Con un manifiesto titulado “La patria no se vende, la tierra se defiende”, el Movimiento de Pequeños Productores Autoconvocados de San Antonio expresó su rechazo a la posible derogación de la Ley 26.737, que limita la titularidad extranjera de tierras rurales en la Argentina. La organización sostiene que la medida implicaría “la entrega de la soberanía” y pondría en riesgo el futuro de las chacras familiares en la zona de frontera.

El documento, firmado por José Godofrido Ramón, docente y dirigente social, remarca que los integrantes del movimiento son “hijos y nietos de pioneros del extremo noroeste de Misiones” y reivindica el esfuerzo de quienes poblaron y trabajaron la frontera. “No heredamos riquezas; heredamos tierra, trabajo, sacrificio y dignidad”, señala el texto. Además, afirma que la ley “protege nuestra soberanía, nuestros recursos naturales y nuestras fronteras” y que “la tierra no es una mercancía cualquiera”.

En diálogo con La Voz de Misiones, Ramón sostuvo que existe una fuerte preocupación entre los colonos del departamento General Manuel Belgrano por el avance del proyecto que busca modificar la normativa vigente. “Para nosotros no es nada más ni nada menos que la entrega de la soberanía que tenemos”, afirmó.

“Primero desregularon las economías regionales”

El vocero vinculó el debate sobre la Ley de Tierras con la crisis que atraviesan los pequeños productores, especialmente los yerbateros. Según planteó, el gobierno nacional llevó adelante “un plan sistematizado” que comenzó con la desregulación de las economías regionales y la caída de los precios que reciben los colonos por su producción.

“Hoy el producto de la chacra no vale nada. Vinieron por ahí para bajarle el ánimo, para matarlo de hambre y después venir por las tierras”, expresó.

En ese sentido, advirtió que un pequeño productor no puede competir con grandes grupos de inversión y recordó conflictos históricos vinculados a la concentración de la tierra en Misiones. El manifiesto también hace referencia a esas experiencias y señala que la provincia “tiene heridas abiertas y conflictos históricos vinculados al acceso y la tenencia de la tierra”.

Críticas a los senadores misioneros

Ramón cuestionó especialmente a los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, a quienes acusó de haber prometido defender al pequeño productor durante la campaña electoral. “Estuvieron en campaña comprometiéndose con ayudar al minifundista y ahora se esconden, no atienden el teléfono”, sostuvo.

El dirigente reclamó que ambos legisladores rechacen el proyecto cuando sea tratado en el Senado y consideró que “ya no tendrían que haber aceptado el trabajo en comisión ni dar quórum”.

También dirigió críticas al senador Martín Goerling, al señalar que “salió a decir que esto es un beneficio para la provincia” y pidió que explique “cuál es el beneficio para los colonos”.

Frontera, seguridad y capitales extranjeros

Uno de los ejes centrales del planteo es la situación de las tierras en zonas fronterizas. Ramón aseguró que el departamento General Manuel Belgrano se encuentra cerca del límite permitido de propiedad extranjera y advirtió sobre el avance de capitales brasileños en áreas rurales próximas a la frontera.

“La frontera no se defiende solo con fuerzas de seguridad. Se defiende con colonos, productores, docentes y familias que viven y trabajan en ella”, afirmó, en línea con lo expresado en el manifiesto del movimiento.

El dirigente sostuvo que una mayor concentración de tierras en manos extranjeras podría favorecer actividades ilegales como el contrabando, el narcotráfico o la trata de personas, además de afectar recursos estratégicos como el agua y la biodiversidad.

Respaldo al pronunciamiento de Passalacqua

Consultado sobre la postura del gobernador Hugo Passalacqua, quien en distintas actividades públicas manifestó su rechazo a la derogación de la Ley 26.737 y anticipó que solicitará a los senadores misioneros votar en contra, Ramón valoró esa definición política.

“Celebramos que el gobernador se haya manifestado y se haya preocupado por este tema. Eso nos da una esperanza de seguir luchando”, indicó.

Para el dirigente, los senadores nacionales “son la voz y el voto del gobierno de la provincia en el Senado” y, por lo tanto, deberían actuar en consonancia con la posición expresada por el Ejecutivo misionero.

Jóvenes, escuelas rurales y movilización

Ramón aseguró que la preocupación también alcanza a los jóvenes de las colonias. Señaló que muchas familias atraviesan serias dificultades económicas y que algunos chicos deben dejar la escuela para ayudar en las tareas de la chacra.

“No pueden comprarse una zapatilla, un cuaderno o los útiles para ir a la escuela. Es sumamente grave lo que está pasando hoy”, afirmó.

El manifiesto advierte que la desaparición de los pequeños productores no solo implica la pérdida de una unidad productiva, sino también el cierre de escuelas rurales, la emigración de los jóvenes y el vaciamiento de las colonias. “Cuando desaparece un pequeño productor no solamente se pierde una chacra. Se pierde una escuela rural, una familia en el campo, trabajo, producción, cultura y soberanía“, sostiene el documento.

El movimiento adelantó que analiza realizar un banderazo y movilizaciones para visibilizar el rechazo al proyecto y convocó a la sociedad misionera a “levantar la voz” en defensa de la tierra y de la agricultura familiar.

“La tierra misionera no se vende”

En el tramo final del manifiesto, los productores remarcan que su reclamo “no tiene dueño ni color partidario” y que su única aspiración es que las futuras generaciones puedan seguir viviendo y trabajando en las chacras heredadas de sus abuelos. El texto concluye con una definición que resume el espíritu de la convocatoria: “La tierra misionera no se vende. La soberanía no se negocia. Las fronteras se cuidan”.

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La Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico dictaminó que debe dejarse sin efecto el desalojo ejecutado el martes pasado sobre la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II, en Garuhapé, al considerar que la medida fue concretada mientras permanecía pendiente de resolución un recurso de apelación presentado por la defensa.

El pronunciamiento, difundido por el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), fue emitido por el fiscal Héctor Simón, quien sostuvo que la ejecución del desalojo carecía de sustento mientras la Cámara de Apelaciones no resolviera la apelación interpuesta contra la orden del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del magistrado Roberto Sena.

De acuerdo con el dictamen, la apelación presentada por la comunidad tenía efecto suspensivo, por lo que el procedimiento no debía llevarse adelante hasta que el tribunal de alzada se expidiera sobre la cuestión.

En su presentación, Simón calificó la medida como de “extrema gravedad institucional”, al tratarse del “desplazamiento inmediato de una Comunidad Indígena”, y sostuvo que una decisión de esa naturaleza exige un análisis especialmente riguroso de los derechos involucrados.

Para la fiscalía, el caso “evidencia la existencia de un conflicto jurídico de mayor complejidad que el de una mera controversia posesoria”, por lo que antes de ejecutar el desalojo debían analizarse integralmente los derechos territoriales indígenas protegidos por la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.

El desalojo se concretó el martes bajo órdenes del juez Roberto Sena.

El conflicto

La disputa se originó a partir de un reclamo del empresario forestal Alfredo Ruff, quien solicitó la restitución de los lotes 71 y 78 de la fracción Cañafístola mediante una medida cautelar por presunta usurpación.

La comunidad, por su parte, sostiene que esas tierras forman parte de su territorio ancestral y recuerda que fueron relevadas en el marco de la Ley Nacional 26.160, además de invocar las garantías previstas en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La defensa también cuestionó que una medida cautelar haya derivado, en los hechos, en un desalojo antes de que exista una sentencia definitiva sobre el conflicto territorial.

Pedido de informes

La novedad judicial se conoce un día después de que el Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes informaran que solicitaron explicaciones a la Justicia por el operativo, al señalar que ninguno de los organismos fue notificado previamente sobre su ejecución.

En un comunicado conjunto, ambos organismos indicaron que requirieron conocer el alcance de la medida y anticiparon que, si se verifican afectaciones a derechos de la comunidad mbya, evaluarán las acciones institucionales que correspondan dentro de sus competencias.

Asuntos Guaraníes pidió informes por desalojo en Puente Quemado II

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Luego del encuentro mantenido con el obispo de Posadas, monseñor Juan Rubén Martínez, los distintos sectores de la cadena yerbatera también se reunieron este jueves, pasadas las 11, con el gobernador Hugo Passalacqua para exponer la crítica situación que atraviesa el sector tras la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y solicitar la Ley de  Emergencia Yerbatera.

Durante el encuentro, el abogado Federico Padolski, en representación de asociaciones de productores, trabajadores rurales y tareferos, presentó un borrador de Ley de Emergencia Yerbatera, que ya contaba con el respaldo de la Diócesis de Posadas.

La iniciativa contempla medidas destinadas a proteger a los pequeños productores y minifundistas, quienes perdieron el principal valor de referencia para la hoja verde luego de que el DNU 70/23 eliminara la facultad del Inym de fijar precios mínimos para la materia prima.

Además, asociaciones de tareferos entregaron un escrito en el que solicitaron módulos alimentarios para los trabajadores que quedaron excluidos de programas de asistencia y un subsidio económico que permita afrontar los meses en los que no pueden trabajar debido al cierre anticipado de la cosecha y la falta de pago de la interzafra.

Reunión con diputados

Al finalizar el encuentro, los representantes del sector señalaron que quedaron conformes con la respuesta del gobernador y confirmaron que el próximo lunes se realizará una nueva reunión en el Ministerio del Agro, junto a diputados provinciales, para comenzar a trabajar en el proyecto y darle un marco legal definitivo.

El debate también tiene fuertes implicancias políticas. Si prospera, la iniciativa podría convertirse en una de las primeras leyes impulsadas directamente desde la gobernación para enfrentar la crisis yerbatera, con el respaldo de los legisladores alineados con el Poder Ejecutivo provincial dentro del nuevo espacio Movimiento por lo que se Viene. 

El tratamiento en la Cámara de Representantes podría abrir una discusión entre el nuevo bloque cercano a Hugo Passalacqua y los diputados de La Libertad Avanza. Mientras los legisladores del oficialismo provincial, alineados con la política del Poder Ejecutivo, buscan recuperar herramientas de regulación para el sector yerbatero y avanzar con este proyecto de Ley de Emergencia Yerbatera como una herramienta de contingencia para mitigar el impacto económico y social de la crisis, los diputados provinciales libertarios mantienen públicamente la postura del gobierno nacional de no restituir al Inym las facultades eliminadas por la desregulación.

“La provincia está sufriendo una crisis”

En diálogo con La Voz de Misiones, el presidente de la Asociación Impulso Yerbatero, Jorge Skripczuk, destacó que tanto el obispo como el gobernador escucharon a productores, tareferos y representantes de distintas organizaciones.

“Fue una reunión positiva. Logramos el compromiso del obispo y del gobernador para acompañar esta problemática y conformar una mesa de trabajo”, afirmó.

Skripczuk sostuvo que la situación del sector primario es “triste y urgente” y remarcó que los productores afectados no son grandes empresarios, sino familias agrarias con chacras de entre 20 y 50 hectáreas que dependen exclusivamente de la yerba mate para subsistir.

Por su parte, el abogado Federico Padolski explicó que el proyecto apunta a declarar la emergencia yerbatera en Misiones y establecer un precio mínimo de sustento para productores de hasta 50 hectáreas en producción.

“El gobernador nos escuchó atentamente y acordamos constituir una mesa de trabajo para darle forma al proyecto que será elevado a la Cámara de Representantes”, señaló.

Padolski advirtió que la crisis no afecta únicamente al negocio yerbatero, sino especialmente al sector primario, que perdió la posibilidad de discutir colectivamente un precio de referencia para la hoja verde.

Según indicó, esa situación provoca la quiebra de pequeñas unidades productivas, el deterioro de las economías familiares y un fuerte impacto en el comercio y en la recaudación de los municipios.

El reclamo de los tareferos

Tres trabajadores rurales de Oberá, Darío Pereira, Miguel Drauchy y Carlos Alderete,  participaron de la reunión y describieron la difícil realidad que atraviesan.

Aseguraron que actualmente algunos productores pagan entre 40.000 y 50.000 pesos por tonelada cosechada, valores que consideran insuficientes para sostener a una familia.

“Si no hacemos mil kilos por día, no llegamos a 50.000 pesos. Con eso no podemos mantener a la familia”, relató uno de los tareferos.

También señalaron que muchos compañeros están emigrando a Brasil en busca de mejores condiciones laborales y que el subsidio de 120.000 pesos mensuales de interzafra resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de un hogar.

Los tareferos, nucleados en la Asociación Civil de Obreros Rurales y Tareferos de la zona Centro, coincidieron en que la falta de ingresos ya se percibe en las localidades de Misiones, donde “no hay plata ni movimiento en los comercios”, y reclamaron que se cumpla el pago de los valores acordados para la cosecha.

Representante de la Asociación Civil de Obreros Rurales y Tareferos de la zona Centro.

Tareferos piden emergencia yerbatera: “Hay familias que no cubren lo básico”

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