Nuestras Redes

Provinciales

Nunca Más: la dictadura cívico-militar hizo desaparecer a 60 misioneros

Publicado

el

nunca más

Con el “Nunca Más” como bandera, el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia conmemora hoy el 45º aniversario del golpe de Estado cívico-militar que irrumpió la vida democrática de la Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

A día de hoy, la Justicia ya lleva más de 1.000 condenas a represores por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, que se saldó con la desaparición de 30.000 personas.

Los números se desprenden de un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que consignó que, hasta fines del 2020, habían sido imputadas 3.448 personas y se habían dictado 250 sentencias, en las que resultaron condenadas 1.013 personas (276 de ellas con al menos un fallo firme) y absueltas 164.

Del total de investigados, 904 fallecieron en los años de procesos, de los que 692 lo hicieron antes de obtener sentencia y 212 tras ser condenados o absueltos. A la vez, 25 personas acusadas de crímenes de lesa humanidad están prófugas y su captura tiene precio: el Estado ofrece el pago de recompensas de entre 500.00 y 1 millón de pesos.

El camino hacia la verdad y la justicia se abrió a partir del Juicio a las Juntas militares en 1985, que condenó a la plana mayor de la dictadura, conformada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti.

También se abrieron causas contra cientos de mandos inferiores, pero este proceso se interrumpió con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que impulsó el ex presidente Raúl Alfonsín entre 1985 y 1986 y que impidieron el juzgamiento o ejecución de las condenas contra represores.

El pacto de impunidad se perfeccionó con la llegada a la presidencia de Carlos Menem, quien firmó indultos a favor de los militares del régimen que cometieron crímenes de lesa humanidad. Recién en 2005, durante el mandato de Néstor Kirchner, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las “leyes de impunidad” del alfonsinismo y los juicios se reanudaron.

Hasta el momento, fueron condenados 1.013, y en los últimos años creció el número de pedidos de prisión domiciliaria, la mayoría por la avanzada edad de los acusados, algo a lo que se sumó en 2020 el argumento de la posibilidad de contraer coronavirus en la cárcel.

Nunca Más: la represión en Misiones

El aparato represivo de la dictadura se apoderó del país a partir del 24 de marzo de 1976 y la provincia de Misiones no fue la excepción.

Ese año, fue depuesto el gobernador democrático y constitucional Miguel Ángel Alterach y fue nombrado en su reemplazo el coronel Juan Antonio Beltrametti -el primer interventor de la dictadura en la tierra colorada-, quien el 23 de abril fue reemplazado por el capitán de navío René Buteler, a quien le cabría la mayor responsabilidad de la represión ilegal en Misiones.

Según cuenta el sitio Misiones tiene Historia, basado en datos de los juicios realizados en la provincia, tras el golpe de Estado, Misiones fue integrada en la zona militar 2, que abarcaba también a Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa, cuyo responsable directo era el comandante del Cuerpo de Ejército II, con asiento en Rosario.

A su vez, la zona se subdividía en la subzona 23 (provincias de Misiones, Chaco, Formosa y departamentos de Capital, San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina, en la provincia de Corrientes), a cargo del comandante de la Brigada de Infantería VII de Corrientes. Finalmente, la provincia de Misiones se unificó como área 232 bajo el comando del jefe del Regimiento de Infantería de Monte 30 de Apóstoles.

La represión en Misiones se concentró en el movimiento agrario y en sus aliados políticos, en especial la Juventud Peronista y la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). El 50 por ciento de la primera comisión directiva del Movimiento Agrario de Misiones (MAM) fue víctima de la dictadura y el candidato a vicegobernador del Partido Auténtico y el primer candidato a diputado, Juan Figueredo, fueron asesinados durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.

En Misiones, se registran a la fecha 60 casos de detenidos-desaparecidos, además de cuatro misioneros asesinados en la masacre de Margarita Belén, en Chaco. La mayoría de los secuestros se produjo entre marzo y octubre de 1976, con un total de 600 presos políticos, algunos de los cuales permanecieron en esa condición hasta el retorno de la democracia.

El principal centro clandestino de detención que funcionó en la provincia fue la Jefatura de Policía, ubicada en pleno centro de Posadas. Allí se realizaba la primera detención de las víctimas y se les aplicaban los primeros tormentos.

Luego, eran trasladados a centros de tortura, como la Casita del Mártires -en inmediaciones de la avenida Chacabuco y el arroyo homónimo del oeste posadeño- o a la Casita del Rowing, donde los detenidos eran sometidos a sesiones de tortura.

Otro centro clandestino de importancia fue el Regimiento de Infantería 30 de Apóstoles, desde donde se organizó el Operativo Toba, en octubre de 1976, con el fin de capturar a los miembros del MAM y las Ligas Agrarias que aún no habían sido aprehendidos.

Muchos de los detenidos, luego de ser blanqueados, fueron alojados en la cárcel de Candelaria o en la Unidad Federal N° 7 de Resistencia.

La premisa del Nunca Más y la consecuente reanudación de los procesos judiciales, llevó a que Misiones cuente con nueve condenas por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante los años de plomo: Juan Antonio Beltrametti y Carlos Caggiano Tedesco, ex miembros del Ejército, recibieron la pena de prisión perpetua. Caggiano Tedesco además fue condenado por el Plan Cóndor.

José Maria Cuenca, del Servicio Penitenciario Federal (SPF) fue condenado a 20 años; Felipe Nicolás Giménez, de la Policía provincial, a 21 años y 6 meses; Rubén Alberto Gómez, del SPF, a 23 años; Carlos Omar Herrero, de Ejército, a 20 años; y Carlos Alberto Pombo, ex miembro de la Policía, fue sentenciado a siete años de cárcel.

Provinciales

Okä Porã en estado de “resistencia permanente” por conflicto con Arauco

Publicado

el

Luego de que Asuntos Guaraníes se presentara en el predio donde reside la comunidad mbya Okä Porã a fin de “mediar” el conflicto territorial con Arauco -por lo que reclaman la defensa de sus derechos y el otorgamiento de personería jurídica- la tekoa reiteró su repudio a la multinacional tras un “nuevo acecho” y declaró “estado de resistencia permanente” en defensa de sus “tierras ancestrales” en Puerto Libertad.

A través de un comunicado, señalaron que la comunidad, ubicada en la zona del Lago Urugua-í, denuncia un “nuevo capítulo de hostigamiento y vulneración de derechos territoriales por parte de la empresa Arauco S. A. y fuerzas policiales”, por lo que, ante la falta de respuestas estatales, “la comunidad se declara en estado de resistencia permanente en defensa de sus tierras ancestrales”.

El conflicto inició a fines del año pasado, cuando trabajadores de la empresa forestal “incendiaron y amenazaron” en reiteradas oportunidades a las familias de la tekoa. 

En el mismo sentido, señalaron que el pasado 6 de febrero, “agentes policiales junto a personal de la firma se presentaron en el territorio, alegando su propiedad e intentando forzar a las familias a reubicarse en una zona inundable, sin consulta previa ni garantías”.

Frente a este tipo de hostigamiento que, aseguran, continuó durante el mes, la comunidad siguió pidiendo apoyo de las organizaciones y la sociedad en general, solicitó que la provincia ponga en defensa los derechos por su preexistencia étnica, como también la “recomposición de todo el daño que el Estado y las empresas han hecho sobre la cultura mbya”.

El pasado 4 de marzo, la Dirección de Asuntos Guaraníes se presentó en el territorio ofreciendo una mesa de diálogo entre la comunidad y la empresa, instancia que hasta el momento no fue concretada. “En el acta dejamos constancia de que ofrecimos una mesa de diálogo, pero la comunidad hasta ahora no dio respuestas”, aclaró Francisco Rodríguez, titular del área estatal que se encarga de mediar los conflictos guaraníes. 

Un territorio ancestral

Tal como explicó el cacique Javier Martínez en diálogo con La Voz de Misiones, el territorio en disputa antiguamente era ocupado por la tekoa Chéiro, dirigida por los caciques Julio Duarte y Elvio Benítez, y fue desplazada de manera forzada tras la construcción de la represa Urugua-í en la década del 90´, tras una inundación que afectó gran parte de la zona. 

Actualmente son cinco familias con un total de 19 personas, entre ellas infancias y personas mayores que aguardan la tramitación de la personería jurídica que les permitirá permanecer en el predio sin el constante “asedio” de la empresa lindante. 

La tekoa pide respeto, exige recuperar el territorio indígena y que Arauco frene la violencia contra la comunidad en donde hay personas que necesitan la seguridad de vivir dignamente en un territorio del cual fueron expulsados y quieren volver porque no tienen a donde más”, solicitaron en el comunicado. 

Para finalizar dejaron en manos de la provincia la voluntad de garantizar y cuidar su derecho al territorio, a la vivienda digna, la educación, energía eléctrica y demás servicios básicos.  

En ese sentido, recordaron que, pese a la derogación de la ley 26.160 por el gobierno nacional, las comunidades indígenas y la posesión comunitaria aún se encuentran protegidas por la Constitución Nacional (Art. 75, inc. 17).

A su vez, el Convenio 169 de la OIT obliga al Estado a consultar a los pueblos originarios sobre cualquier medida que los afecte.

Mientras las comunidades luchan por parcelas vitales, la empresa Arauco S.A. concentra entre el 8% y el 10% del territorio de Misiones, llegando a controlar más del 70% de la zona forestal de Puerto Libertad. “Estas 230.000 hectáreas de monocultivos forestales no solo desplazan comunidades, sino que generan un daño ambiental irreversible en la selva paranaense”, señalaron las organizaciones acompañantes.

Ofrecen mesa de diálogo para conflicto territorial entre Arauco y Okä Porã

Seguir Leyendo

Provinciales

Suspenden la balsa de Panambí a Brasil por la bajante del río Uruguay

Publicado

el

La Prefectura Naval Argentina (PNA) ordenó el bloqueo del paso fronterizo en la localidad de Panambí ante la imposibilidad de operar la balsa que conecta con Brasil, debido al bajo nivel del agua que impide la navegación segura.

La medida comenzó a regir a las 7,30 de este lunes mediante la suspensión temporal del servicio de transporte fluvial, el cual será rehabilitado cuando las condiciones del río permitan retomar la navegación con normalidad.

Desde tempranas horas de hoy, se apersonaron en el lugar efectivos de la Comisaría de Panambí, dependiente de la Unidad Regional II de Oberá, quienes realizaron un relevamiento en la zona costera para constatar el bloqueo del mencionado paso.

Por el momento no se registraron detalles sobre los niveles del río, pero a simple vista, el nivel fluvial dificulta la navegación y vuelve insegura la operatoria de la balsa que realiza el cruce entre Panambí y Porto Vera Cruz diariamente.

La reapertura del paso dependerá de la evolución del nivel del río en las próximas horas.

Histórica bajante del río Uruguay en Panambí.

 

Misiones y un 2026 con emergencia ígnea e hídrica todo el año

 

Seguir Leyendo

Provinciales

Realizan operativos para acercar servicios en comunidades mbya de Misiones

Publicado

el

La Dirección de Asuntos Guaraníes, junto al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), iniciaron este lunes una serie de operativos que se extenderán hasta el viernes en comunidades mbya ubicadas en Bonpland, 25 de Mayo, Fracrán, San Pedro y Comandante Andresito. 

Con el objetivo de “acercar servicios y garantizar derechos básicos”, Anses, Pami, el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Ministerio del Interior de la Nación y el Gobierno de Misiones, a través de Asuntos Guaraníes y el Inai, brindarán atención multiagencial en cinco comunidades. 

De esta manera, sus integrantes podrán tramitar la emisión y renovación de su DNI, actualizaciones para menores y mayores, inscripciones tardías y reposiciones, tramitación de libreta AUH, acreditación de CUIL y certificación de escolaridad, carga de embarazo prenatal, asesoramiento jurídico y general, atención nutricional y orientación social.

Respecto a los días, este lunes estarán en la Tekoa Ivoty Okara de Bonpland, de 9 a 17, mañana martes en la Tekoa Tamandua de 25 de Mayo; durante el mismo horario, el miércoles en la comunidad Pai Antonio Martinez de Fracrán, el jueves en Alecrín de San Pedro y el viernes en Kagui Porá de Comandante Andresito.

Desde la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes destacaron que estas jornadas “permiten garantizar la presencia del Estado en los territorios, acercando herramientas concretas a las comunidades mbya guaraníes y promoviendo su inclusión integral”.

Comunidades mbya recibieron DNI, atención médica y nutricional

Seguir Leyendo
Publicidad

Lo más visto