Provinciales
Plantean nota de queja tras concurso de residencias médicas en Posadas
Una psicóloga posadeña presentó ante el ministerio de Salud de la provincia una extensa nota de reclamo, aduciendo irregularidades en el proceso de evaluación de postulantes para residencias médicas y solicitando una nueva entrevista final con el comité, señalando además que la designación de una de las profesionales podría incurrir en un conflicto de intereses.
La presentación fue realizada el 26 de agosto, cumpliendo los plazos previstos por la ley provincial XVII-75/2010 del sistema de residencias médicas, aunque ya obtuvo respuesta negativa por las autoridades intervinientes.
La nota, a la cual tuvo acceso La Voz de Misiones, fue realizada por una psicóloga con tres años de experiencia en casos clínicos de salud mental y trabajos de investigación realizados en la materia.
En dicho documento, la joven pidió una nueva entrevista con el comité evaluador, al considerar que la nota recibida en ese ítem particular influyó en una considerable baja de su nota final, lo que le impidió quedar en los mejores puestos del orden de mérito, situación diametralmente opuesta a otra postulante.
En su escrito, la psicóloga planteó que ella obtuvo la calificación más alta (8,16) en la prueba de conocimientos, el examen más valioso del concurso, en tanto que en la entrevista con el comité evaluador obtuvo la más baja (0,5), mientras que su inmediata competidora experimentó un escenario opuesto: obtuvo 5,5 puntos en la prueba de conocimientos y 3 en la entrevista.
Con esas calificaciones, además de las notas obtenidas en los otros ítems contemplados para la evaluación integral, la apelante acabó el concurso con un promedio que, por una diferencia de milésimas, la ubicó en el tercer puesto, lo que le impidió acceder a las dos vacantes de residencias en juego.
“La postulante (se preserva identidad) apenas demostró conocer apenas el 55% de los contenidos del examen de conocimiento. No llegó siquiera a cumplir los estándares más básicos de cualquier institución educativa (nota 6). Entonces, cabe preguntarse como es posible la obtención del puntaje más alto en la entrevista si ha quedado demostrado no poseer los conocimientos para el cargo y a la inversa, cómo se explica que yo, habiendo demostrado el conocimiento de más del 80% de los contenidos, haya sido ponderada con solamente 0,5 puntos en la entrevista”, postuló la psicóloga.
“Lo que sucedió no se comprende, pero parece evidente que se manipularon las calificaciones para subir el promedio de una y bajar el de otra, porque de otra forma los números no le alcanzaban a la postulante finalmente elegida”, especuló una fuente consultada.
Más reclamos
Como otro agravio, la profesional expuso que la postulante electa además se trata de una psicóloga recibida en diciembre de 2023 y sin experiencia laboral de ningún tipo hasta el momento.
“De nuevo me pregunto, qué fue lo que el Comité valoró para ponderar a una persona sin conocimientos demostrados en la prueba de oposición y sin la experiencia de quien ha transitado el duro y complejo mundo clínico y laboral para calificarla con la nota más alta posible para ese ítem”, interpeló.
Pero eso no fue todo, la apelante también planteó la posible existencia de un conflicto de intereses en el caso, dado que advirtió que la joven designada además es pareja de un funcionario de alto rango dentro del sistema de salud pública.
“Es de público conocimiento que la postulante (…) tiene una relación de pareja con el Director Provincial de Salud Mental, lo que de ninguna manera puede ni debe ser pasado por alto, más aún, contextualizando dicha relación de pareja en conjunto con todos los ítems expuestos en el presente escrito”, expuso.
Y añadió: “No es mi intención inmiscuirme sobre dicho asunto, pero resulta imposible no tener en cuenta dicha dimensión en este asunto siendo yo una persona que no cuenta con lazos de ningún tipo con ninguna de las personas encargas de las diferentes instancias evaluativas asegurando fehacientemente que todo lo logrado ha sido mérito propio por amor a la profesión que ejerzo y busco ejercer bajo los estándares de la más rigurosa ética”.
Como cierre, la psicóloga plantea: “Solamente pido que se asegure mi derecho a obtener una nueva entrevista ante un comité integrado completamente diferente, pero fundamentalmente imparcial, que el mismo pueda ser grabado y en compañía de un letrado que me represente y defienda y que sea desarrollado ante su presencia, el director de recursos humanos del ministerio, la directora de residencias médicas del Hospital Madariaga, la presidenta del Colegio de Psicólogos de la provincia, o quien usted considere pero que no haya integrado el comité anterior, ni mantenga relación alguna de amistad o enemistad ni de ninguna índole con los concursantes”.
Sin embargo, la nota ya tuvo respuesta negativa por parte de las autoridades pertinentes y la residencia en el hospital Ramón Carrillo ya comenzó con las actividades.
“El sueño de ella ya está terminado, pero la injusticia que atravesó no debería volver a repetirse. Sabemos también que el ministro no tiene nada que ver, esto lo hace gente de más abajo, pero estaría bueno que sea un llamado de atención o que sirva de alerta”, reflexionó un allegado a la profesional.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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Manifestación tras detención de Ángel Rivero
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