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Reubicación de areneras por la EBY posibilitó desarrollo expansivo del sector

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La reubicación de las empresas que hacen la extracción en el río Paraná configuró un nuevo mapa de la ruta de los áridos, que ya no atraviesan las principales avenidas del ejido urbano.

La industria minera que se desarrolla en la provincia hace más de cien años, toma su forma definitiva luego del proceso de relocalización de las empresas y sus playas para el acopio de arenas en el departamento Capital de Misiones.

Actualmente, son cuatro las empresas radicadas en Posadas; una en Garupá y una en Candelaria, todas instaladas en terrenos cedidos por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) que, a partir de 2012, durante la gestión del arquitecto Oscar Thomas, inició el traslado de las playas a un lugar estratégico.

En Posadas, la zona elegida para la ubicación unificada de todas las areneras fue Campo Bauer, en Nemesio Parma. Los camiones salen cargados de la zona rivereña, atrás del Parque Industrial, y llevan los distintos tipos de arenas a centros de distribución, obras viales o grandes construcciones.

La extracción de los áridos no genera mayor impacto ambiental. Los barcos areneros obtienen el producto mediante la succión de bancos naturales en el lecho del río, son pozos milenarios que se vacían y vuelven a llenarse una y otra vez con la arena que viene rodando de río arriba.

Consultado por La Voz de Misiones, Jorge Muniagurria, uno de los areneros de Nemesio Parma, definió como “un verdadero acierto” la decisión de Yacyretá de reubicar a las playas de acopio en los predios cedidos en comodato donde realizan sus actividades productivas.

Muniagurria destacó que el crecimiento y la consolidación de la actividad obedece, precisamente, a este plan de relocalización de las areneras.

“Gracias a la posibilidad de utilizar tales predios se consiguió la integración plena de las actividades productivas”, afirmó.

Testigo

De hecho, la empresa de Muniagurria resulta un caso testigo, ya que la reubicación en Campo Bauer le significó un salto cualitativo importante en términos de la actividad industrial, llegando a desarrollar un astillero con el que hace seis años sorprendió a la provincia al botar el primer barco de acero construido en Misiones, el “Tupá”.

Actualmente, la empresa está próxima a convertirse, también, en la primera en poner en operación las dos únicas básculas del sector arenero en la provincia, una en su predio de Nemesio Parma, y la otra, en sus instalaciones en Candelaria.

Muniagurria, armador naval y egresado de la de la escuela industrial de Posadas (actual Epet Nº1), manifestó que la incorporación de esta tecnología “es un sueño cumplido, de sumar una herramienta que representa una inversión importante en términos económicos, pero que fundamentalmente tiene que ver con la responsabilidad social ambiental de la empresa y el vínculo de confianza con el cliente”.

Según el emprendedor, las básculas contribuirán a no forzar los caminos de la zona, que necesitan mantenimiento permanente, y de las calles y avenidas de la ciudad; a la vez de garantizar el peso exacto de las cargas de arena que salen al mercado.

“Las básculas contarán con un software de ticket electrónico y red de wi-fi”, detalló Muniagurria, remarcando que “esta tecnología permitirá no solo controlar el peso exacto de la arena que sale para la venta, sino controlar el sobrepeso de los transportes, que redunda en reducir el impacto de las cargas en las rutas”.

Todas las actividades de la JM fueron sometidas a estudios de impacto ambiental, un requisito dispuesto por Ley a nivel nacional que aún no es exigible en la provincia.

Astillero

La empresa renovó también este año la licencia del astillero donde construyó el “Tupá”, y la obtención de todos los permisos para el desarrollo de esta actividad industrial en Nemesio Parma.

A la vez, capacitó y certificó a través del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) a todo su personal especializado, garantizando de esta manera la seguridad de sus emprendimientos navales.

“Todas estas tareas, la incorporación de tecnología y la capacitación certificada de los trabajadores, repercuten de manera positiva en el mercado laboral local, muy deprimido por la crisis, generando y manteniendo puestos de trabajo”, afirmó Muniagurria.

“La botadura del ‘Tupá’ fue realizar un sueño, pero abrió una nueva etapa en el desarrollo de las vías navegables de Misiones, y por eso es que nos planteamos incursionar en la industria naval”, agregó.

“Fue una política muy productiva para el sector arenero la relocalización dispuesta por la EBY”, reiteró Muniagurria, argumentando que a su empresa le “permitió pensar en sumar la tecnología de las básculas y proponernos desarrollar el astillero donde se construyó el ‘Tupá’”.

Actualmente, el Astillero JM se encuentra trabajando en la ampliación del mismo buque que construyó, el “Tupá”. La obra de envergadura sostiene el trabajo de personal especializado y ya se proyectan trabajos en otros buques.

 

El “Tupá” fue sacado del agua para la ampliación de su casco de acero en el astillero de JM en Nemesio Parma.

Todo el personal especializado está certificado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti).

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La báscula de Nemesio Parma. Una idéntica fue instalada en Candelaria

 

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Intendentes rechazan proyecto de nuevo peaje sobre ruta 12: “Es inconstitucional”

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Ayer miércoles, intendentes y autoridades de distintos municipios misioneros se reunieron en la localidad de Puerto Rico, donde firmaron un documento en rechazo a la iniciativa del gobierno nacional que busca instalar una casilla de peaje sobre la ruta 12, a la altura de Capioví y recientemente cambió la ubicación a Garuhapé, sobre la misma arteria.

En el escrito, apuntaron contra el gobierno nacional por la falta de inversiones en rutas nacionales: “El gobierno nacional, que no invierte en las rutas los recursos que recauda para esas obras vía ‘Impuesto a los Combustibles’, decidió instalar una nueva casilla de peaje sobre la ruta 12, inicialmente en Capioví, kilómetro 1462, pero luego optó por colocarla en Garuhapé, kilómetro 1483, a solo 68 kilómetros de la casilla que ya opera en Colonia Victoria, kilómetro 1551”.

Seguidamente, remarcaron la “inconstitucionalidad” del sistema proyectado, al considerar la inexistencia de otras arterias en la zona: “no existen caminos alternativos libres de pago y se configura una doble imposición, atento a que los usuarios ya contribuyen mediante el Impuesto a los Combustibles”.

Al mismo tiempo, consideraron desventajas para el traslado de la producción: “El cobro sin base legal ni contraprestación adecuada implica una restricción ilegítima. De persistir con un método de financiamiento vial inadecuado como es el cobro de peaje directo en ruta, claramente inconstitucional e inviable técnicamente y que ha sido y es un fracaso y una estafa, la producción no podrá trasladarse con eficiencia, la circulación interna se verá restringida y el acceso a los mercados será cada vez menos competitivo”. 

En ese contexto, respaldaron su rechazo en el Artículo 75 de la Constitución Nacional Argentina, que atribuye al Congreso la potestad exclusiva de establecer contribuciones, y recordaron la vulneración del derecho a transitar libremente, tal como lo expresa el Artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina, y con esto el derecho de propiedad detallado en el Artículo 17.

Es inconcebible que el Estado nacional abandone su obligación de mantener en buen estado de transitabilidad la Red Vial Nacional, más aún cuando se mal administran los miles de millones de pesos que se recaudan anualmente del Impuesto a los Combustibles, que son malversados y desviados a otros fines que no tienen nada que ver para cual fue creado”, concluyeron. 

Del encuentro participaron los intendentes de Puerto Rico, Carlos Gustavo Koth; de El Alcázar, Eduardo Vázquez; de Garuhapé, Gerardo Schmied; de Capioví, Ramón Arrua; de Ruiz de Montoya, Victor Vogel y de Puerto Leoni, Elvio Vázquez, con sus respectivos equipos y junto a integrantes de los Honorables Concejos Deliberantes de los municipios de Puerto Rico, Puerto Leoni, El Alcázar, Ruiz de Montoya, el diputado provincial Arnhold Alejandro, como así integrantes de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Producción y Servicios del departamento Libertador General San Martín, representada por su presidente Luis Stefens.

A fin de llegar a un consenso, solicitaron a los funcionarios y legisladores nacionales “que reflexionen y acuerden la revisión de esta iniciativa, que profundiza el clima de malestar e incertidumbre que aqueja a los vecinos de la zona y a los misioneros en general”.

Se trata de un nuevo pronunciamiento tras el cuestionamiento realizado días atrás por el gobernador Hugo Passalacquaquien también reclamó la necesidad de obras, mantenimiento e inversión vial, y rechazó nuevas cargas que castiguen aún más “el bolsillo de las familias”.

Passalacqua cuestionó el nuevo peaje que Nación proyecta en Puerto Rico

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Morosidad: Misiones fijará un tope de tasas de interés a partir de septiembre

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Frente a un contexto de alta morosidad que supera el 12% según los últimos datos del Banco Central (BCRA), el gobierno provincial puso en marcha un paquete de medidas financieras diseñadas para proteger el salario de las familias de los empleados públicos, jubilados, pensionados y retirados del IPS que enfrentan situaciones de sobreendeudamiento. 

El anuncio fue detallado por el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, quien remarcó que las herramientas se vienen trabajando desde hace más de dos meses para evitar que los agentes queden expuestos como deudores en mora dentro del sistema financiero formal.

La primera medida, implementada en julio, fijó un tope del 39% de los haberes netos para la aplicación de retenciones a través del Código Único de Descuento en los haberes (Cuad). Este límite aplica a los créditos nuevos y se acompaña con un proceso de refinanciación y asistencia económica.

“Esta medida, que a la fecha alcanzó a 538 personas, se verá reflejada en la acreditación de haberes del día sábado 29 de agosto; o en la primera semana de septiembre con una acreditación especial en las cuentas bancarias que no estará sujeta a retención de créditos bancarios”, aseguró el titular de la cartera.

Por su parte, el Banco Macro, implementó mecanismos de refinanciación de deudas que son analizados caso por caso para personas con sobreendeudamiento y/o mora. Los interesados que se encuentren en esa situación deberán acercarse a las sucursales de la entidad para acceder a la refinanciación.

Techo a las tasas de interés

A partir de septiembre entrará en vigencia una resolución que fijará topes en las tasas de interés de las entidades que otorgan préstamos personales con código de descuento. 

Según indicó el ministro de Hacienda, el objetivo de la medida es establecer un marco regulatorio que permita limitar el costo financiero que asumen los agentes públicos activos y pasivos con estas entidades. Esta modalidad de código de descuento también busca evitar que estas personas deban acudir a otras entidades de crédito (formales o informales) que aplican intereses mucho mayores y más perjudiciales para ellos.

Finalmente, recordó los proyectos de ley afines que están siendo impulsados en la Legislatura provincial. “Son propuestas que deben ser analizadas a la luz de la normativa nacional, siguiendo un criterio de equidad con los deudores pero sin perjudicarlos dejándolos expuestos como morosos conforme a la legislación vigente”, concluyó.

Informe: el 29,35% de los deudores de Misiones tiene más de 90 días de mora

Informe: el 29,35% de los deudores de Misiones tiene más de 90 días de mora

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Informe: el 29,35% de los deudores de Misiones tiene más de 90 días de mora

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El drama de la morosidad que impacta a nivel nacional tiene su correlato en Misiones, donde el 29,35% de las personas con deudas declaradas se encuentra en mora que supera los 90 días, según un estudio publicado por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC), una asociación civil que aborda diferentes temáticas sociales.

Según el último informe, denominado Radiografía del Endeudamiento en Argentina y elaborado en base a datos recopilados hasta junio de 2026, en la tierra colorada hay un total de 484.180 personas físicas con deudas declaradas, de las cuales 142.084 se encuentran en mora de nivel 3, 4 y 5. Dicha cantidad representa un 29,35% del total de deudores, cifra que supera en 4,4 puntos porcentuales la media nacional.

El mismo estudio señala el universo de personas en deuda debe cubrir un monto total de 1,57 billones de pesos, mientras que los deudores en mora deben cubrir 292.928,61 de pesos.

Ese universo de deuda corresponde a todas las entidades crediticias, desde bancos privados y públicos, hasta tarjetas de crédito, billeteras virtuales y compañías financieras.

Edades

El informe además consigna que los adultos de entre 26 y 35 años conforman el universo de mayor cantidad de personas con deudas declaradas (116.812), aunque la franja etaria integrada por menores de 25 años es la que más porcentaje de deudores en mora tiene en relación al total de deudores declarados.

En relación a este último ítem, los datos marcan que hay 41.698 jóvenes menores a 25 años con deudas declaradas, de los cuales 18.026 se encuentran con retrasos en sus pagos, lo que representa 43,23% de ese total, una cifra que se ubica 5 puntos por encima de la media nacional en el mismo segmento de análisis.

Departamentos

Los datos recogidos por la CEC fueron presentados a través de un mapa interactivo, en el cual cada usuario puede revisar la información recopilada tanto a nivel nacional, como provincial y hasta por departamentos.

En la revisión municipio por municipio sobresale que el departamento Capital registra el mayor porcentaje de deudores en mora de la provincia. Los datos duros: 26.425 personas físicas con deudas declaradas y 9.765 de ellas se encuentra en mora, lo que equivale a un 37,07%. Lo siguen Apóstoles, Concepción, Candelaria, Eldorado y San Ignacio con números que superan el 30%.

El análisis desagregado por departamentos además expone otro dato relevante y, es que, Guaraní, por ejemplo, registra casi cinco veces más de personas con deudas declaradas que Capital, pero el promedio de deudores en mora es marcadamente más bajo.

Para verlo en números hay que exponer que Guaraní presenta un total de 125.186 personas con deudas declaradas, de las cuales 36.178 se encuentran en estado de morosidad, lo que arroja un promedio de 28,9% a nivel departamental.

 

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