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San Vicente: intendente denunció al ex alcalde Dos Santos por ventas irregulares

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Sergio Fabián Rodríguez y tres ediles denunciaron que el ex intendente Waldomiro ‘Valdir’ Dos Santos formaba parte de una asociación ilícita que vendía terrenos municipales, luego emitía comprobantes y cancelaba la compra en el sistema.

 

SAN VICENTE. El actual intendente de San Vicente, Sergio Fabián Rodríguez, y tres concejales de la comuna denunciaron en sendas exposiciones al ex alcalde Waldomiro ‘Valdir’ Dos Santos y a dos ex funcionarios de su gobierno por la venta irregular de terrenos de la comuna.

Según ambas denuncias, efectuadas el 2 y el 6 de julio, respectivamente, la maniobra consistía en vender terrenos remanentes de la ruta nacional 14 pertenecientes a la Municipalidad.

Así, luego de concretada la transacción, la comuna emitía el comprobante según dicta la ley, pero después “se anulaba el pago en el sistema, pero el dinero nunca era devuelto al contribuyente que efectuó el pago”, dice la denuncia.

En este sentido, también habrían detectado que, luego de anular la compra, se introducían en el sistema valores inferiores con el mismo número de recibo, o bien se aplicaban descuentos en la adquisición de los terrenos cuando no correspondía.

Asimismo, se presume que el dinero “era repartido seguramente entre las personas denunciadas”, es decir, el ex alcalde Dos Santos, además del ex secretario de Hacienda, Hugo Rubén Barovicz, y el ex jefe de Recaudación, Juan Néstor Ladomiro, ya que “sólo ellos tenían acceso al sistema”.

Los terrenos fueron comprados en su mayoría por particulares, aunque también figuran en la denuncia una cooperativa y hasta una iglesia evangélica. Se trata de unos ocho lotes, los cuales fueron valuados en montos de entre 100.000 y 2.200.000 pesos. En total, los fondos defraudados superarían los 3.500.000 pesos.

Al verificar con los compradores, “se pudo comprobar que los recibos eran originales, sólo que eran anulados posteriormente, por eso no existe constancia en el municipio”, dicen los concejales denunciantes, Elvio Ceferino Rodríguez, Alejo Rodríguez y Mirta Graciela Rodríguez.

Ante la falta de comprobantes, los ediles adujeron que obtuvieron los datos luego de un sumario administrativo dispuesto por el Poder Ejecutivo y mediante una verificación de la caja en el Tribunal de Cuentas de la provincia.

Por todo esto, los actuales ediles de San Vicente sostienen que se trata de una “asociación ilícita”, delito que prevé penas de entre tres y diez años. En el mismo sentido, piden al fiscal que obre medidas de prueba, así como la “inmediata detención” de los señalados, ya que “existe riesgo de fuga”.

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Invitan a charla sobre el proyecto Corpus-Pindoí en Montecarlo y Jardín América

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Orembaé presentó amparo contra Ecología por acceso a información sobre Corpus

Luego del encuentro realizado en mayo, en el hotel Julio César de Posadas, la Comisión Mixta del Río Paraná (Comip) convocó a una nueva charla informativa junto a la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Montecarlo (Cacim), prevista para el miércoles 1 de julio a las 18:30 en el salón de usos múltiples, ubicado en El Libertador 2713 y el jueves 2 de julio a las 20 en el salón de la cooperativa de servicios públicos de Jardín América.

Al igual que en la capital provincial, ambos encuentros proponen brindar información sobre el estado actual del proyecto hidroeléctrico Corpus-Pindoí, sus principales características, junto a otros ejes como: energía, producción, desarrollo y ambiente. 

Desde la Comip sostienen que “hoy existen condiciones distintas” para discutir el proyecto. En la anterior charla informativa, el delegado argentino de ese organismo, José Antonio López, aludió al escenario para el avance de Corpus-Pindoí, haciendo un paralelismo con Yacyretá y las obras complementarias realizadas en la región.

“Hoy, Posadas es una maravilla; Encarnación es una maravilla. Toda la costa recibió obras: el bypass carretero, servicios sanitarios, el puente, el aeropuerto. Todo eso quedó con la definición de Yacyretá”, sostuvo López desde el histórico hotel céntrico de la capital provincial.

De esa manera, remarcó que las obras hidroeléctricas “traen beneficios”, aunque aclaró que “el tema es que sean oportunos y ajustados a lo que la gente necesita”.

Esta iniciativa cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental y Social elaborado específicamente para el emplazamiento Pindo-í, desarrollado por un consorcio internacional integrado por Harza Engineering (Estados Unidos), IATASA (Argentina) y TECMA (Paraguay), con participación de instituciones académicas regionales, entre ellas la Universidad Nacional de Misiones y la Universidad Nacional de Itapúa.

En Jardín América

 Para el jueves 2 de julio a las 20, la charla informativa lleva el nombre: “Alternativas a la problemática energética para el desarrollo de la región”, y tendrá lugar en el salón de la cooperativa servicios públicos, ubicado por calle Brasil 675.

Allí, la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Jardín América  y Zona de influencia, Parque Tecnológico Zona Centro Río Paraná y la municipalidad, invitan a participar de este espacio de análisis, intercambio y reflexión sobre los desafíos energéticos actuales y las oportunidades de desarrollo para nuestra región.

La actividad reunirá a representantes del sector público, privado, instituciones, profesionales y actores vinculados al desarrollo productivo y energético, con el objetivo de abordar distintas perspectivas relacionadas al futuro energético regional y su impacto en el crecimiento económico, social e industrial.

La participación es gratuita, con inscripción previa al siguiente link: https://forms.gle/PM3k7vBKx1nQ3U7q9

 

Sobre los estudios ambientales del Proyecto Multipropósito Corpus Christi

 

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Parques Nacionales: alertan por retiro voluntario y posible vaciamiento

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El gobierno nacional, mediante la Resolución 191/2026 publicada en el Boletín Oficial, puso en marcha un régimen de retiro voluntario exclusivo para el personal de planta permanente de la Administración de Parques Nacionales (APN).

El programa se enmarca en las políticas oficiales orientadas a la reorganización y reducción de la estructura estatal y alcanza a los trabajadores comprendidos en el artículo 8° de la Ley 25.164 del Régimen de Empleo Público Nacional.

A partir de la resolución, sectores sindicales que nuclean a los trabajadores se hicieron eco de lo dispuesto y salieron al cruce del régimen. En este sentido, Natalia Duarte, secretaria adjunta de la seccional Iguazú del gremio ATE, del área de conservación y educación ambiental, en comunicación con La Voz de Misiones, expresó su preocupación.

La iniciativa, publicada el pasado 23 de junio, no está dirigida exclusivamente al cuerpo de guardaparques, sino a todo el personal de planta permanente de Parques Nacionales.

“A lo largo y ancho del país contamos con importantes parques nacionales y lo que se plantea es una reducción cercana al 20% de la planta, supuestamente para optimizar, pero nosotros no lo vemos así. Es una forma de despido”, sostuvo Duarte.

En Misiones, las dos áreas  afectadas son, el Parque Nacional Iguazú y el Parque Federal Campo San Juan. Allí trabajan 21 agentes de planta permanente, 22 contratados, además de 33 guardaparques y aproximadamente 10 brigadistas.

Según explica la dirigente sindical, el proceso de vaciamiento de la APN no comenzó ahora, sino que se viene profundizando desde el 2024.

“Con este gobierno hemos perdido a más de 120 compañeros y compañeras a nivel nacional. Algunos se fueron incorporando nuevamente, pero con estos llamados ‘retiros voluntarios’ se encubre otra forma de despido”, afirmó.

Para la secretaria adjunta, la iniciativa representa un “vaciamiento del organismo” que afecta la soberanía, la protección de los bienes comunes y la conservación del ambiente y el patrimonio natural y cultural.

“No podemos permitir estos vaciamientos en la administración pública. Cada trabajador cumple un rol muy importante. Si bien este retiro no alcanza al cuerpo de guardaparques, dentro de la planta permanente también hay científicos, técnicos y administrativos que son fundamentales para la protección de los parques nacionales”, señaló.

Duarte también cuestionó el objetivo de la medida: “Van a decir que la administración pública no es eficiente o que es deficiente, pero para abrir una ruta o realizar una obra se hacen estudios de impacto ambiental. Ahí entra nuestra labor. Con este vaciamiento, claramente vamos a perder capacidad técnica”.

El proceso administrativo prevé la intervención de áreas centrales del Estado, como la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público y la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía, que deberán intervenir en las actas de desvinculación.

La Administración de Parques Nacionales, organismo encargado de la conservación de las áreas protegidas del país bajo la Ley 22.351, podría verse afectada en su capacidad operativa ante una eventual reducción de su planta de trabajadores.

“Nos preocupa qué va a pasar si no se alcanza ese 20% de adhesión. ¿Quiénes van a completar ese porcentaje? ¿Los contratados o el resto del personal?”, planteó.

En el Parque Nacional Iguazú, uno de los sectores más sensibles es el área de conservación, donde —según señaló— ya se registran dificultades en la evaluación de estudios de impacto ambiental.

“La quita de funciones es otra de las preocupaciones. Es importante que cada departamento cumpla su rol. Si eso se debilita, el funcionamiento general del organismo se ve afectado”, advirtió.

Finalmente, la dirigente consideró que el plan implica una pérdida significativa de recursos humanos con experiencia: “Son trabajadores con años en la administración pública, en edad activa y con una trayectoria valiosa. Es una pérdida irreparable para el Estado”.

El programa quedó a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos de la APN, que deberá gestionar las adhesiones, confeccionar la documentación correspondiente y coordinar los circuitos internos de desvinculación.

“El problema es que con este gobierno vamos a seguir perdiendo trabajadores y el vaciamiento va a continuar profundizándose”, concluyó Duarte.

Reestructuración y 40 retiros voluntarios en Inta: “Es un despido encubierto”

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Asistieron con abrigos y alimentos a doce comunidades mbya de San Ignacio

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Con temperaturas de un dígito, este martes la Dirección de Asuntos Guaraníes de Misiones encabezó el primer operativo Yro’y -o de invierno- en comunidades mbya de la localidad de San Ignacio y planifica nuevas reuniones con intendentes para trasladar el beneficio a otros puntos de la provincia.

La actividad consistió en la entrega de abrigos, calzados, frazadas y porciones de comida caliente, lo que alcanzó a doce aldeas y alrededor de 150 personas, durante una jornada que contó con el acompañamiento de funcionarios municipales y efectivos de la Policía de Misiones. 

El trabajo en conjunto, la prevención y la asistencia en épocas de frío extremo son fundamentales”, reconocieron desde el organismo que funciona como nexo entre comunidades originarias y el gobierno provincial, a través del Ministerio de Derechos Humanos.

“Con la llegada del invierno y las temperaturas extremas, reafirmamos nuestro compromiso de prevenir y proteger a quienes más lo necesitan. Nos unimos en un operativo territorial para cuidar a nuestras comunidades mbya guaraníes ante el inicio del frío”, añadieron.

Respecto al despliegue de la asistencia ante el frío, el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez detalló: “Primero hicimos un punto central con los caciques para explicarles el trabajo a realizar y después, junto a ellos, fuimos comunidad por comunidad, donde desplegamos la logística y asistimos a las familias en cada aldea”.

De esa manera, visitaron las aldeas Chapa’i, Ychongy Poty, Andresito, Tacuaral, Tava Mirĩ, Yvy Poty, Tapé Põrã, Mbokajaty II, Kokuere’i I, ⁠Kokuere’i II, katupyry, ⁠Mbokajaity I y Pindoty.

Por estas horas, los organismos implicados se encuentran planificando, junto a otros intendentes, las fechas para arribar con el beneficio a otros puntos de la geografía provincial que alberga a más de 130 comunidades actualmente.

Entrega de comunida caliente en 12 comunidades mbya de San Ignacio

 

 

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