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Mamá de niño con discapacidad denunció a funcionaria del IPS por discriminación

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Piden al IPS agilizar reintegros para niños con discapacidad

Un audio en el que una empleada del Instituto de Prevención Social (IPS) tilda de “raros” a los niños con discapacidad fue el disparador para que una mamá denuncie, ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el manejo de la obra social con respecto al tema.

Claudia K., la mujer señalada, se desempeña en mesa de entradas en el Área de Discapacidad y, en el audio, al que tuvo acceso a La Voz de Misiones, la empleada se refiere en términos generales a niños con discapacidad, desconociendo las múltiples condiciones existentes.

La grabación, que es parte de la denuncia ante el Inadi, pertenece a una conversación que la trabajadora mantenía vía WhatsApp con Raquel Peralta, mamá de un niño con discapacidad y afiliada del ente de salud, respecto de las maestras integradoras para chicos que las necesitan.

En el audio, Claudia dice: “Se está trabajando en hacer un convenio con el Colegio de Psicopedagogos para que ellos provean las maestras integradoras, en caso de que los chicos necesiten sí o sí integración”, relató la funcionaria y destacó: “También lo que nosotros hemos visto, desde la obra social, es que a mansalva las escuelas piden integración y muchos de los chicos no necesitan”.

Además, la trabajadora del área de discapacidad adujo que, “con una maestra de apoyo a contraturno, los chicos andan bien. La integración escolar no debería ser la primera opción para la familia”, opinó la empleada de la obra social del estado provincial.

Sin embargo, Claudia no se detuvo ahí y añadió: “Tendría que ser la última opción, porque una integradora implica que vaya al aula, que se siente con el chico, y hay a veces que tenés un aula que tiene tres o cuatro integradoras”, expresó la recepcionista y señaló que “es anti natura… de por sí, al chico que le cuesta o que tiene alguna dificultad… digamos, que es el ‘raro’ y, si encima va con una mae especial, es más raro aún”.

La conversación con la trabajadora del IPS concluyó en una denuncia por parte de la mamá ante el organismo que combate la discriminación.

Denuncia ante el Inadi

La denunciante, Raquel Peralta, explicó a LVM que el trato que recibió no es un caso aislado dentro del personal de la obra social, sino que es el detonante de situaciones cotidianas y decisiones internas que son opuestas a los derechos humanos de las personas con discapacidad.

En la denuncia, a la que accedió La Voz de Misiones y fue presentada en el organismo nacional, a cargo de la delegada local, Silvia Risko, Raquel expresó: “Me siento agraviada por los términos que utiliza Claudia K. refiriéndose en el ámbito laboral a la integración escolar como estigmatizante y anti natura”.

Además, la madre enfatiza en el documento que la trabajadora menosprecia la solicitud de los médicos tratantes y profesionales capacitados en discapacidad alegando que “prescriben a lo pavote” maestras integradoras.

Por otra parte, también Raquel remarca: “Utiliza términos como ‘raro’, ‘más raro’, al referirse a las personas que poseen discapacidad”. Asimismo, subraya que “este tipo de conducta ejercen violencia institucional, vulnera derechos y nos someten a situaciones de estrés a las familias”.

Es por ello que la denunciante solicita la intervención urgente del Inadi con capacitaciones al personal del IPS con perspectiva en este tipo de problemáticas.

En este sentido, Raquel manifestó a LVM que “esto es más grave que el famoso Tick Tock por el cual movieron en IPS a un funcionario, pero como sólo se vulneran derechos de niños con discapacidad, parece que es menos importante”, ironizó la mujer.

Una inclusión real

Tras los dichos de la empleada pública, Patricia Zarza, representante de las Familias TEA Misiones Red Federal, dialogó con La Voz de Misiones.

“El universo de la discapacidad es enorme, por ejemplo, yo soy madre de una niña dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y no me puedo imaginar todo lo que pasa una familia con un niño que tiene dislexia ,o una familia con un chico con altas capacidades, o alguna otra discapacidad motriz”, comentó la mujer y sostuvo que: “no se puede generalizar nunca”.

Así, la integrante de la Red Federal TEA indicó: “Los comentarios, que son completamente violentos, la mujer los está llevando al trabajo, está fallando como empleada pública, como funcionaria pública, porque está llevando sus prejuicios en un niño que no conoce, ella no le lleva a terapia, no conoce la realidad de la escuela a donde va el chico, no conoce la realidad familiar del chico”, enfatizó Zarza.

Además, hizo hincapié en que, tanto la administración gubernamental como el sistema educativo, no están capacitados para garantizar la inclusión.

Patricia Zarza se explayó y añadió: “Hace años se viene hablando de esto, de ir a un modelo inclusivo de educación, que sería el modelo más adecuado -según los derechos de las personas con discapacidad-. No es una realidad porque, para que sea inclusivo el docente y todos los profesionales, tienen que enseñar según como el niño aprenda -independientemente si es con discapacidad-. El sistema educativo no está preparado, para nada, que salga de la norma”.

Zarza relató que el grupo de padres perteneciente a la red federal busca que los familiares no tengan vergüenza con las necesidades de sus hijos, pero “esta mujer, al ser funcionaria pública, está en contacto con muchísima gente que, por su cargo, por su experiencia, asume que lo que está diciendo es verdad y desmoraliza la opinión del médico, del terapeuta que ve al chico todos los días”.

Para concluir, Patricia explicó que los pedidos de integración se hacen mediante “los profesionales que le ven todos los días, se lleva informe de la misma institución educativa donde le confirma, o no, al médico tratante si se necesita, o no, la integración. Además, eso de que solo la psicopedagoga o la maestra en educación especial puede hacer la integración es mentira porque un chico que tiene un problema motriz, y que no tiene ningún problema cognitivo, por ahí necesita simplemente una ayudante. Es individual a cada chico la integración”.

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La Unam votó por la continuidad política en los decanatos de sus seis facultades

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La Unam abre la carrera de Marketing y las inscripciones arrancan en febrero

Este miércoles 10 de junio se concretaron las elecciones institucionales en las diferentes casas de estudio de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), donde los decanos fueron reelectos en las seis facultades ubicadas a lo largo y ancho de la provincia.

En cuanto al rectorado, fue electa la lista única integrada por Sergio Katogui como rector y Gisela Elizabeth Spaciuk, como vice rectora, dando continuidad al proyecto de gestión y garantizando una transición ordenada respecto de la administración encabezada por la, hasta entonces, rectora Alicia Violeta Bohren.

En la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales compitieron dos propuestas. La Lista 1, Compromiso Humanidades, representada por Jorge Servián y María del Rosario “Copo” Millán y la Lista 2, Frente Docente por la Educación Pública, que llevó como candidatos al actual decano Cristian Garrido y Zulma Cabrera.

El triunfo correspondió a Garrido y Cabrera, quienes fueron reelectos y ejercerán los cargos de decano y vice durante los próximos cuatro años.

Desde el espacio, agradecieron los resultados a través de sus redes sociales: “Gracias por cada voto de confianza, por cada palabra de apoyo y por creer que una universidad pública de calidad se construye entre todos”.

Y destacaron: “Este triunfo no es un punto de llegada, sino el impulso para seguir trabajando con más compromiso, más diálogo y más convicción por nuestra Facultad”.

De igual manera, en la Facultad de Arte y Diseño (FAyD) ubicada en Oberá, la lista Unarte ratificó a Ivonne Aquino como decana, acompañada por Héctor Borges como vicedecano.

Mientras que en la Facultad de Ingeniería, María Claudia Dekun continuará como decana y Hugo Orlando Reinert como vicedecano, en representación del espacio Convergencia.

La Facultad de Ciencias Forestales de Eldorado también mantendrá la línea oficialista. Mariano Martín Di Stasi fue elegido decano acompañado por Anahí Tamara Rauh como vicedecana, en representación de Convergencia Forestales, el espacio político alineado con la gestión saliente y respaldado por el actual decano Fabián Romero y la rectora Alicia Violeta Bohren.

Volviendo a las sedes de la capital provincial, en la Facultad de Ciencias Económicas, Horacio Simes obtuvo la reelección junto a Griselda Gabalachis, consolidando un nuevo mandato para la lista “Encuentro y Compromiso por Económicas”.

En tanto, en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales también prevaleció la continuidad. Martí Dardo Andrea fue reelegido como decano, en una elección que confirma el respaldo a la actual gestión de una de las unidades académicas estratégicas de la Unam.

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Reestructuración y 40 retiros voluntarios en Inta: “Es un despido encubierto”

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La profunda reestructuración que atraviesa el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), con un nuevo esquema de retiros voluntarios, tendrá un fuerte impacto en Misiones, según explican desde la Asociación del Personal del Inta (Apinta).

Es que, este miércoles 10 de junio finalizó oficialmente el esquema de retiro voluntario que estableció el gobierno nacional, a través de la resolución 144/2026, publicada en el Boletín Oficial, y a partir del martes 16, comenzarán las desvinculaciones de trabajadores que adhirieron al programa impulsado desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, cartera a cargo de Federico Sturzenegger.

La medida impacta de lleno en el acompañamiento a los productores misioneros tanto de las economías regionales o a las grandes producciones como la Foresto Industria. 

Silvina Fariza, investigadora en genética del Inta y secretaria general de Apinta, Seccional Cerro Azul, en comunicación con LVM, describió un escenario de incertidumbre y preocupación entre quienes permanecen en el organismo.

“En la Estación Experimental Agropecuaria de Cerro Azul son 24 los agentes que dejarán la institución, mientras que en la Experimental de Montecarlo la cifra ronda entre 18 y 19 trabajadores”, precisó.

La reducción alcanza a personal de apoyo, técnicos, investigadores y profesionales, condición que impacta directo en el acompañamiento de los pequeños productores. Específicamente para el personal de planta permanente con más de 3 años de antigüedad y hasta 60 años de edad. Dado ese escenario, explicó que a los trabajadores de planta permanente les resulta conveniente económicamente acogerse a la propuesta del gobierno nacional y buscar trabajo en el sector privado, pero “los mayores perjudicados en este sentido son los pequeños productores”.

Explicó que el miedo a que unidades del Inta desaparezcan es latente porque hay agencias que se quedan con un solo personal, como Eldorado o Posadas. “Es imposible que se puedan sostener así”, advirtió Fariza.

“Estamos viviendo una situación muy compleja. Se rompen grupos de trabajo, estructuras y equipos que durante muchos años construyeron capacidades, experiencia y vínculos con los productores. Son pérdidas muy difíciles de reemplazar”, sostuvo.

Aunque formalmente se trata de retiros voluntarios, Fariza consideró que las decisiones se toman en un contexto que empuja a muchos trabajadores a abandonar la institución.

“Cuando una persona toma esta decisión en medio de la incertidumbre, del temor por el futuro y de un organismo que está siendo desfinanciado, es muy difícil hablar de una decisión completamente voluntaria. Para nosotros es una forma de despido encubierto”, afirmó.

La dirigente sindical explicó que el Inta enfrenta serias dificultades presupuestarias y que actualmente apenas logra sostener gastos básicos de funcionamiento. 

“Hoy el organismo está sin financiamiento para investigación y para el trabajo territorial. Con mucho esfuerzo se llegan a cubrir servicios esenciales como luz, internet y seguridad, pero las actividades que tienen que ver con investigación y extensión están prácticamente desfinanciadas”, sostuvo.

Uno de los aspectos más preocupantes para los trabajadores es el impacto que esta situación tendrá sobre la asistencia técnica a los productores.

El trabajo de los extensionistas consiste en llegar a las chacras, acompañar a las familias productoras, ayudarlas a mejorar rendimientos, calidad y resolver problemas sanitarios o productivos. Todo eso ya se viene viendo afectado desde hace tiempo”, explicó.

Fariza advirtió además sobre la posibilidad de un desmantelamiento del sistema de extensión rural.

“Existe una amenaza cada vez más fuerte de cerrar agencias de extensión. Si eso ocurre, el impacto sobre los productores será enorme porque son justamente esas agencias las que mantienen el contacto cotidiano con las chacras”, remarcó.

Este no es el primer plan de retiros voluntarios que implementa el gobierno de Javier Milei, en 2024 se realizó con pocas adhesiones. La falta de recursos también afecta la movilidad de los equipos técnicos.

“Muchos trabajadores están utilizando sus propios recursos para poder visitar a los productores. En otros casos, los vehículos institucionales no tienen mantenimiento y directamente no pueden salir al territorio”, indicó.

La situación forma parte de un proceso nacional de reducción de personal que, según estimaciones sindicales, supera los 1000 agentes en todo el país durante esta segunda etapa del programa de retiros voluntarios.

“Este retiro alcanzó todos los niveles de la institución. Se fueron trabajadores de apoyo, técnicos, investigadores, profesionales, directores de experimentales, directores regionales y autoridades nacionales. La pérdida es transversal y afecta toda la estructura del Inta”, afirmó.

La investigadora también expresó preocupación por el rumbo que estaría tomando la política agropecuaria nacional y su impacto en las economías regionales.

Se está pensando en una agricultura extensiva orientada a las grandes regiones productivas del país. Pero esa lógica no contempla la realidad de Misiones, donde predominan los pequeños productores y las economías regionales”, indicó.

Finalmente, cuestionó el desplazamiento de temas históricamente vinculados al trabajo del organismo.

La agricultura familiar, la producción a pequeña escala y la agroecología han quedado relegadas. Son temas que dejaron de tener prioridad y eso también afecta directamente a miles de familias productoras que dependen del acompañamiento técnico del Inta”, concluyó.

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Docente pide su reincorporación con huelga de hambre y acampe frente al CGE

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La docente y ex directora de la Escuela 958 del paraje Barbacuá de San Antonio, Valeria Paraná, inició una huelga de hambre con acampe este miércoles, frente al Consejo General de Educación (CGE), en reclamo de su reincorporación laboral luego de quedar cesante tras la aplicación de una resolución que cuestiona su designación en el cargo directivo.

La docente aseguró que se quedó “sin trabajo y sin sueldo” como consecuencia de decisiones adoptadas por el CGE, por lo que responsabilizó públicamente a su titular, Daniela López, por el proceso que derivó en su apartamiento. 

Se trata de la Resolución 3177, mediante la cual el organismo declaró nula la disposición que en 2019 la había designado como directora suplente y revocó además la Resolución 7845/24, por la cual se le había otorgado estabilidad laboral en el cargo de maestra de grado.

La medida también ordenó eliminar de su legajo el puntaje acumulado por la función jerárquica desempeñada desde 2019 y declaró vacantes tanto el cargo de dirección como el de maestra de grado de la institución.

Al respecto, Paraná detalló en diálogo con FM Santa María de las Misiones que, “la designación por la cual accedí al cargo de maestra y luego al cargo directivo está mal realizada”, ya que asegura tener estabilidad laboral otorgada por el mismo CGE y se encuentra cursando una diplomatura en docencia en la Universidad Nacional de Misiones (Unam).

En ese sentido, consideró que la decisión administrativa forma parte de una persecución: “La intención del CGE, desde sus inicios, era sacarme de la institución. Primero intentaron hacerlo con una denuncia falsa y ahora encontraron otro mecanismo”.

Respaldo

Durante años, Paraná desempeñó sus funciones al frente de la institución, por lo que padres y vecinos, respaldaron su gestión durante las actuaciones realizadas por representantes legales del organismo educativo en la escuela.

En consonancia con la huelga de hambre con acampe, emplazado desde tempranas horas de este miércoles frente al organismo educativo provincial en Posadas, en la Escuela Nº 958, los padres y miembros de la comunidad educativa tomaron el establecimiento en señal de protesta.

Con estas medidas de fuerza, solicitan a las autoridades que revisen la situación y encuentren una solución al conflicto que afecta a la institución y a la docente. En tanto, los alumnos llevan más de un mes sin clases en medio de la disputa administrativa y judicial.

“Queremos una solución urgente para que los niños vuelvan a las aulas y para que se respeten los derechos de quienes forman parte de nuestra comunidad educativa”, expresaron integrantes del grupo que acompaña el reclamo en la sede educativa.

Por su parte, Paraná permanecerá acampando frente a la sede del CGE “hasta las últimas consecuencias”, a la espera de respuestas y soluciones.

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