El sector yerbatero de Misiones continúa consolidando su estrategia judicial contra las modificaciones al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. En ese marco, avanza en la búsqueda de respaldo político y este martes por la mañana referentes de asociaciones, cooperativas y productores se reunieron en Posadas con el diputado nacional peronista Agustín Rossi, a quien le expusieron en detalle la crítica situación del sector y el alcance de la presentación ante la Justicia federal.

El encuentro se dio durante la visita del legislador para acompañar la candidatura de Gonzalo “Lalo” Costa Arguibel dentro del espacio Amplitud Justicialista para presidir el PJ Misiones y respaldar el proceso de normalización partido, actualmente intervenido. Participaron de la reunión Jorge Skripczuk por Impulso Yerbatero, Hugo Sand por Apam y el abogado patrocinante José Federico Padolsky, en representación de las entidades que impulsan la acción judicial.

Skripczuk, presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero, explicó que el objetivo central es lograr la declaración de inconstitucionalidad de los artículos del DNU 70/2023 que modificaron el funcionamiento del Inym y avanzar en la restitución plena de sus facultades.

“Nos reunimos con el gobernador (Hugo) Passalacqua y nos dio su respaldo y acompañamiento a esta medida. Además le enviamos al gobernador (Axel) Kicillof un informe detallado de la situación yerbatera. En esta oportunidad aprovechamos que el diputado nacional estaba en la provincia para exponerle la problemática y que sepa por nosotros lo que estamos pasando. Así, vamos a seguir hablando con todos los diputados”, sostuvo.

En la misma línea, Hugo Sand remarcó la necesidad de que todo el arco político escuche al sector: “Ojalá que los libertarios nos convoquen. Nos tienen que escuchar y ahí, teniendo conocimiento de la situación en primera mano, que ellos se hagan responsables de qué camino toman, si nos dan una respuesta que nos ayude o nos hunda”.

La reunión con Rossi se enmarca en una serie de gestiones que los productores vienen realizando para sumar adhesiones a la presentación judicial que ya fue formalizada ante el Juzgado Federal de Posadas. El planteo incluye tanto el pedido de inconstitucionalidad como una medida cautelar para suspender la aplicación de los artículos del DNU 70/23 que tratan el tema yerbatero.

Consultados sobre las manifestaciones en la Plaza 9 de Julio en reclamo de un precio justo, por parte de un grupo de referentes fueron claros en diferenciar los planos del conflicto. “Para nosotros este es un problema político, pero hasta el momento la solución no llegó por los medios del Poder Ejecutivo. No debemos confundir a la gente: nosotros vamos por la restitución plena del INYM, entonces quien debe resolver esto es el gobierno nacional, dado que nuestro instituto es nacional. Por eso tomamos la decisión de llevarlo ante la Justicia porque ante todo nosotros seguiremos luchando”, expresó Sand.

Por su parte, Skripczuk reforzó la apuesta al camino judicial y planteó una mirada de largo plazo: “Es por eso que tomamos el camino judicial. Y vamos a avanzar desde ahí y tenemos muchísima esperanza”.

Sand agregó que “como el viento cambia de dirección, esto va a cambiar. Hay que comenzar a soñar, soñar utopías. Tenemos un problema que es el hoy y no tenemos que dejar que el hoy nos consuma. Hay que pensar Misiones de acá a 25 años, con un plan estratégico”.

Críticas políticas y posicionamientos

Durante la charla también hubo cuestionamientos a dirigentes que se mostraron en redes sociales apoyando el reclamo yerbatero. En particular, se refirieron a la presencia de algunos legisladores en la plaza y su exposición en redes sociales. “Está buenísimo que hagan público el reclamo porque es una forma de exponerse. La persona tiene que hablar, así podemos saber dónde está parado políticamente. Casualidad que a esos mismos políticos se los ve cada vez más hacia la ultraderecha, a La Libertad Avanza. Y los libertarios son los principales responsables del decreto de necesidad y urgencia. Javier Milei es el culpable y todos aquellos que apoyan esa política están en contra de la familia agraria”, señaló el dirigente obereño de Apam.

También apuntaron contra el silencio de otros sectores políticos: “Hay una contradicción total. Hablamos también de los diputados y senadores oficialistas y opositores de nuestra provincia que con su silencio acompañaron estas medidas. Entonces, cuanto más hablen, la sociedad va a saber quién es quién en este momento. Y si lo que dicen en redes sociales es por oportunismo”, expresó el dirigente de Impulso Yerbatero Jorge Skripczuk.

En ese sentido, insistieron en la necesidad de abrir el debate: “Espero que nos convoquen, que nos llamen los jueces y nos pregunten por qué estamos tan enojados. Les vamos a decir que denunciamos incumplimiento de deberes de funcionario público y que estamos en la Justicia porque la política nos dejó de lado”, sentenció Sand.

Crisis productiva y organización del sector

Más allá del plano judicial y político, los productores describieron un escenario crítico para la actividad. “Hoy la gente recién está tomando conciencia de lo que significa esta ‘libertad’ que se pregonó desde 2023. Con el libre mercado no se pueden pagar las boletas de luz, ni comprar un kilo de carne. El combustible se fue por las nubes y es imposible para un productor limpiar su yerba o fertilizar. Es un modelo que vino a destruir”, advirtió Skripczuk.

La falta de regulación también impacta directamente en los precios. “Se habla de un valor de referencia de 350 pesos, en otros lugares un poco más y en otros 100 pesos. Hoy, al no tener un organismo de control, cualquiera paga lo que puede. Pero alguien se queda con ese margen grande”, indicó Skripczuk.

Por su parte, Sand añadió que la falta del Inym genera un proceso de descapitalización creciente: “Hay venta de chacras todos los días. El productor está con el agua en el cuello. No soporta más esta situación. También pasa con el té: un productor fue a cobrar una cosecha de diciembre y le dieron un cheque para julio. ¿Cómo sobrevive así?”.

Además, alertó sobre el endeudamiento generalizado: “La morosidad es altísima en todos los ámbitos. Y el productor es el que más sufre porque no tiene ingresos fijos mensuales”.

Frente a este panorama, Sand planteó la necesidad de recuperar herramientas de regulación: “Necesitamos un banco provincial como teníamos antes, un mercado consignatario y el Instituto funcionando a pleno. No puede ser que actividades como el té queden en manos de cuatro o cinco exportadores”.

Confianza en la Justicia y llamado a la participación

Pese al malestar, los referentes aseguraron que priorizan la vía institucional. “Nosotros confiamos en la Justicia. Siempre tratamos de agotar el diálogo. No queremos perjudicar a gente que no tiene nada que ver con esta situación”, explicó Sand, aunque dejaron abierta la posibilidad de avanzar con otras medidas si no hay respuestas.

En paralelo, Skripczuk remarcó la importancia de la organización social y la participación. “El pueblo movilizado y la asamblea popular son caminos. La plaza tiene que ser un espacio de debate público”, afirmó.

Finalmente, Sand explicó que el conflicto también tiene una dimensión política de fondo. “Se están jugando dos modelos de provincia: uno totalmente desregulado y otro más democrático. Pero tenemos que dejar de pensar en el corto plazo. Nos corren siempre con las elecciones. Debemos construir una política agraria para la provincia de Misiones consensuada y pensada a largo plazo”.

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Las autoridades educativas del gobierno de Misiones confirmaron una actualización salarial para el sector docente que impactará en los haberes correspondientes al mes de abril, en todos los niveles y modalidades, en cumplimiento de lo acordado durante la mesa de diálogo paritario realizada en febrero.

De acuerdo a la grilla salarial oficial, el nuevo esquema fija el salario del cargo testigo de maestro de grado sin antigüedad, con jornada simple de cuatro horas, en 755.001 pesos, mientras que en los casos de mayor recorrido el ingreso asciende a 981.989 pesos. 

En tanto, en el nivel secundario, las 42 horas cátedra pasan a ubicarse en 1.815.566 pesos para quienes no registran antigüedad y en 2.252.590 pesos para docentes con mayor trayectoria en el sistema educativo.

El anuncio se conoció luego de la reunión de trabajo concretada entre autoridades del Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Consejo General de Educación (CGE) y el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM), junto a representantes de los principales sindicatos del sector, entre ellos UDPM, UDA, Semab, Sadop, Sideppy Amet.

En ese marco, desarrollaron aspectos salariales y laborales, así como también cuestiones técnicas y pedagógicas vinculadas al funcionamiento del sistema educativo en la provincia, los cuales seguirán siendo abordados en próximas instancias de diálogo, según confirmaron desde el gobierno.

​Desde el Ejecutivo también ratificaron que las mesas paritarias seguirán funcionando como el canal formal para tratar cuestiones salariales, laborales, técnicas y pedagógicas. El objetivo declarado es garantizar la marcha del sistema educativo y dar cauce institucional a los reclamos del sector.

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La protesta con acampe frente a Casa de Gobierno, protagonizada por ex policías que participaron de la protesta de mayo de 2024 y hoy reclaman su reincorporación a la fuerza provincial, cumplió una semana con cinco encadenados y una notificación entregada por Gendarmería Nacional Argentina (GNA) por el uso de uniformes reglamentarios estando fuera de servicio.

Este domingo, en horas de la tarde, los ex policías Adolfo Guirula y Diego Correa, quienes estuvieron detenidos en la causa por intento de sedición e iniciaron este nuevo reclamo, fueron notificados sobre una causa judicial por el uso de atributos policiales estando fuera de la fuerza. 

La medida fue dispuesta por el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, dependencia que interviene en la denuncia por estar de turno en abril.

La documentación fue entregada ayer, alrededor de las 18, por personal de la Unidad de Investigaciones y Delitos Complejos de Gendarmería Nacional, en el marco de una investigación por la usurpación de títulos, honores e insignias.

La denuncia cuestiona que ambos utilizaron el uniforme reglamentario de la institución, pese a encontrarse dados de baja, conforme a lo dispuesto mediante el Decreto Provincial N.º 2084/24, lo que se encuentra estrictamente reservado al personal en actividad y en el ejercicio de sus funciones.

Tras esta notificación, desde el acampe emplazado frente a Casa de Gobierno, los manifestantes se quitaron el uniforme en cuestión y decidieron sostener la medida de fuerza, mientras que uno de ellos, expresó: “El gobierno nos pasó a cesantía. Cuando estuvimos en el penal quisieron tramitar la baja voluntaria, pero nosotros no accedimos. Nos ofrecieron plata como indemnización, $500.000.000, y nosotros no aceptamos porque no cometimos ningún delito”.

Respecto a la cesantía, si bien se encuentran fuera de servicio, aseguró que continúan percibiendo haberes: “El sueldo está depositado. Ellos van depositando el 20%, 30%, van largando de a poco, pero nos siguen pagando”. 

Luego, añadió: “Por un lado dicen que no somos policías, pero ayer vino Gendarmería y nos dijo que ellos intervienen porque nosotros somos policías, no sé cómo van a arreglar con la provincia”.

Todo comenzó el pasado lunes 6 de abril cuando Guirula y Correa iniciaron la protesta con acampe y se encadenaron, uniformados, frente a Casa de Gobierno en reclamo de su reincorporación a la fuerza provincial, medida a la que, con el correr de los días, se sumaron otros tres camaradas: los dos ex sargento primero Gerardo Marín y Juan Méndez, y luego Sergio Muchevicz.

Previo a la notificación judicial, los manifestantes aseguraron no haber recibido respuesta alguna por parte de las autoridades provinciales, por lo que decidieron resistir encadenados y bajo un toldo rojo, pese a las incesantes lluvias registradas a lo largo de la semana y los recurrentes cortes de luz en la zona de la plaza en horas de la noche, situación que fue reflejada en sus redes sociales por el diputado provincial y referente de la protesta policial del 2024, Ramón Amarilla y su par del Partido Agrario y Social, Cristian Castro. 

“Aunque venga un tornado no nos vamos a mover, estamos acá, firmes, frente a Casa de Gobierno con nuestras familias, con nuestros hijos, luchando por ellos, por su futuro. No nos vamos a ir hasta que este gobierno nos mire a la cara y nos dé una respuesta”, relata uno de los ex policías durante un video filmado desde el acampe bajo lluvia torrencial.

Además de los miembros de la propia “familia policial”, a lo largo de estos siete días, la protesta fue sumando el acompañamiento de diferentes sectores, como trabajadores nucleados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), docentes, enfermeros,  productores, ex combatientes y policías retirados, entre otros.

Son cuatro los ex policías de acampe en la plaza para pedir su reincorporación

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