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Marcha Federal en Posadas y Oberá: “El problema agrario es político y cíclico”

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La capital misionera se sumó a la Marcha Federal en el marco de una convocatoria que surgió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y se replicó en otros puntos del país, movilizados por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Confederación General del Trabajo (CGT). Una medida similar tuvo eco en la Capital del Monte, mientras que en la localidad de Montecarlo procedieron a un corte de ruta en el marco de la misma “jornada de lucha contra el ajuste”.

De esta manera, trabajadores de distintos rubros se manifestaron con carteles que repudiaron “las políticas de ajuste del gobierno nacional”, “el desguace de organismos públicos” y “los tarifazos”.   

Puntos estratégicos en Misiones

En Posadas, la concentración inició a las 9 en el Mástil, ubicado sobre avenida Mitre, con una marcha que culminó en la plaza 9 de Julio, donde un importante número de personas agrupadas en distintas organizaciones y banderas cuestionaron la gestión nacional, el recorte a las partidas jubilatorias, a la asistencia alimentaria, a los comedores populares, a la salud y la educación.

En ese marco, también apuntaron contra los legisladores nacionales por Misiones, en sus distintos espacios políticos, que han acompañado con su voto los proyectos de la gestión de Javier Milei en el Congreso.

Hugo Sand, uno de los principales referentes de los reclamos agrarios de las últimas décadas en Misiones

Simultáneamente, en Oberá, un amplio arco de organizaciones, productores agrarios, activistas ambientales, docentes, trabajadores del Estado, pueblos originarios, partidos políticos y movimientos sociales se concentraron a las 10 en la plazoleta Islas Malvinas.

La elección de ese lugar tuvo una connotación simbólica e histórica, ya que el 15 de marzo de 1936, varias familias campesinas provenientes de las localidades aledañas marcharon hacia ese sitio exigiendo mejores precios para sus productos, movilización que resultó duramente reprimida por una partida de policías y civiles que terminaron sellando con sangre “La Masacre de Oberá”.

En ese marco, el productor Hugo Sand recordó: “El problema agrario es un problema político y cíclico” que, a su entender, “no será solucionado por los gobiernos”.

Estamos al inicio de una crisis muy severa, esto se va a complicar muchísimo”, afirmó en referencia al reclamo yerbatero, junto al tractor con el que participó en los años 2001 y 2002 de los tractorazos y que hace pocos meses llevó en protesta a Plaza de Mayo en Buenos Aires.

Eco de la Marcha Federal en Oberá

Otros reclamos

Para dar un panorama respecto a la situación que atraviesan los distintos sectores, el referente del Frente Patria Fernando Lafere puntualizó: “Es terrible la profundización de todo este reseteo que pidieron las empresas concentradas del país, con un frente de gobierno en el Estado que está dispuesto a todo, por ejemplo, con la cuestión de la yerba”.

Y agregó: “Las problemáticas van de punta a punta en los sectores populares; tarifazos, atrasos salariales, abandono de políticas públicas que tocan a los jubilados y la problemática de los compañeros de la producción de la yerba en la parte más baja de la cadena productiva”.

El reclamo multisectorial cumple casi un año, luego de que Nación publicara el DNU 70/2023, normativa que impactó en diversos sectores: “Nos impusieron criterios de gobierno que van en contra de todo lo que viene sosteniendo el pueblo argentino. Decidieron tumbar leyes, por ejemplo la Ley de Emergencia Social que daba asignaciones, el Potenciar, la asistencia alimentaria, todo quedó suspendido desde diciembre”.

Corte de ruta en Montecarlo encabezado por el gremio docente Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL)

Por su parte, desde la CTA, Juan “Chito” Pasaman mencionó la cuestión salarial y señaló: “Fue un año muy difícil, tanto los trabajadores en actividad como para los jubilados. La mayoría de los sectores no recuperó el poder adquisitivo que tenía en octubre del año pasado, sumada la dificultad que generó el incremento de servicios”. 

“Ante esto, el gobierno judicializó a muchos de los que reclamamos, entonces en vez de discutir en el Ministerio de Trabajo los reclamos salariales, terminamos discutiendo con la justicia penal”, dijo refiriendo a la situación que atraviesan los docentes Leandro Sánchez y Mónica Gurina, acusados de cortar y realizar un acampe prolongado sobre avenida Uruguay en mayo pasado. 

A los reclamos que se replicaron en al menos tres puntos de la provincia, se sumó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Movimiento Agrario de Misiones (MAM), la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Mesa Socioambiental Misionera, Asociación Civil de la Calle a la Dignidad, Agrupación John Wiliam Cooke, Tareferos Justos, Multisectorial de Trabajadores que Luchan, Frente Nacional y Popular, Espacio Chacabuco, Unidad Popular, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido Comunista Revolucionario, Partido Obrero, la Promotora Intersectorial Misiones, entre otras organizaciones.

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Arenera rechazó intimación de la EBY y advirtió sobre acciones penales

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La Arenera JM rechazó la intimación que le formulara la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a regularizar -en un plazo de 72 horas- los requerimientos que la Municipalidad de Candelaria hizo a la empresa y que llevaron a su clausura preventiva hace más de 20 días, un procedimiento que la compañía minera tachó de “arbitrario e irregular”.

En una nota de descargo, fechada el 2 de diciembre, la empresa no solo rechazó la intimación que le llegó de la EBY por intermedio del jefe del Departamento de Obras Complementarias (DOC), René Martinangeli, sino que previno al funcionario sobre las consecuencias legales de persistir en requerimientos que avalen lo actuado por la Municipalidad, cuyo accionar está a las puertas del foro judicial penal.

Inexistentes

“Me dirijo a Ud., en mi calidad de representante legal de la firma J.M. S.A. a fin de responder la nota fechada el 26/11/2025, por la cual se me requiere ‘regularizar’ la situación conforme a las responsabilidades asumidas en la cláusula IV del Contrato de Comodato oportunamente celebrado por este parte, bajo apercibimiento de iniciar los trámites de rescisión del referido instrumento; aduciendo como fundamento el apercibimiento y clausura preventiva dispuesta por la Municipalidad de Candelaria, mediante la Resolución N° 02/25”, reza el escrito firmado por el abogado Fernando Canteli y el propietario de la empresa minera, Jorge Muniagurria.

“Sobre el particular, rechazo tempranamente vuestra intimación de regularizar la situación”, continúa y detalla las “irregularidades”, detectadas y recusadas por la empresa, del procedimiento de clausura del predio donde opera en la costa del río Paraná, cedido en comodato por la EBY en 2017, como resarcimiento del emplazamiento original afectado por la suba del embalse de la represa.

“La primera de tales circunstancias es que la clausura de mención, es ‘preventiva’ e inclusive no se halla firme, ya que se ha interpuesto ante el Sr. Intendente el Recurso Jerárquico respectivo; sin perjuicio de acotar que luego de ello se abre la vía contenciosa administrativa ante los órganos judiciales correspondientes”, explica la nota.

El escrito le informa al ingeniero Martinangeli que la Resolución 02/25 de la Municipalidad de Candelaria, invocada por el funcionario de la EBY en la intimación a la empresa, “ha sido dictada por un funcionario inexistente” y “una reglamentación inexistente”, y por lo tanto “ilegal”.

“El municipio de Candelaria carece de Carta Orgánica, por lo cual se rige por la Ley Orgánica de Municipalidades; en dicha norma legal, no se regula la creación de una ‘Secretaria de Planificación Catastro y Medio Ambiente’, limitándose a señalar la necesidad de dictar las pertinentes ordenanzas que prevean las distintas secretarías con sus respectivas atribuciones y funciones”, explica y remarca: “No existe… en la Municipalidad de Candelaria un organismo (en este caso secretaría) que tenga las facultades de apercibir, intimar y/o clausurar actividades fundadas en el supuesto incumplimiento de normas municipales”.

“Así de grave se presenta la cuestión ya que nos vemos expuestos a actuaciones de funcionarios municipales cuyas funciones no están regladas en absoluto en ningún texto legal”, advierte la nota.

Agrega que “en una consulta dirigida al Boletín Oficial de la Provincia de Misiones, surge que no solamente no está publicada la Carta Orgánica del Municipio de Candelaria, sino que tampoco se halla publicado el supuesto Decreto Reglamentario 4/12”.

El empresario y su abogado le recuerdan al alto funcionario de Yacyretá, que si una norma jurídica, cualquiera sea su naturaleza, “no está correctamente publicada, no existe en el derecho positivo argentino”, por lo que la clausura preventiva del predio de la empresa “es absolutamente infundada e ilegal”.

“No cabe duda alguna que la simple exposición de los hechos resulta más que suficiente para dejar sin efecto la intimación sobre la regularización que me fuera cursada”, dice la respuesta de la empresa a la nota de Martinangeli, donde la EBY intima a la arenera a resolver lo relativo a la clausura, so pena de rescindirle el contrato de comodato.

Prevenidos

En otro tramo del escrito, el empresario y su abogado relatan al jefe del Departamento de Obras Complementarias que la Municipalidad de Candelaria rechazó, de manera “arbitraria y sin ningún tipo de fundamento”, la información tributaria y contable de la empresa, que le habían exigido en virtud de la recusada Resolución 02/25.

“El acto administrativo, en este caso la resolución N° 02/25, que contiene este tipo de calificación, automáticamente, es nulo en el plano judicial por carecer de motivación adecuada y abrir las puertas a la absoluta arbitrariedad”, señalan.

“Antes de terminar, debo señalar que tales actuaciones municipales merecen, largamente, las pertinentes denuncias penales por abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público (art. 248 y ccts. del Código Penal Argentino), que serán presentadas en corto plazo”, anuncia el escrito de Muniagurria y Canteli.

En tal sentido, previenen a Martinangeli de avanzar con la intimación expresada en su nota a la empresa “para no hacer extensivas a terceros las denuncias pertinentes”, y le advierten “que cualquier decisión que avale el accionar delictivo descripto, hace pasible a los autores de tal confirmación de las mismas imputaciones”.

“Todo ello, sin perjuicio atento a los ingentes daños y perjuicios que me provoca el accionar referido, de iniciar oportunamente las acciones contra los funcionarios intervinientes, en procura de las indemnizaciones que me corresponden”, finaliza la nota al jefe del DOC.

Nota descargo EBY (2-12-25)

 

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Passalacqua anunció el pago del Intercosecha a más de 6400 tareferos

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El gobernador Hugo Passalacqua informó que el pasado lunes se realizaron los depósitos correspondientes al primer pago del programa Intercosecha, beneficio que alcanza a más de 6400 tareferos durante el período de inactividad del sector yerbatero. 

Informo que desde el lunes 1 de diciembre ya están depositados en las cuentas del Banco Nación el Primer Pago del Programa Intercosecha”, anunció el mandatario provincial a través de su cuenta personal de “X” sobre la suma que rondaría los $123.000.

El anuncio llegó en un contexto clave para miles de trabajadores rurales que dependen de esta asistencia, como es el caso de los tareferos que dependen de la yerba mate y que -ante la crisis económica que atraviesa el sector- se verán imposibilitados de trabajar ya que varios productores decidieron adherirse al paro de cosecha de verano (zafriña) en reclamo de un mejor precio de la hoja verde.

Actualmente el valor de referencia de la materia prima fijado por el Inym es de $423,99, aunque los secaderos y molinos pagan alrededor de $180 por kilo al productor.

El gobernador también detalló en el mismo posteo que el beneficio alcanza a más de 6.400 trabajadores de la cosecha en los meses de receso de la actividad.

De esta manera, el programa tiene como objetivo asistir a los trabajadores rurales temporarios en los períodos entre cosechas, mediante una asistencia económica que busca reducir la vulnerabilidad laboral. 

El mismo es desarrollado de manera conjunta entre el Gobierno de Misiones y el Ministerio de Trabajo y Empleo a través del Sistema de Tareferos Misioneros (Sitami).

Productores piden declarar emergencia yerbatera en Misiones

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Extienden hasta el 19 de diciembre la vigencia del Boleto Estudiantil

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El Boleto Estatal Estudiantil Misiones (BEEM), que en principio iba a funcionar hasta el 5 de diciembre, fue prorrogado hasta el viernes 19, cuando culminarían las mesas de exámenes en distintas instituciones educativas.

El anuncio lo hizo el propio gobernador, Hugo Passalacqua a través de sus redes sociales, donde apuntó: “Con el compromiso de acompañar a los  estudiantes en los exámenes del último tramo del año anuncio la prórroga del Boleto Estatal Estudiantil Misionero, que inicialmente llegaba hasta el 5 de diciembre, hasta el viernes 19, para todos los niveles y en todas las modalidades de servicio de transporte público”.

El pasado 8 de octubre el beneficio cumplió 10 años y celebró la adhesión de 400.000 usuarios en Posadas, Oberá e Iguazú.

De esta manera, fue mediante un proyecto de ley aprobado hace una década que miles de alumnos de los distintos niveles y modalidades educativas accedieron al transporte público urbano e interurbano, en condiciones más equitativas y derribando las barreras económicas que históricamente dificultaron la permanencia e incluso el egreso escolar. 

Se trata de un servicio mancomunado entre el Consejo General de Educación de Misiones y la Municipalidad de Posadas, y favorece a los alumnos de los niveles inicial, primario, secundario y universitario. 

A su vez, es solventado en su totalidad por el Gobierno provincial, con el objetivo de garantizar el acceso al transporte público a los estudiantes misioneros.

El boleto estudiantil cumplió diez años y superó los 400.000 beneficiarios

 

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