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Mamá de niño con discapacidad denunció a funcionaria del IPS por discriminación

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Piden al IPS agilizar reintegros para niños con discapacidad

Un audio en el que una empleada del Instituto de Prevención Social (IPS) tilda de “raros” a los niños con discapacidad fue el disparador para que una mamá denuncie, ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el manejo de la obra social con respecto al tema.

Claudia K., la mujer señalada, se desempeña en mesa de entradas en el Área de Discapacidad y, en el audio, al que tuvo acceso a La Voz de Misiones, la empleada se refiere en términos generales a niños con discapacidad, desconociendo las múltiples condiciones existentes.

La grabación, que es parte de la denuncia ante el Inadi, pertenece a una conversación que la trabajadora mantenía vía WhatsApp con Raquel Peralta, mamá de un niño con discapacidad y afiliada del ente de salud, respecto de las maestras integradoras para chicos que las necesitan.

En el audio, Claudia dice: “Se está trabajando en hacer un convenio con el Colegio de Psicopedagogos para que ellos provean las maestras integradoras, en caso de que los chicos necesiten sí o sí integración”, relató la funcionaria y destacó: “También lo que nosotros hemos visto, desde la obra social, es que a mansalva las escuelas piden integración y muchos de los chicos no necesitan”.

Además, la trabajadora del área de discapacidad adujo que, “con una maestra de apoyo a contraturno, los chicos andan bien. La integración escolar no debería ser la primera opción para la familia”, opinó la empleada de la obra social del estado provincial.

Sin embargo, Claudia no se detuvo ahí y añadió: “Tendría que ser la última opción, porque una integradora implica que vaya al aula, que se siente con el chico, y hay a veces que tenés un aula que tiene tres o cuatro integradoras”, expresó la recepcionista y señaló que “es anti natura… de por sí, al chico que le cuesta o que tiene alguna dificultad… digamos, que es el ‘raro’ y, si encima va con una mae especial, es más raro aún”.

La conversación con la trabajadora del IPS concluyó en una denuncia por parte de la mamá ante el organismo que combate la discriminación.

Denuncia ante el Inadi

La denunciante, Raquel Peralta, explicó a LVM que el trato que recibió no es un caso aislado dentro del personal de la obra social, sino que es el detonante de situaciones cotidianas y decisiones internas que son opuestas a los derechos humanos de las personas con discapacidad.

En la denuncia, a la que accedió La Voz de Misiones y fue presentada en el organismo nacional, a cargo de la delegada local, Silvia Risko, Raquel expresó: “Me siento agraviada por los términos que utiliza Claudia K. refiriéndose en el ámbito laboral a la integración escolar como estigmatizante y anti natura”.

Además, la madre enfatiza en el documento que la trabajadora menosprecia la solicitud de los médicos tratantes y profesionales capacitados en discapacidad alegando que “prescriben a lo pavote” maestras integradoras.

Por otra parte, también Raquel remarca: “Utiliza términos como ‘raro’, ‘más raro’, al referirse a las personas que poseen discapacidad”. Asimismo, subraya que “este tipo de conducta ejercen violencia institucional, vulnera derechos y nos someten a situaciones de estrés a las familias”.

Es por ello que la denunciante solicita la intervención urgente del Inadi con capacitaciones al personal del IPS con perspectiva en este tipo de problemáticas.

En este sentido, Raquel manifestó a LVM que “esto es más grave que el famoso Tick Tock por el cual movieron en IPS a un funcionario, pero como sólo se vulneran derechos de niños con discapacidad, parece que es menos importante”, ironizó la mujer.

Una inclusión real

Tras los dichos de la empleada pública, Patricia Zarza, representante de las Familias TEA Misiones Red Federal, dialogó con La Voz de Misiones.

“El universo de la discapacidad es enorme, por ejemplo, yo soy madre de una niña dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y no me puedo imaginar todo lo que pasa una familia con un niño que tiene dislexia ,o una familia con un chico con altas capacidades, o alguna otra discapacidad motriz”, comentó la mujer y sostuvo que: “no se puede generalizar nunca”.

Así, la integrante de la Red Federal TEA indicó: “Los comentarios, que son completamente violentos, la mujer los está llevando al trabajo, está fallando como empleada pública, como funcionaria pública, porque está llevando sus prejuicios en un niño que no conoce, ella no le lleva a terapia, no conoce la realidad de la escuela a donde va el chico, no conoce la realidad familiar del chico”, enfatizó Zarza.

Además, hizo hincapié en que, tanto la administración gubernamental como el sistema educativo, no están capacitados para garantizar la inclusión.

Patricia Zarza se explayó y añadió: “Hace años se viene hablando de esto, de ir a un modelo inclusivo de educación, que sería el modelo más adecuado -según los derechos de las personas con discapacidad-. No es una realidad porque, para que sea inclusivo el docente y todos los profesionales, tienen que enseñar según como el niño aprenda -independientemente si es con discapacidad-. El sistema educativo no está preparado, para nada, que salga de la norma”.

Zarza relató que el grupo de padres perteneciente a la red federal busca que los familiares no tengan vergüenza con las necesidades de sus hijos, pero “esta mujer, al ser funcionaria pública, está en contacto con muchísima gente que, por su cargo, por su experiencia, asume que lo que está diciendo es verdad y desmoraliza la opinión del médico, del terapeuta que ve al chico todos los días”.

Para concluir, Patricia explicó que los pedidos de integración se hacen mediante “los profesionales que le ven todos los días, se lleva informe de la misma institución educativa donde le confirma, o no, al médico tratante si se necesita, o no, la integración. Además, eso de que solo la psicopedagoga o la maestra en educación especial puede hacer la integración es mentira porque un chico que tiene un problema motriz, y que no tiene ningún problema cognitivo, por ahí necesita simplemente una ayudante. Es individual a cada chico la integración”.

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El vicegobernador inició una colecta para egresados estafados en Eldorado

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Luego de que se nacionalizara el caso de la madre que se quedó con 17 millones de pesos que eran para la fiesta de egresados de la Comercio 19 de Eldorado, el vicegobernador de Misiones, Lucas Romero Spinelli, compartió en sus redes un video para “acompañar” a los estudiantes e inició una colecta. También pidió respuestas a Casinos de Misiones, mientras que la acusada es objeto de una incipiente investigación.

El hecho se conoció el 12 de diciembre, cuando un grupo de padres radicó una denuncia en la comisaría local y los alumnos de esa casa de estudios hicieron público el caso.

Todo comenzó cuando los padres encargados de la organización del evento arribaron al salón Pirámide, donde estaba prevista la fiesta el pasado viernes, y se encontraron con la negativa del dueño ante la falta de pago del alquiler.

Luego trascendió que la madre que debía rendir el dinero habría gastado gran parte del mismo en una casa de juegos y que padecería “ludopatía”, mientras que otros descartan esa hipótesis y apuntan a una “estrategia de un abogado” para evadir la responsabilidad de un delito que puede tener una pena de 1 a 6 años de prisión.

Frente a esta situación, el vicegobernador de la provincia se expresó a través de sus redes sociales y explicó: “La ludopatía destruye y se expande en todo el país. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Combatirla es una responsabilidad de todos”.

Al mismo tiempo, señaló que tomó la decisión de acompañar a los egresados de la Escuela Provincial de Comercio N° 19 de Eldorado, impulsando una colecta “para que los chicos, finalmente, puedan afrontar los gastos de su fiesta de recepción”.

Para finalizar, instó al casino “a hacerse cargo y colaborar tras este hecho tan triste y doloroso para los alumnos y sus familias”.

Los montos, la fiesta y la polémica

A lo largo de este año, los padres de los egresados fueron aportando el dinero correspondiente a las tarjetas mediante transferencias a través de una billetera virtual y en ocho meses se habrían reunido 17.500.000 pesos, pero menos del 15% del presupuesto fue abonado.

Frente al riesgo de que la celebración se cancelara, los padres de los 35 estudiantes afectados se reunieron de urgencia y lograron reorganizar los pagos con el apoyo del intendente local.

De esta manera, lograron reunir el faltante estimado en 8.300.000 pesos, lo que permitió desarrollar la fiesta como estaba planeada.

Actualmente la mujer identificada como Romina E. afronta una denuncia y se aguarda que la Justicia defina su situación.

 

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Oberá: Concejo Deliberante aprueba excepción urbana a loteadora inmobiliaria

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Oberá

El Concejo Deliberante de Oberá aprobó este martes la primera de las excepciones a los códigos urbanísticos de la ciudad, pedidos por el intendente Pablo Hassan, para la empresa Urbanizadora 360, una desarrolladora inmobiliaria que tramita el loteo de inmuebles ubicados dentro del distrito conocido como “expansión zona industrial”.

La excepción a la normativa vigente para esa parte del casco urbano obereño se aprobó por siete votos a favor, de la Renovación Neo y el PRO, y uno en contra, de la concejal de La Libertad Avanza (LLA) Mara Frontini, que venía denunciando en sus redes sociales lo que considera un “privilegio” del municipio a “empresas de afuera”, que “no gozan los vecinos e inversores locales”.

En concreto, la excepción aprobada hoy autoriza a la empresa inmobiliaria a fraccionar los inmuebles muy por fuera de lo establecido en el Código de Zonificación vigente, que en la zona en cuestión establece lotes de 5.000 metros cuadrados y 50 metros de frente.

“La excepción que hicieron es pasar de lotes de 5.000 metros cuadrados a 400 metros cuadrados”, detalló Frontini a LVM y se burló: “¿Un poquito mucho la excepción, ¿no?”.

Ratti

La segunda de las excepciones a la normativa urbana pedidas por Hassan y cuestionadas por la concejal de LLA Misiones, tiene relación con la constructora de la empresaria posadeña Silvana Ratti.

En la misma, cuyo tratamiento está previsto para el 22 de diciembre, el intendente de Oberá pide exceptuar a Ratti de lo establecido en el Código de Edificación para un edificio de departamentos que la empresa constructora desarrolla en la ciudad.

Según explicó Frontini, y según se lee en la nota que Hassan envió al Concejo el 1 de diciembre, la empresa constructora “pide poder construir 25 cocheras menos cocheras de las 70 que debería hacer si tuviera que cumplir la ley”.

 

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Concejal denuncia ordenanzas a medida de dos constructoras en Oberá

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La concejal de La Libertad Avanza (LLA) de Oberá, Mara Frontini, denunció que el intendente Pablo Hassan y sus pares renovadores del Concejo Deliberante se aprestan a modificar el Código de Edificación de la ciudad para favorecer a una desarrolladora inmobiliaria y una empresa constructora.

Frontini hizo pública su denuncia en su cuenta de Instagram, donde subió un video exponiendo la situación generada a partir de pedidos del intendente Hassan al Concejo Deliberante, para exceptuar de lo establecido en ordenanzas locales a la Urbanizadora 360 y la Constructora Ratti.

Según explicó la concejal, en dos notas fechadas el 28 de noviembre y enviadas al Legislativo el 1 de diciembre, Hassan pide que se exceptúe a la Urbanizadora 360 de lo establecido para la realización de loteos urbanos, y a la constructora de la posadeña Silvana Ratti de lo reglamentado en sobre el número de cocheras en provectos de viviendas multifamiliares.

“Como concejal de la Libertad Avanza no me opongo al crecimiento, ni al desarrollo urbano de Oberá”, afirma la edil libertaria en su video de Instagram. “Por el contrario, considero que el progreso es necesario y positivo, pero ese crecimiento debe darse dentro del marco legal y con reglas claras e iguales para todos”, agrega.

Frontini se queja de que, en este caso, “la balanza está claramente inclinada”, con “controles y exigencias” para los obereños y los inversores locales, y “permisos especiales, pedidos por el propio intendente”, para las “empresas de afuera”.

2025-379 OPUMA con informe (1)

“El primer expediente es claro”, afirma la edil violeta y precisa: “El intendente pide que se autorice a la empresa Urbanizadora 360 a utilizar este terreno de un modo que la norma actual no lo permite”. “En el segundo, la empresa Ratti pide una excepción al Código de Edificación, pidiendo menos cocheras de la que la ley exige: 25 cocheras menos”.

2025-378 con informe

Según comentó Frontini a La Voz de Misiones, la constructora de Ratti proyecta un edificio de departamentos y, de acuerdo a lo establecido en el Código de Edificación, “debe construir 70 cocheras, pero solamente quiere hacer 50”.

“Cuando expresé estos privilegios, los seis concejales renovadores presentaron, el 10 de diciembre, una ordenanza para cambiar la ley vigente y adaptarla al pedido de la empresa”, denunció.

“No puede haber un doble estándar”, afirmó la concejal y razonó: “Las empresas deben adaptarse a la ley, y no cambiar la ley para adaptarla a las empresas”.

El proyecto para adaptar el Código de Edificación a lo pedido por la constructora de Silvana Ratti.

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