Provinciales
Mamá de niño con discapacidad denunció a funcionaria del IPS por discriminación
Un audio en el que una empleada del Instituto de Prevención Social (IPS) tilda de “raros” a los niños con discapacidad fue el disparador para que una mamá denuncie, ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el manejo de la obra social con respecto al tema.
Claudia K., la mujer señalada, se desempeña en mesa de entradas en el Área de Discapacidad y, en el audio, al que tuvo acceso a La Voz de Misiones, la empleada se refiere en términos generales a niños con discapacidad, desconociendo las múltiples condiciones existentes.
La grabación, que es parte de la denuncia ante el Inadi, pertenece a una conversación que la trabajadora mantenía vía WhatsApp con Raquel Peralta, mamá de un niño con discapacidad y afiliada del ente de salud, respecto de las maestras integradoras para chicos que las necesitan.
En el audio, Claudia dice: “Se está trabajando en hacer un convenio con el Colegio de Psicopedagogos para que ellos provean las maestras integradoras, en caso de que los chicos necesiten sí o sí integración”, relató la funcionaria y destacó: “También lo que nosotros hemos visto, desde la obra social, es que a mansalva las escuelas piden integración y muchos de los chicos no necesitan”.
Además, la trabajadora del área de discapacidad adujo que, “con una maestra de apoyo a contraturno, los chicos andan bien. La integración escolar no debería ser la primera opción para la familia”, opinó la empleada de la obra social del estado provincial.
Sin embargo, Claudia no se detuvo ahí y añadió: “Tendría que ser la última opción, porque una integradora implica que vaya al aula, que se siente con el chico, y hay a veces que tenés un aula que tiene tres o cuatro integradoras”, expresó la recepcionista y señaló que “es anti natura… de por sí, al chico que le cuesta o que tiene alguna dificultad… digamos, que es el ‘raro’ y, si encima va con una mae especial, es más raro aún”.
La conversación con la trabajadora del IPS concluyó en una denuncia por parte de la mamá ante el organismo que combate la discriminación.
Denuncia ante el Inadi
La denunciante, Raquel Peralta, explicó a LVM que el trato que recibió no es un caso aislado dentro del personal de la obra social, sino que es el detonante de situaciones cotidianas y decisiones internas que son opuestas a los derechos humanos de las personas con discapacidad.
En la denuncia, a la que accedió La Voz de Misiones y fue presentada en el organismo nacional, a cargo de la delegada local, Silvia Risko, Raquel expresó: “Me siento agraviada por los términos que utiliza Claudia K. refiriéndose en el ámbito laboral a la integración escolar como estigmatizante y anti natura”.
Además, la madre enfatiza en el documento que la trabajadora menosprecia la solicitud de los médicos tratantes y profesionales capacitados en discapacidad alegando que “prescriben a lo pavote” maestras integradoras.
Por otra parte, también Raquel remarca: “Utiliza términos como ‘raro’, ‘más raro’, al referirse a las personas que poseen discapacidad”. Asimismo, subraya que “este tipo de conducta ejercen violencia institucional, vulnera derechos y nos someten a situaciones de estrés a las familias”.
Es por ello que la denunciante solicita la intervención urgente del Inadi con capacitaciones al personal del IPS con perspectiva en este tipo de problemáticas.
En este sentido, Raquel manifestó a LVM que “esto es más grave que el famoso Tick Tock por el cual movieron en IPS a un funcionario, pero como sólo se vulneran derechos de niños con discapacidad, parece que es menos importante”, ironizó la mujer.
Una inclusión real
Tras los dichos de la empleada pública, Patricia Zarza, representante de las Familias TEA Misiones Red Federal, dialogó con La Voz de Misiones.
“El universo de la discapacidad es enorme, por ejemplo, yo soy madre de una niña dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y no me puedo imaginar todo lo que pasa una familia con un niño que tiene dislexia ,o una familia con un chico con altas capacidades, o alguna otra discapacidad motriz”, comentó la mujer y sostuvo que: “no se puede generalizar nunca”.
Así, la integrante de la Red Federal TEA indicó: “Los comentarios, que son completamente violentos, la mujer los está llevando al trabajo, está fallando como empleada pública, como funcionaria pública, porque está llevando sus prejuicios en un niño que no conoce, ella no le lleva a terapia, no conoce la realidad de la escuela a donde va el chico, no conoce la realidad familiar del chico”, enfatizó Zarza.
Además, hizo hincapié en que, tanto la administración gubernamental como el sistema educativo, no están capacitados para garantizar la inclusión.
Patricia Zarza se explayó y añadió: “Hace años se viene hablando de esto, de ir a un modelo inclusivo de educación, que sería el modelo más adecuado -según los derechos de las personas con discapacidad-. No es una realidad porque, para que sea inclusivo el docente y todos los profesionales, tienen que enseñar según como el niño aprenda -independientemente si es con discapacidad-. El sistema educativo no está preparado, para nada, que salga de la norma”.
Zarza relató que el grupo de padres perteneciente a la red federal busca que los familiares no tengan vergüenza con las necesidades de sus hijos, pero “esta mujer, al ser funcionaria pública, está en contacto con muchísima gente que, por su cargo, por su experiencia, asume que lo que está diciendo es verdad y desmoraliza la opinión del médico, del terapeuta que ve al chico todos los días”.
Para concluir, Patricia explicó que los pedidos de integración se hacen mediante “los profesionales que le ven todos los días, se lleva informe de la misma institución educativa donde le confirma, o no, al médico tratante si se necesita, o no, la integración. Además, eso de que solo la psicopedagoga o la maestra en educación especial puede hacer la integración es mentira porque un chico que tiene un problema motriz, y que no tiene ningún problema cognitivo, por ahí necesita simplemente una ayudante. Es individual a cada chico la integración”.
El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), realizaron un informe que revela que al menos cinco departamentos de Misiones superan el límite fijado para la extranjerización de suelos, siendo Puerto Iguazú el distrito que concentra la mayor cantidad de hectáreas en manos de agentes foráneos.
El informe fue publicado en diciembre del año pasado, como aporte trascendental en el marco del debate iniciado tras la presentación de un proyecto del gobierno del presidente Javier Milei que busca derogar en forma definitiva la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, más conocida como Ley de Tierras (N° 26.737).
La normativa se sancionó en 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y estableció como límite de extranjerización de tierras un 15% de la superficie a nivel provincial y departamental, al tiempo que fortaleció los mecanismos de control para evitar triangulaciones sin supervisión estatal.
La ley sufrió una modificación en 2016, con Mauricio Macri como presidente, quien mediante el Decreto 820/2016, “flexibilizó los procedimientos, habilitó la posibilidad de informar cambios societarios después de realizados, redujo los requisitos para compras e introdujo criterios más amplios para definir quién era considerado extranjero”, explicaron Julieta Caggiano y Matías Oberlin, autores del informe.
En 2023, en tanto, con la llegada al poder de La Libertad Avanza, el DNU 70/2023 derogó la Ley de Tierras mediante su artículo 154, pero la medida encontró un freno judicial mediante un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim).
Misiones y el mapa
En ese marco, los investigadores efectuaron un relevamiento a nivel nacional y confeccionaron un mapa interactivo en el que marcaron las parcelas de tierra actualmente extranjerizadas en todo el país.
El trabajo concluye que alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras, lo que en superficie “supera los trece millones de hectáreas: el equivalente a la extensión de Inglaterra”.
Sin embargo, para Caggiano y Oberlin, lo más inquietante surge cuando el análisis se realiza a nivel provincial o departamental, donde detectaron que 36 distritos superan el límite fijado por la ley que el gobierno libertario busca derogar en forma definitiva.
Entre esos departamentos hay varios que pertenecen a Misiones, la mayoría de ellos ubicados en zonas fronterizas y en territorios con recursos hídricos y potencial turístico.
Con esa información recopilada, confeccionaron un mapa interactivo en el cual se puede consultar la situación provincia por provincia. En el caso de Misiones, el estudio consigna que, por ejemplo, Puerto Iguazú (integrado también por Puerto Esperanza, Puerto Libertad y Wanda) tiene una extensión comprendida por 286,378,35 hectáreas, de los cuales 114.406,68 están en manos extranjeras, lo que representa un 40% del total del territorio.
Le sigue Montecarlo (conformado también por Caraguatay y El Alcázar), que de 173.606.09 hectáreas, tiene 31.866,75 extranjerizadas, lo que se traduce en un 18%. También aparecen Eldorado (en el que entran Colonia Delicia, 9 de Julio, Santiago de Liniers y Colonia Victoria) con 16%, Libertador General San Martín (Puerto Rico, Puerto Leoni, Garuhapé, El Alcázar, Capioví y Ruiz de Montoya) con 17% y Concepción (Concepción de la Sierra y Santa María) con 16%.
Posadas, San Ignacio, Oberá, San Pedro y General Manuel Belgrano también están marcados en el mapa, aunque ninguno de ellos supera el 11%, por lo cual aún respetan el límite establecido por la Ley de Tierras.
A nivel regional, otros distritos que aparecen en roja son Ituzaingó y Berón de Astrada, con 34% y 33% de sus tierras en manos extranjeras, respectivamente.
Los investigadores consignaron que el mapa interactivo fue elaborado en base a reportes del Registro Nacional de Tierras Rurales, dependiente de la Dirección Nacional del RNRT del ministerio de Justicia de la Nación, obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información pública y los datos están actualizados al 6 de agosto de 2025.
El intendente de Eldorado, Rodrigo “Pipo” Durán, resolvió declarar “no conveniente” y rechazar las ofertas presentadas por las empresas Kenia S.A. y ETCE para asumir la concesión del servicio público de transporte de pasajeros en la ciudad.
Tras realizar el análisis integral del procedimiento administrativo correspondiente a la Licitación Pública Nacional N.º 02/2025, el Ejecutivo firmó la resolución y argumentó que la evaluación técnica, económica y administrativa determinó que las propuestas no resultaban convenientes para los intereses del Municipio.
Asimismo, en el documento se afirmó que la decisión tiene como objetivo resguardar el interés público, la calidad del servicio y el adecuado uso de los recursos municipales.
En tanto, la intendencia ordenó la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo previsto en el pliego de condiciones generales que rigió la licitación.
La apertura de sobres se realizó el último lunes en el SUM del edificio municipal. En la instancia solo se presentaron las empresas Kenia S.A. y ETCE, actual prestataria del servicio, cuyo contrato de prórroga excepcional por dos meses vence el próximo 15 de enero.
Con la decisión del Ejecutivo municipal, quedó sin efecto el segundo llamado a licitación para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, luego de que la primera convocatoria fuera declarada desierta en octubre pasado por falta de oferentes.
Cae licitación y la Muni de Eldorado podrá contratar colectivos
El Centro de Conservación de Fauna Silvestre Ohana informó el miércoles a la tarde el apartamiento “preventivo” de un biólogo que cumplía funciones como “asesor técnico” en la institución y que ese mismo día fue señalado públicamente a través de redes sociales por hechos de presunto maltrato animal y acoso tanto a estudiantes como a integrantes de Mymba, organización científica fundada y liderada por el profesional apuntado.
“Informamos a la opinión pública y a nuestra comunidad que, ante recientes denuncias públicas que involucran a un asesor externo de nuestra institución, de inusitada gravedad, se ha tomado la decisión de separar preventivamente a dicha persona de todas nuestras actividades y funciones”, expresa el comunicado difundido por Ohana este miércoles 7 de enero por la tarde.
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Si bien la fundación evita mencionar su nombre, el profesional señalado se trata del licenciado Matías Fernández, a quien en octubre le dieron la bienvenida a la institución para que preste funciones como “asesor”.
Según el CV que expusieron en esa presentación, Matías Fernández es “Biólogo con orientación en Zoología por la Universidad Nacional de La Plata -donde se graduó con promedio honorífico-, es director y fundador de Mymba, organización científica dedicada a la Biodiversidad y el Ambiente”.
Acusaciones
Sin embargo, en las últimas horas en el nombre de F. fue asociado a cuestiones mucho más severas. Desde una cuenta de Instagram denominada @exmymba2025 emitieron un “comunicado de advertencia” donde acusaron al biólogo por situaciones de maltrato animal y acoso, e incluso apuntaron que el profesional cuenta con trece expedientes abiertos en la Universidad Nacional de La Plata, donde ejerce la docencia.
En la misma publicación adjuntaron grabaciones de audios de Whatsapp atribuidos a Fernández donde el biólogo supuestamente amenazaba y se jactaba de matar gatos que se aproximen a su vivienda.
“No sé de quién es el gato este negro… da igual. Si es de alguien, que lo tenga encerrado porque yo la próxima vez que entre acá lo hago concha… ya cinco gatos voy matando, olvidate. Encima, los dejo unos días, así mean, sienten el olor otros gatos, se sienten atraídos y después los atrapo”, se oye en los mensajes de audio.
Desde la cuenta denunciante sostuvieron que “25 de los 27 miembros (de Mymba) decidieron abandonar el grupo y radicar denuncias formales”, en tanto que sobre los que decidieron quedarse acusaron que fue “supuestos beneficios personales justificándose así y hacer la vista gorda a estas actitudes”.
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En esa línea, apuntaron los ex integrantes del grupo liderado por Fernández también sufrieron “acoso sexual, extorsión y amenazas constantes”.
“Se nos presionaba a realizar actos impropios bajo la promesa de beneficios en el grupo o amenazas de reprobar materias en la UNLP”, arremetieron.
De acuerdo a la información brindada en su momento por el propio Ohana, Fernández también es “asesor de INTERPOL, la Red Jaguar (PAcCTO), la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación”.
También “ha participado en la elaboración de informes para las Naciones Unidas sobre especies marinas migratorias, y cuenta con una destacada trayectoria como perito ambiental, docente e investigador.
El profesional tiene su cuenta de Instagram cerrada por el momento. Mymba tampoco tiene perfiles activos en las redes sociales.
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