Provinciales
Semana Santa con cortes docentes en las rutas de la provincia
Los piquetes docentes que bloquearon este martes por largas horas el tránsito en las principales rutas de la provincia, por parte de los gremios en la disputa salarial con el gobierno, se extenderán a los días de Semana Santa.
En efecto, el jueves santo los docentes prevén un corte en el acceso al Parque Nacional Cataratas, en Puerto Iguazú, donde decidirán cómo continúa la agenda del resto del feriado, según señaló a La Voz de Misiones, Estela Genesini, titular de la Unión de Docentes Nueva Argentina de Misiones (Udnam).
La sindicalista no quiso anticiparse a lo que pueda resolver la plenaria del jueves en Iguazú, pero tampoco descartó que los cortes continúen viernes y sábado, tanto en la ruta 12 como la 14, y que la medida en las Cataratas desemboque en un acampe todo el fin de semana.
Genesini reconoció que la medida es “antipática”, y del todo impopular entre quienes se ven varados por largas horas, y también entre medianos y pequeños emprendedores turísticos que captan el flujo que se desplaza por vía terrestre.
“Hoy nos pasó que venía gente al corte a decirnos”, dijo Genesini sobre los episodios que se registraron este martes en los piquetes, de Cerro Corá, sobre la ruta 12, y Güemes, entre Cerro Azul y San José, donde decenas de automovilistas, transportistas y pasajeros increparon a los manifestantes para disuadirlos de liberar el paso.
En Cerro Cora, llegaron incluso a escucharse amenazas por parte de varios ofuscados automovilistas.
“¡Media hora que liberen! ¡Dos meses que le estamos bancando; medio día que colaboremos ya es suficiente!”, les decía a los maestros en Cerro Corá un hombre visiblemente enojado, exigiendo el despeje de al menos media calzada de la ruta.
“Ya colaboramos medio día, ya alcanza; agarrenlé a los de la tarde, en el otro corte”, pedía el hombre. “Vamos a terminar a los golpes acá”, amenazaban otros, igual de molestos.
En un momento, pareció que la situación iba a salirse de control, con los manifestantes tomados de las manos, como anticipándose a una embestida por parte de los conductores, que felizmente nunca se produjo.
“Yo entiendo la bronca, pero que el gobierno nos ofrezca $350 es una tomadura de pelo a los docentes”, afirmó Genesini.
Comentó que como contrapartida a las críticas de quienes se ven afectados directamente por los piquetes, los maestros reciben “muchos mensajes de aliento, de mucha fuerza, de muchísima gente de toda la provincia”.
“Tenemos que pelear por el salario y no encontramos otra manera; intentamos todas las posibilidades, hicimos marchas, marcha de las antorchas; hicimos radios abiertas, y tanto (Adolfo) Safrán, como (Juan Alberto) Galarza nos dejaban a nosotros con nuestras marchas y se iban negociar con los que sí estaban cortando la ruta”, justificó.
“Nosotros tampoco queremos estar acá, poniendo en peligro la vida, pero el gobierno nos empuja a la ruta con la miseria que nos ofrece”, argumentó.
Dijo que “puede sonar horrible”, que su gremio “no era una organización que cortaba rutas”, pero que en la instancia en que se encuentra el reclamo salarial, “las organizaciones entendimos que es el camino, desgraciadamente”.
Denuncia federal
Entretanto, este martes también se conoció la denuncia penal contra los piquetes y sus responsables, presentada por la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor (Caemtap).
La acción, encaminada en la Fiscalía de Instrucción del Juzgado Federal de Misiones, busca abrir la puerta para requerir eventualmente la intervención de fuerzas federales, atendiendo que los cortes afectan rutas nacionales.
A la par, el gobierno provincial guarda silencio con respecto a la suerte de las negociaciones con los gremios en conflicto, luego del fracaso de la última mesa de diálogo que no pudo llegar a un acuerdo, el lunes en el Centro de Convenciones.
Públicamente, el Ejecutivo no evalúa el impacto de los cortes de ruta en el sector turístico que se prepara para vivir una Semana Santa a pleno, pero voceros de la cartera que maneja Adolfo Safrán confiaron a LVM que en las esferas oficiales hay verdadera preocupación por lo que puede ocurrir.
“Preocupa, claro; en el entorno del Gabinete del Ministerio preocupa el duro golpe que puede significar esto para el turismo de Misiones, en franca recuperación después de ser castigado por la pandemia, y consecuentemente para el conjunto de la economía misionera”, afirmó un colaborador cercano al titular de Hacienda de la provincia.
El gobierno tampoco tiene planeado movilizar a la policía provincial contra los maestros. “Es un tema del gobierno federal, lo tiene que resolver Nación”, argumentan en el Ministerio de Gobierno, a cargo de Marcelo Pérez.
Fuera de la ley
Como contrapartida, la oposición provincial que en un principio fogoneó la protesta, focalizada por entonces en el acampe en el Consejo General de Educación (CGE), ahora se muestra distante del conflicto, y no faltan las especulaciones de que desde JxC Misiones estarían próximos a requerir el retiro de la personería a los gremios en conflicto.
La idea no es nueva, ya lo hizo María Eugenia Vidal cuando era gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y solicitó al Ministerio de Trabajo de la Nación quitarle la personería gremial a los sindicatos docentes bonaerenses.
Ayer mismo, el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Millman presentó un proyecto de ley en el Congreso para retirarle la personería gremial al Sindicato de Camioneros de Hugo Moyano, luego del bloqueo en San Nicolás, que dejó a la ciudad sin recolección de basura durante tres días.
“No se habla más de eso acá. Fijate que ninguno de los referentes de JxC, ni del PRO, ni del radicalismo, ni del partido de (Pedro) Puerta, postean más nada sobre los docentes en sus redes”, comentó un operador radical a LVM.
Un repaso de las cuentas de Twitter de los diputados nacionales Martín Arjol, de la Unión Cívica Radical (UCR), y Florencia Klipauka, del partido Activar, que antes estuvieron muy activos en el tema e incluso Arjol se mostró en los primeros días del acampe en el CGE, no registran publicaciones sobre el tema.
Sin embargo, la radicalización de la protesta con los cortes de ruta, parece calar hondo entre la dirigencia del PRO misionero que conducen los hermanos Alfredo y Humberto Schiavonni, que no ven con malos ojos tramitar la ilegalidad de los gremios docentes en lucha.
De hecho, Klipauka y Schiavoni firmaron el proyecto de Millman, que está cosechando el rechazo de todo el arco sindical.
“Está habiendo mucha presión desde Buenos Aires para pedir que se le quite la personería gremial a los sindicatos docentes que corten rutas y afecten el libre tránsito”, reveló una fuente vinculada al comité del PRO en Posadas.
“Pensamos igualmente que es inadmisible una medida tan extrema que toma a los ciudadanos de rehenes de los piqueteros”, argumentó.
La fuente contó a LVM que, incluso, existe ya un borrador del proyecto que contó con el asesoramiento del propio Millman, y que llegado el momento llevará las firmas de los legisladores nacionales de JxC Misiones, Arjol, Klipauka y Schiavoni.
“La idea es que el pedido esté también firmado por nombres de peso de JxC en el país, como María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, y Waldo Wolff, entre otros”, dijo el vocero del PRO misionero.
Desde los gremios docentes rechazaron y repudiaron la intención de poner en entredicho la legalidad de sus organizaciones.
“Las organizaciones tenemos derechos de llevar adelante medidas para el bienestar de los agremiados”, expresó Estela Genesini.
Dijo que “no se puede poner en duda la legalidad” de sindicatos como el suyo y los que conforman el Frente Docente, ya que la misma página web del Ministerio de Trabajo de la Nación, al que la gobernadora Vidal le pidió que declare fuera de la ley a sus pares bonaerenses, los reconoce “como gremios representativos de los maestros misioneros”.
Los docentes se reafirmaron en sus reclamos y rechazaron proyectos como el de JxC, de cuestionar la legalidad de los sindicatos.
Cerca de las 13.30, una extensa caravana de camiones, camionetas y colectivos conducidos por productores y trabajadores yerbateros, arribó a la intersección de las rutas 101 y 12 en Puerto Iguazú.
“Estamos al frente de la caravana y son muchísimos los que vienen detrás, entre camiones cargados con los tractores, camionetas y colectivos que trasladan a productores y tareferos. Es muy larga la caravana”, confirmó a LVM Jorge Skripczuk, productor oriundo de Aristóbulo del Valle, quien decidió hacerse presente junto a un grupo de productores que viajó en colectivo.
El objetivo de la movilización a la que bautizaron “Tractorazo”, fue protestar contra la desregulación del sector, logrando mayor visibilidad ante la llegada del presidente Javier Milei, quien participará de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en el hotel Loi Suites de esa ciudad.
Se trata de quienes sostienen una de las principales economías regionales de la provincia y cuyos reclamos se remontan a los últimos tres años, cuando el DNU 70/2023, impulsado por el mandatario nacional, desreguló el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y provocó la caída del precio de la hoja verde a un valor mínimo de $70, cuando hasta ese año rondaba los $400.
De esa manera, la medida modificó el equilibrio dentro de la cadena productiva en la que conviven alrededor de 12 mil productores, con secaderos y grandes industrias que concentran la mayor capacidad de compra.
Los productores reconocen que la desregulación debilitó a los eslabones más bajos de la cadena productiva, ante la caída del precio de la materia prima, el incremento de los costos de producción y los plazos de pago por parte de los secaderos.
A las protestas en la ciudad de las Cataratas también se sumaron sindicatos y gremios que nuclean a los trabajadores del Estado, ATE y CTA, como también organizaciones sociales, políticas y estudiantiles.
Productores llegaron a Iguazú/ Fotos: Marcos Otaño
La diputada Arabela Soler presentó ayer en la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto de ley elaborado por pequeños productores yerbateros que propone declarar por un año la emergencia de la producción primaria y establecer un precio mínimo sostén obligatorio para la hoja verde.
La iniciativa, denominada “Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera”, contempla un régimen extraordinario para los productores que tengan hasta 50 hectáreas cultivadas con yerba mate.
El objetivo, según establece el artículo 1, es “preservar la continuidad de la producción, asegurar la sustentabilidad económica de las explotaciones comprendidas y garantizar un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde”.
El proyecto plantea declarar la emergencia en todo el territorio provincial durante 360 días, para los productores alcanzados por la norma. La medida busca, de acuerdo con el texto, “preservar la continuidad de las explotaciones productivas, proteger el trabajo rural, evitar el deterioro del patrimonio productivo y garantizar condiciones de sustentabilidad económica”.
La emergencia podría extenderse por otro período de 360 días, ya sea por decisión del Poder Ejecutivo provincial o de la Legislatura, a solicitud fundada de la autoridad de aplicación.
Precio
El eje central de los productores es la creación de un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde, que tendría carácter obligatorio para quienes compren materia prima a los productores incluidos en el régimen.
El artículo 5 establece que ese valor deberá contemplar “la totalidad de los costos directos e indirectos de una explotación eficiente”, además del pago de la mano de obra según la legislación vigente y los valores establecidos para la tarefa.
También deberá incluir las obligaciones tributarias, previsionales y de seguridad social vinculadas con la actividad y “un margen de utilidad que permita la reproducción económica y la continuidad de las unidades productivas”.
El precio deberá actualizarse cada 90 días como máximo, aunque la autoridad de aplicación podrá establecer períodos menores ante circunstancias excepcionales.
A su vez, el artículo 6 dispone que el precio será de “cumplimiento obligatorio” para quienes adquieran la hoja verde de los productores alcanzados. Cualquier acuerdo que establezca un valor inferior será considerado inoponible y el comprador continuará obligado a pagar la diferencia.
“Todo pacto, convenio, cláusula o modalidad contractual que establezca, directa o indirectamente, un precio inferior” al mínimo sostén no liberará al adquirente de abonar la diferencia correspondiente, señala el proyecto.
Control
La iniciativa también prevé mecanismos de fiscalización para controlar que el precio establecido sea efectivamente abonado.
La autoridad de aplicación podrá solicitar contratos, liquidaciones, comprobantes, medios de pago y registraciones contables, además de realizar inspecciones, auditorías y verificaciones sobre las operaciones.
El proyecto incluso contempla la implementación de sistemas de trazabilidad “física, documental y financiera” para las operaciones de comercialización de hoja verde.
En caso de detectar un incumplimiento, la autoridad podrá intimar al responsable a regularizar la operación y pagar al productor las diferencias adeudadas. Esto incluirá los intereses correspondientes y las cargas legales vinculadas con la operación.
Multas y sanciones
La propuesta considera infracciones, entre otras conductas, comprar hoja verde por debajo del Precio Mínimo Sostén, omitir total o parcialmente su pago, simular operaciones para evitar la aplicación de la ley u obstaculizar las tareas de fiscalización.
Las sanciones previstas van desde apercibimientos y multas hasta la suspensión de registros, autorizaciones o habilitaciones vinculadas con la actividad. También se contempla la “inhabilitación temporal para acceder a programas provinciales de promoción, asistencia, financiamiento o beneficios fiscales relacionados con la actividad yerbatera”.
Los fondos obtenidos mediante las multas, según el artículo 13, deberán destinarse exclusivamente al “fortalecimiento de las acciones de fiscalización, control, asistencia técnica, modernización administrativa y demás políticas públicas vinculadas al cumplimiento de los objetivos de la presente ley”.
Quiénes quedarían incluidos
El régimen alcanzaría a personas humanas o jurídicas que desarrollen tareas de implantación, cultivo, conservación, cosecha y comercialización de hoja verde proveniente de explotaciones ubicadas en Misiones, siempre que la superficie cultivada no supere las 50 hectáreas.
Para evitar que el límite sea eludido mediante el fraccionamiento de explotaciones, el proyecto establece que se computarán las superficies de las distintas unidades productivas pertenecientes a una misma persona o a personas vinculadas económicamente.
También quedarían excluidas las explotaciones que, mediante “la división, fraccionamiento o simulación de una unidad productiva mayor”, intenten eludir el límite establecido.
El Poder Ejecutivo provincial será la autoridad de aplicación y deberá reglamentar la norma dentro de los 30 días posteriores a su publicación. Además, podrá establecer convenios con el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), organismos nacionales y municipios para coordinar los mecanismos de control.
La iniciativa presentada por la diputada Soler plantea así una herramienta de emergencia con vigencia transitoria, pero con un mecanismo de protección concreto para los pequeños productores ante la crisis que atraviesan por la desregulación del Inym: fijar un piso obligatorio para el valor de la hoja verde que contemple los costos de producción y permita sostener la actividad en las chacras misioneras.
Yerbateros marchan a Iguazú con carta a Milei: “No son bienvenidos”
De cara al arribo del presidente Javier Milei a Puerto Iguazú, en el marco de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), productores, asociaciones y miembros de cooperativas yerbateras emitieron una carta dirigida al presidente y al equipo de gobierno que lo acompañaría durante esta jornada.
“Nobleza obliga, lo primero que tenemos que decirles es que no son bienvenidos a la Tierra de la Yerba Mate por una razón muy clara: sus políticas están destruyendo a esta economía regional que durante 100 años dignificó, dinamizó, generó crecimiento y desarrollo para miles de familias”, relatan los referentes del sector en las primeras líneas de la misiva.
Se trata de uno de los momentos de mayor tensión del sector, ante la caída del precio de la materia prima, el incremento de los costos de producción y los plazos de pago por parte de secaderos, por lo que apuntaron contra el libre mercado: “La falsa eficiencia del modelo de libre mercado que pregonan es evidente en cada rincón de nuestro territorio yerbatero y está multiplicando el hambre y la pobreza”.
Seguidamente, enumeraron los factores del modelo económico que impactan negativamente sobre el sector yerbatero. En principio, mencionaron la falta de competencia real por concentración de monopolios. “En mercados con alta concentración, como el yerbatero, la desregulación no generó una baja de precios por competencia. Por el contrario, facilitó que las grandes empresas aumentaran sus márgenes de ganancia a costa de los trabajadores rurales, productores primarios y también consumidores”, explicaron.
También, refirieron a la caída del consumo: “El consumo interno de yerba mate en Argentina se mantiene con una tendencia a la baja, afectado por la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Las familias redujeron sus compras o cambiaron a formatos y empaques más económicos ante la suba de precios y la merma de ingresos”.
A su vez, aludieron a la destrucción de herramientas que garantizaban calidad al producto y crecimiento en el mercado, tras la desregulación del Inym y la desarticulación de áreas claves como la Técnica, Registro y Fiscalización, y la eliminación de resoluciones históricas del Instituto.
El reclamo continuó apuntando contra el aumento de la pobreza, la caída del precio de la hoja verde, la inflación y los altos costos para la producción (incluyendo subas de combustible, fertilizantes esenciales y costos operativos básicos).
“El desplome de los precios de la hoja verde por debajo de los costos de producción y la fuerte caída del volumen de cosecha tienen su correlato en cada uno de los municipios de Misiones, frenan la dinamización de la economía local y regional”, agregan sobre la crisis a nivel regional.
Y concluyen: “Tanta ruina generada por ustedes, autodefinidos como “el mejor equipo económico de la historia”, queremos decirles que tenemos claro que “no hay mal que dure 100 años” y que “a cada chancho le llega su San Martín”. Por eso, desde aquí, arraigados profundamente a la tierra colorada, con memoria y compromiso con la historia, seguimos trabajando para recuperar todas las facultades del Inym y hacer que los próximos cien años de la yerba mate sean virtuosos, sobre todo para los sectores más vulnerables”.
La misiva lleva las firmas del Movimiento Agrario de Misiones (MAM), la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), Impulso Yerbatero y la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN), como también de los referentes Julio Petterson, Hugo Sand, Antonio Franza, Jorge Skripczuk y Salvador Torres.
El documento es llevado en manos de quienes por estas horas se encuentran marchando en colectivo, desde diferentes localidades de la provincia, y desde Andresito en camiones y tractores por la ruta 101 rumbo a Puerto Iguazú.
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