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La Legislatura aprobó el pliego y Juan Manuel Díaz será nuevo ministro del STJ

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juan manuel díaz

La Cámara de Representantes de Misiones aprobó el pliego de Juan Manuel Díaz enviado por el Poder Ejecutivo, por lo que el ex ministro de Ecología será nuevo miembro del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

De esta forma, el abogado y docente universitario reemplazará a Liliana Picazo, fallecida el 23 de mayo pasado, con lo cual el máximo órgano de Justicia misionero volverá a tener su composición completa de nueve miembros.

El dictamen favorable se dio ayer por parte de la Comisión de Poderes, presidida por la diputada Rita Núñez, tras lo cual, en la sesión de hoy, se pidió incorporar el tratamiento del pliego al plan de labor del día.

A la hora de la votación, 29 legisladores aprobaron el pliego enviado por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, mientras que siete diputados del bloque de Juntos por el Cambio votaron en contra.

Actualmente, el STJ está formado por la presidenta Rosanna Pía Venchiarutti Sartori y los ministros Cristian Marcelo Benítez, Froilán Zarza, María Laura Niveyro, Roberto Rubén Uset, Ramona Beatriz Velázquez, Jorge Antonio Rojas y Cristina Irene Leiva, a quienes ahora se suma Juan Manuel Díaz.

Previo a ser nombrado, en la puerta de la Legislatura, Díaz expresó que “es una especial honra, que me emociona, cubrir un rol que ocupaba una persona tan relevante y significativa como lo fue la doctora Liliana Picazo”.

“En cuanto a lo que es el trabajo, mis antecedentes van fuertemente vinculados al trabajo con el derecho ambiental”, resaltó, en diálogo con la prensa.

En ese sentido, postuló que “hoy vivimos, como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los albores del estado de derecho ambiental, es decir, ya no solamente un estado en el cual las prioridades pasan por los derechos económicos, sociales y culturales, sino que también incluye la dimensión ambiental, que es transversal a todos los poderes del Estado”.

El “no” de JxC

Por su parte, el diputado provincial de la Unión Cívica Radical y presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Ariel “Pepe” Pianesi, planteó que “tenemos una posición que no tiene que ver con el candidato, ni con su formación académica o carrera profesional, sino con el tratamiento exprés que se le da a un tema tan importante para todos los misioneros”.

“Este expediente ingresa el 22 de junio, hace solamente catorce días, se trata seis días después en la Comisión de Poderes, por única vez”, criticó el legislador y agregó: “Tomamos conocimiento que estaba en el plan de labor cuando todavía no tenía dictamen”.

“Lo cierto es que nos hubiera gustado tener un poco más de tiempo para evaluar la documentación, para poder conversar entre nosotros, con él (Díaz), con distintos actores del sector, con el Colegio de Abogados”, enumeró.

“Para ser juez en la provincia, hay que atravesar todo un proceso que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, hay que rendir, hay que acreditar antecedentes y tener una entrevista personal y eso lleva mucho tiempo”, explicó.

Ante ello, dijo Pianesi, “nos parece que una persona propuesta para ocupar una cabeza de uno de los poderes del Estado requiere también el tiempo necesario”.

En ese sentido, expresó que “tenemos alguna mirada particular con respecto a su vinculación con el partido de gobierno, lo hemos planteado en la comisión, pero esta situación tranquilamente se puede sortear con una instancia de diálogo, de manera conjunta y democrática en los tiempos que corresponden a una decisión de tal envergadura”.

“Proponemos que el expediente continúe su tratamiento en la Comisión para que podamos generar más instancias”, culminó, antes de adelantar el voto negativo de siete diputados de la bancada.

La trayectoria del nuevo juez

Tras asumir, el flamante juez, quien es egresado de la Universidad Católica de Santa Fe, se convertirá en el primer doctor en abogacía en formar parte del cuerpo.

El ahora ministro del STJ se inició en la función pública como miembro de la Asesoría Jurídica de la Subsecretaría de Tierras y Colonización, del Ministerio del Agro y la Producción, donde ejerció entre 2003 y 2006.

En dicha dependencia, se desempeñó hasta 2008 como jefe del Departamento de Tierras Privadas, tras lo cual pasó al Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo.

En la cartera ambiental pasó por varios cargos, hasta que, en 2018, se convirtió en ministro de Ecología, puesto que mantuvo hasta diciembre de 2019.

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Arenera rechazó intimación de la EBY y advirtió sobre acciones penales

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La Arenera JM rechazó la intimación que le formulara la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a regularizar -en un plazo de 72 horas- los requerimientos que la Municipalidad de Candelaria hizo a la empresa y que llevaron a su clausura preventiva hace más de 20 días, un procedimiento que la compañía minera tachó de “arbitrario e irregular”.

En una nota de descargo, fechada el 2 de diciembre, la empresa no solo rechazó la intimación que le llegó de la EBY por intermedio del jefe del Departamento de Obras Complementarias (DOC), René Martinangeli, sino que previno al funcionario sobre las consecuencias legales de persistir en requerimientos que avalen lo actuado por la Municipalidad, cuyo accionar está a las puertas del foro judicial penal.

Inexistentes

“Me dirijo a Ud., en mi calidad de representante legal de la firma J.M. S.A. a fin de responder la nota fechada el 26/11/2025, por la cual se me requiere ‘regularizar’ la situación conforme a las responsabilidades asumidas en la cláusula IV del Contrato de Comodato oportunamente celebrado por este parte, bajo apercibimiento de iniciar los trámites de rescisión del referido instrumento; aduciendo como fundamento el apercibimiento y clausura preventiva dispuesta por la Municipalidad de Candelaria, mediante la Resolución N° 02/25”, reza el escrito firmado por el abogado Fernando Canteli y el propietario de la empresa minera, Jorge Muniagurria.

“Sobre el particular, rechazo tempranamente vuestra intimación de regularizar la situación”, continúa y detalla las “irregularidades”, detectadas y recusadas por la empresa, del procedimiento de clausura del predio donde opera en la costa del río Paraná, cedido en comodato por la EBY en 2017, como resarcimiento del emplazamiento original afectado por la suba del embalse de la represa.

“La primera de tales circunstancias es que la clausura de mención, es ‘preventiva’ e inclusive no se halla firme, ya que se ha interpuesto ante el Sr. Intendente el Recurso Jerárquico respectivo; sin perjuicio de acotar que luego de ello se abre la vía contenciosa administrativa ante los órganos judiciales correspondientes”, explica la nota.

El escrito le informa al ingeniero Martinangeli que la Resolución 02/25 de la Municipalidad de Candelaria, invocada por el funcionario de la EBY en la intimación a la empresa, “ha sido dictada por un funcionario inexistente” y “una reglamentación inexistente”, y por lo tanto “ilegal”.

“El municipio de Candelaria carece de Carta Orgánica, por lo cual se rige por la Ley Orgánica de Municipalidades; en dicha norma legal, no se regula la creación de una ‘Secretaria de Planificación Catastro y Medio Ambiente’, limitándose a señalar la necesidad de dictar las pertinentes ordenanzas que prevean las distintas secretarías con sus respectivas atribuciones y funciones”, explica y remarca: “No existe… en la Municipalidad de Candelaria un organismo (en este caso secretaría) que tenga las facultades de apercibir, intimar y/o clausurar actividades fundadas en el supuesto incumplimiento de normas municipales”.

“Así de grave se presenta la cuestión ya que nos vemos expuestos a actuaciones de funcionarios municipales cuyas funciones no están regladas en absoluto en ningún texto legal”, advierte la nota.

Agrega que “en una consulta dirigida al Boletín Oficial de la Provincia de Misiones, surge que no solamente no está publicada la Carta Orgánica del Municipio de Candelaria, sino que tampoco se halla publicado el supuesto Decreto Reglamentario 4/12”.

El empresario y su abogado le recuerdan al alto funcionario de Yacyretá, que si una norma jurídica, cualquiera sea su naturaleza, “no está correctamente publicada, no existe en el derecho positivo argentino”, por lo que la clausura preventiva del predio de la empresa “es absolutamente infundada e ilegal”.

“No cabe duda alguna que la simple exposición de los hechos resulta más que suficiente para dejar sin efecto la intimación sobre la regularización que me fuera cursada”, dice la respuesta de la empresa a la nota de Martinangeli, donde la EBY intima a la arenera a resolver lo relativo a la clausura, so pena de rescindirle el contrato de comodato.

Prevenidos

En otro tramo del escrito, el empresario y su abogado relatan al jefe del Departamento de Obras Complementarias que la Municipalidad de Candelaria rechazó, de manera “arbitraria y sin ningún tipo de fundamento”, la información tributaria y contable de la empresa, que le habían exigido en virtud de la recusada Resolución 02/25.

“El acto administrativo, en este caso la resolución N° 02/25, que contiene este tipo de calificación, automáticamente, es nulo en el plano judicial por carecer de motivación adecuada y abrir las puertas a la absoluta arbitrariedad”, señalan.

“Antes de terminar, debo señalar que tales actuaciones municipales merecen, largamente, las pertinentes denuncias penales por abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público (art. 248 y ccts. del Código Penal Argentino), que serán presentadas en corto plazo”, anuncia el escrito de Muniagurria y Canteli.

En tal sentido, previenen a Martinangeli de avanzar con la intimación expresada en su nota a la empresa “para no hacer extensivas a terceros las denuncias pertinentes”, y le advierten “que cualquier decisión que avale el accionar delictivo descripto, hace pasible a los autores de tal confirmación de las mismas imputaciones”.

“Todo ello, sin perjuicio atento a los ingentes daños y perjuicios que me provoca el accionar referido, de iniciar oportunamente las acciones contra los funcionarios intervinientes, en procura de las indemnizaciones que me corresponden”, finaliza la nota al jefe del DOC.

Nota descargo EBY (2-12-25)

 

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Passalacqua anunció el pago del Intercosecha a más de 6400 tareferos

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El gobernador Hugo Passalacqua informó que el pasado lunes se realizaron los depósitos correspondientes al primer pago del programa Intercosecha, beneficio que alcanza a más de 6400 tareferos durante el período de inactividad del sector yerbatero. 

Informo que desde el lunes 1 de diciembre ya están depositados en las cuentas del Banco Nación el Primer Pago del Programa Intercosecha”, anunció el mandatario provincial a través de su cuenta personal de “X” sobre la suma que rondaría los $123.000.

El anuncio llegó en un contexto clave para miles de trabajadores rurales que dependen de esta asistencia, como es el caso de los tareferos que dependen de la yerba mate y que -ante la crisis económica que atraviesa el sector- se verán imposibilitados de trabajar ya que varios productores decidieron adherirse al paro de cosecha de verano (zafriña) en reclamo de un mejor precio de la hoja verde.

Actualmente el valor de referencia de la materia prima fijado por el Inym es de $423,99, aunque los secaderos y molinos pagan alrededor de $180 por kilo al productor.

El gobernador también detalló en el mismo posteo que el beneficio alcanza a más de 6.400 trabajadores de la cosecha en los meses de receso de la actividad.

De esta manera, el programa tiene como objetivo asistir a los trabajadores rurales temporarios en los períodos entre cosechas, mediante una asistencia económica que busca reducir la vulnerabilidad laboral. 

El mismo es desarrollado de manera conjunta entre el Gobierno de Misiones y el Ministerio de Trabajo y Empleo a través del Sistema de Tareferos Misioneros (Sitami).

Productores piden declarar emergencia yerbatera en Misiones

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Extienden hasta el 19 de diciembre la vigencia del Boleto Estudiantil

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El Boleto Estatal Estudiantil Misiones (BEEM), que en principio iba a funcionar hasta el 5 de diciembre, fue prorrogado hasta el viernes 19, cuando culminarían las mesas de exámenes en distintas instituciones educativas.

El anuncio lo hizo el propio gobernador, Hugo Passalacqua a través de sus redes sociales, donde apuntó: “Con el compromiso de acompañar a los  estudiantes en los exámenes del último tramo del año anuncio la prórroga del Boleto Estatal Estudiantil Misionero, que inicialmente llegaba hasta el 5 de diciembre, hasta el viernes 19, para todos los niveles y en todas las modalidades de servicio de transporte público”.

El pasado 8 de octubre el beneficio cumplió 10 años y celebró la adhesión de 400.000 usuarios en Posadas, Oberá e Iguazú.

De esta manera, fue mediante un proyecto de ley aprobado hace una década que miles de alumnos de los distintos niveles y modalidades educativas accedieron al transporte público urbano e interurbano, en condiciones más equitativas y derribando las barreras económicas que históricamente dificultaron la permanencia e incluso el egreso escolar. 

Se trata de un servicio mancomunado entre el Consejo General de Educación de Misiones y la Municipalidad de Posadas, y favorece a los alumnos de los niveles inicial, primario, secundario y universitario. 

A su vez, es solventado en su totalidad por el Gobierno provincial, con el objetivo de garantizar el acceso al transporte público a los estudiantes misioneros.

El boleto estudiantil cumplió diez años y superó los 400.000 beneficiarios

 

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