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Nunca Más: la dictadura cívico-militar hizo desaparecer a 60 misioneros

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Con el “Nunca Más” como bandera, el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia conmemora hoy el 45º aniversario del golpe de Estado cívico-militar que irrumpió la vida democrática de la Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

A día de hoy, la Justicia ya lleva más de 1.000 condenas a represores por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, que se saldó con la desaparición de 30.000 personas.

Los números se desprenden de un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que consignó que, hasta fines del 2020, habían sido imputadas 3.448 personas y se habían dictado 250 sentencias, en las que resultaron condenadas 1.013 personas (276 de ellas con al menos un fallo firme) y absueltas 164.

Del total de investigados, 904 fallecieron en los años de procesos, de los que 692 lo hicieron antes de obtener sentencia y 212 tras ser condenados o absueltos. A la vez, 25 personas acusadas de crímenes de lesa humanidad están prófugas y su captura tiene precio: el Estado ofrece el pago de recompensas de entre 500.00 y 1 millón de pesos.

El camino hacia la verdad y la justicia se abrió a partir del Juicio a las Juntas militares en 1985, que condenó a la plana mayor de la dictadura, conformada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti.

También se abrieron causas contra cientos de mandos inferiores, pero este proceso se interrumpió con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que impulsó el ex presidente Raúl Alfonsín entre 1985 y 1986 y que impidieron el juzgamiento o ejecución de las condenas contra represores.

El pacto de impunidad se perfeccionó con la llegada a la presidencia de Carlos Menem, quien firmó indultos a favor de los militares del régimen que cometieron crímenes de lesa humanidad. Recién en 2005, durante el mandato de Néstor Kirchner, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las “leyes de impunidad” del alfonsinismo y los juicios se reanudaron.

Hasta el momento, fueron condenados 1.013, y en los últimos años creció el número de pedidos de prisión domiciliaria, la mayoría por la avanzada edad de los acusados, algo a lo que se sumó en 2020 el argumento de la posibilidad de contraer coronavirus en la cárcel.

Nunca Más: la represión en Misiones

El aparato represivo de la dictadura se apoderó del país a partir del 24 de marzo de 1976 y la provincia de Misiones no fue la excepción.

Ese año, fue depuesto el gobernador democrático y constitucional Miguel Ángel Alterach y fue nombrado en su reemplazo el coronel Juan Antonio Beltrametti -el primer interventor de la dictadura en la tierra colorada-, quien el 23 de abril fue reemplazado por el capitán de navío René Buteler, a quien le cabría la mayor responsabilidad de la represión ilegal en Misiones.

Según cuenta el sitio Misiones tiene Historia, basado en datos de los juicios realizados en la provincia, tras el golpe de Estado, Misiones fue integrada en la zona militar 2, que abarcaba también a Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa, cuyo responsable directo era el comandante del Cuerpo de Ejército II, con asiento en Rosario.

A su vez, la zona se subdividía en la subzona 23 (provincias de Misiones, Chaco, Formosa y departamentos de Capital, San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina, en la provincia de Corrientes), a cargo del comandante de la Brigada de Infantería VII de Corrientes. Finalmente, la provincia de Misiones se unificó como área 232 bajo el comando del jefe del Regimiento de Infantería de Monte 30 de Apóstoles.

La represión en Misiones se concentró en el movimiento agrario y en sus aliados políticos, en especial la Juventud Peronista y la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). El 50 por ciento de la primera comisión directiva del Movimiento Agrario de Misiones (MAM) fue víctima de la dictadura y el candidato a vicegobernador del Partido Auténtico y el primer candidato a diputado, Juan Figueredo, fueron asesinados durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.

En Misiones, se registran a la fecha 60 casos de detenidos-desaparecidos, además de cuatro misioneros asesinados en la masacre de Margarita Belén, en Chaco. La mayoría de los secuestros se produjo entre marzo y octubre de 1976, con un total de 600 presos políticos, algunos de los cuales permanecieron en esa condición hasta el retorno de la democracia.

El principal centro clandestino de detención que funcionó en la provincia fue la Jefatura de Policía, ubicada en pleno centro de Posadas. Allí se realizaba la primera detención de las víctimas y se les aplicaban los primeros tormentos.

Luego, eran trasladados a centros de tortura, como la Casita del Mártires -en inmediaciones de la avenida Chacabuco y el arroyo homónimo del oeste posadeño- o a la Casita del Rowing, donde los detenidos eran sometidos a sesiones de tortura.

Otro centro clandestino de importancia fue el Regimiento de Infantería 30 de Apóstoles, desde donde se organizó el Operativo Toba, en octubre de 1976, con el fin de capturar a los miembros del MAM y las Ligas Agrarias que aún no habían sido aprehendidos.

Muchos de los detenidos, luego de ser blanqueados, fueron alojados en la cárcel de Candelaria o en la Unidad Federal N° 7 de Resistencia.

La premisa del Nunca Más y la consecuente reanudación de los procesos judiciales, llevó a que Misiones cuente con nueve condenas por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante los años de plomo: Juan Antonio Beltrametti y Carlos Caggiano Tedesco, ex miembros del Ejército, recibieron la pena de prisión perpetua. Caggiano Tedesco además fue condenado por el Plan Cóndor.

José Maria Cuenca, del Servicio Penitenciario Federal (SPF) fue condenado a 20 años; Felipe Nicolás Giménez, de la Policía provincial, a 21 años y 6 meses; Rubén Alberto Gómez, del SPF, a 23 años; Carlos Omar Herrero, de Ejército, a 20 años; y Carlos Alberto Pombo, ex miembro de la Policía, fue sentenciado a siete años de cárcel.

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Docentes cortan ruta 12 en reclamo de mejoras salariales en Montecarlo

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Un grupo de al menos 50 docentes pertenecientes al Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) cortan la ruta nacional 12 en Montecarlo en reclamo de mejoras salariales.

La medida de fuerza comenzó a las 9.05 y se extenderá por tiempo indeterminado, según manifestaron los organizadores de la medida de fuerza.

En el lugar trabaja el personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), con apoyo de la Policía de Misiones, quienes coordinan desvíos de tránsito por calles alternativas, entre ellas la calle Frida Krausemann en el barrio Palomar y otra por Línea Chica.

La fuerza provincial recomienza a los automovilistas a circular con precaución y utilizar los desvíos mientras dure la protesta docente.

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Mbyas piden la regularización de tierras y servicios con acampe en la plaza 9 de Julio

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Pese a las condiciones climáticas adversas que arrojaron descargas eléctricas y lluvias intermitentes desde tempranas horas de la mañana de hoy, referentes de distintas comunidades mbya radicadas a lo largo y ancho de la provincia se concentraron en la plaza 9 de Julio de Posadas, junto a una carpa blanca, donde permanecerán “por tiempo indeterminado” en reclamo de tierras, electricidad, agua, entre otros derechos básicos.

Si bien la convocatoria apunta a reunir caciques de al menos 57 comunidades, en diálogo con La Voz de Misiones el mburuvichá de la comunidad Tuna’i  de Puerto Leoni, Ricardo Benítez, detalló que debido a las lluvias “varios caciques decidieron postergar su viaje para mañana” y anticipó que permanecerán en el acampe: “Nos vamos a quedar acá, aguardando la llegada de más hermanos mbya, hasta que el gobierno se comprometa y se siente a negociar con nosotros”.

En cuanto a los reclamos, puntualizó: “Las situaciones son muy diferentes. Hay muchas comunidades que tienen problemas con sus territorios; no tienen título, presentan dificultades con los supuestos dueños y frente a esto no tenemos presencia del Estado para regularizar, acompañar y buscar la forma de solucionar a favor de la comunidad”.

En ese sentido, insistió: “Vamos a pedir una audiencia urgente con el gobernador Hugo Passalacqua y el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez. Hasta que no escuchen nuestros reclamos estaremos acá, no importa que sean meses o un año, nosotros vinimos preparados para eso, queremos que asuman sus responsabilidades con las comunidades mbya guaraníes”.

Por otra parte, exigen la mejora de caminos, viviendas, como también el acceso a energía y agua en condiciones salubres.

Sin embargo, a la falta de regularización de las tierras en las que habitan, se suman otros inconvenientes, en algunos casos la imposibilidad de bajar líneas eléctricas, como también la instalación de pozos perforados para lograr un acceso al agua limpia, directo en sus viviendas, entre otros bienes y servicios que requieren la titularización del espacio.

Mientras tanto, de las 130 comunidades mbya presentes en la provincia, al menos 57 se movilizarán a la plaza 9 de Julio y mañana martes esperan contar con la presencia de al menos 500 referentes, quienes coinciden en que “las gestiones estatales vienen siendo postergadas” y “los reclamos siguen siendo los mismos”, por lo que esta vez realizarán un acampe por tiempo indeterminado.

La última vez que referentes de varias comunidades arribaron a la plaza central de la capital provincial fue a finales de octubre del año pasado, cuando integrantes de la tekoa Mbokajaty reclamaron la titularización de la tierra que habitan con un “mandiocazo”, en alusión a la venta de productos cultivados y elaborados artesanalmente por ellos.

Mbokajaty pidió la titulación de su tierra con un mandiocazo en la 9 de Julio

 

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Eldorado: brindan contención y empleo a personas en recuperación de adicciones

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La Fundación Centro de Atención y Prevención de Adicciones (Capa) realiza la tarea de acompañar y recuperar a personas de todas las edades que atraviesan consumos problemáticos y diversas adicciones en la Capital del Trabajo.

Todo comenzó con un pequeño taller de carpintería, que se transformó en el corazón del proyecto y en una herramienta económica para sostener la estructura de la fundación.

Actualmente, esa carpintería está totalmente equipada y brinda trabajo a 14 personas. Pero la iniciativa continuó y cuentan también con una panadería equipada, y cuya tarea la realizan 9 personas; un lavadero de autos con otros tantos trabajadores, y una huerta comunitaria, que además de producir alimentos, funciona como espacio de aprendizaje y contención.

En ese lugar estuvo el dirigente Martín Sereno (Tierra, Techo y Trabajo), que con su espacio social y político, viene articulando desde hace varios años con la institución.

Rubén Darío Gayoso junto a Martín Sereno

“El trabajo tan noble como imprescindible que llevan adelante Rubén Darío Gayoso, su esposa y todo el equipo es incansable y de tiempo completo, enfocando el tratamiento de las adicciones con una búsqueda en la reinserción social de los jóvenes de la zona Norte. Realizan charlas preventivas en escuelas y barrios, talleres de oficios y la contención cotidiana abre caminos de esperanza y nuevas oportunidades. La enseñanza, el trabajo y el diálogo se convierten en herramientas fundamentales para que cada persona pueda reinsertarse en la sociedad con otra mirada sobre la vida”, sostuvo Sereno.

Y agregó que seguirán acompañando este esfuerzo comunitario con materiales, semillas, insumos y herramientas, “aportando todo lo posible para fortalecer este voluntariado, y esta militancia social que dignifica y transforma vidas”.

Rehabilitación y oportunidades de reinserción laboral

El lugar donde se desarrollan gran parte de estas actividades es un edificio histórico: una de las viviendas más antiguas de Eldorado y alquilada por la Fundación, donde conviven 35 personas en tratamiento con internación permanente.

También ahí están ubicadas las habitaciones de los jóvenes, y funciona el espacio de reciclaje, talleres de panadería, carpintería, lavadero de autos, huertas comunitarias y oficios.

Por ejemplo, el responsable de la casa y la huerta es un joven que atravesó por el proceso de recuperación en la institución y hoy, en el ejercicio de su voluntariado, acompaña a otros.

El servicio que brinda la Fundación Capa se enfoca en Eldorado, Puerto Iguazú, San Vicente, Montecarlo, y Esperanza, entre otras localidades. “Esta cercanía  facilita el contacto de los internos con sus familias, algo clave para su rehabilitación”, destacó Gayoso, quien sufrió un largo proceso de adicciones mientras vivió en Buenos Aires, y logró salir adelante.

Cuando llegó a Misiones, junto con su esposa recorrió los barrios, y con la ayuda de la iglesia cristiana organizó la patriada de trabajar en la recuperación de jóvenes y adultos, que en estos tiempos de tantas carencias cobra cada vez más sentido.

Panadería en las instalaciones de Capa

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