El gobierno provincial confirmó el regreso del programa Ahora Patente, que estará vigente desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre. La iniciativa permitirá financiar el pago del impuesto a la patente vehicular en hasta 10 cuotas sin interés y ofrecerá un 10% de descuento en los municipios que adhieran al esquema.

El anuncio fue realizado este viernes por el gobernador Hugo Passalacqua a través de sus redes sociales, donde informó que el beneficio volverá a estar disponible para las familias misioneras durante los últimos cinco meses del año.

El programa alcanzará el pago del impuesto a la patente vehicular en las comunas que decidan adherirse. Los contribuyentes podrán abonar el tributo en hasta 10 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Macro, utilizando la plataforma IPA y seleccionando la opción de pago “Macro Click”.

Además del financiamiento, quienes realicen el pago en los municipios adheridos accederán a un 10% de descuento sobre el importe de la patente.

Desde el gobierno provincial aclararon que la vigencia efectiva del beneficio dependerá de la adhesión de cada municipio, por lo que cada comuna deberá incorporarse al programa para ofrecer estas condiciones a sus contribuyentes.

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Con un manifiesto titulado “La patria no se vende, la tierra se defiende”, el Movimiento de Pequeños Productores Autoconvocados de San Antonio expresó su rechazo a la posible derogación de la Ley 26.737, que limita la titularidad extranjera de tierras rurales en la Argentina. La organización sostiene que la medida implicaría “la entrega de la soberanía” y pondría en riesgo el futuro de las chacras familiares en la zona de frontera.

El documento, firmado por José Godofrido Ramón, docente y dirigente social, remarca que los integrantes del movimiento son “hijos y nietos de pioneros del extremo noroeste de Misiones” y reivindica el esfuerzo de quienes poblaron y trabajaron la frontera. “No heredamos riquezas; heredamos tierra, trabajo, sacrificio y dignidad”, señala el texto. Además, afirma que la ley “protege nuestra soberanía, nuestros recursos naturales y nuestras fronteras” y que “la tierra no es una mercancía cualquiera”.

En diálogo con La Voz de Misiones, Ramón sostuvo que existe una fuerte preocupación entre los colonos del departamento General Manuel Belgrano por el avance del proyecto que busca modificar la normativa vigente. “Para nosotros no es nada más ni nada menos que la entrega de la soberanía que tenemos”, afirmó.

“Primero desregularon las economías regionales”

El vocero vinculó el debate sobre la Ley de Tierras con la crisis que atraviesan los pequeños productores, especialmente los yerbateros. Según planteó, el gobierno nacional llevó adelante “un plan sistematizado” que comenzó con la desregulación de las economías regionales y la caída de los precios que reciben los colonos por su producción.

“Hoy el producto de la chacra no vale nada. Vinieron por ahí para bajarle el ánimo, para matarlo de hambre y después venir por las tierras”, expresó.

En ese sentido, advirtió que un pequeño productor no puede competir con grandes grupos de inversión y recordó conflictos históricos vinculados a la concentración de la tierra en Misiones. El manifiesto también hace referencia a esas experiencias y señala que la provincia “tiene heridas abiertas y conflictos históricos vinculados al acceso y la tenencia de la tierra”.

Críticas a los senadores misioneros

Ramón cuestionó especialmente a los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, a quienes acusó de haber prometido defender al pequeño productor durante la campaña electoral. “Estuvieron en campaña comprometiéndose con ayudar al minifundista y ahora se esconden, no atienden el teléfono”, sostuvo.

El dirigente reclamó que ambos legisladores rechacen el proyecto cuando sea tratado en el Senado y consideró que “ya no tendrían que haber aceptado el trabajo en comisión ni dar quórum”.

También dirigió críticas al senador Martín Goerling, al señalar que “salió a decir que esto es un beneficio para la provincia” y pidió que explique “cuál es el beneficio para los colonos”.

Frontera, seguridad y capitales extranjeros

Uno de los ejes centrales del planteo es la situación de las tierras en zonas fronterizas. Ramón aseguró que el departamento General Manuel Belgrano se encuentra cerca del límite permitido de propiedad extranjera y advirtió sobre el avance de capitales brasileños en áreas rurales próximas a la frontera.

“La frontera no se defiende solo con fuerzas de seguridad. Se defiende con colonos, productores, docentes y familias que viven y trabajan en ella”, afirmó, en línea con lo expresado en el manifiesto del movimiento.

El dirigente sostuvo que una mayor concentración de tierras en manos extranjeras podría favorecer actividades ilegales como el contrabando, el narcotráfico o la trata de personas, además de afectar recursos estratégicos como el agua y la biodiversidad.

Respaldo al pronunciamiento de Passalacqua

Consultado sobre la postura del gobernador Hugo Passalacqua, quien en distintas actividades públicas manifestó su rechazo a la derogación de la Ley 26.737 y anticipó que solicitará a los senadores misioneros votar en contra, Ramón valoró esa definición política.

“Celebramos que el gobernador se haya manifestado y se haya preocupado por este tema. Eso nos da una esperanza de seguir luchando”, indicó.

Para el dirigente, los senadores nacionales “son la voz y el voto del gobierno de la provincia en el Senado” y, por lo tanto, deberían actuar en consonancia con la posición expresada por el Ejecutivo misionero.

Jóvenes, escuelas rurales y movilización

Ramón aseguró que la preocupación también alcanza a los jóvenes de las colonias. Señaló que muchas familias atraviesan serias dificultades económicas y que algunos chicos deben dejar la escuela para ayudar en las tareas de la chacra.

“No pueden comprarse una zapatilla, un cuaderno o los útiles para ir a la escuela. Es sumamente grave lo que está pasando hoy”, afirmó.

El manifiesto advierte que la desaparición de los pequeños productores no solo implica la pérdida de una unidad productiva, sino también el cierre de escuelas rurales, la emigración de los jóvenes y el vaciamiento de las colonias. “Cuando desaparece un pequeño productor no solamente se pierde una chacra. Se pierde una escuela rural, una familia en el campo, trabajo, producción, cultura y soberanía“, sostiene el documento.

El movimiento adelantó que analiza realizar un banderazo y movilizaciones para visibilizar el rechazo al proyecto y convocó a la sociedad misionera a “levantar la voz” en defensa de la tierra y de la agricultura familiar.

“La tierra misionera no se vende”

En el tramo final del manifiesto, los productores remarcan que su reclamo “no tiene dueño ni color partidario” y que su única aspiración es que las futuras generaciones puedan seguir viviendo y trabajando en las chacras heredadas de sus abuelos. El texto concluye con una definición que resume el espíritu de la convocatoria: “La tierra misionera no se vende. La soberanía no se negocia. Las fronteras se cuidan”.

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La Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico dictaminó que debe dejarse sin efecto el desalojo ejecutado el martes pasado sobre la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II, en Garuhapé, al considerar que la medida fue concretada mientras permanecía pendiente de resolución un recurso de apelación presentado por la defensa.

El pronunciamiento, difundido por el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), fue emitido por el fiscal Héctor Simón, quien sostuvo que la ejecución del desalojo carecía de sustento mientras la Cámara de Apelaciones no resolviera la apelación interpuesta contra la orden del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del magistrado Roberto Sena.

De acuerdo con el dictamen, la apelación presentada por la comunidad tenía efecto suspensivo, por lo que el procedimiento no debía llevarse adelante hasta que el tribunal de alzada se expidiera sobre la cuestión.

En su presentación, Simón calificó la medida como de “extrema gravedad institucional”, al tratarse del “desplazamiento inmediato de una Comunidad Indígena”, y sostuvo que una decisión de esa naturaleza exige un análisis especialmente riguroso de los derechos involucrados.

Para la fiscalía, el caso “evidencia la existencia de un conflicto jurídico de mayor complejidad que el de una mera controversia posesoria”, por lo que antes de ejecutar el desalojo debían analizarse integralmente los derechos territoriales indígenas protegidos por la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.

El desalojo se concretó el martes bajo órdenes del juez Roberto Sena.

El conflicto

La disputa se originó a partir de un reclamo del empresario forestal Alfredo Ruff, quien solicitó la restitución de los lotes 71 y 78 de la fracción Cañafístola mediante una medida cautelar por presunta usurpación.

La comunidad, por su parte, sostiene que esas tierras forman parte de su territorio ancestral y recuerda que fueron relevadas en el marco de la Ley Nacional 26.160, además de invocar las garantías previstas en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La defensa también cuestionó que una medida cautelar haya derivado, en los hechos, en un desalojo antes de que exista una sentencia definitiva sobre el conflicto territorial.

Pedido de informes

La novedad judicial se conoce un día después de que el Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes informaran que solicitaron explicaciones a la Justicia por el operativo, al señalar que ninguno de los organismos fue notificado previamente sobre su ejecución.

En un comunicado conjunto, ambos organismos indicaron que requirieron conocer el alcance de la medida y anticiparon que, si se verifican afectaciones a derechos de la comunidad mbya, evaluarán las acciones institucionales que correspondan dentro de sus competencias.

Asuntos Guaraníes pidió informes por desalojo en Puente Quemado II

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