Provinciales
Nunca Más: la dictadura cívico-militar hizo desaparecer a 60 misioneros
Con el “Nunca Más” como bandera, el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia conmemora hoy el 45º aniversario del golpe de Estado cívico-militar que irrumpió la vida democrática de la Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
A día de hoy, la Justicia ya lleva más de 1.000 condenas a represores por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, que se saldó con la desaparición de 30.000 personas.
Los números se desprenden de un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que consignó que, hasta fines del 2020, habían sido imputadas 3.448 personas y se habían dictado 250 sentencias, en las que resultaron condenadas 1.013 personas (276 de ellas con al menos un fallo firme) y absueltas 164.
Del total de investigados, 904 fallecieron en los años de procesos, de los que 692 lo hicieron antes de obtener sentencia y 212 tras ser condenados o absueltos. A la vez, 25 personas acusadas de crímenes de lesa humanidad están prófugas y su captura tiene precio: el Estado ofrece el pago de recompensas de entre 500.00 y 1 millón de pesos.
El camino hacia la verdad y la justicia se abrió a partir del Juicio a las Juntas militares en 1985, que condenó a la plana mayor de la dictadura, conformada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti.
También se abrieron causas contra cientos de mandos inferiores, pero este proceso se interrumpió con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que impulsó el ex presidente Raúl Alfonsín entre 1985 y 1986 y que impidieron el juzgamiento o ejecución de las condenas contra represores.
El pacto de impunidad se perfeccionó con la llegada a la presidencia de Carlos Menem, quien firmó indultos a favor de los militares del régimen que cometieron crímenes de lesa humanidad. Recién en 2005, durante el mandato de Néstor Kirchner, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las “leyes de impunidad” del alfonsinismo y los juicios se reanudaron.
Hasta el momento, fueron condenados 1.013, y en los últimos años creció el número de pedidos de prisión domiciliaria, la mayoría por la avanzada edad de los acusados, algo a lo que se sumó en 2020 el argumento de la posibilidad de contraer coronavirus en la cárcel.
Nunca Más: la represión en Misiones
El aparato represivo de la dictadura se apoderó del país a partir del 24 de marzo de 1976 y la provincia de Misiones no fue la excepción.
Ese año, fue depuesto el gobernador democrático y constitucional Miguel Ángel Alterach y fue nombrado en su reemplazo el coronel Juan Antonio Beltrametti -el primer interventor de la dictadura en la tierra colorada-, quien el 23 de abril fue reemplazado por el capitán de navío René Buteler, a quien le cabría la mayor responsabilidad de la represión ilegal en Misiones.
Según cuenta el sitio Misiones tiene Historia, basado en datos de los juicios realizados en la provincia, tras el golpe de Estado, Misiones fue integrada en la zona militar 2, que abarcaba también a Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa, cuyo responsable directo era el comandante del Cuerpo de Ejército II, con asiento en Rosario.
A su vez, la zona se subdividía en la subzona 23 (provincias de Misiones, Chaco, Formosa y departamentos de Capital, San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina, en la provincia de Corrientes), a cargo del comandante de la Brigada de Infantería VII de Corrientes. Finalmente, la provincia de Misiones se unificó como área 232 bajo el comando del jefe del Regimiento de Infantería de Monte 30 de Apóstoles.
La represión en Misiones se concentró en el movimiento agrario y en sus aliados políticos, en especial la Juventud Peronista y la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). El 50 por ciento de la primera comisión directiva del Movimiento Agrario de Misiones (MAM) fue víctima de la dictadura y el candidato a vicegobernador del Partido Auténtico y el primer candidato a diputado, Juan Figueredo, fueron asesinados durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.
En Misiones, se registran a la fecha 60 casos de detenidos-desaparecidos, además de cuatro misioneros asesinados en la masacre de Margarita Belén, en Chaco. La mayoría de los secuestros se produjo entre marzo y octubre de 1976, con un total de 600 presos políticos, algunos de los cuales permanecieron en esa condición hasta el retorno de la democracia.
El principal centro clandestino de detención que funcionó en la provincia fue la Jefatura de Policía, ubicada en pleno centro de Posadas. Allí se realizaba la primera detención de las víctimas y se les aplicaban los primeros tormentos.
Luego, eran trasladados a centros de tortura, como la Casita del Mártires -en inmediaciones de la avenida Chacabuco y el arroyo homónimo del oeste posadeño- o a la Casita del Rowing, donde los detenidos eran sometidos a sesiones de tortura.
Otro centro clandestino de importancia fue el Regimiento de Infantería 30 de Apóstoles, desde donde se organizó el Operativo Toba, en octubre de 1976, con el fin de capturar a los miembros del MAM y las Ligas Agrarias que aún no habían sido aprehendidos.
Muchos de los detenidos, luego de ser blanqueados, fueron alojados en la cárcel de Candelaria o en la Unidad Federal N° 7 de Resistencia.
La premisa del Nunca Más y la consecuente reanudación de los procesos judiciales, llevó a que Misiones cuente con nueve condenas por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante los años de plomo: Juan Antonio Beltrametti y Carlos Caggiano Tedesco, ex miembros del Ejército, recibieron la pena de prisión perpetua. Caggiano Tedesco además fue condenado por el Plan Cóndor.
José Maria Cuenca, del Servicio Penitenciario Federal (SPF) fue condenado a 20 años; Felipe Nicolás Giménez, de la Policía provincial, a 21 años y 6 meses; Rubén Alberto Gómez, del SPF, a 23 años; Carlos Omar Herrero, de Ejército, a 20 años; y Carlos Alberto Pombo, ex miembro de la Policía, fue sentenciado a siete años de cárcel.
Provinciales
La dueña de SAMSA congela inversiones en Posadas y pone sus acciones en venta
Por Fernando OZ
Ante el proceso de desinversión del fondo estadounidense Platinum Equity, SAMSA frena obras en la red de agua potable de Posadas y Garupá, incumpliendo los planes proyectados para 2026. La filial argentina opera sin actualizaciones de infraestructura mientras busca nuevos compradores, dejando al Gobierno con la opción de exigir la renegociación de la concesión ante la crisis de servicios.
Servicios de Aguas de Misiones Sociedad Anónima (SAMSA) no invertirá más en Posadas ni en Garupá. La proyección de la firma para 2025, según su plan de inversión, era de casi 5.000 millones de pesos para la mejora de servicios, pero apenas se ejecutaron 1.450 millones. El mes pasado se presentó una presunta inyección de 520 millones de pesos en una flota de vehículos, pero en los balances esa partida sería parte del remanente del año anterior. El extraño flujo y la presunta sobrefacturación que padecen los vecinos sucede justo cuando el principal fondo inversor se encuentra por abandonar el país.
El servicio de suministro de agua potable del mayor conglomerado urbano de la provincia está en manos de Platinum Equity, un gigantesco fondo de inversiones estadounidense cuyos negocios van desde la producción de vinos en Italia con Fantini Group Vini, pasando por una fábrica de galletas francesa, Biscuit International, hasta la famosa Awaze, con sede en Londres, que alquila resorts, hoteles y castillos por media Europa.
En estos momentos, Platinum Equity tiene en venta sus activos de Urbaser Inversiones Argentina, la firma que administra SAMSA, que es apenas una fracción de Urbaser Global, un holding que opera en 30 países de cuatro continentes y tiene una nómina de unos 35.000 empleados.
Urbaser Inversiones Argentina se encuentra en un proceso de desinversión y la venta está a cargo del banco Santander. En consecuencia, según fuentes de la misma compañía, no habrá más inversiones para la red de provisión de agua para Posadas y Garupá. La administración central de SAMSA sigue estando en las oficinas de la Avenida Alem 1050, en la zona conocida como Catalinas Norte, frente al barrio porteño de Puerto Madero. En la sede de Urbaser Global, en Madrid, sobre la calle Agustín de Foxá, dicen que ya tienen otros dueños y se desentienden del asunto.
El mes pasado, Platinum Equity anunció la venta de Urbaser Global por casi 6.000 millones de dólares a un consorcio formado por dos fondos financieros: el estadounidense Blackstone y el sueco EQT. De lo único que no pudo desprenderse fue de la división de negocios en Argentina, es decir, de SAMSA.
En los salones de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) están al tanto de la venta y dan por hecho que hay grupos interesados en las operaciones en la tierra colorada. Entre los lobbistas del sector, hay quienes siguen de cerca el destino de SAMSA y recuerdan que en 2018 quedó en manos del grupo chino China Tianying Inc., hasta que se vendió a Urbaser en 2021.
El embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, un médico de origen cubano cercano a Donald Trump, se encuentra recorriendo todo el país con tres objetivos bien claros: generar negocios para las empresas de su país, hacer lobby con los gobernadores para evitar que se instalen capitales chinos y sumar a las provincias en la guerra contra el narcoterrorismo.
Se estima que casi 2,8 millones de hectáreas de todo el país están bajo control de capitales estadounidenses. En Misiones la presencia, por metros cuadrados, es significativa, especialmente en el sector forestal y en fondos de inversión que adquirieron tierras con vistas a negocios ecosistémicos y los futuros bonos de carbono. Además, Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de la provincia, especialmente de pasta celulosa.
El Gobierno de Hugo Passalacqua puede revocar la concesión si se demuestran fallas graves y reiteradas en la prestación del servicio. Es el EPRAC, el organismo regulador, el encargado de aplicar sanciones que, al acumularse, fundamenten una rescisión con causa. ¿Podrá SAMSA comprobar el plan de inversiones obligatorio que firmó en el contrato original?
Tal vez haya que esperar el proceso de venta de la filial argentina de Urbaser, en manos de Platinum. El Gobierno, si quisiera, se encuentra en una posición de fuerza para exigir al nuevo comprador la renegociación de los términos de una concesión que expirará en 2030.
Vecinos protestaron frente a Samsa: “El aire no se paga, basta de robar”
Provinciales
Río Uruguay restablecerá este jueves servicio de colectivos en Apóstoles
A primera hora de este jueves, la empresa Río Uruguay restablecerá el servicio de transporte público de pasajeros en Apóstoles, tras 48 horas de interrupción en la ciudad.
Según pudo confirmar La Voz de Misiones, la compañía y el Ejecutivo municipal, a cargo de la intendenta María Eugenia Safrán, llegaron a un acuerdo con el objetivo de garantizar la movilidad de los vecinos de Apóstoles a partir de mañana.
El último martes, Río Uruguay decidió “unilateralmente” interrumpir el servicio de colectivos en la localidad por incumplimientos de carácter nacional y ajenos “a cuestiones de la administración del municipio”, había informado el Ejecutivo a través de sus redes oficiales.
Ante esta situación, la Municipalidad dispuso unidades para trasladar a estudiantes a los establecimientos educativos mientras se destrababa el conflicto.
Finalmente, tras la intervención del Ejecutivo local y luego de 48 horas de interrupción, la empresa retomará el servicio de colectivos en la ciudad.
Apóstoles sin colectivos hace un día por decisión “unilateral” de Río Uruguay
Provinciales
Apóstoles sin colectivos hace un día por decisión “unilateral” de Río Uruguay
La ciudad de Apóstoles atraviesa más de 24 horas sin servicio de transporte público de pasajeros luego de que la empresa Río Uruguay decidiera suspender las prestaciones desde las primeras horas del martes. La Municipalidad informó que la medida fue tomada de “manera unilateral” por la firma.
Ante la interrupción del servicio, el Ejecutivo municipal, encabezado por la intendenta María Eugenia Safrán, comunicó que dispuso unidades para garantizar el traslados de estudiantes a los establecimientos educativos mientras se intenta resolver el conflicto.
A través de un comunicado oficial, la Municipalidad señaló que la suspensión del transporte “fue una decisión unilateral de la empresa prestataria”, situación que afectó a numerosos vecinos que utilizan el servicio a diario.
En el mismo mensaje, la comuna aclaró que el problema responde a “cuestiones ajenas a la administración municipal”, ya que la compañía argumenta incumplimientos de carácter nacional y provincial.
Según indicaron, desde el inicio del conflicto el municipio mantiene conversaciones con la firma para lograr la pronta normalización del servicio. Mientras tanto, las autoridades aseguraron que priorizarán el “traslado de los estudiantes para garantizar su asistencia a clases”.
“Vamos a arbitrar los medios necesarios para garantizar el traslado de los estudiantes”, remarcaron desde el Ejecutivo local, al tiempo que reafirmaron su compromiso de “defender los intereses de los vecinos y velar por la continuidad de los servicios esenciales”.
Hasta el momento, el servicio de colectivos en la ciudad continúa suspendido y no se informó cuándo podría retomarse con normalidad.
Recorrido colectivo municipal
Nivel primario
7:00 Los Pinos y Av. Juan Pablo II
7:05 B° Andresito (Dos Mil)
7:08 B° Andresito (por los Pinos parada dirección plaza)
7:10 Rotonda de Av. Brasil y Humada Ramella
7:15 Av. René Favaloro y Juan Pablo II (Cruz del Gallo)
7:20 CIC 200 Viv. (esperanza y José de Urquiza)
Nivel secundario
6:00 Los Pinos y Av. Juan Pablo II
6:05 B° Andresito (Dos Mil)
6:08 B° Andresito (por los Pinos parada dirección plaza)
6:10 Rotonda de Av. Brasil y Humada Ramella
6:15 Av. René Favaloro y Juan Pablo II (Cruz del Gallo)
6:20 CIC 200 Viv. (Esperanza y José de Urquiza)
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