Provinciales
Juez de Puerto Iguazú rechazó presentación contra el pase sanitario

El juez Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, pero actualmente a cargo del Juzgado Civil, Comercial y Laboral por subrogancia legal, rechazó el recurso de habeas corpus presentado por dos vecinos de Puerto Esperanza que se manifestaron en contra del pasaporte sanitario impuesto en forma conjunta por los ministerios de Gobierno y Salud de Misiones, el cual rige desde el 1 de enero.
En su resolución, firmada el viernes, el juez Brites dictaminó rechazar “in limine”, es decir, sin más trámites, la presentación de los vecinos de Puerto Esperanza “por no darse ninguno de los supuestos contemplados”.
El recurso de habeas corpus fue presentado el miércoles de la semana pasada, bajo el patrocinio del abogado particular y además concejal de Montecarlo por Juntos por el Cambio (PRO), Lucas Vega.
En el documento, los accionantes se manifestaron en contra de la aplicación del pasaporte sanitario, argumentando que la medida era abusiva, arbitraria, que limita el derecho a la libertad, que viola los principios de confidencialidad y que transforma a los ciudadanos misioneros sin el permiso en virtuales “muertos civiles”.
Además, agregan que ninguna declaración de emergencia sanitaria puede pasar por alto a la Constitución Nacional, ni privar de la libertad.
La presentación fue analizada por el juez Brites, que el viernes firmó el rechazo del habeas corpus al considerar, entre otros puntos, que “el planteo formulado no logra demostrar que la normativa impugnada implique una injustificada o impertinente afectación a los derechos individuales y colectivos”.
En esa línea, el magistrado añade en su resolución que “cabe remarcar que, el Estado provincial funda su decisión en virtud de la emergencia epidemiológica y sanitaria, con el objetivo de proteger la salud pública -clara obligación indeclinable del Estado-“.
En su planteo, al cual La Voz de Misiones tuvo acceso, Brites sostiene que el pase sanitario debe ser analizado en el marco de que las medidas fueron dispuestas con el objetivo de proteger la salud pública evitando la propagación del Covid-19 y permitiendo un proceso de re-apertura de las actividades, adhiriendo además a disposiciones del Ejecutivo nacional, siguiendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y considerando los efectos de la nueva variante Ómicron.
“(…) Las medidas fueron dictadas por el Ministerio de Gobierno y de Salud con motivo de una emergencia, siendo adoptadas dentro de un prudente marco de discrecionalidad, pero en base a motivaciones objetivas, plasmadas en los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud -como autoridad sanitaria con competencia técnica específica en la materia. En ese contexto, debo guardar deferencia respecto de la decisión del Poder Administrador, pues resultaría ajeno a mi competencia, en el marco de una acción de habeas corpus, decidir sobre el acierto o desacierto, la mayor o menor conveniencia de dichas medidas”, se sostiene en el fallo.
Y continúa: “A ello, debemos sumar que el derecho a la libertad -como todo derecho- no es absoluto. Es decir, existen otros valores que el ordenamiento jurídico también protege, tal como ocurre con la cuestión vinculada a la salud pública de la población en general. En otras palabras, la libertad individual “supuestamente afectada” (tal y como lo alegan los accionantes), no pueden excluir el legítimo derecho de la sociedad de adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a una situación de pandemia que tanto daño y sufrimiento a causado a lo largo y ancho del planeta”.
En base a todo lo expuesto es que Brites concluye que “por estos argumentos, considero es que lo solicitado por los accionantes -se preserva- en lo que a su presentación respecta, de ningún modo cumplen con los supuestos establecidos en el artículo 3 contemplada en la ley 23.098, amén de ello los accionantes no han especificado tampoco limitación o amenaza actual a la libertad ambulatoria de persona determinada/s, por la que la presente acción carece de la individualización de beneficiario, por ello escapa a un supuesto de restricción ambulatoria a remediar por medio del hábeas corpus; una razón más, para el rechazo in limine de la acción, con costas al accionante”.
Otro habeas corpus con similares características fue presentado en paralelo por una vecina de Montecarlo, ante el recientemente creado juzgado universal de esa localidad.
Rechazo nacional
Sandra Pitta, investigadora y ex candidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio, presentó a comienzos de enero un recurso similar y también fue rechazado.
La presentación se trató de un recurso de habeas corpus colectivo en el cual pidió que se declare la inconstitucionalidad del pase sanitario aplicado por Decisión Administrativa 1198/2021.
La científica sostuvo que se trata de una medida que “condiciona os derechos de movilidad de las personas ya que le exigen la vacunación -cuando no es obligatoria- para ingresar a eventos masivos”.
La presentación fue analizada por el juez nacional de instrucción Alfredo Godoy, que finalmente terminó rechazando el habeas corpus y, por consiguiente, avalando la medida del Gobierno.
Según consignó Infobae, primero el juez “explicó que en tres oportunidades citó a Pitta a una audiencia para ratificar la presentación pero la investigadora no se presentó”.
“La normativa cuestionada se ha dictado con la evidente intención de evitar la propagación de una enfermedad catalogada como pandemia, en miras de salvaguardar intereses superiores, por lo que el fin perseguido por la norma, en tanto el bien jurídico que se pretende proteger la salud pública es legítimo, los medios utilizados son razonables y prudentes”, sostuvo el juez Godoy en su fallo, según el mismo portal porteño.
Desde Republicanos Unidos, agrupación liderada por Ricardo López Murphy y que actualmente pertenece Pitta, iban a apelar el fallo para que la cuestión sea analizada por la Cámara del Crimen.
En Corrientes y La Plata también se rechazaron recursos similares, en tanto que recientemente la Corte Suprema de Justicia de Nación rechazó habilitar la feria judicial para tratar planteos contra la aplicación del pasaporte sanitario.
Provinciales
Docentes cortan ruta 12 en reclamo de mejoras salariales en Montecarlo

Un grupo de al menos 50 docentes pertenecientes al Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) cortan la ruta nacional 12 en Montecarlo en reclamo de mejoras salariales.
La medida de fuerza comenzó a las 9.05 y se extenderá por tiempo indeterminado, según manifestaron los organizadores de la medida de fuerza.
En el lugar trabaja el personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), con apoyo de la Policía de Misiones, quienes coordinan desvíos de tránsito por calles alternativas, entre ellas la calle Frida Krausemann en el barrio Palomar y otra por Línea Chica.
La fuerza provincial recomienza a los automovilistas a circular con precaución y utilizar los desvíos mientras dure la protesta docente.
Provinciales
Mbyas piden la regularización de tierras y servicios con acampe en la plaza 9 de Julio

Pese a las condiciones climáticas adversas que arrojaron descargas eléctricas y lluvias intermitentes desde tempranas horas de la mañana de hoy, referentes de distintas comunidades mbya radicadas a lo largo y ancho de la provincia se concentraron en la plaza 9 de Julio de Posadas, junto a una carpa blanca, donde permanecerán “por tiempo indeterminado” en reclamo de tierras, electricidad, agua, entre otros derechos básicos.
Si bien la convocatoria apunta a reunir caciques de al menos 57 comunidades, en diálogo con La Voz de Misiones el mburuvichá de la comunidad Tuna’i de Puerto Leoni, Ricardo Benítez, detalló que debido a las lluvias “varios caciques decidieron postergar su viaje para mañana” y anticipó que permanecerán en el acampe: “Nos vamos a quedar acá, aguardando la llegada de más hermanos mbya, hasta que el gobierno se comprometa y se siente a negociar con nosotros”.
En cuanto a los reclamos, puntualizó: “Las situaciones son muy diferentes. Hay muchas comunidades que tienen problemas con sus territorios; no tienen título, presentan dificultades con los supuestos dueños y frente a esto no tenemos presencia del Estado para regularizar, acompañar y buscar la forma de solucionar a favor de la comunidad”.
En ese sentido, insistió: “Vamos a pedir una audiencia urgente con el gobernador Hugo Passalacqua y el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez. Hasta que no escuchen nuestros reclamos estaremos acá, no importa que sean meses o un año, nosotros vinimos preparados para eso, queremos que asuman sus responsabilidades con las comunidades mbya guaraníes”.
Por otra parte, exigen la mejora de caminos, viviendas, como también el acceso a energía y agua en condiciones salubres.
Sin embargo, a la falta de regularización de las tierras en las que habitan, se suman otros inconvenientes, en algunos casos la imposibilidad de bajar líneas eléctricas, como también la instalación de pozos perforados para lograr un acceso al agua limpia, directo en sus viviendas, entre otros bienes y servicios que requieren la titularización del espacio.
Mientras tanto, de las 130 comunidades mbya presentes en la provincia, al menos 57 se movilizarán a la plaza 9 de Julio y mañana martes esperan contar con la presencia de al menos 500 referentes, quienes coinciden en que “las gestiones estatales vienen siendo postergadas” y “los reclamos siguen siendo los mismos”, por lo que esta vez realizarán un acampe por tiempo indeterminado.
La última vez que referentes de varias comunidades arribaron a la plaza central de la capital provincial fue a finales de octubre del año pasado, cuando integrantes de la tekoa Mbokajaty reclamaron la titularización de la tierra que habitan con un “mandiocazo”, en alusión a la venta de productos cultivados y elaborados artesanalmente por ellos.
Mbokajaty pidió la titulación de su tierra con un mandiocazo en la 9 de Julio
Provinciales
Eldorado: brindan contención y empleo a personas en recuperación de adicciones

La Fundación Centro de Atención y Prevención de Adicciones (Capa) realiza la tarea de acompañar y recuperar a personas de todas las edades que atraviesan consumos problemáticos y diversas adicciones en la Capital del Trabajo.
Todo comenzó con un pequeño taller de carpintería, que se transformó en el corazón del proyecto y en una herramienta económica para sostener la estructura de la fundación.
Actualmente, esa carpintería está totalmente equipada y brinda trabajo a 14 personas. Pero la iniciativa continuó y cuentan también con una panadería equipada, y cuya tarea la realizan 9 personas; un lavadero de autos con otros tantos trabajadores, y una huerta comunitaria, que además de producir alimentos, funciona como espacio de aprendizaje y contención.
En ese lugar estuvo el dirigente Martín Sereno (Tierra, Techo y Trabajo), que con su espacio social y político, viene articulando desde hace varios años con la institución.

Rubén Darío Gayoso junto a Martín Sereno
“El trabajo tan noble como imprescindible que llevan adelante Rubén Darío Gayoso, su esposa y todo el equipo es incansable y de tiempo completo, enfocando el tratamiento de las adicciones con una búsqueda en la reinserción social de los jóvenes de la zona Norte. Realizan charlas preventivas en escuelas y barrios, talleres de oficios y la contención cotidiana abre caminos de esperanza y nuevas oportunidades. La enseñanza, el trabajo y el diálogo se convierten en herramientas fundamentales para que cada persona pueda reinsertarse en la sociedad con otra mirada sobre la vida”, sostuvo Sereno.
Y agregó que seguirán acompañando este esfuerzo comunitario con materiales, semillas, insumos y herramientas, “aportando todo lo posible para fortalecer este voluntariado, y esta militancia social que dignifica y transforma vidas”.
Rehabilitación y oportunidades de reinserción laboral
El lugar donde se desarrollan gran parte de estas actividades es un edificio histórico: una de las viviendas más antiguas de Eldorado y alquilada por la Fundación, donde conviven 35 personas en tratamiento con internación permanente.
También ahí están ubicadas las habitaciones de los jóvenes, y funciona el espacio de reciclaje, talleres de panadería, carpintería, lavadero de autos, huertas comunitarias y oficios.
Por ejemplo, el responsable de la casa y la huerta es un joven que atravesó por el proceso de recuperación en la institución y hoy, en el ejercicio de su voluntariado, acompaña a otros.
El servicio que brinda la Fundación Capa se enfoca en Eldorado, Puerto Iguazú, San Vicente, Montecarlo, y Esperanza, entre otras localidades. “Esta cercanía facilita el contacto de los internos con sus familias, algo clave para su rehabilitación”, destacó Gayoso, quien sufrió un largo proceso de adicciones mientras vivió en Buenos Aires, y logró salir adelante.
Cuando llegó a Misiones, junto con su esposa recorrió los barrios, y con la ayuda de la iglesia cristiana organizó la patriada de trabajar en la recuperación de jóvenes y adultos, que en estos tiempos de tantas carencias cobra cada vez más sentido.

Panadería en las instalaciones de Capa
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