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Policías y gobierno se sientan a la mesa el miércoles para discutir salarios

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Policías y gobierno se sientan a la mesa el miércoles para discutir salarios

Trascendió que pedirían 75.000 pesos de básico. En septiembre del año pasado, los policías lograron aumentos de entre el 35 y el 55 por ciento, tras el acampe frente a la Jefatura en Posadas.

 

Policías y penitenciarios de Misiones se reunirán el próximo miércoles 20 con las autoridades de la fuerza y del gobierno para discutir los salarios 2021.

La Mesa de Diálogo, Concertación del Personal Policial, Penitenciarios Activos, Retirados, Pensionados y Familiares le envió el último miércoles un pedido de audiencia al nuevo jefe de la Policía de Misiones, Carlos Miguel Merlo, así como al director del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), Manuel Dutto, y al ministro de Gobierno, Marcelo Pérez.

Según indicaron a La Voz de Misiones desde el grupo policial -creado en septiembre de 2020 para reclamar por mejoras salariales-, la respuesta a la misiva fue positiva y se confirmó la reunión para el próximo miércoles 20 de enero a las 18, en el edificio principal ubicado sobre Félix de Azara, entre Tucumán y Santiago del Estero, en Posadas.

Bolsillos deprimidos

Los salarios de bolsillo de los agentes aumentaron entre un 35 y un 55 por ciento el año pasado, luego del acampe frente a la Jefatura al cual se sumaron activos, retirados y familiares de toda la provincia. A partir de ahí, y tras aceptar el acuerdo ofrecido por el gobierno, el salario de un agente quedó pautado en 45.000 pesos.

Sin embargo, desde la mesa aducen que la depreciación monetaria y la crisis económica hicieron mella en los bolsillos deprimidos de los agentes desde el último aumento, conseguido en septiembre.

“En esa oportunidad, se logró que el sueldo de un agente quede a la par de la canasta básica, pero a los tres días subió la canasta y el agente de policía volvió a quedar por debajo”, indicó a LVM el suboficial mayor retirado Silvio Medina, representante de los familiares directos y retirados de la zona Sur.

“El personal tiene que sacar de su propio peculio para sostener el servicio que brinda a la comunidad, a razón de que tiene que comprarse el uniforme, pagarse la comida y la movilidad cuando tiene una jornada completa de trabajo”, sostuvo el ex miembro de la fuerza.

Trascendió que el monto del aumento que solicitarán ronda los 75.000 pesos, por lo cual se espera que las negociaciones sean arduas entre los representantes del gobierno, los jefes de las fuerzas y los representantes de los policías y penitenciarios.

Asimismo, otros de los puntos centrales del reclamo serán la diferenciación entre jerarquías y el descongelamiento de la antigüedad.

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Invitan a charla sobre el proyecto Corpus-Pindoí en Montecarlo y Jardín América

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Orembaé presentó amparo contra Ecología por acceso a información sobre Corpus

Luego del encuentro realizado en mayo, en el hotel Julio César de Posadas, la Comisión Mixta del Río Paraná (Comip) convocó a una nueva charla informativa junto a la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Montecarlo (Cacim), prevista para el miércoles 1 de julio a las 18:30 en el salón de usos múltiples, ubicado en El Libertador 2713 y el jueves 2 de julio a las 20 en el salón de la cooperativa de servicios públicos de Jardín América.

Al igual que en la capital provincial, ambos encuentros proponen brindar información sobre el estado actual del proyecto hidroeléctrico Corpus-Pindoí, sus principales características, junto a otros ejes como: energía, producción, desarrollo y ambiente. 

Desde la Comip sostienen que “hoy existen condiciones distintas” para discutir el proyecto. En la anterior charla informativa, el delegado argentino de ese organismo, José Antonio López, aludió al escenario para el avance de Corpus-Pindoí, haciendo un paralelismo con Yacyretá y las obras complementarias realizadas en la región.

“Hoy, Posadas es una maravilla; Encarnación es una maravilla. Toda la costa recibió obras: el bypass carretero, servicios sanitarios, el puente, el aeropuerto. Todo eso quedó con la definición de Yacyretá”, sostuvo López desde el histórico hotel céntrico de la capital provincial.

De esa manera, remarcó que las obras hidroeléctricas “traen beneficios”, aunque aclaró que “el tema es que sean oportunos y ajustados a lo que la gente necesita”.

Esta iniciativa cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental y Social elaborado específicamente para el emplazamiento Pindo-í, desarrollado por un consorcio internacional integrado por Harza Engineering (Estados Unidos), IATASA (Argentina) y TECMA (Paraguay), con participación de instituciones académicas regionales, entre ellas la Universidad Nacional de Misiones y la Universidad Nacional de Itapúa.

En Jardín América

 Para el jueves 2 de julio a las 20, la charla informativa lleva el nombre: “Alternativas a la problemática energética para el desarrollo de la región”, y tendrá lugar en el salón de la cooperativa servicios públicos, ubicado por calle Brasil 675.

Allí, la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Jardín América  y Zona de influencia, Parque Tecnológico Zona Centro Río Paraná y la municipalidad, invitan a participar de este espacio de análisis, intercambio y reflexión sobre los desafíos energéticos actuales y las oportunidades de desarrollo para nuestra región.

La actividad reunirá a representantes del sector público, privado, instituciones, profesionales y actores vinculados al desarrollo productivo y energético, con el objetivo de abordar distintas perspectivas relacionadas al futuro energético regional y su impacto en el crecimiento económico, social e industrial.

La participación es gratuita, con inscripción previa al siguiente link: https://forms.gle/PM3k7vBKx1nQ3U7q9

 

Sobre los estudios ambientales del Proyecto Multipropósito Corpus Christi

 

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Parques Nacionales: alertan por retiro voluntario y posible vaciamiento

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El gobierno nacional, mediante la Resolución 191/2026 publicada en el Boletín Oficial, puso en marcha un régimen de retiro voluntario exclusivo para el personal de planta permanente de la Administración de Parques Nacionales (APN).

El programa se enmarca en las políticas oficiales orientadas a la reorganización y reducción de la estructura estatal y alcanza a los trabajadores comprendidos en el artículo 8° de la Ley 25.164 del Régimen de Empleo Público Nacional.

A partir de la resolución, sectores sindicales que nuclean a los trabajadores se hicieron eco de lo dispuesto y salieron al cruce del régimen. En este sentido, Natalia Duarte, secretaria adjunta de la seccional Iguazú del gremio ATE, del área de conservación y educación ambiental, en comunicación con La Voz de Misiones, expresó su preocupación.

La iniciativa, publicada el pasado 23 de junio, no está dirigida exclusivamente al cuerpo de guardaparques, sino a todo el personal de planta permanente de Parques Nacionales.

“A lo largo y ancho del país contamos con importantes parques nacionales y lo que se plantea es una reducción cercana al 20% de la planta, supuestamente para optimizar, pero nosotros no lo vemos así. Es una forma de despido”, sostuvo Duarte.

En Misiones, las dos áreas  afectadas son, el Parque Nacional Iguazú y el Parque Federal Campo San Juan. Allí trabajan 21 agentes de planta permanente, 22 contratados, además de 33 guardaparques y aproximadamente 10 brigadistas.

Según explica la dirigente sindical, el proceso de vaciamiento de la APN no comenzó ahora, sino que se viene profundizando desde el 2024.

“Con este gobierno hemos perdido a más de 120 compañeros y compañeras a nivel nacional. Algunos se fueron incorporando nuevamente, pero con estos llamados ‘retiros voluntarios’ se encubre otra forma de despido”, afirmó.

Para la secretaria adjunta, la iniciativa representa un “vaciamiento del organismo” que afecta la soberanía, la protección de los bienes comunes y la conservación del ambiente y el patrimonio natural y cultural.

“No podemos permitir estos vaciamientos en la administración pública. Cada trabajador cumple un rol muy importante. Si bien este retiro no alcanza al cuerpo de guardaparques, dentro de la planta permanente también hay científicos, técnicos y administrativos que son fundamentales para la protección de los parques nacionales”, señaló.

Duarte también cuestionó el objetivo de la medida: “Van a decir que la administración pública no es eficiente o que es deficiente, pero para abrir una ruta o realizar una obra se hacen estudios de impacto ambiental. Ahí entra nuestra labor. Con este vaciamiento, claramente vamos a perder capacidad técnica”.

El proceso administrativo prevé la intervención de áreas centrales del Estado, como la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público y la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía, que deberán intervenir en las actas de desvinculación.

La Administración de Parques Nacionales, organismo encargado de la conservación de las áreas protegidas del país bajo la Ley 22.351, podría verse afectada en su capacidad operativa ante una eventual reducción de su planta de trabajadores.

“Nos preocupa qué va a pasar si no se alcanza ese 20% de adhesión. ¿Quiénes van a completar ese porcentaje? ¿Los contratados o el resto del personal?”, planteó.

En el Parque Nacional Iguazú, uno de los sectores más sensibles es el área de conservación, donde —según señaló— ya se registran dificultades en la evaluación de estudios de impacto ambiental.

“La quita de funciones es otra de las preocupaciones. Es importante que cada departamento cumpla su rol. Si eso se debilita, el funcionamiento general del organismo se ve afectado”, advirtió.

Finalmente, la dirigente consideró que el plan implica una pérdida significativa de recursos humanos con experiencia: “Son trabajadores con años en la administración pública, en edad activa y con una trayectoria valiosa. Es una pérdida irreparable para el Estado”.

El programa quedó a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos de la APN, que deberá gestionar las adhesiones, confeccionar la documentación correspondiente y coordinar los circuitos internos de desvinculación.

“El problema es que con este gobierno vamos a seguir perdiendo trabajadores y el vaciamiento va a continuar profundizándose”, concluyó Duarte.

Reestructuración y 40 retiros voluntarios en Inta: “Es un despido encubierto”

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Asistieron con abrigos y alimentos a doce comunidades mbya de San Ignacio

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Con temperaturas de un dígito, este martes la Dirección de Asuntos Guaraníes de Misiones encabezó el primer operativo Yro’y -o de invierno- en comunidades mbya de la localidad de San Ignacio y planifica nuevas reuniones con intendentes para trasladar el beneficio a otros puntos de la provincia.

La actividad consistió en la entrega de abrigos, calzados, frazadas y porciones de comida caliente, lo que alcanzó a doce aldeas y alrededor de 150 personas, durante una jornada que contó con el acompañamiento de funcionarios municipales y efectivos de la Policía de Misiones. 

El trabajo en conjunto, la prevención y la asistencia en épocas de frío extremo son fundamentales”, reconocieron desde el organismo que funciona como nexo entre comunidades originarias y el gobierno provincial, a través del Ministerio de Derechos Humanos.

“Con la llegada del invierno y las temperaturas extremas, reafirmamos nuestro compromiso de prevenir y proteger a quienes más lo necesitan. Nos unimos en un operativo territorial para cuidar a nuestras comunidades mbya guaraníes ante el inicio del frío”, añadieron.

Respecto al despliegue de la asistencia ante el frío, el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez detalló: “Primero hicimos un punto central con los caciques para explicarles el trabajo a realizar y después, junto a ellos, fuimos comunidad por comunidad, donde desplegamos la logística y asistimos a las familias en cada aldea”.

De esa manera, visitaron las aldeas Chapa’i, Ychongy Poty, Andresito, Tacuaral, Tava Mirĩ, Yvy Poty, Tapé Põrã, Mbokajaty II, Kokuere’i I, ⁠Kokuere’i II, katupyry, ⁠Mbokajaity I y Pindoty.

Por estas horas, los organismos implicados se encuentran planificando, junto a otros intendentes, las fechas para arribar con el beneficio a otros puntos de la geografía provincial que alberga a más de 130 comunidades actualmente.

Entrega de comunida caliente en 12 comunidades mbya de San Ignacio

 

 

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