Fiscal pidió dejar sin efecto el desalojo de comunidad mbya en Garuhapé
El pronunciamiento, difundido por el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), fue emitido por el fiscal Héctor Simón, quien sostuvo que la ejecución del desalojo carecía de sustento mientras la Cámara de Apelaciones no resolviera la apelación interpuesta contra la orden del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del magistrado Roberto Sena.
De acuerdo con el dictamen, la apelación presentada por la comunidad tenía efecto suspensivo, por lo que el procedimiento no debía llevarse adelante hasta que el tribunal de alzada se expidiera sobre la cuestión.
En su presentación, Simón calificó la medida como de “extrema gravedad institucional”, al tratarse del “desplazamiento inmediato de una Comunidad Indígena”, y sostuvo que una decisión de esa naturaleza exige un análisis especialmente riguroso de los derechos involucrados.
Para la fiscalía, el caso “evidencia la existencia de un conflicto jurídico de mayor complejidad que el de una mera controversia posesoria”, por lo que antes de ejecutar el desalojo debían analizarse integralmente los derechos territoriales indígenas protegidos por la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.
El conflicto
La disputa se originó a partir de un reclamo del empresario forestal Alfredo Ruff, quien solicitó la restitución de los lotes 71 y 78 de la fracción Cañafístola mediante una medida cautelar por presunta usurpación.
La comunidad, por su parte, sostiene que esas tierras forman parte de su territorio ancestral y recuerda que fueron relevadas en el marco de la Ley Nacional 26.160, además de invocar las garantías previstas en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La defensa también cuestionó que una medida cautelar haya derivado, en los hechos, en un desalojo antes de que exista una sentencia definitiva sobre el conflicto territorial.
Pedido de informes
La novedad judicial se conoce un día después de que el Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes informaran que solicitaron explicaciones a la Justicia por el operativo, al señalar que ninguno de los organismos fue notificado previamente sobre su ejecución.