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Juez de Puerto Iguazú rechazó presentación contra el pase sanitario

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El juez Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, pero actualmente a cargo del Juzgado Civil, Comercial y Laboral por subrogancia legal, rechazó el recurso de habeas corpus presentado por dos vecinos de Puerto Esperanza que se manifestaron en contra del pasaporte sanitario impuesto en forma conjunta por los ministerios de Gobierno y Salud de Misiones, el cual rige desde el 1 de enero.

En su resolución, firmada el viernes, el juez Brites dictaminó rechazar “in limine”, es decir, sin más trámites, la presentación de los vecinos de Puerto Esperanza “por no darse ninguno de los supuestos contemplados”.

El recurso de habeas corpus fue presentado el miércoles de la semana pasada, bajo el patrocinio del abogado particular y además concejal de Montecarlo por Juntos por el Cambio (PRO), Lucas Vega.

En el documento, los accionantes se manifestaron en contra de la aplicación del pasaporte sanitario, argumentando que la medida era abusiva, arbitraria, que limita el derecho a la libertad, que viola los principios de confidencialidad y que transforma a los ciudadanos misioneros sin el permiso en virtuales “muertos civiles”.

Además, agregan que ninguna declaración de emergencia sanitaria puede pasar por alto a la Constitución Nacional, ni privar de la libertad.

La presentación fue analizada por el juez Brites, que el viernes firmó el rechazo del habeas corpus al considerar, entre otros puntos, que “el planteo formulado no logra demostrar que la normativa impugnada implique una injustificada o impertinente afectación a los derechos individuales y colectivos”.

En esa línea, el magistrado añade en su resolución que “cabe remarcar que, el Estado provincial funda su decisión en virtud de la emergencia epidemiológica y sanitaria, con el objetivo de proteger la salud pública -clara obligación indeclinable del Estado-“.

En su planteo, al cual La Voz de Misiones tuvo acceso, Brites sostiene que el pase sanitario debe ser analizado en el marco de que las medidas fueron dispuestas con el objetivo de proteger la salud pública evitando la propagación del Covid-19 y permitiendo un proceso de re-apertura de las actividades, adhiriendo además a disposiciones del Ejecutivo nacional, siguiendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y considerando los efectos de la nueva variante Ómicron.

“(…) Las medidas fueron dictadas por el Ministerio de Gobierno y de Salud con motivo de una emergencia, siendo adoptadas dentro de un prudente marco de discrecionalidad, pero en base a motivaciones objetivas, plasmadas en los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud -como autoridad sanitaria con competencia técnica específica en la materia. En ese contexto, debo guardar deferencia respecto de la decisión del Poder Administrador, pues resultaría ajeno a mi competencia, en el marco de una acción de habeas corpus, decidir sobre el acierto o desacierto, la mayor o menor conveniencia de dichas medidas”, se sostiene en el fallo.

Y continúa: “A ello, debemos sumar que el derecho a la libertad -como todo derecho- no es absoluto. Es decir, existen otros valores que el ordenamiento jurídico también protege, tal como ocurre con la cuestión vinculada a la salud pública de la población en general. En otras palabras, la libertad individual “supuestamente afectada” (tal y como lo alegan los accionantes), no pueden excluir el legítimo derecho de la sociedad de adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a una situación de pandemia que tanto daño y sufrimiento a causado a lo largo y ancho del planeta”.

En base a todo lo expuesto es que Brites concluye que “por estos argumentos, considero es que lo solicitado por los accionantes -se preserva- en lo que a su presentación respecta, de ningún modo cumplen con los supuestos establecidos en el artículo 3 contemplada en la ley 23.098, amén de ello los accionantes no han especificado tampoco limitación o amenaza actual a la libertad ambulatoria de persona determinada/s, por la que la presente acción carece de la individualización de beneficiario, por ello escapa a un supuesto de restricción ambulatoria a remediar por medio del hábeas corpus; una razón más, para el rechazo in limine de la acción, con costas al accionante”.

Otro habeas corpus con similares características fue presentado en paralelo por una vecina de Montecarlo, ante el recientemente creado juzgado universal de esa localidad.

Rechazo nacional

Sandra Pitta, investigadora y ex candidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio, presentó a comienzos de enero un recurso similar y también fue rechazado.

La presentación se trató de un recurso de habeas corpus colectivo en el cual pidió que se declare la inconstitucionalidad del pase sanitario aplicado por Decisión Administrativa 1198/2021.

La científica sostuvo que se trata de una medida que “condiciona os derechos de movilidad de las personas ya que le exigen la vacunación -cuando no es obligatoria- para ingresar a eventos masivos”.

La presentación fue analizada por el juez nacional de instrucción Alfredo Godoy, que finalmente terminó rechazando el habeas corpus y, por consiguiente, avalando la medida del Gobierno.

Según consignó Infobae, primero el juez “explicó que en tres oportunidades citó a Pitta a una audiencia para ratificar la presentación pero la investigadora no se presentó”.

“La normativa cuestionada se ha dictado con la evidente intención de evitar la propagación de una enfermedad catalogada como pandemia, en miras de salvaguardar intereses superiores, por lo que el fin perseguido por la norma, en tanto el bien jurídico que se pretende proteger la salud pública es legítimo, los medios utilizados son razonables y prudentes”, sostuvo el juez Godoy en su fallo, según el mismo portal porteño.

Desde Republicanos Unidos, agrupación liderada por Ricardo López Murphy y que actualmente pertenece Pitta, iban a apelar el fallo para que la cuestión sea analizada por la Cámara del Crimen.

En Corrientes y La Plata también se rechazaron recursos similares, en tanto que recientemente la Corte Suprema de Justicia de Nación rechazó habilitar la feria judicial para tratar planteos contra la aplicación del pasaporte sanitario.

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Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500

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Productores yerbateros de distintos puntos de la zona centro se reunieron en asamblea, a la altura del kilómetro 43 de la ruta 14 en Campo Grande, a fin de establecer un precio de referencia para la venta de hoja verde a secaderos e industrias.

El encuentro comenzó en horas de la mañana de este sábado con la presencia de un centenar de productores provenientes de esa localidad, como también de Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y El Soberbio.

En ese marco, el debate estuvo marcado por diversas cuestiones que hacen a la crisis del sector yerbatero, por lo que definieron ejes de acción como ser la venta de la hoja verde por un monto de $500 o superior.

“El cálculo contempla costos que rondan los $391 pesos por kilo de hoja verde y si se agrega un 30% de rentabilidad para el productor este número cerraría en no menos $500”, explicaron.

En este sentido, también recordaron el aumento de precios programados por el empresario yerbatero sirio, Omar Kassab, quien ofreció $350 por el kilo de hoja verde, lo cual consideraron insuficiente. “No obstante aplaudimos la predisposición de que un industrial plantee un precio de $350, aun así estamos trabajando por debajo de los costos de producción“, afirmaron.

Al mismo tiempo, señalaron: “Sumado a la merma en el rinde de la zona sur y Corrientes ante la sequía del verano, habrá una merma en la cosecha de este año, por lo tanto la definición del grupo de productores fue de no vender la hoja verde de yerba a valores inferiores a $500 puesto en secadero“.

Durante el encuentro que finalmente concluyó a las 16:30, vaticinaron que este año el mercado necesitará yerba ante el aumento de la demanda por consumo interno y el incremento de exportaciones.

Si bien aguardan que los productores cumplan con la medida de no entregar la hoja verde por menos de $500, continuarán exigiendo al gobierno provincial y a la Cámara de Representantes que se declare la emergencia yerbatera.

Asamblea de productores yerbateros en Campo Grande

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Misiones extendió hasta el 30 de junio los programas Ahora

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Previo al vencimiento de los programas Ahora, el próximo 31 de marzo, el gobernador Hugo Passalacqua anunció la continuidad del beneficio en todas sus variantes desde el 1 de abril hasta el 30 de junio del corriente año.

El anuncio lo hizo a través de su cuenta personal de X, donde señaló: “Los argentinos sabemos que la cosa no está fácil y que cada peso cuenta. Por eso decidí prorrogar los programas Ahora hasta el 30 de junio, con mejores reintegros, plazos y límites de compra“.

Y concluyó: “En síntesis, tratamos de poner los recursos de los misioneros que administra la provincia donde más puedan serte útiles a vos”.

La medida será ejecutada en acuerdo con las entidades bancarias y el sector privado participante de los programas que son clasificados en: Ahora Misiones, Ahora Bienes Durables, Ahora Mujer, Ahora Viajá por Misiones, Ahora Estudiantes, Ahora Construcción, Ahora Carne, Ahora Gastronomía, Ahora Feria, Ahora Mascotas, Ahora Pan, Ahora Gas, Ahora Neumáticos, Ahora Góndola Bernardo de Irigoyen y Ahora Remedios.

La herramienta de alivio fue renovada en un contexto de crisis económica, a fin de continuar motorizando el comercio local facilitando las compras en cuotas y con reintegros.

Al mismo tiempo, desde la cartera de Hacienda señalaron que en el año 2025, fueron inyectados casi $100.000 millones al mercado local, lo que ratifica la decisión de continuar con estas políticas de incentivo al consumo y sostenibilidad de los puestos de trabajo en el sector comercial misionero.

Los programas Ahora en cifras

De acuerdo a un informe publicado por el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, a finales de febrero, los programas Ahora durante los años 2024 y 2025 alcanzaron un récord de ventas por $160.945 millones en los comercios ubicados a lo largo y ancho de la provincia.

En ese sentido, detalla que los últimos datos revelan un “crecimiento exponencial en el consumo interno impulsado por estas herramientas de fomento económico durante los años 2024 y 2025. El impacto económico total en el bienio analizado alcanzó la cifra histórica de $160.945 millones, con un total de ventas en 2024 de $62.287.046.550 y $98.658.577.995 durante 2025″.

Con ese resultado, señala que el crecimiento interanual representó un incremento nominal del 58,4% sobre las ventas totales.

En cuanto a los ingresos por rubro, se destaca el programa Ahora Misiones, que con un total de $44.090 millones en el año 2025 sigue siendo el pilar del consumo, representando el 50% de las ventas totales del sistema; y también los programas Ahora Bienes Durables, que impulsó la compra de electrodomésticos y artículos para el hogar y acumula un volumen de $18.207 millones.

A su vez, los programas especiales (eventos), sumaron un aporte de $4.071 millones; y el programa Ahora Patente, facilitó el cumplimiento de obligaciones fiscales por $6.327 millones.

Los cuatro programas que nuclean el 80% de las ventas son Ahora Misiones, Ahora Bienes Durables, Ahora Construcción y Ahora Neumáticos.

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Ópticas suspenden atención a Pami y solicitan regularizar saldos pendientes

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La Cámara de Ópticas de la Provincia de Misiones instó al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami) a pagar los saldos pendientes de manera urgente para restablecer el servicio en las ópticas ubicadas a lo largo y ancho de la provincia. 

A través de un comunicado, el Colegio de Ópticas de Misiones explicó que dicha suspensión responde a “los incumplimientos en los plazos de pagos por parte de la obra social Pami”.

Por este motivo, las ópticas de la provincia se vieron obligadas a suspender la atención de las prestaciones a sus afiliados hasta que se cumplan los pagos reclamados.

“Nos vemos forzados a dicha suspensión por la razón de que los prestadores no se encuentran en circunstancias económicas de afrontar la financiación de los insumos entregados a los afiliados de Pami por tanto tiempo”, señalaron en un breve documento.

Se trata de un corte total del servicio a fin de evitar el endeudamiento de los afiliados a la entidad, por lo que concluyeron: “Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta medida genera en nuestros adultos mayores, pero la continuidad de la atención resulta materialmente imposible. Instamos a las autoridades de PAMI a regularizar los saldos pendientes de manera urgente para restablecer el servicio a la brevedad posible”.

Consultado por La Voz de Misiones, una fuente de Pami, señaló que “la suspensión inició hace dos semanas” y también “afecta la distribución de insumos de prótesis”.

Al mismo tiempo, se supo que esta mañana la comisión directiva de la Cámara de Ópticas tuvo una reunión con Pami Misiones y se trataría de “un problema que se replica a nivel nacional”.

Comunicado de Prensa Camara de Opticas

 

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