Provinciales
Mamá de niño con discapacidad denunció a funcionaria del IPS por discriminación
Un audio en el que una empleada del Instituto de Prevención Social (IPS) tilda de “raros” a los niños con discapacidad fue el disparador para que una mamá denuncie, ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el manejo de la obra social con respecto al tema.
Claudia K., la mujer señalada, se desempeña en mesa de entradas en el Área de Discapacidad y, en el audio, al que tuvo acceso a La Voz de Misiones, la empleada se refiere en términos generales a niños con discapacidad, desconociendo las múltiples condiciones existentes.
La grabación, que es parte de la denuncia ante el Inadi, pertenece a una conversación que la trabajadora mantenía vía WhatsApp con Raquel Peralta, mamá de un niño con discapacidad y afiliada del ente de salud, respecto de las maestras integradoras para chicos que las necesitan.
En el audio, Claudia dice: “Se está trabajando en hacer un convenio con el Colegio de Psicopedagogos para que ellos provean las maestras integradoras, en caso de que los chicos necesiten sí o sí integración”, relató la funcionaria y destacó: “También lo que nosotros hemos visto, desde la obra social, es que a mansalva las escuelas piden integración y muchos de los chicos no necesitan”.
Además, la trabajadora del área de discapacidad adujo que, “con una maestra de apoyo a contraturno, los chicos andan bien. La integración escolar no debería ser la primera opción para la familia”, opinó la empleada de la obra social del estado provincial.
Sin embargo, Claudia no se detuvo ahí y añadió: “Tendría que ser la última opción, porque una integradora implica que vaya al aula, que se siente con el chico, y hay a veces que tenés un aula que tiene tres o cuatro integradoras”, expresó la recepcionista y señaló que “es anti natura… de por sí, al chico que le cuesta o que tiene alguna dificultad… digamos, que es el ‘raro’ y, si encima va con una mae especial, es más raro aún”.
La conversación con la trabajadora del IPS concluyó en una denuncia por parte de la mamá ante el organismo que combate la discriminación.
Denuncia ante el Inadi
La denunciante, Raquel Peralta, explicó a LVM que el trato que recibió no es un caso aislado dentro del personal de la obra social, sino que es el detonante de situaciones cotidianas y decisiones internas que son opuestas a los derechos humanos de las personas con discapacidad.
En la denuncia, a la que accedió La Voz de Misiones y fue presentada en el organismo nacional, a cargo de la delegada local, Silvia Risko, Raquel expresó: “Me siento agraviada por los términos que utiliza Claudia K. refiriéndose en el ámbito laboral a la integración escolar como estigmatizante y anti natura”.
Además, la madre enfatiza en el documento que la trabajadora menosprecia la solicitud de los médicos tratantes y profesionales capacitados en discapacidad alegando que “prescriben a lo pavote” maestras integradoras.
Por otra parte, también Raquel remarca: “Utiliza términos como ‘raro’, ‘más raro’, al referirse a las personas que poseen discapacidad”. Asimismo, subraya que “este tipo de conducta ejercen violencia institucional, vulnera derechos y nos someten a situaciones de estrés a las familias”.
Es por ello que la denunciante solicita la intervención urgente del Inadi con capacitaciones al personal del IPS con perspectiva en este tipo de problemáticas.
En este sentido, Raquel manifestó a LVM que “esto es más grave que el famoso Tick Tock por el cual movieron en IPS a un funcionario, pero como sólo se vulneran derechos de niños con discapacidad, parece que es menos importante”, ironizó la mujer.
Una inclusión real
Tras los dichos de la empleada pública, Patricia Zarza, representante de las Familias TEA Misiones Red Federal, dialogó con La Voz de Misiones.
“El universo de la discapacidad es enorme, por ejemplo, yo soy madre de una niña dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y no me puedo imaginar todo lo que pasa una familia con un niño que tiene dislexia ,o una familia con un chico con altas capacidades, o alguna otra discapacidad motriz”, comentó la mujer y sostuvo que: “no se puede generalizar nunca”.
Así, la integrante de la Red Federal TEA indicó: “Los comentarios, que son completamente violentos, la mujer los está llevando al trabajo, está fallando como empleada pública, como funcionaria pública, porque está llevando sus prejuicios en un niño que no conoce, ella no le lleva a terapia, no conoce la realidad de la escuela a donde va el chico, no conoce la realidad familiar del chico”, enfatizó Zarza.
Además, hizo hincapié en que, tanto la administración gubernamental como el sistema educativo, no están capacitados para garantizar la inclusión.
Patricia Zarza se explayó y añadió: “Hace años se viene hablando de esto, de ir a un modelo inclusivo de educación, que sería el modelo más adecuado -según los derechos de las personas con discapacidad-. No es una realidad porque, para que sea inclusivo el docente y todos los profesionales, tienen que enseñar según como el niño aprenda -independientemente si es con discapacidad-. El sistema educativo no está preparado, para nada, que salga de la norma”.
Zarza relató que el grupo de padres perteneciente a la red federal busca que los familiares no tengan vergüenza con las necesidades de sus hijos, pero “esta mujer, al ser funcionaria pública, está en contacto con muchísima gente que, por su cargo, por su experiencia, asume que lo que está diciendo es verdad y desmoraliza la opinión del médico, del terapeuta que ve al chico todos los días”.
Para concluir, Patricia explicó que los pedidos de integración se hacen mediante “los profesionales que le ven todos los días, se lleva informe de la misma institución educativa donde le confirma, o no, al médico tratante si se necesita, o no, la integración. Además, eso de que solo la psicopedagoga o la maestra en educación especial puede hacer la integración es mentira porque un chico que tiene un problema motriz, y que no tiene ningún problema cognitivo, por ahí necesita simplemente una ayudante. Es individual a cada chico la integración”.
Provinciales
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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Manifestación tras detención de Ángel Rivero
Provinciales
Corpus fue sede del debate sobre energía hidoeléctrica, planificación y desarrollo
La Municipalidad de Corpus Christi reunió este martes a intendentes, especialistas, estudiantes, referentes ambientales y vecinos para dar a conocer el estado actual del proyecto Corpus Pindó-í, sus características, afecciones y posibilidades para el desarrollo energético y productivo de Misiones.
El encuentro comenzó con una presentación institucional a cargo de Enrique Guardo, director de Gestión de la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (Comip), quien expuso sobre el rol del organismo y el proceso que se viene llevando adelante para recuperar, ordenar y actualizar la información técnica existente sobre Corpus Pindó-í.
En ese marco, destacó que “el objetivo actual no es plantear el inicio de una obra, sino generar las condiciones técnicas, ambientales, económicas y sociales necesarias para evaluar su viabilidad sobre información actualizada”.
Seguidamente, el ingeniero Martín Rodríguez Paz, en representación del Consejo Profesional de Ingeniería de Misiones, abordó la situación energética provincial y la necesidad de incorporar una mirada de largo plazo sobre la disponibilidad de energía para acompañar el crecimiento económico y productivo.
Al mismo tiempo, desde la Dirección Técnica de la Comip, Luis Bergman expuso las principales características del aprovechamiento, su capacidad de generación, los estudios realizados y las afectaciones identificadas.
“Los potenciales beneficios de Corpus exceden la generación de energía eléctrica. Un emprendimiento de esta escala puede convertirse en una herramienta de desarrollo regional, siempre que exista una planificación anticipada que permita traducir la inversión en infraestructura, actividad económica, empleo, servicios y nuevas oportunidades para las localidades vinculadas al proyecto”, remarcó entre los ejes principales.
En esa línea, el delegado argentino ante la Comip, Tony López, destacó la necesidad de incorporar tempranamente a los municipios a esa planificación, de manera que los posibles beneficios no queden circunscriptos al área inmediata del aprovechamiento, sino que puedan proyectarse sobre todo el corredor regional.
El encuentro concluyó con el intercambio entre asistentes, consultas técnicas, planteos ambientales, observaciones y pedidos de mayor información.
La convocatoria contó con la presencia de los intendentes de Corpus, Aristóbulo del Valle y Leandro N. Alem, exintendentes, autoridades del Consejo Deliberante, Consejo Profesional de Ingeniería de Misiones, representantes de instituciones y organizaciones vinculadas al ambiente, estudiantes secundarios, medios de prensa, fuerzas vivas de la localidad y público en general.
Mesa No a las Represas exige al gobierno ratificar la ley que prohíbe Corpus
Provinciales
Perdió una pierna en el trabajo y reclama: “Me rompieron la vida y no pagan”
En 2022, Ezequiel Camargo tenía 20 años y trabajaba para la Cooperativa El Hijo del Carpintero, de Garupá, cuando sufrió un accidente laboral en el que perdió la pierna derecha.
Hoy, a cuatro años de aquel episodio, con 25 años y un hijo de un año y tres meses, el joven lleva adelante una batalla judicial en busca de una indemnización que repare los daños morales y psicofísicos devenidos del accidente.
La demanda le fue adversa en el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral 3, pero Camargo apeló y, en junio pasado, la Cámara de Apelaciones del Trabajo resolvió a su favor y dispuso el pago, por parte de la Cooperativa, de $194.760.414,68 de indemnización, más $13.971.262,55 en concepto de intereses liquidados hasta el 31 de mayo de este año. Pero, un nuevo recurso de sus empleadores llevó el caso al Superior Tribunal de Justicia (STJ) y, ahora, el joven se encuentra aguardando la decisión de los jueces.
“Fue un accidente que me marcó la vida”, dijo Ezequiel Camargo a La Voz de Misiones, que lo entrevistó en la casa donde vive con su familia, en el barrio Santa Catalina, de Garupá.
“Yo era una persona sana, sin ninguna enfermedad; trabajaba, jugaba mucho al fútbol; salía con amigos, hacía mis cosas; y después del accidente estuve muy mal durante meses, y hasta tuve que pedir ayuda en las redes”, comentó, sentado en un banco en el patio de la vivienda, mostrando la nueva prótesis que pudo adquirir gracias a la solidaridad de amigos, vecinos y familiares.
“Estoy un poco mejor, pero sin poder tener la vida que tenía antes, y ahora con un bebé y una familia que mantener”, añadió y contó a LVM que el accidente le dejó también secuelas en la pierna izquierda. “Tengo clavos y tornillos”, afirmó.
La cuchilla
Era el 3 de junio de 2022. Camargo integraba la cuadrilla de cuatro o cinco operarios que el presidente de la Cooperativa El Hijo del Carpintero, Saúl Andresito Roa, envió para la limpieza de un predio municipal.
“Fuimos a hacer un trabajo para el municipio, había que desmalezar un pajonal, y de entrada le dijimos que el lugar no era para máquinas pesadas, que era para desmalezadora nomás”, contó el joven.
“Yo tenía experiencia ya con máquinas pesadas, con tractores, retroexcavadoras y eso, porque había trabajado mucho con mi papá”, comentó y sostuvo que le advirtieron a Roa del peligro de sumar un tractor a la tarea, pero éste “quería meter igual para terminar más rápido”.
“Fuimos, empezamos a sacar las piedras, los troncos, todo lo que había en el lugar, y cuando yo veo que iba a entrar el tractor empiezo a alejarme”, agregó Camargo y relató que, en ese momento, la máquina “chocó contra el cordón cuneta, voló el perno y la cuchilla me agarró la pierna”.
“Sentí el golpe y cuando me di cuenta estaba tirado en el medio del asfalto”, recordó el joven y señaló que se salvó “de milagro”, ya que la cuchilla le cortó dos arterias y que pudo haberse desangrado en el lugar.
Fue hospitalizado y pese a los esfuerzos, los médicos no pudieron salvarle la pierna. “El 6 de junio me amputaron”, afirmó.
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Falsas promesas
Camargo contó a LVM que, tras el accidente, “desde la Cooperativa me dijeron que se iban a hacer cargo de todo, que me iban a comprar la prótesis, que me iban a dar un sueldo de por vida”.
Sin embargo, según dijo, nada de eso sucedió y cuando volvió a su casa, tras casi 45 días de internación, el ex intendente de Garupá y padre del titular de la Cooperativa, Daniel Roa, fue a su casa para que firmara los papeles de la ART.
“Me dijo que iba a cobrar el seguro, que tenía que firmar unos papeles y que me tocaba $700.000”, afirmó Camargo y comentó que, leyendo la letra chica del contrato con la aseguradora, advirtió que la suma que le correspondía era el doble de la ofrecida por Roa.
“En el contrato decía que el valor por perdida de extremidades y muerte era de $1.400.000, pero ellos cobraban y me pasaban la mitad, porque querían recuperar costos de medicamentos que habían comprado”, señaló.
Después de aquella visita de Daniel Roa, Ezequiel Camargo buscó un abogado y demandó a la Municipalidad de Garupá y a la Cooperativa del hijo del ex intendente.
“Demandamos a la municipalidad porque no sabíamos por qué estábamos en ese lugar, pero esa demanda ya perdí”, comentó. La Justicia rechazó la causa contra la comuna en primera y segunda instancia, por lo que la causa que aguarda ahora la resolución del STJ refiere solamente al reclamo a la Cooperativa de los Roa, que -según consta en el fallo de la Cámara de Apelaciones- intentó por todos los medios “disfrazar” la relación laboral.
-¿Qué le dirías a los jueces del STJ?, le preguntó LVM a Camargo.
“Que todo lo que me hicieron tienen que pagar sí o sí. Yo era trabajador, estaba laburando para ellos. Y ellos me rompieron la vida. Yo no quedé igual, se me complica para todo, para levantarme día a día, no puedo hacer nada. Solo quiero una compensación y poder tener una vida digna”.
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