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Misioneros varados por el país, tendrán permiso especial para volver a sus casas

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Los interesados deberán inscribirse en un registro que podrá a disposición cada provincia y esperar hasta recibir la confirmación del certificado que los autorizará a trasladarse “por única vez” hasta su domicilio. Será el único documento que necesitarán para poder viajar.

 

ARGENTINA. Ante la alta demanda por parte de algunos varados en el interior del país que todavía no pudieron regresar a sus provincias de origen para cumplir con la cuarentena en sus domicilios habituales, y tras las fallas en la implementación del último permiso que hubo para que estas personas se trasladen hasta sus respectivas casas, el Gobierno aprobó este viernes un nuevo “procedimiento” para autorizar la circulación de este grupo y solucionar el problema.

La medida se hizo efectiva a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución Conjunta 3/2020.

El documento, firmado por los ministros de Transporte, Mario Meoni, y del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, aclara que los interesados deberán viajar “por única vez”, en “vehículos particulares” y cumpliendo una serie de normas que se redactaron para este fin en particular, siempre y cuando hayan recibido previamente la autorización para hacerlo por parte de las autoridades de la jurisdicción a la cual quieren volver.

En un reglamento especial que se publicó junto a la Resolución, se explicó que cada provincia, así como también la Ciudad de Buenos Aires, “abrirá y administrará un registro” de los ciudadanos residentes en cada distrito que actualmente están cumpliendo el aislamiento en otro lado y quieran retornar a sus hogares.

Estas personas “deberán inscribirse” en el registro que les corresponda según el distrito al que deseen regresar y completar una planilla con los datos personales, como nombre, apellido, DNI, patente del auto en el que circularán, punto de origen y de destino, entre otras cosas.

Las autoridades de cada lugar “aprobarán o desestimarán las solicitudes” hechas por los varados basándose en “la capacidad de ingreso diario de cada jurisdicción, en condiciones de seguridad sanitaria, comunicando la decisión a los solicitantes”.

Además, los interesados tendrán que esperar la confirmación si es que necesitan que un auto los vaya a buscar hasta el lugar donde se encuentran haciendo la cuarentena, en el caso de que no cuente con un medio de transporte propio.

“A partir del día martes 5 de mayo de 2020, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires informarán diariamente la nómina de personas para cuyo desplazamiento prestan conformidad, a través de una nota suscripta por el señor Gobernador, Gobernadora o el Jefe de Gobierno-o el funcionario público delegado al efecto-, solicitando, asimismo, la emisión del ‘Certificado para el Regreso al Domicilio Habitual’”, se aclaró.

De acuerdo con el reglamento, “una vez recibida la información completa, se habilitará la emisión del ‘Certificado para el Regreso al Domicilio Habitual’, que cada jurisdicción deberá remitir a los interesados y que será el único permiso de circulación necesario para trasladarse desde su lugar de origen hasta su lugar de destino”.

Esta autorización “tendrá una vigencia de noventa y seis (96) horas computadas a partir de su emisión”, aunque se resaltó que los que viajen “deberán observar las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias y de seguridad establecidas” en el marco de la pandemia por el coronavirus.

Además, se destacó que “ante el requerimiento de la autoridad competente en la vía pública, la persona deberá exhibir copia digital o impresa” del certificado y la documentación que respalde los datos incluidos en la planilla.

Por último, se remarcó que la falsedad en la información brindada durante la tramitación de la declaración jurada “dará lugar a la aplicación de las sanciones civiles o administrativas que resulten pertinentes, sin perjuicio de las denuncias penales que correspondan efectuar para determinar la eventual comisión de delitos de acción pública”.

Entre los considerandos, el Gobierno señaló que “la experiencia colectada en su implementación” durante el primer periodo de esta medida “y la existencia de numerosos casos de personas que no han podido regresar a su residencia habitual” provocan que sea “necesario implementar un nuevo procedimiento que permita evaluar autorizaciones excepcionales al efecto”.

Además, se hizo mención a una nota que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, envió el pasado 27 de abril pidiendo que los Ministerios trabajen “con las jurisdicciones provinciales” para diseñar una nueva autorización para que puedan volver a sus casas quienes todavía no lo hicieron.

Asimismo, se recordó que se registraron “inconvenientes” en algunos distritos “para la circulación de aquellas personas que regresaban a su residencia habitual”, ya que algunos gobernadores exigieron cierta documentación adicional a la que se pidió a nivel nacional.

En este sentido, la última vez los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales, y de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, les advirtieron a los ciudadanos que debían tramitar permisos adicionales para poder ingresar a sus respectivas provincias si tenían que regresar desde otros puntos del país.

“Ante esta circunstancia, es dable la implementación de un procedimiento articulado con las jurisdicciones locales, que permita que éstas recaben la información y presten la debida conformidad para el traslado de personas a sus residencias emplazadas en su ámbito, para la debida ponderación sanitaria de la medida en cuestión”, remarcó la actual Resolución.

En este sentido, el Poder Ejecutivo aseguró que el trabajo conjunto con los Ministerios nacionales “coadyuvará al cumplimiento del objetivo señalado, simplificando los trámites a realizar por los solicitantes y limitando la circulación vehicular a casos especialmente autorizados, sin poner en peligro los esquemas implementados para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19”.

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Camarógrafo detenido por la PFA fuera del Congreso: “Me pegaban patadas”

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Un camarógrafo fue herido y detenido este jueves en las inmediaciones del Congreso de la Nación, mientras cubría una protesta de activistas de Greenpeace antes del debate en el Senado por modificaciones en la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea.

Se trata de Facundo Tedeschini, trabajador de A24, quien registraba imágenes en el sector donde la Policía Federal Argentina (PFA) había establecido un perímetro de seguridad tras la detención de doce activistas que ingresaron al edificio y luego fueron trasladados a un estacionamiento sobre la calle Hipólito Yrigoyen.

Según su testimonio, junto a otros periodistas se encontraba cubriendo la acción “sin obstruir ninguna entrada ni ninguna salida de los efectivos de la Policía”. Indicó que fue empujado por un agente, cayó al piso intentando proteger el equipo y que luego fue reducido por varios efectivos.

Me tiraron. Quise caer con el codo para que la cámara no se rompiera, hasta que en un momento me agarraron entre cinco o siete efectivos y ahí me llevaron”, relató tras recuperar la libertad. Señaló, además, que no fue agredido únicamente por el agente al que se le abrió un sumario administrativo, sino también por otros policías. “Me pegaban patadas por abajo. Se me abalanzaron cinco o seis efectivos y yo les gritaba ‘paren, paren’”, sostuvo.

Tedeschini indicó que, cuando fue presionado por los efectivos, intentó protegerse: “Le puse la mano a la Policía para que no siguieran”. También afirmó que quienes lo detuvieron “fueron muy agresivos”.

Señaló que pidió que se detuvieran, que sintió un brazo en el cuello, recibió gas pimienta y fue derribado. Agregó que cayó protegiendo la cámara y que, una vez en el piso, varios efectivos lo redujeron y le colocaron precintos en las muñecas, lo que le dejó marcas. Posteriormente fue asistido por personal del Same y trasladado al Hospital Ramos Mejía.

Tras permanecer detenido, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, dispuso su liberación.

Voces oficiales  

La senadora Patricia Bullrich declaró que el camarógrafo había intentado ingresar al área donde estaban los detenidos y señaló que se abrió un sumario para evaluar la actuación policial.

En un comunicado conjunto, la Policía Federal y el Ministerio de Seguridad informaron que, luego de la irrupción de los activistas en el edificio, se dispuso un perímetro para impedir el ingreso o egreso de personas al sector de detención. Indicaron que se solicitó a los trabajadores de prensa mantener distancia por razones operativas y que, durante ese lapso, se produjo “un forcejeo” con el camarógrafo cuando intentaba obtener imágenes dentro del perímetro. Señalaron que en ese contexto se generó una “situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio”.

El comunicado agregó que, además de la intervención judicial, se iniciaron actuaciones administrativas para evaluar integralmente lo sucedido y la actuación del personal interviniente.

Repercusiones 

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) expresó su repudio al hecho y sostuvo que la violencia contra la prensa afecta la libertad de expresión y el derecho a la información.

En tanto, la familia del fotoperiodista Pablo Grillo difundió una carta titulada “La historia se repite en el mismo escenario”, en la que manifestó su rechazo a la agresión y detención del camarógrafo.

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Después de 80 años Fate cierra definitivamente: 920 empleados despedidos

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La empresa argentina de fabricación y exportación de neumáticos fundada en 1940, Fate S.A.I.C.I, anunció el fin de sus operaciones en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires, obligando el despido de 920 empleados.

El anuncio fue dado por la empresa este miércoles 18 de febrero, cuya medida se habría ejecutado de manera inmediata con el cese de la actividad en el predio que ocupa 40 hectáreas y hasta hace poco tuvo una capacidad productiva que superó los cinco millones de neumáticos por año. 

Se trata de la mayor planta del país y su cierre responde a un contexto de crisis industrial afectada por la apertura comercial que generó un mayor impacto de las importaciones.

Al explicar los motivos de la decisión, la firma expresó a través de un comunicado que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.

La empresa propiedad de la familia Madanes Quintanilla remarcó que no se trata de un concurso preventivo de acreedores, ni se contempla una reestructuración o un plan de salvataje, sino que es un cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente.

Según el portal Noticias Argentinas, fuentes cercanas a la firma afirmaron que “es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo lo que corresponde. A empleados, proveedores, bancos. Se liquida todo y se baja la persiana”.

Por estas horas, el gobierno pidió una reunión con sus directivos con el objetivo de alcanzar la conciliación obligatoria.

Comunicado de cierre/Fate

La industria en crisis 

El cierre no fue un evento repentino, sino el resultado de una erosión sistemática de la competitividad que la empresa venía denunciando desde mayo de 2024. Los factores que terminaron por dinamitar la estructura productiva de Fate se pueden resumir en tres ejes críticos:

Importaciones chinas: a mediados de 2025, el mercado local se vio saturado por un récord de 860.000 cubiertas importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios de origen chino obligó a Fate a rebajar sus productos un 15%, destruyendo sus márgenes de ganancia.

El laberinto macroeconómico: la combinación de una sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias y la falta de incentivos para la exportación dejó a la firma fuera de juego frente a competidores regionales y globales.

Conflictividad y productividad: la dirección de la empresa señaló reiteradamente que el costo laboral y la baja productividad, sumados a una relación gremial desgastada, hicieron que fabricar un neumático en Argentina fuera significativamente más caro que importarlo.

En este marco, la compañía repasó su recorrido histórico señalando que “a lo largo de más de ocho décadas FATE construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”.

En esa línea, remarcó que “fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”.

A su vez, el comunicado recordó que “Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país”, y agregó que “esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante”.

Asimismo, desde la compañía se despidieron agradeciendo al manifestar que “expresamos nuestro profundo agradecimiento a quienes nos acompañaron en este recorrido: nuestros colaboradores, clientes, proveedores y a todos aquellos que confiaron en nuestra industria”.

Tras el cierre consumado, el empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate, se enfocará directamente en los negocios que lleva adelante con Aluar, en la producción de aluminio.

Informe revela que en la era Milei se cerraron más de 20.000 empresas

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Estaciones de servicio se adhieren al paro de la CGT contra la reforma laboral

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Estaciones de servicio se adhieren al paro de la CGT contra la reforma laboral

El Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y Garages (SOESGyPE) confirmó su adhesión al paro general de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para la jornada en que la Cámara de Diputados de la Nación trate el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei, que ya obtuvo media sanción en el Senado.

En diálogo con el medio Surtidores Latam, Argentina, el secretario general adjunto del gremio, Carlos Acuña, anunció el acompañamiento a la huelga, que no incluirá movilización en las calles, y argumentó que la decisión responde a “la preocupación que genera el contenido del proyecto oficial”.

“La reforma laboral introduce una lógica de flexibilización que impacta de lleno en el empleo formal. En nuestro rubro eso se traduce en menos previsibilidad, más presión sobre el trabajador y un debilitamiento de reglas que hoy ordenan la actividad”, precisó el dirigente.

En esa línea, Acuña afirmó que el esquema laboral de las Estaciones de Servicio en el país “está regido” por convenios colectivos de trabajo que “regulan turnos rotativos, jornadas nocturnas y trabajo en fines de semana”.

“Cuando se habla livianamente de flexibilizar, en la práctica se pone en discusión el salario, los descansos y la estabilidad del personal”, apuntó.

Asimismo, el secretario general expuso algunos de los ítems que “preocupa” al sector en relación con la reforma, como el nuevo esquema de licencias por enfermedad o accidente no laboral, al que calificó como “un retroceso muy grande” y como un castigo “al trabajador que le toque padecer una enfermedad o que tenga un accidente que no le permita asistir al trabajo”.

Acuña también cuestionó, entre otros puntos, el “banco de horas”, el cual habilitaría a “que un trabajador tenga la obligación de estar hasta 12 horas en su puesto de trabajo. En estaciones de servicio, donde ya existen turnos exigentes y tareas de riesgo, eso afectaría a todos”.

El representante de los obreros y empleados de estaciones de servicios reprochó al gobierno libertario al señalar que “decían que no venían a tocar derechos adquiridos y claramente los están tocando. Avanzan sobre indemnizaciones, sobre licencias y sobre los convenios colectivos de trabajo”.

Ante este panorama, Acuña enfatizó que el gremio tiene la “obligación” de acompañar y explicar a los trabajadores “qué está en juego” y subrayó que “no es una discusión abstractra: son derechos concretos que quieren arrebatarnos”.

La medida de fuerza se llevará a cabo el mismo día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral, con fechas tentativas para el jueves 19 o el miércoles 25 de febrero, dependiendo del avance legislativo.

 

Foto principal: Canal 12.

La CGT convocó a un paro nacional en contra de la reforma laboral

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