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Piden juicio oral para el intendente Neis y otros 46, por defraudación al Estado nacional

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Es por los fondos de un programa de tratamiento de residuos. Entre los acusados también figuran Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich. El juez hará una evaluación final.

BUENOS AIRES. (Diarios y agencias). El intendente del municipio misionero de Puerto Rico, Federico Neis, irá a juicio oral junto a otros 46 alcaldes y tres ex jefes de Gabinete del kirchnerismo por defraudar al Estado nacional en 600 millones de pesos.

El pedido fue realizado por el fiscal Carlos Rívolo contra los ex jefes de Gabinete, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, junto a ex secretarios de Ambiente y casi medio centenar de intendentes.

Se trata de la causa que investiga una malversación de las arcas del Tesoro entre 2013 y 2015 para que distintas municipalidades de todo el país llevaran adelante tratamientos de residuos.

Además, el fiscal sostuvo que hay que profundizar la investigación sobre el rol del Tribunal de Cuentas de la provincia de Chaco en la aprobación de las rendiciones de cuentas de algunos municipios y que podrían ser delitos.

“No podemos dejar de resaltar que la República Argentina se ha obligado a perseguir y sancionar actos de corrupción como el que es objeto de estos actuados”, sostuvo Rívolo en el dictamen.

Ahora, las defensas harán su lectura de las pruebas de cara al pedido fiscal. Y el juez evaluará si, con las pruebas que hay, el caso se manda a juicio oral.

El caso

Durante la gestión de Cristina Kirchner se implementaron programas de tratamiento de basura, vía la Jefatura de Gabinete. Los principales beneficiados de esos programas fueron Chaco y Río Gallegos, pero la mayoría de las obras nunca se hicieron. 

Rívolo avanzó en esta investigación, que se abrió en 2016, en donde se puso bajo la lupa el destino de 604.529.670 pesos, afectados a los llamados Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).

Se cree que, en realidad, esos recursos se aprovecharon para “disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales”, según escribió la Cámara Federal en noviembre pasado.

En diciembre de 2017, Bonadio había firmado los procesamientos de Fernández y Capitanich, y le dictó la falta de mérito a Abal Medina. Pero Rivolo apeló y la Cámara le dio la razón. También quedaron procesados ex secretarios de Medio Ambiente como Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi; y Andrés Meiszner, ex jefe de asesores.

Hubo además casi un centenar de intendentes de todo el país procesados, aunque la Cámara Federal solo confirmó la mitad. Entre ellos están Francisco “Barba” Gutiérrez y Francisco “Paco” Durañona.

En su dictamen, al repasar las pruebas de la causa de cara al juicio oral, Rívolo aseguró que “la administración de los fondos del Estado se vieron perjudicados” cuando Sergio Gustavo Lorusso (f), Omar Vicente Judis y Juan José Mussi (ex Secretarios de Ambiente y Desarrollo Sustentable) firmaron los acuerdos con los municipios peticionantes “sin el debido contralor, basándose en meras argumentaciones generales e inespecíficas sobre lo actuado en los expedientes, a pesar de que presentaban serias deficiencias administrativas”.

Luego, Juan Manuel Abal Medina, Aníbal Domingo Fernández y Jorge Milton Capitanich (ex Jefes de Gabinete) que aprobaron, mediante resoluciones de JGM, los convenios y sus actas complementarias, habilitando las liquidaciones y pagos a través de transferencias con partidas de esas carteras.

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La provincia asumirá los costos de energía y agua en centros de discapacidad

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El gobernador Hugo Passalacqua dispuso que la provincia asuma los costos de energía eléctrica y agua potable en centros categorizados que atienden a personas con discapacidad, como medida que intenta dar respuesta a la interrupción de financiamiento nacional, por lo que también se comprometió a recuperar esos fondos a través de Nación.

De esta manera, mediante el Decreto Nº 657 fue creado el “Régimen de beneficios para Centros y Establecimientos Categorizados como Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad”, con vigencia desde mayo y hasta el 31 de diciembre de 2026.

Luego, fue comunicado por el propio mandatario provincial a través de su cuenta personal de X. “Como sabrán, la Nación retiró la ayuda a las personas con discapacidad. En función de eso hemos tomado la decisión de ayudarlos haciéndonos cargo desde la provincia del consumo de energía y agua de todos los centros de asistencia y ayuda registrados en la provincia”, afirmó Passalacqua.

Más allá de la mencionada medida, el gobernador se comprometió a recuperar los fondos antes percibidos. “Además de esta ayuda, por supuesto seguiremos insistiendo fuertemente ante Nación para que esos recursos vuelvan a este sector de la sociedad que tanto apreciamos, cuidamos, protegemos y queremos”. 

En declaraciones realizadas la semana pasada, el mandatario había anticipado la decisión al señalar que “Hace meses que el Ministerio de Salud de la Nación no les gira los fondos y se trata de espacios de alta sensibilidad”, y sostuvo: “Vamos a hacernos cargo del consumo de luz y agua de estos centros como una forma de aliviar la carga y hacer sostenible una situación muy compleja”.

Asimismo, advirtió que el desfinanciamiento acumulado representa “Una cifra importante, cercana a los 2.500 millones de pesos” y remarcó la necesidad de intervención estatal: “No podemos hacernos los distraídos. Hay que hacer un esfuerzo, sacar recursos de otros lugares y ponerlos donde más se necesitan”.

Alcances del decreto

La normativa establece que el beneficio consiste en un subsidio destinado a cubrir consumos mensuales de hasta 1000 kW de energía eléctrica y 9 m³ de agua potable por institución, mediante transferencias directas a las prestatarias, entre ellas Electricidad de Misiones S.A. (Emsa), Servicios de Aguas de Misiones S.A. (Samsa) y cooperativas de la provincia.

El decreto precisa que podrán acceder al régimen los centros que cuenten con categorización vigente otorgada por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, y que acrediten que al menos el 60% de sus pacientes sean afiliados al Instituto de Previsión Social de Misiones (IPSM) o beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud.

Además, se establece que deberá existir coincidencia entre el domicilio de prestación del servicio y el registrado en la habilitación correspondiente, y se dispone la suspensión automática del beneficio ante irregularidades o vencimiento de las condiciones exigidas.

La implementación quedará a cargo del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, en articulación con el Ministerio de Salud Pública, que actúa como autoridad de categorización.

En los considerandos del decreto se advierte que la falta de pago y la acumulación de deudas por parte del Estado nacional generan “una grave afectación en el flujo de fondos” y una “emergencia prestacional inminente”, poniendo en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales.

En ese marco, el gobierno de Misiones sostiene que resulta “imperativo intervenir para garantizar la continuidad de estos servicios esenciales”, en línea con lo establecido por la Ley Nacional Nº 24.901, que garantiza la cobertura integral para personas con discapacidad. 

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Misiones habilitó planta tealera de Las Marías en Dos de Mayo

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El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones otorgó la Viabilidad Ambiental Definitiva a la planta industrial de la firma Yerbatera del Nordeste S.A., ubicada en Dos de Mayo, mediante una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La empresa desarrolla actividades vinculadas al procesamiento de té, incluyendo selección, secado, molienda, clasificación y envasado, con destino principalmente al mercado externo desde el 2002, explican empresarios tealeros de la zona.

El documento, firmado por el ministro Martín Recamán, aprueba la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto denominado “Planta Industrial de Yerbatera del Nordeste”, con una superficie total de 61.000 metros cuadrados, de los cuales 14.550 están cubiertos.

Regularización de una planta en funcionamiento

De acuerdo al productor tealero y exintendente de Dos de Mayo, José Luis Garay, la planta no es una nueva inversión por lo que se presume, la medida respondería a una regularización ambiental.

“Lo más probable es que estén poniendo en regla la situación. Esa planta ya funciona hace más de 20 años y coincide con las dimensiones que figuran en la resolución”, aclaró en comunicación con La Voz de Misiones

Garay remarcó que, al momento de su instalación, el contexto era muy distinto: “En 2002 estábamos en plena crisis y cualquier inversión industrial era bienvenida. No existían las exigencias ambientales que rigen hoy o no se aplicaban con el mismo rigor”.

En ese sentido, señaló que la Evaluación de Impacto Ambiental “debería haberse realizado antes de la puesta en funcionamiento”, aunque reconoció que muchas industrias de esa época quedaron desactualizadas en materia normativa.

La planta, emplazada en un predio en la zona Centro de la provincia, cuenta con un secadero de té de gran escala y una dotación de trabajadores que, según estimaciones, estarían alrededor de los 60 operarios.

Además, Garay aclaró que la resolución del Ministerio de Ecología se refiere específicamente a una planta industrial de té: “No habla de yerba mate. Esa actividad, ya tienen. A lo sumo puede tratarse de alguna ampliación o mejora dentro del mismo predio”.

También dejó abierta la posibilidad de reordenamientos productivos: “Podrían estar pensando en trasladar alguna otra instalación o reorganizar lo que ya tienen, pero no hay indicios de una planta nueva”.

El rol de Las Marías y críticas del sector

Yerbatera del Nordeste S.A. forma parte del Grupo Las Marías, con sede en Gobernador Virasoro (Corrientes), uno de los principales actores del sector yerbatero argentino. Entre los firmantes en la resolución de impacto ambiental figura como presidente Roberto Navajas, bisnieto del fundador Víctor Navajas Centeno.

Sin embargo, Garay también expresó una mirada crítica sobre el comportamiento de la empresa: “Las Marías saca de la provincia de Misiones lo más barato que pueden y después hacen sus negocios”.

En la misma línea, agregó: “Son empresas que buscan maximizar su rentabilidad. No tienen una visión integral del desarrollo productivo local”.

Un escenario crítico para el té

Garay advirtió, además, sobre la delicada situación que atraviesa el sector tealero. “Estamos muy complicados, sobre todo por el mercado internacional”, sostuvo.

El principal destino de exportación es Estados Unidos, que concentra la mayor parte de las compras, pero actualmente presenta una fuerte retracción. A esto se suma la competencia de países como Kenia, con costos significativamente más bajos.

Llegamos a vender a 1,45 o 1,50 dólares el kilo y hoy estamos en torno a 1 dólar o menos”, detalló.

La caída de precios y la falta de demanda provocaron que varias industrias finalizaran la zafra de manera anticipada. “Muchas directamente dejaron de producir porque no hay ventas aseguradas”, explicó.

Además, subrayó que el consumo interno de té, en Argentina, es mínimo, lo que profundiza la dependencia del mercado externo de la infusión, una de las principales economías regionales de la provincia.

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Misiones: contención ante los recortes de Nación a subsidios a energía

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El Gobierno de Misiones puso en marcha un esquema de contención para amortiguar el impacto en las facturas de energía eléctrica, tras la implementación del nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados dispuesto por Nación a partir de abril de 2026.

La medida provincial se da luego de la redefinición de los períodos de consumo establecida por el Gobierno nacional, que considera a marzo y abril como meses “templados”. En ese marco, el tope de consumo con subsidio se redujo de 550 kWh durante el verano a 150 kWh.

El esquema en Misiones establece que durante abril la diferencia entre los 550 kWh y los 150 kWh se abone de manera prorrateada. El excedente por encima de los 150 kWh se distribuirá en dos pagos en las próximas facturas, en lugar de trasladarse en su totalidad al mismo período. El objetivo es distribuir el impacto del nuevo esquema nacional en el tiempo. A partir de mayo, el subsidio nacional prevé un tope de hasta 300 kWh.

Según se informó, esta modificación impacta en las facturas de los usuarios, en especial en regiones del NEA, donde las temperaturas elevadas se extienden durante el inicio del otoño y sostienen niveles de consumo eléctrico.

Desde la Provincia indicaron que se realizaron gestiones ante autoridades nacionales para contemplar las condiciones climáticas regionales. Sin embargo, esos planteos no fueron incorporados en la normativa vigente.

Además indicaron que esta medida se enmarca en una transición del sistema, con el fin de sostener el acceso al servicio eléctrico ante la reconfiguración de los subsidios a nivel nacional.

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