la frase: “Vamos a seguir trabajando y si hay que empujar con máquinas, vamos a empujar con máquinas“.
Acorde al mismo comunicado, en su defensa, los mbya intentaron explicarle sobre la preexistencia y los alcances de la normativa nacional e internacional que protegen los derechos de los Pueblos Indígenas, en alusión a la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17; Convenio 169 de la OIT, Ley 24.071 instrumento que obliga al Estado a garantizar la consulta previa, libre e informada ante medidas que los afecten-; Declaración ONU (2007), así como convenios y tratados internacionales de jerarquía constitucional.
Sin embargo, aseguran que “no fueron escuchados y siguieron las acusaciones”.
En pos de dar respuestas a este conflicto, el Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección de Asuntos Guaraníes tienen prevista una mesa de diálogo el 7 de agosto, para abordar la situación derivada del desalojo de familias el pasado 28 de julio.
A dicha mesa de trabajo serán convocados representantes de la Policía de Misiones, del ministerio de Gobierno, del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, de la Municipalidad de Garuhapé, de la parte propietaria del inmueble, del Consejo de Caciques, caciques de otras comunidades mbya guaraní y un intérprete.
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Remiseros rechazan trasladar a mbyas a Puente Quemado II por amenazas
En medio del conflicto territorial que involucra a la comunidad mbya Puente Quemado II y al empresario forestal Alfredo Ruff, este domingo se viralizó un audio en el que un hombre “sugirió” a un remisero no trasladar a los integrantes de la tekoa, lo que infundió miedo y propagó temor entre quienes prestan el servicio particular en Garuhapé.
“No vayas a venir más acá para el lugar donde los paisanos están haciendo protestas porque ya te tienen marcado los milicos. No vayas a traer más paisanos para acá”, se escucha en el audio enviado por un hombre que se identificó como César.
Luego de este episodio, uno de los remiseros locales aseguró que no ofrecerá el traslado a los miembros de la comunidad por temor a represalias. “Yo no voy a llevar más gente porque no quiero problemas con los colonos y menos con la autoridad”, manifestó un chofer de la zona consultado por La Voz de Misiones.
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Esta comunidad se encuentra ubicada a 22 kilómetros de la ruta nacional 12, por lo que la única forma de acceder es a pie o a través de vehículos contratados de manera particular.
En los últimos años, Puente Quemado II fue blanco de denuncias por parte del empresario forestal Ruff, quien reclama la restitución de los lotes 71 al 78, territorio que fue relevado en el marco de la Ley 26.160.
El martes 28 de julio, siete familias fueron desalojadas del predio mediante una medida judicial ordenada el pasado 17 de julio por el juez de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del juez Roberto Sena, y suspendida tras la apelación presentada por abogados del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa).
La ilegalidad del procedimiento fue advertida por el Ministerio Público Fiscal, por lo que, tras 48 horas de la ejecución, la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo de Héctor Simón, dictaminó dejar sin efecto el desalojo.
Finalmente, este domingo los miembros de la comunidad regresaron al predio y allí se encontraron con personal policial. Además, según material fotográfico difundido por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, el propio empresario habría arribado al lugar cubriendo su rostro con un pasamontaña.
Entre las normativas vigentes que amparan a las comunidades se encuentran: la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17; Convenio 169 de la OIT; Ley 24.071, instrumento que obliga al Estado a garantizar la consulta previa, libre e informada ante medidas que los afecten-; Declaración ONU (2007), así como convenios y tratados internacionales de jerarquía constitucional.
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