Provinciales
Mamá de niño con discapacidad denunció a funcionaria del IPS por discriminación
Un audio en el que una empleada del Instituto de Prevención Social (IPS) tilda de “raros” a los niños con discapacidad fue el disparador para que una mamá denuncie, ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el manejo de la obra social con respecto al tema.
Claudia K., la mujer señalada, se desempeña en mesa de entradas en el Área de Discapacidad y, en el audio, al que tuvo acceso a La Voz de Misiones, la empleada se refiere en términos generales a niños con discapacidad, desconociendo las múltiples condiciones existentes.
La grabación, que es parte de la denuncia ante el Inadi, pertenece a una conversación que la trabajadora mantenía vía WhatsApp con Raquel Peralta, mamá de un niño con discapacidad y afiliada del ente de salud, respecto de las maestras integradoras para chicos que las necesitan.
En el audio, Claudia dice: “Se está trabajando en hacer un convenio con el Colegio de Psicopedagogos para que ellos provean las maestras integradoras, en caso de que los chicos necesiten sí o sí integración”, relató la funcionaria y destacó: “También lo que nosotros hemos visto, desde la obra social, es que a mansalva las escuelas piden integración y muchos de los chicos no necesitan”.
Además, la trabajadora del área de discapacidad adujo que, “con una maestra de apoyo a contraturno, los chicos andan bien. La integración escolar no debería ser la primera opción para la familia”, opinó la empleada de la obra social del estado provincial.
Sin embargo, Claudia no se detuvo ahí y añadió: “Tendría que ser la última opción, porque una integradora implica que vaya al aula, que se siente con el chico, y hay a veces que tenés un aula que tiene tres o cuatro integradoras”, expresó la recepcionista y señaló que “es anti natura… de por sí, al chico que le cuesta o que tiene alguna dificultad… digamos, que es el ‘raro’ y, si encima va con una mae especial, es más raro aún”.
La conversación con la trabajadora del IPS concluyó en una denuncia por parte de la mamá ante el organismo que combate la discriminación.
Denuncia ante el Inadi
La denunciante, Raquel Peralta, explicó a LVM que el trato que recibió no es un caso aislado dentro del personal de la obra social, sino que es el detonante de situaciones cotidianas y decisiones internas que son opuestas a los derechos humanos de las personas con discapacidad.
En la denuncia, a la que accedió La Voz de Misiones y fue presentada en el organismo nacional, a cargo de la delegada local, Silvia Risko, Raquel expresó: “Me siento agraviada por los términos que utiliza Claudia K. refiriéndose en el ámbito laboral a la integración escolar como estigmatizante y anti natura”.
Además, la madre enfatiza en el documento que la trabajadora menosprecia la solicitud de los médicos tratantes y profesionales capacitados en discapacidad alegando que “prescriben a lo pavote” maestras integradoras.
Por otra parte, también Raquel remarca: “Utiliza términos como ‘raro’, ‘más raro’, al referirse a las personas que poseen discapacidad”. Asimismo, subraya que “este tipo de conducta ejercen violencia institucional, vulnera derechos y nos someten a situaciones de estrés a las familias”.
Es por ello que la denunciante solicita la intervención urgente del Inadi con capacitaciones al personal del IPS con perspectiva en este tipo de problemáticas.
En este sentido, Raquel manifestó a LVM que “esto es más grave que el famoso Tick Tock por el cual movieron en IPS a un funcionario, pero como sólo se vulneran derechos de niños con discapacidad, parece que es menos importante”, ironizó la mujer.
Una inclusión real
Tras los dichos de la empleada pública, Patricia Zarza, representante de las Familias TEA Misiones Red Federal, dialogó con La Voz de Misiones.
“El universo de la discapacidad es enorme, por ejemplo, yo soy madre de una niña dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y no me puedo imaginar todo lo que pasa una familia con un niño que tiene dislexia ,o una familia con un chico con altas capacidades, o alguna otra discapacidad motriz”, comentó la mujer y sostuvo que: “no se puede generalizar nunca”.
Así, la integrante de la Red Federal TEA indicó: “Los comentarios, que son completamente violentos, la mujer los está llevando al trabajo, está fallando como empleada pública, como funcionaria pública, porque está llevando sus prejuicios en un niño que no conoce, ella no le lleva a terapia, no conoce la realidad de la escuela a donde va el chico, no conoce la realidad familiar del chico”, enfatizó Zarza.
Además, hizo hincapié en que, tanto la administración gubernamental como el sistema educativo, no están capacitados para garantizar la inclusión.
Patricia Zarza se explayó y añadió: “Hace años se viene hablando de esto, de ir a un modelo inclusivo de educación, que sería el modelo más adecuado -según los derechos de las personas con discapacidad-. No es una realidad porque, para que sea inclusivo el docente y todos los profesionales, tienen que enseñar según como el niño aprenda -independientemente si es con discapacidad-. El sistema educativo no está preparado, para nada, que salga de la norma”.
Zarza relató que el grupo de padres perteneciente a la red federal busca que los familiares no tengan vergüenza con las necesidades de sus hijos, pero “esta mujer, al ser funcionaria pública, está en contacto con muchísima gente que, por su cargo, por su experiencia, asume que lo que está diciendo es verdad y desmoraliza la opinión del médico, del terapeuta que ve al chico todos los días”.
Para concluir, Patricia explicó que los pedidos de integración se hacen mediante “los profesionales que le ven todos los días, se lleva informe de la misma institución educativa donde le confirma, o no, al médico tratante si se necesita, o no, la integración. Además, eso de que solo la psicopedagoga o la maestra en educación especial puede hacer la integración es mentira porque un chico que tiene un problema motriz, y que no tiene ningún problema cognitivo, por ahí necesita simplemente una ayudante. Es individual a cada chico la integración”.
Provinciales
Perdió una pierna en el trabajo y reclama: “Me rompieron la vida y no pagan”
En 2022, Ezequiel Camargo tenía 20 años y trabajaba para la Cooperativa El Hijo del Carpintero, de Garupá, cuando sufrió un accidente laboral en el que perdió la pierna derecha.
Hoy, a cuatro años de aquel episodio, con 25 años y un hijo de un año y tres meses, el joven lleva adelante una batalla judicial en busca de una indemnización que repare los daños morales y psicofísicos devenidos del accidente.
La demanda le fue adversa en el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral 3, pero Camargo apeló y, en junio pasado, la Cámara de Apelaciones del Trabajo resolvió a su favor y dispuso el pago, por parte de la Cooperativa, de $194.760.414,68 de indemnización, más $13.971.262,55 en concepto de intereses liquidados hasta el 31 de mayo de este año. Pero, un nuevo recurso de sus empleadores llevó el caso al Superior Tribunal de Justicia (STJ) y, ahora, el joven se encuentra aguardando la decisión de los jueces.
“Fue un accidente que me marcó la vida”, dijo Ezequiel Camargo a La Voz de Misiones, que lo entrevistó en la casa donde vive con su familia, en el barrio Santa Catalina, de Garupá.
“Yo era una persona sana, sin ninguna enfermedad; trabajaba, jugaba mucho al fútbol; salía con amigos, hacía mis cosas; y después del accidente estuve muy mal durante meses, y hasta tuve que pedir ayuda en las redes”, comentó, sentado en un banco en el patio de la vivienda, mostrando la nueva prótesis que pudo adquirir gracias a la solidaridad de amigos, vecinos y familiares.
“Estoy un poco mejor, pero sin poder tener la vida que tenía antes, y ahora con un bebé y una familia que mantener”, añadió y contó a LVM que el accidente le dejó también secuelas en la pierna izquierda. “Tengo clavos y tornillos”, afirmó.
La cuchilla
Era el 3 de junio de 2022. Camargo integraba la cuadrilla de cuatro o cinco operarios que el presidente de la Cooperativa El Hijo del Carpintero, Saúl Andresito Roa, envió para la limpieza de un predio municipal.
“Fuimos a hacer un trabajo para el municipio, había que desmalezar un pajonal, y de entrada le dijimos que el lugar no era para máquinas pesadas, que era para desmalezadora nomás”, contó el joven.
“Yo tenía experiencia ya con máquinas pesadas, con tractores, retroexcavadoras y eso, porque había trabajado mucho con mi papá”, comentó y sostuvo que le advirtieron a Roa del peligro de sumar un tractor a la tarea, pero éste “quería meter igual para terminar más rápido”.
“Fuimos, empezamos a sacar las piedras, los troncos, todo lo que había en el lugar, y cuando yo veo que iba a entrar el tractor empiezo a alejarme”, agregó Camargo y relató que, en ese momento, la máquina “chocó contra el cordón cuneta, voló el perno y la cuchilla me agarró la pierna”.
“Sentí el golpe y cuando me di cuenta estaba tirado en el medio del asfalto”, recordó el joven y señaló que se salvó “de milagro”, ya que la cuchilla le cortó dos arterias y que pudo haberse desangrado en el lugar.
Fue hospitalizado y pese a los esfuerzos, los médicos no pudieron salvarle la pierna. “El 6 de junio me amputaron”, afirmó.
Ver esta publicación en Instagram
Falsas promesas
Camargo contó a LVM que, tras el accidente, “desde la Cooperativa me dijeron que se iban a hacer cargo de todo, que me iban a comprar la prótesis, que me iban a dar un sueldo de por vida”.
Sin embargo, según dijo, nada de eso sucedió y cuando volvió a su casa, tras casi 45 días de internación, el ex intendente de Garupá y padre del titular de la Cooperativa, Daniel Roa, fue a su casa para que firmara los papeles de la ART.
“Me dijo que iba a cobrar el seguro, que tenía que firmar unos papeles y que me tocaba $700.000”, afirmó Camargo y comentó que, leyendo la letra chica del contrato con la aseguradora, advirtió que la suma que le correspondía era el doble de la ofrecida por Roa.
“En el contrato decía que el valor por perdida de extremidades y muerte era de $1.400.000, pero ellos cobraban y me pasaban la mitad, porque querían recuperar costos de medicamentos que habían comprado”, señaló.
Después de aquella visita de Daniel Roa, Ezequiel Camargo buscó un abogado y demandó a la Municipalidad de Garupá y a la Cooperativa del hijo del ex intendente.
“Demandamos a la municipalidad porque no sabíamos por qué estábamos en ese lugar, pero esa demanda ya perdí”, comentó. La Justicia rechazó la causa contra la comuna en primera y segunda instancia, por lo que la causa que aguarda ahora la resolución del STJ refiere solamente al reclamo a la Cooperativa de los Roa, que -según consta en el fallo de la Cámara de Apelaciones- intentó por todos los medios “disfrazar” la relación laboral.
-¿Qué le dirías a los jueces del STJ?, le preguntó LVM a Camargo.
“Que todo lo que me hicieron tienen que pagar sí o sí. Yo era trabajador, estaba laburando para ellos. Y ellos me rompieron la vida. Yo no quedé igual, se me complica para todo, para levantarme día a día, no puedo hacer nada. Solo quiero una compensación y poder tener una vida digna”.
Provinciales
Familias de El Soberbio regresaron a sus hogares a tres semanas de ser evacuadas
El jueves 23 de julio, 41 familias debieron ser evacuadas luego de que el río Uruguay alcanzara 15 metros de altura como resultado de las copiosas lluvias registradas en la región. Desde entonces, debieron permanecer en el centro de evacuados de El Soberbio y en las casas de familias. Finalmente este viernes lograron regresar a sus viviendas.
Ayer jueves la Policía de Misiones y el Comité de Crisis realizaron evaluaciones en las zonas afectadas, para poder concretar las tareas de mudanza y el traslado de la totalidad de las familias que habían sido evacuadas hace tres semanas.
El regreso fue confirmado en la mañana de hoy por las autoridades, quienes afirmaron: “Los vecinos retornaron con sus pertenencias básicas, mientras se mantiene el monitoreo ante la posibilidad de nuevas crecidas”.
De esta manera, las familias, provenientes de los barrios Unión, Santa María, Galeano y Chivilcoy, retornaron con sus muebles y elementos básicos, aunque decidieron no trasladar la totalidad de sus pertenencias.
La medida de evacuación había sido adoptada de manera preventiva ante la crecida del río Uruguay y el riesgo que representaba para las familias ubicadas en las zonas más vulnerables. Durante ese período, la Policía trabajó junto al Comité de Crisis y los organismos locales en el relevamiento, acompañamiento y asistencia de los vecinos.
Si bien las familias ya se encuentran nuevamente en sus domicilios, se mantiene el monitoreo preventivo de las zonas cercanas al río ante la posibilidad de nuevas crecidas. En tanto, los efectivos continúan con recorridas y relevamientos para detectar cualquier situación que pueda requerir una nueva intervención.
Crecida del Uruguay: 41 familias evacuadas en El Soberbio y alerta en Panambí
Provinciales
Consumos problemáticos: habilitan atención para trabajadores de la cultura
La Secretaría de Prevención de Adicciones y la Secretaría de Cultura crearon un Programa de Atención y Prevención de Consumos Problemáticos que propone abordar situaciones de crisis y pedidos de asistencia dirigidos a los trabajadores de la cultura en toda la provincia.
Roberto Padilla y Joselo Schuap, a cargo de ambas carteras, explicaron la ventaja del trabajo en conjunto. “Siempre estamos asistiendo en casos puntuales de los que tomamos conocimiento, con ayuda de diversas áreas del Estado. Pero queremos abrir un paraguas más amplio, que pueda contener a todos los trabajadores de la cultura que lo necesiten. Y también a su entorno y sus familias”.
En ese sentido, señalaron que el objetivo de la iniciativa es visibilizar una problemática que viene en aumento, relacionada con los consumos problemáticos y otras enfermedades que afectan a la salud mental, en un contexto adverso de crisis económica y social.
En segundo lugar, la iniciativa apunta a ofrecer canales de comunicación directa para que aquellas personas que se sientan vulnerables, familiares y al entorno cercano. “Sabemos que es desesperante encontrarse con este problema en el círculo familiar, o en el ámbito de trabajo artístico y no tener a quien recurrir”.
En términos operativos, el programa brindará espacios de escucha, contención y conversatorios. Por un lado, con la habilitación de una línea telefónica (3765-061344), y por otro, una dirección de correo electrónico ([email protected]) para solicitar acompañamiento, además de un ciclo de charlas destinadas tanto a trabajadores de la cultura, como también a familiares, amigos y personas interesadas en la temática.
De esta manera, el centro de tratamiento de adicciones Cambios Muy Buenos (CMB) acompañará el primer conversatorio abierto destinado a brindar contención a quienes lo necesiten. Será el próximo miércoles 26 de agosto a las 19 en el Auditorio Tierra Sin Mal, ubicado en el Centro Cultural la Estación, en el cuarto tramo de la costanera de Posadas.
La charla estará a cargo de profesionales del centro CMB, quienes además responderán consultas de 8 a 19 al 3764 893727 / 3765 014328.
-
Política hace 6 díasRovira no estará en la sesión de mañana de la Legislatura
-
Judiciales hace 5 díasCaso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
-
Opinión hace 3 díasEl Gobierno, entre una pelea que no convence y un gabinete que no se diferencia
-
Prensa Institucional hace 4 díasFuerte armado de LLA en Oberá con la mira puesta en 2027
-
Cultura hace 7 díasRechazan a Padilla por vincular el consumo problemático con los artistas
-
Judiciales hace 6 díasFiscal pidió perpetua para la madre de Belén: “La dejó morir de hambre y sed”
-
Policiales hace 5 díasLa diputada Rita Flores despistó su vehículo y resultó ilesa en Gobernador López
-
Política hace 5 díasSzychowski por ausencia de Rovira: “Nuestra obligación es venir y dar la cara”

