Provinciales
Mamá de niño con discapacidad denunció a funcionaria del IPS por discriminación
Un audio en el que una empleada del Instituto de Prevención Social (IPS) tilda de “raros” a los niños con discapacidad fue el disparador para que una mamá denuncie, ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el manejo de la obra social con respecto al tema.
Claudia K., la mujer señalada, se desempeña en mesa de entradas en el Área de Discapacidad y, en el audio, al que tuvo acceso a La Voz de Misiones, la empleada se refiere en términos generales a niños con discapacidad, desconociendo las múltiples condiciones existentes.
La grabación, que es parte de la denuncia ante el Inadi, pertenece a una conversación que la trabajadora mantenía vía WhatsApp con Raquel Peralta, mamá de un niño con discapacidad y afiliada del ente de salud, respecto de las maestras integradoras para chicos que las necesitan.
En el audio, Claudia dice: “Se está trabajando en hacer un convenio con el Colegio de Psicopedagogos para que ellos provean las maestras integradoras, en caso de que los chicos necesiten sí o sí integración”, relató la funcionaria y destacó: “También lo que nosotros hemos visto, desde la obra social, es que a mansalva las escuelas piden integración y muchos de los chicos no necesitan”.
Además, la trabajadora del área de discapacidad adujo que, “con una maestra de apoyo a contraturno, los chicos andan bien. La integración escolar no debería ser la primera opción para la familia”, opinó la empleada de la obra social del estado provincial.
Sin embargo, Claudia no se detuvo ahí y añadió: “Tendría que ser la última opción, porque una integradora implica que vaya al aula, que se siente con el chico, y hay a veces que tenés un aula que tiene tres o cuatro integradoras”, expresó la recepcionista y señaló que “es anti natura… de por sí, al chico que le cuesta o que tiene alguna dificultad… digamos, que es el ‘raro’ y, si encima va con una mae especial, es más raro aún”.
La conversación con la trabajadora del IPS concluyó en una denuncia por parte de la mamá ante el organismo que combate la discriminación.
Denuncia ante el Inadi
La denunciante, Raquel Peralta, explicó a LVM que el trato que recibió no es un caso aislado dentro del personal de la obra social, sino que es el detonante de situaciones cotidianas y decisiones internas que son opuestas a los derechos humanos de las personas con discapacidad.
En la denuncia, a la que accedió La Voz de Misiones y fue presentada en el organismo nacional, a cargo de la delegada local, Silvia Risko, Raquel expresó: “Me siento agraviada por los términos que utiliza Claudia K. refiriéndose en el ámbito laboral a la integración escolar como estigmatizante y anti natura”.
Además, la madre enfatiza en el documento que la trabajadora menosprecia la solicitud de los médicos tratantes y profesionales capacitados en discapacidad alegando que “prescriben a lo pavote” maestras integradoras.
Por otra parte, también Raquel remarca: “Utiliza términos como ‘raro’, ‘más raro’, al referirse a las personas que poseen discapacidad”. Asimismo, subraya que “este tipo de conducta ejercen violencia institucional, vulnera derechos y nos someten a situaciones de estrés a las familias”.
Es por ello que la denunciante solicita la intervención urgente del Inadi con capacitaciones al personal del IPS con perspectiva en este tipo de problemáticas.
En este sentido, Raquel manifestó a LVM que “esto es más grave que el famoso Tick Tock por el cual movieron en IPS a un funcionario, pero como sólo se vulneran derechos de niños con discapacidad, parece que es menos importante”, ironizó la mujer.
Una inclusión real
Tras los dichos de la empleada pública, Patricia Zarza, representante de las Familias TEA Misiones Red Federal, dialogó con La Voz de Misiones.
“El universo de la discapacidad es enorme, por ejemplo, yo soy madre de una niña dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y no me puedo imaginar todo lo que pasa una familia con un niño que tiene dislexia ,o una familia con un chico con altas capacidades, o alguna otra discapacidad motriz”, comentó la mujer y sostuvo que: “no se puede generalizar nunca”.
Así, la integrante de la Red Federal TEA indicó: “Los comentarios, que son completamente violentos, la mujer los está llevando al trabajo, está fallando como empleada pública, como funcionaria pública, porque está llevando sus prejuicios en un niño que no conoce, ella no le lleva a terapia, no conoce la realidad de la escuela a donde va el chico, no conoce la realidad familiar del chico”, enfatizó Zarza.
Además, hizo hincapié en que, tanto la administración gubernamental como el sistema educativo, no están capacitados para garantizar la inclusión.
Patricia Zarza se explayó y añadió: “Hace años se viene hablando de esto, de ir a un modelo inclusivo de educación, que sería el modelo más adecuado -según los derechos de las personas con discapacidad-. No es una realidad porque, para que sea inclusivo el docente y todos los profesionales, tienen que enseñar según como el niño aprenda -independientemente si es con discapacidad-. El sistema educativo no está preparado, para nada, que salga de la norma”.
Zarza relató que el grupo de padres perteneciente a la red federal busca que los familiares no tengan vergüenza con las necesidades de sus hijos, pero “esta mujer, al ser funcionaria pública, está en contacto con muchísima gente que, por su cargo, por su experiencia, asume que lo que está diciendo es verdad y desmoraliza la opinión del médico, del terapeuta que ve al chico todos los días”.
Para concluir, Patricia explicó que los pedidos de integración se hacen mediante “los profesionales que le ven todos los días, se lleva informe de la misma institución educativa donde le confirma, o no, al médico tratante si se necesita, o no, la integración. Además, eso de que solo la psicopedagoga o la maestra en educación especial puede hacer la integración es mentira porque un chico que tiene un problema motriz, y que no tiene ningún problema cognitivo, por ahí necesita simplemente una ayudante. Es individual a cada chico la integración”.
El reciente evento de camionetas y tractores en el “trompódromo” de Capín Largo, en El Soberbio, casi termina en tragedia cuando uno de los vehículos se salió de la pista en medio de una exhibición y embistió a un grupo de personas que observaba el espectáculo desde la zona de tribunas.
El hecho ocurrió el sábado a la tarde, en una de las dos jornadas del encuentro organizado por el grupo Tropa dos Brutos, que reunió una importante cantidad de participantes y espectadores que además compartieron juegos, música en vivo y baile.
El encuentro tuvo lugar en el trompódromo de barro acondicionado a un costado de la ruta costera 2, en la zona conocida como Capín Largo, donde los participantes ingresan con sus camionetas para dar una exhibición de derrape y otras maniobras de destreza al volante.
En medio del espectáculo, una camioneta Ford Ranger se salió de la pista durante una serie de trompos y se subió al sector del público, embistiendo a un grupo de personas presentes.
El hecho quedó registrado en filmaciones del evento y también se conocieron imágenes posteriores al hecho, donde los propios asistentes buscaban si debajo del rodado quedaron víctimas atrapadas, aunque hasta el momento no se reportaron heridos, ni se conocieron partes policiales al respecto.
Los eventos de este tipo comenzaron a ganar terreno en Misiones en el último tiempo. Ya hubo encuentros similares en Jardín América y San Vicente, mientras que este fin de semana fue el turno de El Soberbio.
En esta ocasión, además de trompódromo para camionetas también hubo una pista exclusiva para tractores y también una “pista de cabo de guerra”, competencia que cosiste en una camioneta estirando a otra.
Las entradas tenían un costo de entre $15.000 y $20.000 por persona, más $10.000 por conservadora, mientras que como premio había $1.000.000 para sortear entre los participantes inscriptos y otro millón para sortear entre el público.
El evento contó con el apoyo y la promoción del intendente de El Soberbio, Ricardo Leiva, y del ex jefe comunal, actual diputado provincial, Roque Soboczinski.
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Tras el decreto firmado por el gobernador Hugo Passalacqua, que trasladó del domingo 8 al lunes 9 de marzo el asueto administrativo por el Día Internacional de la Mujer, el Consejo General de Educación (CGE) adhirió a la medida y por lo tanto ese día no habrá clases en las escuelas misioneras.
La adhesión se confirmó esta mañana, a partir de una circular firmada por autoridades del ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia.
De esta manera, las clases del lunes quedaron suspendidas para todos los niveles educativos.
El traslado del asueto por el Día de la Mujer fue establecido por el gobernador mediante el decreto 328/2026, firmado ayer.
En los considerandos del decreto se señala que se busca posibilitar la participación en actividades vinculadas a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y promover instancias de reflexión y concientización sobre sus derechos.
El beneficio alcanza a las mujeres que se desempeñan en la administración pública central, entes autárquicos y organismos descentralizados de la provincia.
Passalacqua trasladó al 9 de marzo el asueto por el Día de la Mujer
La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), como parte del conjunto de las asociaciones de base que conforman la Conadu Histórica, decidieron profundizar su plan de lucha por mejoras salariales, presupuestarias y la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, por lo que iniciarán una semana de paro desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo.
A través de un comunicado, detallaron que el Congreso Extraordinario de Conadu Histórica resolvió “profundizar el plan de lucha en forma planificada con paros de duración semanal frente al brutal ajuste instrumentado por el gobierno nacional de Javier Milei y en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario”.
Además del paro que iniciará en la semana del 16 de marzo, sumarán otras acciones la semana del 24 de marzo a 50 años del Golpe de Estado de 1976, un paro a partir de la semana del 30 y una evaluación el miércoles 1 de abril “para continuar intensificando el plan de lucha, si no hay respuesta a los reclamos”.
Simultáneamente, resolvieron concretar una nueva marcha nacional de las universidades públicas, “en unidad con todos los sectores universitarios y la sociedad en su conjunto”.
El Congreso Extraordinario de la Conadu también resolvió convocar al paro internacional feminista y transfeminista previsto para el 9 de marzo, “reafirmando el compromiso histórico de la docencia de las universidades con las luchas del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries, y con la defensa de los derechos laborales y sociales en perspectiva de género”, apuntaron en el mismo documento.
De esta manera, el nuevo tramo del plan de acción directa se desplegará a partir del 16 de marzo, fecha en la que las actividades académicas estarán en marcha en la mayoría de las universidades públicas de todo el país, incluyendo Misiones.
Reunión del Congreso Extraordinario de la Conadu Histórica
Finalmente, recordaron que en instancias anteriores, fue votada la realización de un paro por 48 horas en caso de que se trate en el Congreso el proyecto de Milei que pretende derogar la Ley de Financiamiento vigente y reemplazarla por un 12,3% de aumento en tres cuotas, por debajo del 52% establecido por la ley vigente.
“El gobierno nacional se niega a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario que el Congreso Nacional aprobó, sostuvo cinco veces y también fue ratificada por la justicia”, repudiaron en el comunicado.
Y agregaron: “Esto implica una flagrante violación a las normas básicas de la democracia representativa, la constitución y la institucionalidad de la Nación. El presidente de la Nación está poniendo en riesgo las actividades académicas, perjudicando a 2 millones de estudiantes, casi 200 mil docentes y 50 mil nodocentes”.
“Los salarios han caído por debajo de la línea de pobreza, generando la renuncia de más de 10 mil docentes, cortando las vocaciones académicas y dañando los equipos de cátedra. Este deterioro, a su vez, empuja a las obras sociales a la quiebra, porque dependen del aporte salarial. La universidad pública de calidad es un derecho. Universidad pública siempre, con salarios dignos”, concluyeron.
Paro nacional universitario por 96 horas en reclamo de ley de financiamiento
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