Provinciales
Mamá de niño con discapacidad denunció a funcionaria del IPS por discriminación
Un audio en el que una empleada del Instituto de Prevención Social (IPS) tilda de “raros” a los niños con discapacidad fue el disparador para que una mamá denuncie, ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el manejo de la obra social con respecto al tema.
Claudia K., la mujer señalada, se desempeña en mesa de entradas en el Área de Discapacidad y, en el audio, al que tuvo acceso a La Voz de Misiones, la empleada se refiere en términos generales a niños con discapacidad, desconociendo las múltiples condiciones existentes.
La grabación, que es parte de la denuncia ante el Inadi, pertenece a una conversación que la trabajadora mantenía vía WhatsApp con Raquel Peralta, mamá de un niño con discapacidad y afiliada del ente de salud, respecto de las maestras integradoras para chicos que las necesitan.
En el audio, Claudia dice: “Se está trabajando en hacer un convenio con el Colegio de Psicopedagogos para que ellos provean las maestras integradoras, en caso de que los chicos necesiten sí o sí integración”, relató la funcionaria y destacó: “También lo que nosotros hemos visto, desde la obra social, es que a mansalva las escuelas piden integración y muchos de los chicos no necesitan”.
Además, la trabajadora del área de discapacidad adujo que, “con una maestra de apoyo a contraturno, los chicos andan bien. La integración escolar no debería ser la primera opción para la familia”, opinó la empleada de la obra social del estado provincial.
Sin embargo, Claudia no se detuvo ahí y añadió: “Tendría que ser la última opción, porque una integradora implica que vaya al aula, que se siente con el chico, y hay a veces que tenés un aula que tiene tres o cuatro integradoras”, expresó la recepcionista y señaló que “es anti natura… de por sí, al chico que le cuesta o que tiene alguna dificultad… digamos, que es el ‘raro’ y, si encima va con una mae especial, es más raro aún”.
La conversación con la trabajadora del IPS concluyó en una denuncia por parte de la mamá ante el organismo que combate la discriminación.
Denuncia ante el Inadi
La denunciante, Raquel Peralta, explicó a LVM que el trato que recibió no es un caso aislado dentro del personal de la obra social, sino que es el detonante de situaciones cotidianas y decisiones internas que son opuestas a los derechos humanos de las personas con discapacidad.
En la denuncia, a la que accedió La Voz de Misiones y fue presentada en el organismo nacional, a cargo de la delegada local, Silvia Risko, Raquel expresó: “Me siento agraviada por los términos que utiliza Claudia K. refiriéndose en el ámbito laboral a la integración escolar como estigmatizante y anti natura”.
Además, la madre enfatiza en el documento que la trabajadora menosprecia la solicitud de los médicos tratantes y profesionales capacitados en discapacidad alegando que “prescriben a lo pavote” maestras integradoras.
Por otra parte, también Raquel remarca: “Utiliza términos como ‘raro’, ‘más raro’, al referirse a las personas que poseen discapacidad”. Asimismo, subraya que “este tipo de conducta ejercen violencia institucional, vulnera derechos y nos someten a situaciones de estrés a las familias”.
Es por ello que la denunciante solicita la intervención urgente del Inadi con capacitaciones al personal del IPS con perspectiva en este tipo de problemáticas.
En este sentido, Raquel manifestó a LVM que “esto es más grave que el famoso Tick Tock por el cual movieron en IPS a un funcionario, pero como sólo se vulneran derechos de niños con discapacidad, parece que es menos importante”, ironizó la mujer.
Una inclusión real
Tras los dichos de la empleada pública, Patricia Zarza, representante de las Familias TEA Misiones Red Federal, dialogó con La Voz de Misiones.
“El universo de la discapacidad es enorme, por ejemplo, yo soy madre de una niña dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y no me puedo imaginar todo lo que pasa una familia con un niño que tiene dislexia ,o una familia con un chico con altas capacidades, o alguna otra discapacidad motriz”, comentó la mujer y sostuvo que: “no se puede generalizar nunca”.
Así, la integrante de la Red Federal TEA indicó: “Los comentarios, que son completamente violentos, la mujer los está llevando al trabajo, está fallando como empleada pública, como funcionaria pública, porque está llevando sus prejuicios en un niño que no conoce, ella no le lleva a terapia, no conoce la realidad de la escuela a donde va el chico, no conoce la realidad familiar del chico”, enfatizó Zarza.
Además, hizo hincapié en que, tanto la administración gubernamental como el sistema educativo, no están capacitados para garantizar la inclusión.
Patricia Zarza se explayó y añadió: “Hace años se viene hablando de esto, de ir a un modelo inclusivo de educación, que sería el modelo más adecuado -según los derechos de las personas con discapacidad-. No es una realidad porque, para que sea inclusivo el docente y todos los profesionales, tienen que enseñar según como el niño aprenda -independientemente si es con discapacidad-. El sistema educativo no está preparado, para nada, que salga de la norma”.
Zarza relató que el grupo de padres perteneciente a la red federal busca que los familiares no tengan vergüenza con las necesidades de sus hijos, pero “esta mujer, al ser funcionaria pública, está en contacto con muchísima gente que, por su cargo, por su experiencia, asume que lo que está diciendo es verdad y desmoraliza la opinión del médico, del terapeuta que ve al chico todos los días”.
Para concluir, Patricia explicó que los pedidos de integración se hacen mediante “los profesionales que le ven todos los días, se lleva informe de la misma institución educativa donde le confirma, o no, al médico tratante si se necesita, o no, la integración. Además, eso de que solo la psicopedagoga o la maestra en educación especial puede hacer la integración es mentira porque un chico que tiene un problema motriz, y que no tiene ningún problema cognitivo, por ahí necesita simplemente una ayudante. Es individual a cada chico la integración”.
Cerca de las 13.30, una extensa caravana de camiones, camionetas y colectivos conducidos por productores y trabajadores yerbateros, arribó a la intersección de las rutas 101 y 12 en Puerto Iguazú.
“Estamos al frente de la caravana y son muchísimos los que vienen detrás, entre camiones cargados con los tractores, camionetas y colectivos que trasladan a productores y tareferos. Es muy larga la caravana”, confirmó a LVM Jorge Skripczuk, productor oriundo de Aristóbulo del Valle, quien decidió hacerse presente junto a un grupo de productores que viajó en colectivo.
El objetivo de la movilización a la que bautizaron “Tractorazo”, fue protestar contra la desregulación del sector, logrando mayor visibilidad ante la llegada del presidente Javier Milei, quien participará de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en el hotel Loi Suites de esa ciudad.
Se trata de quienes sostienen una de las principales economías regionales de la provincia y cuyos reclamos se remontan a los últimos tres años, cuando el DNU 70/2023, impulsado por el mandatario nacional, desreguló el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y provocó la caída del precio de la hoja verde a un valor mínimo de $70, cuando hasta ese año rondaba los $400.
De esa manera, la medida modificó el equilibrio dentro de la cadena productiva en la que conviven alrededor de 12 mil productores, con secaderos y grandes industrias que concentran la mayor capacidad de compra.
Los productores reconocen que la desregulación debilitó a los eslabones más bajos de la cadena productiva, ante la caída del precio de la materia prima, el incremento de los costos de producción y los plazos de pago por parte de los secaderos.
A las protestas en la ciudad de las Cataratas también se sumaron sindicatos y gremios que nuclean a los trabajadores del Estado, ATE y CTA, como también organizaciones sociales, políticas y estudiantiles.
Productores llegaron a Iguazú/ Fotos: Marcos Otaño
La diputada Arabela Soler presentó ayer en la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto de ley elaborado por pequeños productores yerbateros que propone declarar por un año la emergencia de la producción primaria y establecer un precio mínimo sostén obligatorio para la hoja verde.
La iniciativa, denominada “Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera”, contempla un régimen extraordinario para los productores que tengan hasta 50 hectáreas cultivadas con yerba mate.
El objetivo, según establece el artículo 1, es “preservar la continuidad de la producción, asegurar la sustentabilidad económica de las explotaciones comprendidas y garantizar un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde”.
El proyecto plantea declarar la emergencia en todo el territorio provincial durante 360 días, para los productores alcanzados por la norma. La medida busca, de acuerdo con el texto, “preservar la continuidad de las explotaciones productivas, proteger el trabajo rural, evitar el deterioro del patrimonio productivo y garantizar condiciones de sustentabilidad económica”.
La emergencia podría extenderse por otro período de 360 días, ya sea por decisión del Poder Ejecutivo provincial o de la Legislatura, a solicitud fundada de la autoridad de aplicación.
Precio
El eje central de los productores es la creación de un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde, que tendría carácter obligatorio para quienes compren materia prima a los productores incluidos en el régimen.
El artículo 5 establece que ese valor deberá contemplar “la totalidad de los costos directos e indirectos de una explotación eficiente”, además del pago de la mano de obra según la legislación vigente y los valores establecidos para la tarefa.
También deberá incluir las obligaciones tributarias, previsionales y de seguridad social vinculadas con la actividad y “un margen de utilidad que permita la reproducción económica y la continuidad de las unidades productivas”.
El precio deberá actualizarse cada 90 días como máximo, aunque la autoridad de aplicación podrá establecer períodos menores ante circunstancias excepcionales.
A su vez, el artículo 6 dispone que el precio será de “cumplimiento obligatorio” para quienes adquieran la hoja verde de los productores alcanzados. Cualquier acuerdo que establezca un valor inferior será considerado inoponible y el comprador continuará obligado a pagar la diferencia.
“Todo pacto, convenio, cláusula o modalidad contractual que establezca, directa o indirectamente, un precio inferior” al mínimo sostén no liberará al adquirente de abonar la diferencia correspondiente, señala el proyecto.
Control
La iniciativa también prevé mecanismos de fiscalización para controlar que el precio establecido sea efectivamente abonado.
La autoridad de aplicación podrá solicitar contratos, liquidaciones, comprobantes, medios de pago y registraciones contables, además de realizar inspecciones, auditorías y verificaciones sobre las operaciones.
El proyecto incluso contempla la implementación de sistemas de trazabilidad “física, documental y financiera” para las operaciones de comercialización de hoja verde.
En caso de detectar un incumplimiento, la autoridad podrá intimar al responsable a regularizar la operación y pagar al productor las diferencias adeudadas. Esto incluirá los intereses correspondientes y las cargas legales vinculadas con la operación.
Multas y sanciones
La propuesta considera infracciones, entre otras conductas, comprar hoja verde por debajo del Precio Mínimo Sostén, omitir total o parcialmente su pago, simular operaciones para evitar la aplicación de la ley u obstaculizar las tareas de fiscalización.
Las sanciones previstas van desde apercibimientos y multas hasta la suspensión de registros, autorizaciones o habilitaciones vinculadas con la actividad. También se contempla la “inhabilitación temporal para acceder a programas provinciales de promoción, asistencia, financiamiento o beneficios fiscales relacionados con la actividad yerbatera”.
Los fondos obtenidos mediante las multas, según el artículo 13, deberán destinarse exclusivamente al “fortalecimiento de las acciones de fiscalización, control, asistencia técnica, modernización administrativa y demás políticas públicas vinculadas al cumplimiento de los objetivos de la presente ley”.
Quiénes quedarían incluidos
El régimen alcanzaría a personas humanas o jurídicas que desarrollen tareas de implantación, cultivo, conservación, cosecha y comercialización de hoja verde proveniente de explotaciones ubicadas en Misiones, siempre que la superficie cultivada no supere las 50 hectáreas.
Para evitar que el límite sea eludido mediante el fraccionamiento de explotaciones, el proyecto establece que se computarán las superficies de las distintas unidades productivas pertenecientes a una misma persona o a personas vinculadas económicamente.
También quedarían excluidas las explotaciones que, mediante “la división, fraccionamiento o simulación de una unidad productiva mayor”, intenten eludir el límite establecido.
El Poder Ejecutivo provincial será la autoridad de aplicación y deberá reglamentar la norma dentro de los 30 días posteriores a su publicación. Además, podrá establecer convenios con el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), organismos nacionales y municipios para coordinar los mecanismos de control.
La iniciativa presentada por la diputada Soler plantea así una herramienta de emergencia con vigencia transitoria, pero con un mecanismo de protección concreto para los pequeños productores ante la crisis que atraviesan por la desregulación del Inym: fijar un piso obligatorio para el valor de la hoja verde que contemple los costos de producción y permita sostener la actividad en las chacras misioneras.
Yerbateros marchan a Iguazú con carta a Milei: “No son bienvenidos”
De cara al arribo del presidente Javier Milei a Puerto Iguazú, en el marco de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), productores, asociaciones y miembros de cooperativas yerbateras emitieron una carta dirigida al presidente y al equipo de gobierno que lo acompañaría durante esta jornada.
“Nobleza obliga, lo primero que tenemos que decirles es que no son bienvenidos a la Tierra de la Yerba Mate por una razón muy clara: sus políticas están destruyendo a esta economía regional que durante 100 años dignificó, dinamizó, generó crecimiento y desarrollo para miles de familias”, relatan los referentes del sector en las primeras líneas de la misiva.
Se trata de uno de los momentos de mayor tensión del sector, ante la caída del precio de la materia prima, el incremento de los costos de producción y los plazos de pago por parte de secaderos, por lo que apuntaron contra el libre mercado: “La falsa eficiencia del modelo de libre mercado que pregonan es evidente en cada rincón de nuestro territorio yerbatero y está multiplicando el hambre y la pobreza”.
Seguidamente, enumeraron los factores del modelo económico que impactan negativamente sobre el sector yerbatero. En principio, mencionaron la falta de competencia real por concentración de monopolios. “En mercados con alta concentración, como el yerbatero, la desregulación no generó una baja de precios por competencia. Por el contrario, facilitó que las grandes empresas aumentaran sus márgenes de ganancia a costa de los trabajadores rurales, productores primarios y también consumidores”, explicaron.
También, refirieron a la caída del consumo: “El consumo interno de yerba mate en Argentina se mantiene con una tendencia a la baja, afectado por la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Las familias redujeron sus compras o cambiaron a formatos y empaques más económicos ante la suba de precios y la merma de ingresos”.
A su vez, aludieron a la destrucción de herramientas que garantizaban calidad al producto y crecimiento en el mercado, tras la desregulación del Inym y la desarticulación de áreas claves como la Técnica, Registro y Fiscalización, y la eliminación de resoluciones históricas del Instituto.
El reclamo continuó apuntando contra el aumento de la pobreza, la caída del precio de la hoja verde, la inflación y los altos costos para la producción (incluyendo subas de combustible, fertilizantes esenciales y costos operativos básicos).
“El desplome de los precios de la hoja verde por debajo de los costos de producción y la fuerte caída del volumen de cosecha tienen su correlato en cada uno de los municipios de Misiones, frenan la dinamización de la economía local y regional”, agregan sobre la crisis a nivel regional.
Y concluyen: “Tanta ruina generada por ustedes, autodefinidos como “el mejor equipo económico de la historia”, queremos decirles que tenemos claro que “no hay mal que dure 100 años” y que “a cada chancho le llega su San Martín”. Por eso, desde aquí, arraigados profundamente a la tierra colorada, con memoria y compromiso con la historia, seguimos trabajando para recuperar todas las facultades del Inym y hacer que los próximos cien años de la yerba mate sean virtuosos, sobre todo para los sectores más vulnerables”.
La misiva lleva las firmas del Movimiento Agrario de Misiones (MAM), la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), Impulso Yerbatero y la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN), como también de los referentes Julio Petterson, Hugo Sand, Antonio Franza, Jorge Skripczuk y Salvador Torres.
El documento es llevado en manos de quienes por estas horas se encuentran marchando en colectivo, desde diferentes localidades de la provincia, y desde Andresito en camiones y tractores por la ruta 101 rumbo a Puerto Iguazú.
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