Provinciales
Mamá de niño con discapacidad denunció a funcionaria del IPS por discriminación
Un audio en el que una empleada del Instituto de Prevención Social (IPS) tilda de “raros” a los niños con discapacidad fue el disparador para que una mamá denuncie, ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el manejo de la obra social con respecto al tema.
Claudia K., la mujer señalada, se desempeña en mesa de entradas en el Área de Discapacidad y, en el audio, al que tuvo acceso a La Voz de Misiones, la empleada se refiere en términos generales a niños con discapacidad, desconociendo las múltiples condiciones existentes.
La grabación, que es parte de la denuncia ante el Inadi, pertenece a una conversación que la trabajadora mantenía vía WhatsApp con Raquel Peralta, mamá de un niño con discapacidad y afiliada del ente de salud, respecto de las maestras integradoras para chicos que las necesitan.
En el audio, Claudia dice: “Se está trabajando en hacer un convenio con el Colegio de Psicopedagogos para que ellos provean las maestras integradoras, en caso de que los chicos necesiten sí o sí integración”, relató la funcionaria y destacó: “También lo que nosotros hemos visto, desde la obra social, es que a mansalva las escuelas piden integración y muchos de los chicos no necesitan”.
Además, la trabajadora del área de discapacidad adujo que, “con una maestra de apoyo a contraturno, los chicos andan bien. La integración escolar no debería ser la primera opción para la familia”, opinó la empleada de la obra social del estado provincial.
Sin embargo, Claudia no se detuvo ahí y añadió: “Tendría que ser la última opción, porque una integradora implica que vaya al aula, que se siente con el chico, y hay a veces que tenés un aula que tiene tres o cuatro integradoras”, expresó la recepcionista y señaló que “es anti natura… de por sí, al chico que le cuesta o que tiene alguna dificultad… digamos, que es el ‘raro’ y, si encima va con una mae especial, es más raro aún”.
La conversación con la trabajadora del IPS concluyó en una denuncia por parte de la mamá ante el organismo que combate la discriminación.
Denuncia ante el Inadi
La denunciante, Raquel Peralta, explicó a LVM que el trato que recibió no es un caso aislado dentro del personal de la obra social, sino que es el detonante de situaciones cotidianas y decisiones internas que son opuestas a los derechos humanos de las personas con discapacidad.
En la denuncia, a la que accedió La Voz de Misiones y fue presentada en el organismo nacional, a cargo de la delegada local, Silvia Risko, Raquel expresó: “Me siento agraviada por los términos que utiliza Claudia K. refiriéndose en el ámbito laboral a la integración escolar como estigmatizante y anti natura”.
Además, la madre enfatiza en el documento que la trabajadora menosprecia la solicitud de los médicos tratantes y profesionales capacitados en discapacidad alegando que “prescriben a lo pavote” maestras integradoras.
Por otra parte, también Raquel remarca: “Utiliza términos como ‘raro’, ‘más raro’, al referirse a las personas que poseen discapacidad”. Asimismo, subraya que “este tipo de conducta ejercen violencia institucional, vulnera derechos y nos someten a situaciones de estrés a las familias”.
Es por ello que la denunciante solicita la intervención urgente del Inadi con capacitaciones al personal del IPS con perspectiva en este tipo de problemáticas.
En este sentido, Raquel manifestó a LVM que “esto es más grave que el famoso Tick Tock por el cual movieron en IPS a un funcionario, pero como sólo se vulneran derechos de niños con discapacidad, parece que es menos importante”, ironizó la mujer.
Una inclusión real
Tras los dichos de la empleada pública, Patricia Zarza, representante de las Familias TEA Misiones Red Federal, dialogó con La Voz de Misiones.
“El universo de la discapacidad es enorme, por ejemplo, yo soy madre de una niña dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y no me puedo imaginar todo lo que pasa una familia con un niño que tiene dislexia ,o una familia con un chico con altas capacidades, o alguna otra discapacidad motriz”, comentó la mujer y sostuvo que: “no se puede generalizar nunca”.
Así, la integrante de la Red Federal TEA indicó: “Los comentarios, que son completamente violentos, la mujer los está llevando al trabajo, está fallando como empleada pública, como funcionaria pública, porque está llevando sus prejuicios en un niño que no conoce, ella no le lleva a terapia, no conoce la realidad de la escuela a donde va el chico, no conoce la realidad familiar del chico”, enfatizó Zarza.
Además, hizo hincapié en que, tanto la administración gubernamental como el sistema educativo, no están capacitados para garantizar la inclusión.
Patricia Zarza se explayó y añadió: “Hace años se viene hablando de esto, de ir a un modelo inclusivo de educación, que sería el modelo más adecuado -según los derechos de las personas con discapacidad-. No es una realidad porque, para que sea inclusivo el docente y todos los profesionales, tienen que enseñar según como el niño aprenda -independientemente si es con discapacidad-. El sistema educativo no está preparado, para nada, que salga de la norma”.
Zarza relató que el grupo de padres perteneciente a la red federal busca que los familiares no tengan vergüenza con las necesidades de sus hijos, pero “esta mujer, al ser funcionaria pública, está en contacto con muchísima gente que, por su cargo, por su experiencia, asume que lo que está diciendo es verdad y desmoraliza la opinión del médico, del terapeuta que ve al chico todos los días”.
Para concluir, Patricia explicó que los pedidos de integración se hacen mediante “los profesionales que le ven todos los días, se lleva informe de la misma institución educativa donde le confirma, o no, al médico tratante si se necesita, o no, la integración. Además, eso de que solo la psicopedagoga o la maestra en educación especial puede hacer la integración es mentira porque un chico que tiene un problema motriz, y que no tiene ningún problema cognitivo, por ahí necesita simplemente una ayudante. Es individual a cada chico la integración”.
La Oficina de Rentas de la Municipalidad de San Vicente intimó a la Cooperativa Tabacalera San Vicente Ltda. (Cotavi) a regularizar una deuda que supera los 264 millones de pesos en concepto de Derecho de Inspección, Registro y Servicio de Controlador, correspondiente a los períodos fiscales 2024 y 2025.
Según se informó, la multa aplicada es del 200%, conforme al artículo 87 del Código Fiscal Municipal (Ordenanza 89/2020), y se calcula sobre operaciones de ventas al exterior gravadas por la tasa municipal, deducidas del monto de facturación.
Desde la cooperativa emitieron un comunicado interno dirigido a los socios en el que denunciaron el embargo de su cuenta en el Banco Macro, al que calificaron como “ilegítimo”. “Nos vemos obligados a suspender la compra”, señala la circular firmada ayer por la comisión directiva.
Circular que se compartió a los socios.
El presidente de Cotavi, Julián Dos Santos, hermano del ex intendente Valdomiro Dos Santos, sostuvo que el municipio históricamente cobraba el tributo sobre la facturación interna, pero que en esta oportunidad se aplicó también sobre las ventas al exterior. “Este año se les ocurrió cobrar sobre la facturación que exportamos. Nos embargaron la cuenta y quedamos sin poder pagar lo del viernes, por eso suspendimos la compra”, afirmó.
El titular de la cooperativa señaló que Cotavi exporta cerca del 80% del tabaco que compra y que el municipio aplicó una alícuota del uno por mil sobre lo facturado en los dos años.
Dos Santos consideró que el cobro es “inconstitucional” al entender que la municipalidad no tiene potestad para aplicar tasas sobre operaciones de exportación. “Para eso ya se pagan impuestos nacionales”, indicó.
Asimismo, explicó que tras negociaciones se alcanzó un plan de pagos en ocho cuotas para destrabar el conflicto y reactivar la actividad en los próximos días. Según precisó, la deuda no se encuentra judicializada.
En el plano político, el diputado provincial Cristian Castro cuestionó la medida y la calificó de arbitraria. “Un municipio no puede cobrar derechos de exportación”, afirmó, y citó el artículo 75 inciso 1 de la Constitución Nacional, que establece que el Congreso tiene competencia exclusiva en materia aduanera y de comercio exterior, incluyendo derechos de importación y exportación.
“El comercio exterior es materia federal. Los municipios no tienen potestad tributaria sobre las exportaciones”, sostuvo el legislador, quien además señaló que “la Nación ahoga a la provincia con la coparticipación, la provincia a los municipios y estos salen a cobrar tasas que no devuelven una contraprestación”.
La Dirección de Vialidad Nacional confirmó un nuevo incremento de peajes sobre la ruta nacional 12, cuya tarifa mínima pasará de $1.300 a $1.500 en hora pico desde el próximo jueves 26 de febrero en Misiones.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 248/2026, publicada en el Boletín Oficial y comprendería una suba de 15,38% tras el último aumento registrado en noviembre de 2024.
Las áreas afectadas comprenden los tramos I al X operados por Corredores Viales S.A. y alcanza a las estaciones de peaje ubicadas en rutas nacionales estratégicas y accesos clave, entre ellos la Autopista Riccheri, Ezeiza-Cañuelas, Buenos Aires-Rosario y Rosario-Córdoba. Además de la ruta nacional 12, comprende tramos de las arterias nacionales 3, 5, 7, 8, 9 y 205.
En el Corredor III -que comprende Chaco, Corrientes y Misiones- las estaciones alcanzadas son Colonia Victoria y Santa Ana (dentro de la provincia), además de Ituzaingó, Riachuelo, General Belgrano y Makallé.
Con este nuevo incremento, los automóviles de hasta dos ejes y hasta 2,10 metros de altura, la tarifa en hora pico será de $1.500, la categoría 2 pasará de $2.600 a $3.000. La categoría 3: de $3.800 a $4.500, la 4 de $5.100 a $6.000 y la 5 de $6.300 a $7.500.
El incremento se inscribe en un esquema de actualización tarifaria que, según el Gobierno nacional, busca “contar con un escenario con parámetros mínimos de calidad en la prestación del servicio”.
La implementación de la Tasa Ecoturística Municipal generó un clima de tensión en Wanda, tras comenzar a cobrarse a los visitantes de las Minas de Piedras Preciosas.
La medida, impulsada por la intendenta Romina Faccio, fue establecida mediante la Ordenanza N° 22/2025 y se fundamenta -según el decreto reglamentario- en “la necesidad de establecer en la ciudad de Colonia Wanda una tasa ecoturística municipal con el objetivo de promover la preservación ambiental, el desarrollo sostenible y la consolidación de una gestión turística sustentable en beneficio de la comunidad local”.
El texto oficial establece además el destino de los fondos recaudados: 75% al Fondo Municipal de Infraestructura, Mantenimiento y Preservación Ambiental; 15% al Fondo Especial para la Fiesta Provincial de las Piedras Preciosas; y 10% al Fondo de Administración, Fiscalización y Promoción Turística.
El cobro se efectúa en el acceso a los predios mineros, principal atractivo turístico de la localidad, lo que abrió el debate entre autoridades, prestadores y visitantes sobre el impacto de la tasa en la actividad.
Reclamos
En las últimas horas, la situación se tensó aún más cuando trabajadores de las minas se concentraron en los accesos a los yacimientos para manifestar su rechazo al cobro. La protesta se realizó frente a las puertas de ingreso, donde actualmente se ubican los agentes municipales encargados de percibir la tasa.
Los empleados cuestionaron además la presencia policial en el lugar, señalando que se impide el ingreso de vehículos que no abonen el tributo. Según relataron desde una de las empresas, incluso se ordena a los conductores dar la vuelta si no realizan el pago.
Ambos yacimientos resolvieron cerrar temporalmente el acceso turístico como medida de protesta. Sin embargo, el puesto de cobro continuó funcionando.
“Es como si te pusieran una garita de peaje en la puerta de tu negocio”, expresó a La Voz de Misiones Patricia Busch, una de las propietarias, al describir la situación y remarcar que, a su entender, la tasa se abona directamente sobre el ingreso a una propiedad privada.
Patricia confirmó que junto a la otra mina presentaron un recurso de amparo ante la Justicia provincial para frenar la aplicación de la tasa. “Hemos presentado una medida cautelar, en la Justicia provincial para que se determine si esto es legal o no”, sostuvo.
Además, aseguró que en al menos tres reuniones con la intendenta ofrecieron asumir el pago para evitar que se le cobre al visitante. “Nosotros pagamos la ecotasa, pero dennos un servicio. Si hay una contraprestación real, la pagamos nosotros y que no molesten al turista”, afirmó.
Riesgos
Desde el sector empresarial advierten que la caída en el flujo de visitantes ya ronda el 40%, en comparación con el mismo período del año pasado. Señalan que el turista que viaja hacia Puerto Iguazú suele ingresar a las minas como atractivo de paso y que, ante esta situación “arbitraria”, muchos optan por continuar viaje.
Actualmente, unas 100 personas dependen de manera directa de la actividad en los dos yacimientos. Sin embargo, los propietarios indicaron que, de mantenerse el esquema actual, podrían cerrar la parte turística y conservar solo la explotación minera. En ese escenario, Patricia estima que de seguir así “se perderían mas de 60 puestos de trabajo” vinculados a guías, atención al público, mantenimiento y servicios complementarios.
“La actividad minera puede seguir con menos personal, pero el turismo es lo que genera empleo y movimiento en el pueblo”, recalcó Patricia.
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