Provinciales
Misiones habilita el empleo público, pero mira a Chaco, Brasil y a los aislados
A partir del 26, se convocará al personal necesario. Los demás seguirán con tareas desde sus casas. El gobernador dijo que de Chaco “nos abastecemos”; que “el entorno de Brasil es complejo”. Y que en la Provincia hay más de dos millares de personas aisladas por prevención de coronavirus.
POSADAS. A partir del martes 26, la administración pública de Misiones reanudará la mayor parte de sus actividades, mientras las autoridades mantendrán las observaciones acerca de lo que sucede en Chaco, en Brasil y con más de dos mil personas aisladas por prevención, ante la pandemia de coronavirus.
El cuadro fue planteado por el gobernador Oscar Herrera Ahuad este domingo, durante la caminata recreativa organizada en el marco de la emergencia sanitaria que rige desde mediados de marzo pasado.
El mandatario hizo reservas con respecto a la apertura de otras actividades como la práctica de deportes, la gastronomía, el transporte interjurisdiccional y la educación, ya que “lo tomo con mucha cautela por el contexto regional que tenemos en Misiones”, dijo.
En particular mencionó que “nos abastecemos mucho de Chaco y se sabe cómo está Chaco en materia epidemiológica. Es una situación muy compleja”, pero además “hay mucha gente que llega de otros lugares de la Argentina, tenemos más de dos mil personas que están en aislamiento preventivo”.
Se trata de contingentes “que vienen de lugares que están en situación de riesgo. Así que vamos a ser muy cautos”, repitió, ya que “además tenemos el entorno regional de Brasil que es un entorno extremadamente complejo”, puntualizó.
Por todo ello, “con prudencia, pero con enorme responsabilidad, vamos a poder ir abriendo el resto de las actividades en este tiempo que nos queda”, señaló al portal Misiones on Line.
La vuelta en el sector público
Con respecto a la reanudación de las actividades casi a pleno en el sector público, el gobernador dijo que los diferentes ámbitos “tendrán responsabilidades para convocar a quienes consideren necesario y continuar con una etapa superadora a la anterior”.
En todos los casos, añadió, se deberá “tomar el resguardo de las personas especialmente de riesgo, cada lugar con su protocolo establecido” a partir del martes en que “vamos a ver que la administración va a tener más actividad”, señaló.
Por ejemplo, se deberá “convocar al cumplimiento presencial de las funciones laborales, al personal que resulte estrictamente necesario”, en tanto que los demás continuarán la prestación “laboral desde su domicilio, a disposición para las estrategias de trabajo a distancia y teletrabajo”.
Los integrantes del segundo grupo no verán afectados “la percepción de las remuneraciones normales y habituales, como así tampoco de los adicionales, que por ley, decreto o convenio le correspondiere percibir a la persona”, según el decreto.
Insumos contra el dengue
Al final Herrera Ahuad dijo que el viernes por la tarde se recibió desde la Nación una importante remesa de reactivos para los análisis que tipifican el dengue, aunque esta afección “es una problemática inmensa porque es una de las epidemias más fuertes que hayamos tenido en estos últimos años”
A ese panorama sumó el hecho de que “Brasil y Paraguay que han notificado más de un millón de casos, el contexto de brote epidémico está muy controlado aquí en este último tiempo”.
Y destacó el trabajo “con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en el proyecto que es la liberación de mosquitos estériles, para hacer el control biológico de la enfermedad”.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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