Provinciales
Misiones espera una firma y en un mes comienza a plantar cannabis
El presidente de la recientemente creada Misio-Pharma Sociedad del Estado, Jorge Alonso, adelantó a LVM que en los próximos diez días la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, firmará el permiso que habilita a Misiones a plantar cannabis para elaborar aceite.
Misiones tiene todo listo para comenzar a plantar cannabis y producir aceite para uso medicinal.
Así lo confirmó a La Voz de Misiones el doctor Jorge Alonso, recientemente nombrado como presidente de la empresa Misio-Pharma, una Sociedad del Estado misionero creada para llevar adelante el cultivo del cáñamo y producir, industrializar y comercializar el aceite para uso medicinal.
El doctor Alonso, especialista en fitomedicina -uso de plantas medicinales en la salud humana- y docente universitario, fundamentó el porqué de su nombramiento al frente de la flamante firma misionera: “Entre el 2003 y 2006, llevamos adelante un proyecto de fitomedicamentos en Misiones, a través del cual pudimos cultivar plantas con participación de la gente y, con dineros de una ONG, generar el primer laboratorio de medicamentos fitoterápicos, en el Laboratorio de Especialidades Medicinales (Lemis)”.
Asimismo, indicó que, gracias a aquella exitosa experiencia, que se trató de la primera vez que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó medicamentos a base de plantas, Misiones hoy cuenta con el permiso habilitante para medicinas fitoterápicas, como es el caso del aceite de cannabis.
“Ahora hay una intencionalidad de Misiones de volver a trabajar con los fitomedicamentos”, subrayó.
El profesional recordó que los anuncios recientes del ministro de Salud nacional, Ginés González García, vienen a ampliar una ley que data de 2017, cuando se aprobó el uso medicinal del cannabis para tratar la epilepsia refractaria.
Ahora, no sólo se amplía el espectro de enfermedades contempladas dentro de la legislación, sino que se habilita la posibilidad de que las provincias intervengan en la actividad, para lo cual deben crear una Sociedad del Estado.
Ya son 18 los estados argentinos que manifestaron su interés por producir el aceite, para lo cual deben pasar por una serie de habilitaciones en las que intervienen varios organismos estatales.
A una firma de la semilla
Como primera instancia, se debe contar con un predio habilitado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Misiones ya tiene una zona específica destinada a la plantación de cannabis en la Biofábrica. Ésta fue visitada en los últimos días por funcionarios de la cartera conducida por Sabina Frederic, quienes dieron el ok, por lo cual sólo se espera la firma ministerial.
“Sólo se espera la firma de la ministra Frederic, con lo cual ya se puede arrancar”, dijo el presidente de Misio-Pharma a LVM.
“Con la pandemia todo se retrasó, el gobierno de Misiones está al acecho de que el ministerio autorice el permiso. Se espera que esté en 10 días”.
Una vez que esté la rúbrica de la ministra, en 48 horas “se presentan en el Instituto Nacional de la Semilla (Inase) las autorizaciones de los ministerios de Salud y Seguridad y, a partir de ahí, se autoriza la semilla que vamos a traer y arranca el cultivo”.
Sobre esto, Alonso contó que las semillas que se plantarán en Misiones vendrían de Uruguay, las cuales fueron estudiadas previamente y serían indicadas para adaptarse al suelo y al clima de la tierra colorada.
“En principio, las semillas que serán autorizadas, que llegarían desde Uruguay, están preseleccionadas para su adaptación al suelo misionero. No cualquier semilla crece, tienen que ser adaptables”, explicó el médico.
“En tres meses tendremos las plantas crecidas como para realizar los primeros controles, que no tenga plagas ni contaminantes, y calculamos que una vez que entró la semilla a Biofábrica, en seis meses tendríamos los primeros productos ya listos para ser utilizados terapéuticamente”, confirmó el doctor y aventuró: “Para fin de año estarían las primeras partidas de aceite”.
Asimismo, aclaró: “Se requerirá la autorización final de la Anmat para poder comercializar”, un trámite que, esperan, se resuelva rápidamente, “ante la necesidad creciente”.
Si se dan los tiempos, “en un mes podremos empezar a hacer los cultivos en el interior”.
Nuevos negocios
El desarrollo de este nuevo medicamento significa una mejora en la calidad de vida de las personas, quienes a partir de ahora podrán obtener una receta médica y comprar en una farmacia el aceite de cannabis, sin ser criminalizados por el Estado.
Por otro lado, se habilita un horizonte de negocios en el cual el Estado puede intervenir.
Sobre ello, el presidente de Misio-Pharma explicó que “la potestad de ampliar el mercado a los privados la tendrá cada provincia. Por ejemplo, Jujuy tiene su Sociedad del Estado, pero a la vez incorporó a laboratorios foráneos”.
“Eso es lo que no quiere Misiones”, dijo Alonso, y aseguró: “Quieren justamente tener una empresa propia para abastecer a la provincia y con la posibilidad de exportar a otras provincias, en la medida que haya demanda”.
“Hay que considerar también que haya pedidos desde el exterior. En principio, la idea es que sea productiva local”, dijo, aunque manifestó que, por ahora, “ningún laboratorio foráneo está aprovechando esta situación para meterse”.
“Además, Misiones no necesita un laboratorio que venga de afuera porque tiene la Biofábrica y el Lemis, que ya está aprobado para fitoterápicos”, explicó sobre las posibilidades de la provincia de impulsar su economía.
Diversificación productiva
El doctor Jorge Alonso explicó además que la especie que se plantará será la del cáñamo, la cual no tiene compuestos psicotrópicos, pero, más allá de esto, la legislación propuso que los cultivos estén supervisados con personal de seguridad porque se corre el riesgo de que alguien quiera realizar un emprendimiento de cáñamo y en el medio pueda meter plantas que no sean de cáñamo, que son parecidas”.
Por otro lado, esto viene a confirmar que se le dará participación a los productores locales.
“La provincia va a intentar aprovechar la posibilidad de incorporar tabacaleros en función de tener siempre mano de obra ocupada y tener consideración con aquellos que están llevando a cabo otros cultivos que no se desarrollan todo el año”, comentó el científico.
“Se va a invitar a participar a comunidades, muchas veces nucleadas en cooperativas de cultivadores de cannabis, pero con la atención de que no pueden desarrollar plantas con principios psicotrópicos”, indicó.
En base a eso, “se va a invitar al sector productivo local, siempre bajo las normativas de control que establecen el Inase y el Inta”.
Esto a su vez podría significar una diversificación de los cultivos tradicionales de la tierra colorada, la yerba, el te y el tabaco.
“Si bien esta planta no es misionera, va a permitir tener un nuevo desarrollo del polo productivo regional que pueda incorporar un cuarto cultivo a las tres plantas tradicionales que tiene Misiones y que ofrecerá posibilidades de exportación y negocios en el Mercosur”.
Sobre los cultivos en el exterior y las condiciones climáticas de la provincia, el doctor Alonso adujo que “deberán ser monitoreados por la constitución del PH que sabemos que tiene el suelo misionero. Tenemos control de plagas para saber cuáles pueden afectar al cáñamo y cuáles no y las condiciones de humedad y de lluvias que se deben medir bien para que la planta vaya bien”, explicó.
Paso a paso
Sobre el proceso para obtener el aceite, el profesor explicó que “el laboratorio no va a hacer una elaboración artesanal, como se hace comúnmente, agregando aceite de oliva”.
“La parte medicinal de la planta son los cogollos femeninos, que vienen a ser las llamadas unidades floridas, eso tiene diferentes procesos extractivos”, detalló.
Así, se explayó sobre el Cannabidiol (CBD), compuesto de la planta con efectos antinflamatorios y analgésicos, entre otros.
El procedimiento que se utilizará en Misiones es el indicado “por la farmacopea y por los países que están desarrollando estos productos”.
“Será a partir de la extracción mediante dióxido de carbono supercrítico, que es la metodología que permite obtener la mayor cantidad de cannabinoides”.
“Ahí se utilizan distintos solventes, con lo cual se obtiene una optimización y concentración muy buena de CBD. Los otros métodos no tienen la concentración de activos requeridos para un uso medicinal”, cerró.
Cerca de las 13.30, una extensa caravana de camiones, camionetas y colectivos conducidos por productores y trabajadores yerbateros, arribó a la intersección de las rutas 101 y 12 en Puerto Iguazú.
“Estamos al frente de la caravana y son muchísimos los que vienen detrás, entre camiones cargados con los tractores, camionetas y colectivos que trasladan a productores y tareferos. Es muy larga la caravana”, confirmó a LVM Jorge Skripczuk, productor oriundo de Aristóbulo del Valle, quien decidió hacerse presente junto a un grupo de productores que viajó en colectivo.
El objetivo de la movilización a la que bautizaron “Tractorazo”, fue protestar contra la desregulación del sector, logrando mayor visibilidad ante la llegada del presidente Javier Milei, quien participará de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en el hotel Loi Suites de esa ciudad.
Se trata de quienes sostienen una de las principales economías regionales de la provincia y cuyos reclamos se remontan a los últimos tres años, cuando el DNU 70/2023, impulsado por el mandatario nacional, desreguló el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y provocó la caída del precio de la hoja verde a un valor mínimo de $70, cuando hasta ese año rondaba los $400.
De esa manera, la medida modificó el equilibrio dentro de la cadena productiva en la que conviven alrededor de 12 mil productores, con secaderos y grandes industrias que concentran la mayor capacidad de compra.
Los productores reconocen que la desregulación debilitó a los eslabones más bajos de la cadena productiva, ante la caída del precio de la materia prima, el incremento de los costos de producción y los plazos de pago por parte de los secaderos.
A las protestas en la ciudad de las Cataratas también se sumaron sindicatos y gremios que nuclean a los trabajadores del Estado, ATE y CTA, como también organizaciones sociales, políticas y estudiantiles.
Productores llegaron a Iguazú/ Fotos: Marcos Otaño
La diputada Arabela Soler presentó ayer en la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto de ley elaborado por pequeños productores yerbateros que propone declarar por un año la emergencia de la producción primaria y establecer un precio mínimo sostén obligatorio para la hoja verde.
La iniciativa, denominada “Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera”, contempla un régimen extraordinario para los productores que tengan hasta 50 hectáreas cultivadas con yerba mate.
El objetivo, según establece el artículo 1, es “preservar la continuidad de la producción, asegurar la sustentabilidad económica de las explotaciones comprendidas y garantizar un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde”.
El proyecto plantea declarar la emergencia en todo el territorio provincial durante 360 días, para los productores alcanzados por la norma. La medida busca, de acuerdo con el texto, “preservar la continuidad de las explotaciones productivas, proteger el trabajo rural, evitar el deterioro del patrimonio productivo y garantizar condiciones de sustentabilidad económica”.
La emergencia podría extenderse por otro período de 360 días, ya sea por decisión del Poder Ejecutivo provincial o de la Legislatura, a solicitud fundada de la autoridad de aplicación.
Precio
El eje central de los productores es la creación de un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde, que tendría carácter obligatorio para quienes compren materia prima a los productores incluidos en el régimen.
El artículo 5 establece que ese valor deberá contemplar “la totalidad de los costos directos e indirectos de una explotación eficiente”, además del pago de la mano de obra según la legislación vigente y los valores establecidos para la tarefa.
También deberá incluir las obligaciones tributarias, previsionales y de seguridad social vinculadas con la actividad y “un margen de utilidad que permita la reproducción económica y la continuidad de las unidades productivas”.
El precio deberá actualizarse cada 90 días como máximo, aunque la autoridad de aplicación podrá establecer períodos menores ante circunstancias excepcionales.
A su vez, el artículo 6 dispone que el precio será de “cumplimiento obligatorio” para quienes adquieran la hoja verde de los productores alcanzados. Cualquier acuerdo que establezca un valor inferior será considerado inoponible y el comprador continuará obligado a pagar la diferencia.
“Todo pacto, convenio, cláusula o modalidad contractual que establezca, directa o indirectamente, un precio inferior” al mínimo sostén no liberará al adquirente de abonar la diferencia correspondiente, señala el proyecto.
Control
La iniciativa también prevé mecanismos de fiscalización para controlar que el precio establecido sea efectivamente abonado.
La autoridad de aplicación podrá solicitar contratos, liquidaciones, comprobantes, medios de pago y registraciones contables, además de realizar inspecciones, auditorías y verificaciones sobre las operaciones.
El proyecto incluso contempla la implementación de sistemas de trazabilidad “física, documental y financiera” para las operaciones de comercialización de hoja verde.
En caso de detectar un incumplimiento, la autoridad podrá intimar al responsable a regularizar la operación y pagar al productor las diferencias adeudadas. Esto incluirá los intereses correspondientes y las cargas legales vinculadas con la operación.
Multas y sanciones
La propuesta considera infracciones, entre otras conductas, comprar hoja verde por debajo del Precio Mínimo Sostén, omitir total o parcialmente su pago, simular operaciones para evitar la aplicación de la ley u obstaculizar las tareas de fiscalización.
Las sanciones previstas van desde apercibimientos y multas hasta la suspensión de registros, autorizaciones o habilitaciones vinculadas con la actividad. También se contempla la “inhabilitación temporal para acceder a programas provinciales de promoción, asistencia, financiamiento o beneficios fiscales relacionados con la actividad yerbatera”.
Los fondos obtenidos mediante las multas, según el artículo 13, deberán destinarse exclusivamente al “fortalecimiento de las acciones de fiscalización, control, asistencia técnica, modernización administrativa y demás políticas públicas vinculadas al cumplimiento de los objetivos de la presente ley”.
Quiénes quedarían incluidos
El régimen alcanzaría a personas humanas o jurídicas que desarrollen tareas de implantación, cultivo, conservación, cosecha y comercialización de hoja verde proveniente de explotaciones ubicadas en Misiones, siempre que la superficie cultivada no supere las 50 hectáreas.
Para evitar que el límite sea eludido mediante el fraccionamiento de explotaciones, el proyecto establece que se computarán las superficies de las distintas unidades productivas pertenecientes a una misma persona o a personas vinculadas económicamente.
También quedarían excluidas las explotaciones que, mediante “la división, fraccionamiento o simulación de una unidad productiva mayor”, intenten eludir el límite establecido.
El Poder Ejecutivo provincial será la autoridad de aplicación y deberá reglamentar la norma dentro de los 30 días posteriores a su publicación. Además, podrá establecer convenios con el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), organismos nacionales y municipios para coordinar los mecanismos de control.
La iniciativa presentada por la diputada Soler plantea así una herramienta de emergencia con vigencia transitoria, pero con un mecanismo de protección concreto para los pequeños productores ante la crisis que atraviesan por la desregulación del Inym: fijar un piso obligatorio para el valor de la hoja verde que contemple los costos de producción y permita sostener la actividad en las chacras misioneras.
Yerbateros marchan a Iguazú con carta a Milei: “No son bienvenidos”
De cara al arribo del presidente Javier Milei a Puerto Iguazú, en el marco de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), productores, asociaciones y miembros de cooperativas yerbateras emitieron una carta dirigida al presidente y al equipo de gobierno que lo acompañaría durante esta jornada.
“Nobleza obliga, lo primero que tenemos que decirles es que no son bienvenidos a la Tierra de la Yerba Mate por una razón muy clara: sus políticas están destruyendo a esta economía regional que durante 100 años dignificó, dinamizó, generó crecimiento y desarrollo para miles de familias”, relatan los referentes del sector en las primeras líneas de la misiva.
Se trata de uno de los momentos de mayor tensión del sector, ante la caída del precio de la materia prima, el incremento de los costos de producción y los plazos de pago por parte de secaderos, por lo que apuntaron contra el libre mercado: “La falsa eficiencia del modelo de libre mercado que pregonan es evidente en cada rincón de nuestro territorio yerbatero y está multiplicando el hambre y la pobreza”.
Seguidamente, enumeraron los factores del modelo económico que impactan negativamente sobre el sector yerbatero. En principio, mencionaron la falta de competencia real por concentración de monopolios. “En mercados con alta concentración, como el yerbatero, la desregulación no generó una baja de precios por competencia. Por el contrario, facilitó que las grandes empresas aumentaran sus márgenes de ganancia a costa de los trabajadores rurales, productores primarios y también consumidores”, explicaron.
También, refirieron a la caída del consumo: “El consumo interno de yerba mate en Argentina se mantiene con una tendencia a la baja, afectado por la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Las familias redujeron sus compras o cambiaron a formatos y empaques más económicos ante la suba de precios y la merma de ingresos”.
A su vez, aludieron a la destrucción de herramientas que garantizaban calidad al producto y crecimiento en el mercado, tras la desregulación del Inym y la desarticulación de áreas claves como la Técnica, Registro y Fiscalización, y la eliminación de resoluciones históricas del Instituto.
El reclamo continuó apuntando contra el aumento de la pobreza, la caída del precio de la hoja verde, la inflación y los altos costos para la producción (incluyendo subas de combustible, fertilizantes esenciales y costos operativos básicos).
“El desplome de los precios de la hoja verde por debajo de los costos de producción y la fuerte caída del volumen de cosecha tienen su correlato en cada uno de los municipios de Misiones, frenan la dinamización de la economía local y regional”, agregan sobre la crisis a nivel regional.
Y concluyen: “Tanta ruina generada por ustedes, autodefinidos como “el mejor equipo económico de la historia”, queremos decirles que tenemos claro que “no hay mal que dure 100 años” y que “a cada chancho le llega su San Martín”. Por eso, desde aquí, arraigados profundamente a la tierra colorada, con memoria y compromiso con la historia, seguimos trabajando para recuperar todas las facultades del Inym y hacer que los próximos cien años de la yerba mate sean virtuosos, sobre todo para los sectores más vulnerables”.
La misiva lleva las firmas del Movimiento Agrario de Misiones (MAM), la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), Impulso Yerbatero y la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN), como también de los referentes Julio Petterson, Hugo Sand, Antonio Franza, Jorge Skripczuk y Salvador Torres.
El documento es llevado en manos de quienes por estas horas se encuentran marchando en colectivo, desde diferentes localidades de la provincia, y desde Andresito en camiones y tractores por la ruta 101 rumbo a Puerto Iguazú.
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