Provinciales
Semana Santa con cortes docentes en las rutas de la provincia
Los piquetes docentes que bloquearon este martes por largas horas el tránsito en las principales rutas de la provincia, por parte de los gremios en la disputa salarial con el gobierno, se extenderán a los días de Semana Santa.
En efecto, el jueves santo los docentes prevén un corte en el acceso al Parque Nacional Cataratas, en Puerto Iguazú, donde decidirán cómo continúa la agenda del resto del feriado, según señaló a La Voz de Misiones, Estela Genesini, titular de la Unión de Docentes Nueva Argentina de Misiones (Udnam).
La sindicalista no quiso anticiparse a lo que pueda resolver la plenaria del jueves en Iguazú, pero tampoco descartó que los cortes continúen viernes y sábado, tanto en la ruta 12 como la 14, y que la medida en las Cataratas desemboque en un acampe todo el fin de semana.
Genesini reconoció que la medida es “antipática”, y del todo impopular entre quienes se ven varados por largas horas, y también entre medianos y pequeños emprendedores turísticos que captan el flujo que se desplaza por vía terrestre.
“Hoy nos pasó que venía gente al corte a decirnos”, dijo Genesini sobre los episodios que se registraron este martes en los piquetes, de Cerro Corá, sobre la ruta 12, y Güemes, entre Cerro Azul y San José, donde decenas de automovilistas, transportistas y pasajeros increparon a los manifestantes para disuadirlos de liberar el paso.
En Cerro Cora, llegaron incluso a escucharse amenazas por parte de varios ofuscados automovilistas.
“¡Media hora que liberen! ¡Dos meses que le estamos bancando; medio día que colaboremos ya es suficiente!”, les decía a los maestros en Cerro Corá un hombre visiblemente enojado, exigiendo el despeje de al menos media calzada de la ruta.
“Ya colaboramos medio día, ya alcanza; agarrenlé a los de la tarde, en el otro corte”, pedía el hombre. “Vamos a terminar a los golpes acá”, amenazaban otros, igual de molestos.
En un momento, pareció que la situación iba a salirse de control, con los manifestantes tomados de las manos, como anticipándose a una embestida por parte de los conductores, que felizmente nunca se produjo.
“Yo entiendo la bronca, pero que el gobierno nos ofrezca $350 es una tomadura de pelo a los docentes”, afirmó Genesini.
Comentó que como contrapartida a las críticas de quienes se ven afectados directamente por los piquetes, los maestros reciben “muchos mensajes de aliento, de mucha fuerza, de muchísima gente de toda la provincia”.
“Tenemos que pelear por el salario y no encontramos otra manera; intentamos todas las posibilidades, hicimos marchas, marcha de las antorchas; hicimos radios abiertas, y tanto (Adolfo) Safrán, como (Juan Alberto) Galarza nos dejaban a nosotros con nuestras marchas y se iban negociar con los que sí estaban cortando la ruta”, justificó.
“Nosotros tampoco queremos estar acá, poniendo en peligro la vida, pero el gobierno nos empuja a la ruta con la miseria que nos ofrece”, argumentó.
Dijo que “puede sonar horrible”, que su gremio “no era una organización que cortaba rutas”, pero que en la instancia en que se encuentra el reclamo salarial, “las organizaciones entendimos que es el camino, desgraciadamente”.
Denuncia federal
Entretanto, este martes también se conoció la denuncia penal contra los piquetes y sus responsables, presentada por la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor (Caemtap).
La acción, encaminada en la Fiscalía de Instrucción del Juzgado Federal de Misiones, busca abrir la puerta para requerir eventualmente la intervención de fuerzas federales, atendiendo que los cortes afectan rutas nacionales.
A la par, el gobierno provincial guarda silencio con respecto a la suerte de las negociaciones con los gremios en conflicto, luego del fracaso de la última mesa de diálogo que no pudo llegar a un acuerdo, el lunes en el Centro de Convenciones.
Públicamente, el Ejecutivo no evalúa el impacto de los cortes de ruta en el sector turístico que se prepara para vivir una Semana Santa a pleno, pero voceros de la cartera que maneja Adolfo Safrán confiaron a LVM que en las esferas oficiales hay verdadera preocupación por lo que puede ocurrir.
“Preocupa, claro; en el entorno del Gabinete del Ministerio preocupa el duro golpe que puede significar esto para el turismo de Misiones, en franca recuperación después de ser castigado por la pandemia, y consecuentemente para el conjunto de la economía misionera”, afirmó un colaborador cercano al titular de Hacienda de la provincia.
El gobierno tampoco tiene planeado movilizar a la policía provincial contra los maestros. “Es un tema del gobierno federal, lo tiene que resolver Nación”, argumentan en el Ministerio de Gobierno, a cargo de Marcelo Pérez.
Fuera de la ley
Como contrapartida, la oposición provincial que en un principio fogoneó la protesta, focalizada por entonces en el acampe en el Consejo General de Educación (CGE), ahora se muestra distante del conflicto, y no faltan las especulaciones de que desde JxC Misiones estarían próximos a requerir el retiro de la personería a los gremios en conflicto.
La idea no es nueva, ya lo hizo María Eugenia Vidal cuando era gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y solicitó al Ministerio de Trabajo de la Nación quitarle la personería gremial a los sindicatos docentes bonaerenses.
Ayer mismo, el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Millman presentó un proyecto de ley en el Congreso para retirarle la personería gremial al Sindicato de Camioneros de Hugo Moyano, luego del bloqueo en San Nicolás, que dejó a la ciudad sin recolección de basura durante tres días.
“No se habla más de eso acá. Fijate que ninguno de los referentes de JxC, ni del PRO, ni del radicalismo, ni del partido de (Pedro) Puerta, postean más nada sobre los docentes en sus redes”, comentó un operador radical a LVM.
Un repaso de las cuentas de Twitter de los diputados nacionales Martín Arjol, de la Unión Cívica Radical (UCR), y Florencia Klipauka, del partido Activar, que antes estuvieron muy activos en el tema e incluso Arjol se mostró en los primeros días del acampe en el CGE, no registran publicaciones sobre el tema.
Sin embargo, la radicalización de la protesta con los cortes de ruta, parece calar hondo entre la dirigencia del PRO misionero que conducen los hermanos Alfredo y Humberto Schiavonni, que no ven con malos ojos tramitar la ilegalidad de los gremios docentes en lucha.
De hecho, Klipauka y Schiavoni firmaron el proyecto de Millman, que está cosechando el rechazo de todo el arco sindical.
“Está habiendo mucha presión desde Buenos Aires para pedir que se le quite la personería gremial a los sindicatos docentes que corten rutas y afecten el libre tránsito”, reveló una fuente vinculada al comité del PRO en Posadas.
“Pensamos igualmente que es inadmisible una medida tan extrema que toma a los ciudadanos de rehenes de los piqueteros”, argumentó.
La fuente contó a LVM que, incluso, existe ya un borrador del proyecto que contó con el asesoramiento del propio Millman, y que llegado el momento llevará las firmas de los legisladores nacionales de JxC Misiones, Arjol, Klipauka y Schiavoni.
“La idea es que el pedido esté también firmado por nombres de peso de JxC en el país, como María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, y Waldo Wolff, entre otros”, dijo el vocero del PRO misionero.
Desde los gremios docentes rechazaron y repudiaron la intención de poner en entredicho la legalidad de sus organizaciones.
“Las organizaciones tenemos derechos de llevar adelante medidas para el bienestar de los agremiados”, expresó Estela Genesini.
Dijo que “no se puede poner en duda la legalidad” de sindicatos como el suyo y los que conforman el Frente Docente, ya que la misma página web del Ministerio de Trabajo de la Nación, al que la gobernadora Vidal le pidió que declare fuera de la ley a sus pares bonaerenses, los reconoce “como gremios representativos de los maestros misioneros”.

Los docentes se reafirmaron en sus reclamos y rechazaron proyectos como el de JxC, de cuestionar la legalidad de los sindicatos.
Provinciales
Mesa yerbatera pasó a cuarto intermedio y espera acordar un precio de referencia
Este jueves, productores, representantes de cooperativas, industriales y secaderos, mantuvieron un encuentro con autoridades provinciales a fin de responder a la necesidad de generar un espacio de diálogo frente a la ausencia de definiciones sobre la crisis yerbatera en el escenario nacional.
La reunión, protagonizada por quienes integran la denominada “mesa yerbatera” se desarrolló en la sede del ministerio del Agro de Misiones y, pese a los intentos, no lograron destrabar la crisis de precios que golpea al eslabón primario.
En ese marco, los productores consideraron que en el escenario actual, “pagar entre $500 y $700 por kilo de hoja verde resulta inviable”, mientras que los cooperativistas señalaron que el precio en góndola debería ascender a $8.000 para mejorar el ingreso de los productores.
Consultado por La Voz de Misiones, Jorge Skripsczuk, productor y presidente de la asociación civil Impulso Yerbatero, consideró: “A mi particularmente me pareció buena la reunión, por ser la primera. Estuvo muy concurrida, con todos los sectores, desde el cosechero hasta el industrial”.
De cara al próximo encuentro que se desarrollará dentro de dos semanas, expresó: “Ojalá se pueda llegar a un acuerdo como para descomprimir esta situación que se está viviendo actualmente. Más que nada por las familias de productores y tareferos que no la estamos pasando nada bien”.
Tras el encuentro, el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, señaló que la provincia se encuentra evaluando una estructura de costos de la cadena yerbatera para fortalecer su rol de mediador institucional y contribuir a la construcción de acuerdos en ausencia de herramientas nacionales vigentes.
Por su parte, el subsecretario de Asuntos Yerbateros, Ricardo Maciel, recordó que este tipo de instancias de diálogo tienen antecedentes previos a la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), y remarcó que, más allá de los desafíos, la existencia de ese organismo “permitió durante años dotar de mayor previsibilidad al sector”.
Luego del intercambio, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio de quince días, período en el cual el sector industrial y molinero analizará alternativas para acercar una propuesta que pueda ser discutida en conjunto en torno a un precio de referencia.
Provinciales
Comunidades mbya se retiran de la Plaza 9 de Julio tras acuerdo con el gobierno
A cuatro días del acampe que reunió a caciques mbya de diferentes puntos de la provincia en la Plaza 9 de Julio de Posadas, el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez confirmó la firma de un acuerdo que incluye un aumento del 100% en tarjetas sociales, relevamientos en comunidades que no cuentan con acceso al agua y mejora de caminos, entre otros puntos.
La reunión concretada en la tarde de hoy, entre representantes del gobierno de la provincia y referentes mbya guaraní, junto al cacique Hilario Moreira, quien preside el Consejo de Caciques, tuvo como objetivo “dar respuesta a las inquietudes y requerimientos oportunamente planteados por los referentes y caciques de las comunidades Mbya Guaraní”.
Según consta el acta al que tuvo acceso La Voz de Misiones, a partir del mes próximo “las tarjetas sociales tendrán un incremento del cien por ciento (100%)”. La medida fue adoptada por el gobierno provincial con el fin de fortalecer la asistencia a las familias de las comunidades, manteniendo el compromiso de dar continuidad a la regularidad de los pagos.
Por su parte, el cacique Moreira, propuso realizar una revisión del padrón actual de beneficiarios de las tarjetas sociales, a fin de analizar la situación existente y, de corresponder, proceder a las bajas pertinentes y en su caso determinar nuevas altas, garantizando una distribución justa y actualizada del beneficio.
Del mismo modo, propuso que se evalúe una nueva modalidad de implementación de las tarjetas sociales, mediante la cual las mujeres de las comunidades sean consideradas titulares y beneficiarias directas de dicho instrumento social, para su correspondiente análisis por las áreas competentes.
En relación con la problemática vinculada al acceso al agua, solicitaron a los representantes comunitarios la presentación de un relevamiento detallado que contemple las comunidades afectadas, ubicación geográfica, prioridades existentes y necesidades puntuales, a efectos de canalizar las respuestas correspondientes mediante los organismos competentes.
Respecto a lo educativo, resolvieron establecer una reunión con el ministro de Educación, Ramiro Aranda, y la titular del Consejo General de Educación, Daniela López, para exponer las problemáticas específicas.
Otras demandas
En cuanto a la salud indígena, propusieron la realización de una reunión con las autoridades principales del ministerio de Salud Pública y responsables del área pertinente, con el objetivo de abordar las problemáticas específicas de las comunidades y conocer los requerimientos particulares de cada una de ellas.
Con relación a la transitabilidad de caminos, la Dirección de Asuntos Guaraníes informó que “ya se ha avanzado con el Intendente de Garuhapé para que se efectivice el arreglo del camino de acceso a la comunidad Tape Miri”.
Asimismo, asumieron el compromiso de gestionar ante Vialidad Provincial obras de reparación y mejoramiento de caminos correspondientes a las siguientes comunidades: Takuapi Miri, Lote 8, Ruiz de Montoya (Comunidad Ñamandú) e Yvy mara” (Pozo Azul).
Finalmente, acordaron trabajar de manera articulada con los organismos competentes en relación con las vertientes protegidas, a fin de avanzar sobre propuestas concretas que permitan su preservación y aprovechamiento en beneficio de las comunidades.
También, se comprometieron a trabajar en conjunto en cuanto a la emergencia habitacional que transcurre hoy en el país en búsqueda de soluciones habitacionales para las Comunidades Guaraníes de nuestra provincia, como así también realizar un orden de prioridades para brindar soluciones integrales.
Por último, acordaron una reunión con el Ministerio de Ecología a fin de abordar temas varios.
El acta que fue firmada por la ministra de Derechos Humanos Karina Aguirre y el cacique Hilario Moreira, sostiene que las acciones y mesas de trabajo deberán ser ejecutadas dentro de los próximos 60 días para dar solución a los problemas planteados.
Piden declarar la Emergencia Hídrica por falta de agua en comunidades mbya
Foto: agencia de noticias Tierra Viva
Provinciales
Piden declarar la Emergencia Hídrica por falta de agua en comunidades mbya
Caciques, líderes y representantes de distintas comunidades Mbya Guaraní se manifiestan de forma pacífica en la Plaza 9 de Julio de Posadas, en reclamo de asistencia ante múltiples problemáticas sociales, habitacionales, educativas y sanitarias. Sin embargo, la principal preocupación que atraviesa a las comunidades es la falta de acceso al agua potable.
El reclamo, que lleva varios días de visibilización en el centro posadeño, comenzó a canalizarse en el ámbito legislativo a partir de la intervención del bloque del Partido Agrario y Social (Pays). En ese marco, el diputado Cristian Castro presentó un proyecto de ley en la Legislatura provincial para declarar la Emergencia Hídrica por el término de 24 meses en todo el territorio de Misiones.
La iniciativa ya tomó estado parlamentario en la Cámara de Diputados de Misiones y cuenta con el acompañamiento de bloques como la UCR, Algo Nuevo y Por la Vida y los Valores. En paralelo, las 43 comunidades con problemas de acceso al agua adhirieron al Proyecto de Ley.
La propuesta legislativa plantea como objetivo central la planificación, evaluación y ejecución prioritaria de obras de infraestructura hídrica que permitan garantizar un acceso regular, suficiente y seguro al agua en las comunidades relevadas. Asimismo, establece que la aplicación estará a cargo del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, en coordinación con el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (Imas), la Dirección Provincial de Vialidad con la participación de representantes de las comunidades involucradas, quienes deberán ser consultados previamente a la ejecución de las obras.
“El principal problema es el acceso al agua. Las comunidades no cuentan con una red de agua potable. La idea es que, entre el Imas y Asuntos Guaraníes, se pueda elaborar un plan que garantice el acceso al agua segura en cada comunidad”, señaló Castro.
El proyecto de la emergencia hídrica contempla, en una primera etapa, el mejoramiento de vertientes naturales cercanas a las aldeas, como una solución inmediata ante la urgencia. Para ello, se prevé la realización de estudios de factibilidad técnica, ambiental y sanitaria que determinen la viabilidad de las intervenciones.
Según datos relevados, son 43 las comunidades afectadas, con un promedio estimado de 902 familias. Entre las zonas más comprometidas se encuentran Puerto Iguazú, Puerto Leoni, El Soberbio, Aristóbulo del Valle, San Ignacio y Jardín América.
En cuanto al financiamiento, el proyecto prevé la utilización de fondos del Tesoro Provincial, así como aportes nacionales o créditos internacionales destinados al saneamiento ambiental, mediante las correspondientes reasignaciones presupuestarias.
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