Provinciales
Nunca Más: la dictadura cívico-militar hizo desaparecer a 60 misioneros
Con el “Nunca Más” como bandera, el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia conmemora hoy el 45º aniversario del golpe de Estado cívico-militar que irrumpió la vida democrática de la Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
A día de hoy, la Justicia ya lleva más de 1.000 condenas a represores por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, que se saldó con la desaparición de 30.000 personas.
Los números se desprenden de un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que consignó que, hasta fines del 2020, habían sido imputadas 3.448 personas y se habían dictado 250 sentencias, en las que resultaron condenadas 1.013 personas (276 de ellas con al menos un fallo firme) y absueltas 164.
Del total de investigados, 904 fallecieron en los años de procesos, de los que 692 lo hicieron antes de obtener sentencia y 212 tras ser condenados o absueltos. A la vez, 25 personas acusadas de crímenes de lesa humanidad están prófugas y su captura tiene precio: el Estado ofrece el pago de recompensas de entre 500.00 y 1 millón de pesos.
El camino hacia la verdad y la justicia se abrió a partir del Juicio a las Juntas militares en 1985, que condenó a la plana mayor de la dictadura, conformada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti.
También se abrieron causas contra cientos de mandos inferiores, pero este proceso se interrumpió con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que impulsó el ex presidente Raúl Alfonsín entre 1985 y 1986 y que impidieron el juzgamiento o ejecución de las condenas contra represores.
El pacto de impunidad se perfeccionó con la llegada a la presidencia de Carlos Menem, quien firmó indultos a favor de los militares del régimen que cometieron crímenes de lesa humanidad. Recién en 2005, durante el mandato de Néstor Kirchner, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las “leyes de impunidad” del alfonsinismo y los juicios se reanudaron.
Hasta el momento, fueron condenados 1.013, y en los últimos años creció el número de pedidos de prisión domiciliaria, la mayoría por la avanzada edad de los acusados, algo a lo que se sumó en 2020 el argumento de la posibilidad de contraer coronavirus en la cárcel.
Nunca Más: la represión en Misiones
El aparato represivo de la dictadura se apoderó del país a partir del 24 de marzo de 1976 y la provincia de Misiones no fue la excepción.
Ese año, fue depuesto el gobernador democrático y constitucional Miguel Ángel Alterach y fue nombrado en su reemplazo el coronel Juan Antonio Beltrametti -el primer interventor de la dictadura en la tierra colorada-, quien el 23 de abril fue reemplazado por el capitán de navío René Buteler, a quien le cabría la mayor responsabilidad de la represión ilegal en Misiones.
Según cuenta el sitio Misiones tiene Historia, basado en datos de los juicios realizados en la provincia, tras el golpe de Estado, Misiones fue integrada en la zona militar 2, que abarcaba también a Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa, cuyo responsable directo era el comandante del Cuerpo de Ejército II, con asiento en Rosario.
A su vez, la zona se subdividía en la subzona 23 (provincias de Misiones, Chaco, Formosa y departamentos de Capital, San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina, en la provincia de Corrientes), a cargo del comandante de la Brigada de Infantería VII de Corrientes. Finalmente, la provincia de Misiones se unificó como área 232 bajo el comando del jefe del Regimiento de Infantería de Monte 30 de Apóstoles.
La represión en Misiones se concentró en el movimiento agrario y en sus aliados políticos, en especial la Juventud Peronista y la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). El 50 por ciento de la primera comisión directiva del Movimiento Agrario de Misiones (MAM) fue víctima de la dictadura y el candidato a vicegobernador del Partido Auténtico y el primer candidato a diputado, Juan Figueredo, fueron asesinados durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.
En Misiones, se registran a la fecha 60 casos de detenidos-desaparecidos, además de cuatro misioneros asesinados en la masacre de Margarita Belén, en Chaco. La mayoría de los secuestros se produjo entre marzo y octubre de 1976, con un total de 600 presos políticos, algunos de los cuales permanecieron en esa condición hasta el retorno de la democracia.
El principal centro clandestino de detención que funcionó en la provincia fue la Jefatura de Policía, ubicada en pleno centro de Posadas. Allí se realizaba la primera detención de las víctimas y se les aplicaban los primeros tormentos.
Luego, eran trasladados a centros de tortura, como la Casita del Mártires -en inmediaciones de la avenida Chacabuco y el arroyo homónimo del oeste posadeño- o a la Casita del Rowing, donde los detenidos eran sometidos a sesiones de tortura.
Otro centro clandestino de importancia fue el Regimiento de Infantería 30 de Apóstoles, desde donde se organizó el Operativo Toba, en octubre de 1976, con el fin de capturar a los miembros del MAM y las Ligas Agrarias que aún no habían sido aprehendidos.
Muchos de los detenidos, luego de ser blanqueados, fueron alojados en la cárcel de Candelaria o en la Unidad Federal N° 7 de Resistencia.
La premisa del Nunca Más y la consecuente reanudación de los procesos judiciales, llevó a que Misiones cuente con nueve condenas por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante los años de plomo: Juan Antonio Beltrametti y Carlos Caggiano Tedesco, ex miembros del Ejército, recibieron la pena de prisión perpetua. Caggiano Tedesco además fue condenado por el Plan Cóndor.
José Maria Cuenca, del Servicio Penitenciario Federal (SPF) fue condenado a 20 años; Felipe Nicolás Giménez, de la Policía provincial, a 21 años y 6 meses; Rubén Alberto Gómez, del SPF, a 23 años; Carlos Omar Herrero, de Ejército, a 20 años; y Carlos Alberto Pombo, ex miembro de la Policía, fue sentenciado a siete años de cárcel.
El intendente de Eldorado, Rodrigo “Pipo” Durán, resolvió declarar “no conveniente” y rechazar las ofertas presentadas por las empresas Kenia S.A. y ETCE para asumir la concesión del servicio público de transporte de pasajeros en la ciudad.
Tras realizar el análisis integral del procedimiento administrativo correspondiente a la Licitación Pública Nacional N.º 02/2025, el Ejecutivo firmó la resolución y argumentó que la evaluación técnica, económica y administrativa determinó que las propuestas no resultaban convenientes para los intereses del Municipio.
Asimismo, en el documento se afirmó que la decisión tiene como objetivo resguardar el interés público, la calidad del servicio y el adecuado uso de los recursos municipales.
En tanto, la intendencia ordenó la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo previsto en el pliego de condiciones generales que rigió la licitación.
La apertura de sobres se realizó el último lunes en el SUM del edificio municipal. En la instancia solo se presentaron las empresas Kenia S.A. y ETCE, actual prestataria del servicio, cuyo contrato de prórroga excepcional por dos meses vence el próximo 15 de enero.
Con la decisión del Ejecutivo municipal, quedó sin efecto el segundo llamado a licitación para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, luego de que la primera convocatoria fuera declarada desierta en octubre pasado por falta de oferentes.
Cae licitación y la Muni de Eldorado podrá contratar colectivos
El Centro de Conservación de Fauna Silvestre Ohana informó el miércoles a la tarde el apartamiento “preventivo” de un biólogo que cumplía funciones como “asesor técnico” en la institución y que ese mismo día fue señalado públicamente a través de redes sociales por hechos de presunto maltrato animal y acoso tanto a estudiantes como a integrantes de Mymba, organización científica fundada y liderada por el profesional apuntado.
“Informamos a la opinión pública y a nuestra comunidad que, ante recientes denuncias públicas que involucran a un asesor externo de nuestra institución, de inusitada gravedad, se ha tomado la decisión de separar preventivamente a dicha persona de todas nuestras actividades y funciones”, expresa el comunicado difundido por Ohana este miércoles 7 de enero por la tarde.
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Si bien la fundación evita mencionar su nombre, el profesional señalado se trata del licenciado Matías Fernández, a quien en octubre le dieron la bienvenida a la institución para que preste funciones como “asesor”.
Según el CV que expusieron en esa presentación, Matías Fernández es “Biólogo con orientación en Zoología por la Universidad Nacional de La Plata -donde se graduó con promedio honorífico-, es director y fundador de Mymba, organización científica dedicada a la Biodiversidad y el Ambiente”.
Acusaciones
Sin embargo, en las últimas horas en el nombre de F. fue asociado a cuestiones mucho más severas. Desde una cuenta de Instagram denominada @exmymba2025 emitieron un “comunicado de advertencia” donde acusaron al biólogo por situaciones de maltrato animal y acoso, e incluso apuntaron que el profesional cuenta con trece expedientes abiertos en la Universidad Nacional de La Plata, donde ejerce la docencia.
En la misma publicación adjuntaron grabaciones de audios de Whatsapp atribuidos a Fernández donde el biólogo supuestamente amenazaba y se jactaba de matar gatos que se aproximen a su vivienda.
“No sé de quién es el gato este negro… da igual. Si es de alguien, que lo tenga encerrado porque yo la próxima vez que entre acá lo hago concha… ya cinco gatos voy matando, olvidate. Encima, los dejo unos días, así mean, sienten el olor otros gatos, se sienten atraídos y después los atrapo”, se oye en los mensajes de audio.
Desde la cuenta denunciante sostuvieron que “25 de los 27 miembros (de Mymba) decidieron abandonar el grupo y radicar denuncias formales”, en tanto que sobre los que decidieron quedarse acusaron que fue “supuestos beneficios personales justificándose así y hacer la vista gorda a estas actitudes”.
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En esa línea, apuntaron los ex integrantes del grupo liderado por Fernández también sufrieron “acoso sexual, extorsión y amenazas constantes”.
“Se nos presionaba a realizar actos impropios bajo la promesa de beneficios en el grupo o amenazas de reprobar materias en la UNLP”, arremetieron.
De acuerdo a la información brindada en su momento por el propio Ohana, Fernández también es “asesor de INTERPOL, la Red Jaguar (PAcCTO), la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación”.
También “ha participado en la elaboración de informes para las Naciones Unidas sobre especies marinas migratorias, y cuenta con una destacada trayectoria como perito ambiental, docente e investigador.
El profesional tiene su cuenta de Instagram cerrada por el momento. Mymba tampoco tiene perfiles activos en las redes sociales.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, resolvió extender hasta el mes de abril próximo la batería de medidas de alivio fiscal orientadas a sostener el trabajo y la actividad productiva en la provincia.
El paquete incluye la continuidad de la bonificación del 30% en Ingresos Brutos para profesionales y la reducción del pago a cuenta de para el sector industrial, así como la suspensión del régimen de autorretención tributaria de la ATM.
Passalacqua informó de estas medidas a través de sus redes sociales y argumentó que el objetivo de su gobierno es continuar acompañando la actividad económica y aliviar la carga tributaria de los distintos sectores productivos de la provincia.
“La decisión -informó el gobierno provincial- apunta a brindar previsibilidad, cuidar la liquidez y acompañar a quienes producen y prestan servicios en la provincia, en un contexto de crisis económica nacional”.
“La reducción de la presión tributaria permite que profesionales e industrias sigan activos, con mayor capacidad de sostener su estructura operativa y cumplir con sus compromisos laborales”, argumentó.
En concreto, las disposiciones extienden la bonificación del 30% en Ingresos Brutos para profesionales de las áreas jurídica, notarial, ciencias económicas, médicos, odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos, kinesiólogos, arquitectos, ingenieros, agrimensores, forestales, agrónomos, veterinarios, psicólogos, guías de turismo y trabajadores sociales, entre otros.
También, prorroga hasta el 30 de abril la suspensión del art. 9 de la RG 18/10, que reduce adelantos y retenciones, lo que impacta de forma directa en la liquidez de quienes desarrollan actividades económicas en Misiones.
Asimismo, mantiene la reducción del pago a cuenta de Ingresos Brutos en 1,50% sobre la base imponible de los anticipos, para aliviar la carga financiera mensual y sostener el flujo de caja de las empresas.
El esquema se complementa con el Padrón de Proveedores Industriales, una herramienta digital disponible en la web de la ATM que permite registrar operaciones de forma ágil y transparente.
El trámite se realiza en atmmisiones.gob.ar, a través de la ruta Trámites, Control Fiscal en Ruta, Padrón de Proveedores Industriales, sin requerir clave fiscal y con comprobante inmediato.
Extendemos hasta abril de 2026 las medidas de alivio fiscal.
Continúa la bonificación del 30% en Ingresos Brutos para profesionales de toda la provincia.
Se prorroga hasta el 30 de abril de 2026 la suspensión del artículo 9 de la RG 18/10 (autorretención).
Se mantiene la…
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) January 7, 2026
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