Provinciales
Mamá de niño con discapacidad denunció a funcionaria del IPS por discriminación
Un audio en el que una empleada del Instituto de Prevención Social (IPS) tilda de “raros” a los niños con discapacidad fue el disparador para que una mamá denuncie, ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el manejo de la obra social con respecto al tema.
Claudia K., la mujer señalada, se desempeña en mesa de entradas en el Área de Discapacidad y, en el audio, al que tuvo acceso a La Voz de Misiones, la empleada se refiere en términos generales a niños con discapacidad, desconociendo las múltiples condiciones existentes.
La grabación, que es parte de la denuncia ante el Inadi, pertenece a una conversación que la trabajadora mantenía vía WhatsApp con Raquel Peralta, mamá de un niño con discapacidad y afiliada del ente de salud, respecto de las maestras integradoras para chicos que las necesitan.
En el audio, Claudia dice: “Se está trabajando en hacer un convenio con el Colegio de Psicopedagogos para que ellos provean las maestras integradoras, en caso de que los chicos necesiten sí o sí integración”, relató la funcionaria y destacó: “También lo que nosotros hemos visto, desde la obra social, es que a mansalva las escuelas piden integración y muchos de los chicos no necesitan”.
Además, la trabajadora del área de discapacidad adujo que, “con una maestra de apoyo a contraturno, los chicos andan bien. La integración escolar no debería ser la primera opción para la familia”, opinó la empleada de la obra social del estado provincial.
Sin embargo, Claudia no se detuvo ahí y añadió: “Tendría que ser la última opción, porque una integradora implica que vaya al aula, que se siente con el chico, y hay a veces que tenés un aula que tiene tres o cuatro integradoras”, expresó la recepcionista y señaló que “es anti natura… de por sí, al chico que le cuesta o que tiene alguna dificultad… digamos, que es el ‘raro’ y, si encima va con una mae especial, es más raro aún”.
La conversación con la trabajadora del IPS concluyó en una denuncia por parte de la mamá ante el organismo que combate la discriminación.
Denuncia ante el Inadi
La denunciante, Raquel Peralta, explicó a LVM que el trato que recibió no es un caso aislado dentro del personal de la obra social, sino que es el detonante de situaciones cotidianas y decisiones internas que son opuestas a los derechos humanos de las personas con discapacidad.
En la denuncia, a la que accedió La Voz de Misiones y fue presentada en el organismo nacional, a cargo de la delegada local, Silvia Risko, Raquel expresó: “Me siento agraviada por los términos que utiliza Claudia K. refiriéndose en el ámbito laboral a la integración escolar como estigmatizante y anti natura”.
Además, la madre enfatiza en el documento que la trabajadora menosprecia la solicitud de los médicos tratantes y profesionales capacitados en discapacidad alegando que “prescriben a lo pavote” maestras integradoras.
Por otra parte, también Raquel remarca: “Utiliza términos como ‘raro’, ‘más raro’, al referirse a las personas que poseen discapacidad”. Asimismo, subraya que “este tipo de conducta ejercen violencia institucional, vulnera derechos y nos someten a situaciones de estrés a las familias”.
Es por ello que la denunciante solicita la intervención urgente del Inadi con capacitaciones al personal del IPS con perspectiva en este tipo de problemáticas.
En este sentido, Raquel manifestó a LVM que “esto es más grave que el famoso Tick Tock por el cual movieron en IPS a un funcionario, pero como sólo se vulneran derechos de niños con discapacidad, parece que es menos importante”, ironizó la mujer.
Una inclusión real
Tras los dichos de la empleada pública, Patricia Zarza, representante de las Familias TEA Misiones Red Federal, dialogó con La Voz de Misiones.
“El universo de la discapacidad es enorme, por ejemplo, yo soy madre de una niña dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y no me puedo imaginar todo lo que pasa una familia con un niño que tiene dislexia ,o una familia con un chico con altas capacidades, o alguna otra discapacidad motriz”, comentó la mujer y sostuvo que: “no se puede generalizar nunca”.
Así, la integrante de la Red Federal TEA indicó: “Los comentarios, que son completamente violentos, la mujer los está llevando al trabajo, está fallando como empleada pública, como funcionaria pública, porque está llevando sus prejuicios en un niño que no conoce, ella no le lleva a terapia, no conoce la realidad de la escuela a donde va el chico, no conoce la realidad familiar del chico”, enfatizó Zarza.
Además, hizo hincapié en que, tanto la administración gubernamental como el sistema educativo, no están capacitados para garantizar la inclusión.
Patricia Zarza se explayó y añadió: “Hace años se viene hablando de esto, de ir a un modelo inclusivo de educación, que sería el modelo más adecuado -según los derechos de las personas con discapacidad-. No es una realidad porque, para que sea inclusivo el docente y todos los profesionales, tienen que enseñar según como el niño aprenda -independientemente si es con discapacidad-. El sistema educativo no está preparado, para nada, que salga de la norma”.
Zarza relató que el grupo de padres perteneciente a la red federal busca que los familiares no tengan vergüenza con las necesidades de sus hijos, pero “esta mujer, al ser funcionaria pública, está en contacto con muchísima gente que, por su cargo, por su experiencia, asume que lo que está diciendo es verdad y desmoraliza la opinión del médico, del terapeuta que ve al chico todos los días”.
Para concluir, Patricia explicó que los pedidos de integración se hacen mediante “los profesionales que le ven todos los días, se lleva informe de la misma institución educativa donde le confirma, o no, al médico tratante si se necesita, o no, la integración. Además, eso de que solo la psicopedagoga o la maestra en educación especial puede hacer la integración es mentira porque un chico que tiene un problema motriz, y que no tiene ningún problema cognitivo, por ahí necesita simplemente una ayudante. Es individual a cada chico la integración”.
Ayer miércoles, intendentes y autoridades de distintos municipios misioneros se reunieron en la localidad de Puerto Rico, donde firmaron un documento en rechazo a la iniciativa del gobierno nacional que busca instalar una casilla de peaje sobre la ruta 12, a la altura de Capioví y recientemente cambió la ubicación a Garuhapé, sobre la misma arteria.
En el escrito, apuntaron contra el gobierno nacional por la falta de inversiones en rutas nacionales: “El gobierno nacional, que no invierte en las rutas los recursos que recauda para esas obras vía ‘Impuesto a los Combustibles’, decidió instalar una nueva casilla de peaje sobre la ruta 12, inicialmente en Capioví, kilómetro 1462, pero luego optó por colocarla en Garuhapé, kilómetro 1483, a solo 68 kilómetros de la casilla que ya opera en Colonia Victoria, kilómetro 1551”.
Seguidamente, remarcaron la “inconstitucionalidad” del sistema proyectado, al considerar la inexistencia de otras arterias en la zona: “no existen caminos alternativos libres de pago y se configura una doble imposición, atento a que los usuarios ya contribuyen mediante el Impuesto a los Combustibles”.
Al mismo tiempo, consideraron desventajas para el traslado de la producción: “El cobro sin base legal ni contraprestación adecuada implica una restricción ilegítima. De persistir con un método de financiamiento vial inadecuado como es el cobro de peaje directo en ruta, claramente inconstitucional e inviable técnicamente y que ha sido y es un fracaso y una estafa, la producción no podrá trasladarse con eficiencia, la circulación interna se verá restringida y el acceso a los mercados será cada vez menos competitivo”.
En ese contexto, respaldaron su rechazo en el Artículo 75 de la Constitución Nacional Argentina, que atribuye al Congreso la potestad exclusiva de establecer contribuciones, y recordaron la vulneración del derecho a transitar libremente, tal como lo expresa el Artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina, y con esto el derecho de propiedad detallado en el Artículo 17.
“Es inconcebible que el Estado nacional abandone su obligación de mantener en buen estado de transitabilidad la Red Vial Nacional, más aún cuando se mal administran los miles de millones de pesos que se recaudan anualmente del Impuesto a los Combustibles, que son malversados y desviados a otros fines que no tienen nada que ver para cual fue creado”, concluyeron.
Del encuentro participaron los intendentes de Puerto Rico, Carlos Gustavo Koth; de El Alcázar, Eduardo Vázquez; de Garuhapé, Gerardo Schmied; de Capioví, Ramón Arrua; de Ruiz de Montoya, Victor Vogel y de Puerto Leoni, Elvio Vázquez, con sus respectivos equipos y junto a integrantes de los Honorables Concejos Deliberantes de los municipios de Puerto Rico, Puerto Leoni, El Alcázar, Ruiz de Montoya, el diputado provincial Arnhold Alejandro, como así integrantes de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Producción y Servicios del departamento Libertador General San Martín, representada por su presidente Luis Stefens.
A fin de llegar a un consenso, solicitaron a los funcionarios y legisladores nacionales “que reflexionen y acuerden la revisión de esta iniciativa, que profundiza el clima de malestar e incertidumbre que aqueja a los vecinos de la zona y a los misioneros en general”.
Se trata de un nuevo pronunciamiento tras el cuestionamiento realizado días atrás por el gobernador Hugo Passalacqua, quien también reclamó la necesidad de obras, mantenimiento e inversión vial, y rechazó nuevas cargas que castiguen aún más “el bolsillo de las familias”.
Rechazo al nuevo peaje: Unos 15 intendentes firmaron un documento hace instantes. La localidad misionera de Puerto Rico fue el punto de encuentro este miércoles. Fue a las 17 en contra del proyecto del Gobierno nacional de instalar una nueva estación de cobro en Ruta Nac. N° 12. pic.twitter.com/LUne1leEgR
— Daniel Leopardi (@danileopardi) August 26, 2026
Passalacqua cuestionó el nuevo peaje que Nación proyecta en Puerto Rico
Frente a un contexto de alta morosidad que supera el 12% según los últimos datos del Banco Central (BCRA), el gobierno provincial puso en marcha un paquete de medidas financieras diseñadas para proteger el salario de las familias de los empleados públicos, jubilados, pensionados y retirados del IPS que enfrentan situaciones de sobreendeudamiento.
El anuncio fue detallado por el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, quien remarcó que las herramientas se vienen trabajando desde hace más de dos meses para evitar que los agentes queden expuestos como deudores en mora dentro del sistema financiero formal.
La primera medida, implementada en julio, fijó un tope del 39% de los haberes netos para la aplicación de retenciones a través del Código Único de Descuento en los haberes (Cuad). Este límite aplica a los créditos nuevos y se acompaña con un proceso de refinanciación y asistencia económica.
“Esta medida, que a la fecha alcanzó a 538 personas, se verá reflejada en la acreditación de haberes del día sábado 29 de agosto; o en la primera semana de septiembre con una acreditación especial en las cuentas bancarias que no estará sujeta a retención de créditos bancarios”, aseguró el titular de la cartera.
Por su parte, el Banco Macro, implementó mecanismos de refinanciación de deudas que son analizados caso por caso para personas con sobreendeudamiento y/o mora. Los interesados que se encuentren en esa situación deberán acercarse a las sucursales de la entidad para acceder a la refinanciación.
Techo a las tasas de interés
A partir de septiembre entrará en vigencia una resolución que fijará topes en las tasas de interés de las entidades que otorgan préstamos personales con código de descuento.
Según indicó el ministro de Hacienda, el objetivo de la medida es establecer un marco regulatorio que permita limitar el costo financiero que asumen los agentes públicos activos y pasivos con estas entidades. Esta modalidad de código de descuento también busca evitar que estas personas deban acudir a otras entidades de crédito (formales o informales) que aplican intereses mucho mayores y más perjudiciales para ellos.
Finalmente, recordó los proyectos de ley afines que están siendo impulsados en la Legislatura provincial. “Son propuestas que deben ser analizadas a la luz de la normativa nacional, siguiendo un criterio de equidad con los deudores pero sin perjudicarlos dejándolos expuestos como morosos conforme a la legislación vigente”, concluyó.
Informe: el 29,35% de los deudores de Misiones tiene más de 90 días de mora
Informe: el 29,35% de los deudores de Misiones tiene más de 90 días de mora
El drama de la morosidad que impacta a nivel nacional tiene su correlato en Misiones, donde el 29,35% de las personas con deudas declaradas se encuentra en mora que supera los 90 días, según un estudio publicado por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC), una asociación civil que aborda diferentes temáticas sociales.
Según el último informe, denominado Radiografía del Endeudamiento en Argentina y elaborado en base a datos recopilados hasta junio de 2026, en la tierra colorada hay un total de 484.180 personas físicas con deudas declaradas, de las cuales 142.084 se encuentran en mora de nivel 3, 4 y 5. Dicha cantidad representa un 29,35% del total de deudores, cifra que supera en 4,4 puntos porcentuales la media nacional.
El mismo estudio señala el universo de personas en deuda debe cubrir un monto total de 1,57 billones de pesos, mientras que los deudores en mora deben cubrir 292.928,61 de pesos.
Ese universo de deuda corresponde a todas las entidades crediticias, desde bancos privados y públicos, hasta tarjetas de crédito, billeteras virtuales y compañías financieras.
Edades
El informe además consigna que los adultos de entre 26 y 35 años conforman el universo de mayor cantidad de personas con deudas declaradas (116.812), aunque la franja etaria integrada por menores de 25 años es la que más porcentaje de deudores en mora tiene en relación al total de deudores declarados.
En relación a este último ítem, los datos marcan que hay 41.698 jóvenes menores a 25 años con deudas declaradas, de los cuales 18.026 se encuentran con retrasos en sus pagos, lo que representa 43,23% de ese total, una cifra que se ubica 5 puntos por encima de la media nacional en el mismo segmento de análisis.
Departamentos
Los datos recogidos por la CEC fueron presentados a través de un mapa interactivo, en el cual cada usuario puede revisar la información recopilada tanto a nivel nacional, como provincial y hasta por departamentos.
En la revisión municipio por municipio sobresale que el departamento Capital registra el mayor porcentaje de deudores en mora de la provincia. Los datos duros: 26.425 personas físicas con deudas declaradas y 9.765 de ellas se encuentra en mora, lo que equivale a un 37,07%. Lo siguen Apóstoles, Concepción, Candelaria, Eldorado y San Ignacio con números que superan el 30%.
El análisis desagregado por departamentos además expone otro dato relevante y, es que, Guaraní, por ejemplo, registra casi cinco veces más de personas con deudas declaradas que Capital, pero el promedio de deudores en mora es marcadamente más bajo.
Para verlo en números hay que exponer que Guaraní presenta un total de 125.186 personas con deudas declaradas, de las cuales 36.178 se encuentran en estado de morosidad, lo que arroja un promedio de 28,9% a nivel departamental.
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