Provinciales
Juez de Puerto Iguazú rechazó presentación contra el pase sanitario
El juez Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, pero actualmente a cargo del Juzgado Civil, Comercial y Laboral por subrogancia legal, rechazó el recurso de habeas corpus presentado por dos vecinos de Puerto Esperanza que se manifestaron en contra del pasaporte sanitario impuesto en forma conjunta por los ministerios de Gobierno y Salud de Misiones, el cual rige desde el 1 de enero.
En su resolución, firmada el viernes, el juez Brites dictaminó rechazar “in limine”, es decir, sin más trámites, la presentación de los vecinos de Puerto Esperanza “por no darse ninguno de los supuestos contemplados”.
El recurso de habeas corpus fue presentado el miércoles de la semana pasada, bajo el patrocinio del abogado particular y además concejal de Montecarlo por Juntos por el Cambio (PRO), Lucas Vega.
En el documento, los accionantes se manifestaron en contra de la aplicación del pasaporte sanitario, argumentando que la medida era abusiva, arbitraria, que limita el derecho a la libertad, que viola los principios de confidencialidad y que transforma a los ciudadanos misioneros sin el permiso en virtuales “muertos civiles”.
Además, agregan que ninguna declaración de emergencia sanitaria puede pasar por alto a la Constitución Nacional, ni privar de la libertad.
La presentación fue analizada por el juez Brites, que el viernes firmó el rechazo del habeas corpus al considerar, entre otros puntos, que “el planteo formulado no logra demostrar que la normativa impugnada implique una injustificada o impertinente afectación a los derechos individuales y colectivos”.
En esa línea, el magistrado añade en su resolución que “cabe remarcar que, el Estado provincial funda su decisión en virtud de la emergencia epidemiológica y sanitaria, con el objetivo de proteger la salud pública -clara obligación indeclinable del Estado-“.
En su planteo, al cual La Voz de Misiones tuvo acceso, Brites sostiene que el pase sanitario debe ser analizado en el marco de que las medidas fueron dispuestas con el objetivo de proteger la salud pública evitando la propagación del Covid-19 y permitiendo un proceso de re-apertura de las actividades, adhiriendo además a disposiciones del Ejecutivo nacional, siguiendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y considerando los efectos de la nueva variante Ómicron.
“(…) Las medidas fueron dictadas por el Ministerio de Gobierno y de Salud con motivo de una emergencia, siendo adoptadas dentro de un prudente marco de discrecionalidad, pero en base a motivaciones objetivas, plasmadas en los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud -como autoridad sanitaria con competencia técnica específica en la materia. En ese contexto, debo guardar deferencia respecto de la decisión del Poder Administrador, pues resultaría ajeno a mi competencia, en el marco de una acción de habeas corpus, decidir sobre el acierto o desacierto, la mayor o menor conveniencia de dichas medidas”, se sostiene en el fallo.
Y continúa: “A ello, debemos sumar que el derecho a la libertad -como todo derecho- no es absoluto. Es decir, existen otros valores que el ordenamiento jurídico también protege, tal como ocurre con la cuestión vinculada a la salud pública de la población en general. En otras palabras, la libertad individual “supuestamente afectada” (tal y como lo alegan los accionantes), no pueden excluir el legítimo derecho de la sociedad de adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a una situación de pandemia que tanto daño y sufrimiento a causado a lo largo y ancho del planeta”.
En base a todo lo expuesto es que Brites concluye que “por estos argumentos, considero es que lo solicitado por los accionantes -se preserva- en lo que a su presentación respecta, de ningún modo cumplen con los supuestos establecidos en el artículo 3 contemplada en la ley 23.098, amén de ello los accionantes no han especificado tampoco limitación o amenaza actual a la libertad ambulatoria de persona determinada/s, por la que la presente acción carece de la individualización de beneficiario, por ello escapa a un supuesto de restricción ambulatoria a remediar por medio del hábeas corpus; una razón más, para el rechazo in limine de la acción, con costas al accionante”.
Otro habeas corpus con similares características fue presentado en paralelo por una vecina de Montecarlo, ante el recientemente creado juzgado universal de esa localidad.
Rechazo nacional
Sandra Pitta, investigadora y ex candidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio, presentó a comienzos de enero un recurso similar y también fue rechazado.
La presentación se trató de un recurso de habeas corpus colectivo en el cual pidió que se declare la inconstitucionalidad del pase sanitario aplicado por Decisión Administrativa 1198/2021.
La científica sostuvo que se trata de una medida que “condiciona os derechos de movilidad de las personas ya que le exigen la vacunación -cuando no es obligatoria- para ingresar a eventos masivos”.
La presentación fue analizada por el juez nacional de instrucción Alfredo Godoy, que finalmente terminó rechazando el habeas corpus y, por consiguiente, avalando la medida del Gobierno.
Según consignó Infobae, primero el juez “explicó que en tres oportunidades citó a Pitta a una audiencia para ratificar la presentación pero la investigadora no se presentó”.
“La normativa cuestionada se ha dictado con la evidente intención de evitar la propagación de una enfermedad catalogada como pandemia, en miras de salvaguardar intereses superiores, por lo que el fin perseguido por la norma, en tanto el bien jurídico que se pretende proteger la salud pública es legítimo, los medios utilizados son razonables y prudentes”, sostuvo el juez Godoy en su fallo, según el mismo portal porteño.
Desde Republicanos Unidos, agrupación liderada por Ricardo López Murphy y que actualmente pertenece Pitta, iban a apelar el fallo para que la cuestión sea analizada por la Cámara del Crimen.
En Corrientes y La Plata también se rechazaron recursos similares, en tanto que recientemente la Corte Suprema de Justicia de Nación rechazó habilitar la feria judicial para tratar planteos contra la aplicación del pasaporte sanitario.
La ciudad de Apóstoles atraviesa más de 24 horas sin servicio de transporte público de pasajeros luego de que la empresa Río Uruguay decidiera suspender las prestaciones desde las primeras horas del martes. La Municipalidad informó que la medida fue tomada de “manera unilateral” por la firma.
Ante la interrupción del servicio, el Ejecutivo municipal, encabezado por la intendenta María Eugenia Safrán, comunicó que dispuso unidades para garantizar el traslados de estudiantes a los establecimientos educativos mientras se intenta resolver el conflicto.
A través de un comunicado oficial, la Municipalidad señaló que la suspensión del transporte “fue una decisión unilateral de la empresa prestataria”, situación que afectó a numerosos vecinos que utilizan el servicio a diario.
En el mismo mensaje, la comuna aclaró que el problema responde a “cuestiones ajenas a la administración municipal”, ya que la compañía argumenta incumplimientos de carácter nacional y provincial.
Según indicaron, desde el inicio del conflicto el municipio mantiene conversaciones con la firma para lograr la pronta normalización del servicio. Mientras tanto, las autoridades aseguraron que priorizarán el “traslado de los estudiantes para garantizar su asistencia a clases”.
“Vamos a arbitrar los medios necesarios para garantizar el traslado de los estudiantes”, remarcaron desde el Ejecutivo local, al tiempo que reafirmaron su compromiso de “defender los intereses de los vecinos y velar por la continuidad de los servicios esenciales”.
Hasta el momento, el servicio de colectivos en la ciudad continúa suspendido y no se informó cuándo podría retomarse con normalidad.
Recorrido colectivo municipal
Nivel primario
7:00 Los Pinos y Av. Juan Pablo II
7:05 B° Andresito (Dos Mil)
7:08 B° Andresito (por los Pinos parada dirección plaza)
7:10 Rotonda de Av. Brasil y Humada Ramella
7:15 Av. René Favaloro y Juan Pablo II (Cruz del Gallo)
7:20 CIC 200 Viv. (esperanza y José de Urquiza)
Nivel secundario
6:00 Los Pinos y Av. Juan Pablo II
6:05 B° Andresito (Dos Mil)
6:08 B° Andresito (por los Pinos parada dirección plaza)
6:10 Rotonda de Av. Brasil y Humada Ramella
6:15 Av. René Favaloro y Juan Pablo II (Cruz del Gallo)
6:20 CIC 200 Viv. (Esperanza y José de Urquiza)
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A pocos días del cierre de las inscripciones para este ciclo lectivo en las diferentes casas de estudio que integran la Universidad Nacional de Misiones (Unam) en toda la provincia, la rectora Alicia Bohren confirmó que este año fueron preinscritos más de 11.700 estudiantes, cifra que superaría a las matrículas anteriores.
“A pesar de la situación económica, estamos muy felices por la vocación de nuestro equipo docente, no docente y autoridades. Hoy tenemos 11.700 preinscritos, creo que es récord en la historia de la universidad y por esto estamos muy orgullosos de que los jóvenes y sus familias elijan a la Universidad Nacional de Misiones como la casa para cumplir sus sueños”, enfatizó Bohren entrevistada por FM Universidad.
Respecto a la situación presupuestaria, que se vio afectada ante los recortes nacionales, agravados por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso de la nación y vetada por el presidente Javier Milei para elaborar una nueva legislación, Bohren advirtió sobre los posibles impactos y el rechazo a la nueva ley impulsada por el gobierno.
“Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), de manera unánime, rechazamos la nueva ley de financiamiento universitario que intenta modificar una ley que ha sido aprobada y tiene que estar vigente“, expresó.
“La nueva iniciativa limita y desconoce la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, los gastos de mantenimiento de la universidad y las becas”, enumeró y mencionó el incremento en el precio de combustibles, lo que impactará de lleno en los costos de traslados e insumos varios.
Al mismo tiempo, negó acuerdos entre rectores del CIN y las autoridades nacionales: “Desde el CIN presentamos un recurso de amparo a la Justicia para que se cumpla la aplicación de los aumentos correspondientes en la ley de financiamiento aprobada y que se abran inmediatamente las paritarias”.
La nueva ley que propone el gobierno nacional plantea un 12,3% de aumento en tres cuotas, por debajo del 52% establecido por la ley vigente.
Actualmente, la Unam cuenta con más de 60 carreras de grado y pregrado y registra gran demanda en el cursado de carreras a distancia, modalidad que se implementó en los últimos años.
Humanidades registra 2100 preinscriptos y Educación Especial es la más elegida
El reciente evento de camionetas y tractores en el “trompódromo” de Capín Largo, en El Soberbio, casi termina en tragedia cuando uno de los vehículos se salió de la pista en medio de una exhibición y embistió a un grupo de personas que observaba el espectáculo desde la zona de tribunas.
El hecho ocurrió el sábado a la tarde, en una de las dos jornadas del encuentro organizado por el grupo Tropa dos Brutos, que reunió una importante cantidad de participantes y espectadores que además compartieron juegos, música en vivo y baile.
El encuentro tuvo lugar en el trompódromo de barro acondicionado a un costado de la ruta costera 2, en la zona conocida como Capín Largo, donde los participantes ingresan con sus camionetas para dar una exhibición de derrape y otras maniobras de destreza al volante.
En medio del espectáculo, una camioneta Ford Ranger se salió de la pista durante una serie de trompos y se subió al sector del público, embistiendo a un grupo de personas presentes.
El hecho quedó registrado en filmaciones del evento y también se conocieron imágenes posteriores al hecho, donde los propios asistentes buscaban si debajo del rodado quedaron víctimas atrapadas, aunque hasta el momento no se reportaron heridos, ni se conocieron partes policiales al respecto.
Los eventos de este tipo comenzaron a ganar terreno en Misiones en el último tiempo. Ya hubo encuentros similares en Jardín América y San Vicente, mientras que este fin de semana fue el turno de El Soberbio.
En esta ocasión, además de trompódromo para camionetas también hubo una pista exclusiva para tractores y también una “pista de cabo de guerra”, competencia que cosiste en una camioneta estirando a otra.
Las entradas tenían un costo de entre $15.000 y $20.000 por persona, más $10.000 por conservadora, mientras que como premio había $1.000.000 para sortear entre los participantes inscriptos y otro millón para sortear entre el público.
El evento contó con el apoyo y la promoción del intendente de El Soberbio, Ricardo Leiva, y del ex jefe comunal, actual diputado provincial, Roque Soboczinski.
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