Provinciales
Juez de Puerto Iguazú rechazó presentación contra el pase sanitario
El juez Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, pero actualmente a cargo del Juzgado Civil, Comercial y Laboral por subrogancia legal, rechazó el recurso de habeas corpus presentado por dos vecinos de Puerto Esperanza que se manifestaron en contra del pasaporte sanitario impuesto en forma conjunta por los ministerios de Gobierno y Salud de Misiones, el cual rige desde el 1 de enero.
En su resolución, firmada el viernes, el juez Brites dictaminó rechazar “in limine”, es decir, sin más trámites, la presentación de los vecinos de Puerto Esperanza “por no darse ninguno de los supuestos contemplados”.
El recurso de habeas corpus fue presentado el miércoles de la semana pasada, bajo el patrocinio del abogado particular y además concejal de Montecarlo por Juntos por el Cambio (PRO), Lucas Vega.
En el documento, los accionantes se manifestaron en contra de la aplicación del pasaporte sanitario, argumentando que la medida era abusiva, arbitraria, que limita el derecho a la libertad, que viola los principios de confidencialidad y que transforma a los ciudadanos misioneros sin el permiso en virtuales “muertos civiles”.
Además, agregan que ninguna declaración de emergencia sanitaria puede pasar por alto a la Constitución Nacional, ni privar de la libertad.
La presentación fue analizada por el juez Brites, que el viernes firmó el rechazo del habeas corpus al considerar, entre otros puntos, que “el planteo formulado no logra demostrar que la normativa impugnada implique una injustificada o impertinente afectación a los derechos individuales y colectivos”.
En esa línea, el magistrado añade en su resolución que “cabe remarcar que, el Estado provincial funda su decisión en virtud de la emergencia epidemiológica y sanitaria, con el objetivo de proteger la salud pública -clara obligación indeclinable del Estado-“.
En su planteo, al cual La Voz de Misiones tuvo acceso, Brites sostiene que el pase sanitario debe ser analizado en el marco de que las medidas fueron dispuestas con el objetivo de proteger la salud pública evitando la propagación del Covid-19 y permitiendo un proceso de re-apertura de las actividades, adhiriendo además a disposiciones del Ejecutivo nacional, siguiendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y considerando los efectos de la nueva variante Ómicron.
“(…) Las medidas fueron dictadas por el Ministerio de Gobierno y de Salud con motivo de una emergencia, siendo adoptadas dentro de un prudente marco de discrecionalidad, pero en base a motivaciones objetivas, plasmadas en los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud -como autoridad sanitaria con competencia técnica específica en la materia. En ese contexto, debo guardar deferencia respecto de la decisión del Poder Administrador, pues resultaría ajeno a mi competencia, en el marco de una acción de habeas corpus, decidir sobre el acierto o desacierto, la mayor o menor conveniencia de dichas medidas”, se sostiene en el fallo.
Y continúa: “A ello, debemos sumar que el derecho a la libertad -como todo derecho- no es absoluto. Es decir, existen otros valores que el ordenamiento jurídico también protege, tal como ocurre con la cuestión vinculada a la salud pública de la población en general. En otras palabras, la libertad individual “supuestamente afectada” (tal y como lo alegan los accionantes), no pueden excluir el legítimo derecho de la sociedad de adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a una situación de pandemia que tanto daño y sufrimiento a causado a lo largo y ancho del planeta”.
En base a todo lo expuesto es que Brites concluye que “por estos argumentos, considero es que lo solicitado por los accionantes -se preserva- en lo que a su presentación respecta, de ningún modo cumplen con los supuestos establecidos en el artículo 3 contemplada en la ley 23.098, amén de ello los accionantes no han especificado tampoco limitación o amenaza actual a la libertad ambulatoria de persona determinada/s, por la que la presente acción carece de la individualización de beneficiario, por ello escapa a un supuesto de restricción ambulatoria a remediar por medio del hábeas corpus; una razón más, para el rechazo in limine de la acción, con costas al accionante”.
Otro habeas corpus con similares características fue presentado en paralelo por una vecina de Montecarlo, ante el recientemente creado juzgado universal de esa localidad.
Rechazo nacional
Sandra Pitta, investigadora y ex candidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio, presentó a comienzos de enero un recurso similar y también fue rechazado.
La presentación se trató de un recurso de habeas corpus colectivo en el cual pidió que se declare la inconstitucionalidad del pase sanitario aplicado por Decisión Administrativa 1198/2021.
La científica sostuvo que se trata de una medida que “condiciona os derechos de movilidad de las personas ya que le exigen la vacunación -cuando no es obligatoria- para ingresar a eventos masivos”.
La presentación fue analizada por el juez nacional de instrucción Alfredo Godoy, que finalmente terminó rechazando el habeas corpus y, por consiguiente, avalando la medida del Gobierno.
Según consignó Infobae, primero el juez “explicó que en tres oportunidades citó a Pitta a una audiencia para ratificar la presentación pero la investigadora no se presentó”.
“La normativa cuestionada se ha dictado con la evidente intención de evitar la propagación de una enfermedad catalogada como pandemia, en miras de salvaguardar intereses superiores, por lo que el fin perseguido por la norma, en tanto el bien jurídico que se pretende proteger la salud pública es legítimo, los medios utilizados son razonables y prudentes”, sostuvo el juez Godoy en su fallo, según el mismo portal porteño.
Desde Republicanos Unidos, agrupación liderada por Ricardo López Murphy y que actualmente pertenece Pitta, iban a apelar el fallo para que la cuestión sea analizada por la Cámara del Crimen.
En Corrientes y La Plata también se rechazaron recursos similares, en tanto que recientemente la Corte Suprema de Justicia de Nación rechazó habilitar la feria judicial para tratar planteos contra la aplicación del pasaporte sanitario.
En la tarde de hoy, productores yerbateros de distintos puntos de la provincia se reunieron frente a la cooperativa tabacalera de San Vicente, sobre ruta 14, para evaluar medidas de fuerza ante la crisis económica que atraviesa el sector, entre las cuales acordaron declarar la emergencia yerbatera y reducir la cosecha de verano.
Luego de poco más de dos horas de discusión, los productores presentes oriundos de San Pedro, Eldorado, El Soberbio, Fracrán, 25 de Mayo, Pozo Azul, San Vicente, entre otras localidades, aprobaron la propuesta de los legisladores presentes de declarar la emergencia yerbatera en la provincia de Misiones, mediante una sesión extraordinaria.
Al mismo tiempo, decidieron, por mayoría, “cosechar la menor cantidad de kilos posible” de cara a la zafriña (cosecha de verano), en reclamo de un precio justo para la hoja verde, considerando que, si bien el precio de referencia ronda los $423,99, actualmente los secaderos y molinos pagan alrededor de $180 por kilo al productor.
A su vez, ante los numerosos atrasos e intercambios por cheque, solicitaron la inmediata “regularización de pagos y garantía de trabajo digno”, como reclamos directos al sector industrial, aunque también buscan respuestas por parte del Estado.
La asamblea fue convocada para las 15 por la Asociación Misionera de Productores de Yerba Mate (Ampym), y también fueron invitados funcionarios provinciales, de los cuales participaron; el diputado del Partido Agrario y Social, Cristian Castro, el electo Ramón Amarilla, el concejal de Posadas por la Unión Cívica Radical (UCR) Francisco Fonseca, el intendente de Colonia Aurora Carlos Goring, entre otros.
En ese contexto, reclamaron que no estuvieron presentes el intendente de San Vicente, Fabián Rodríguez, como tampoco el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, por lo que, ante la “inacción de la cartera agraria” no descartan realizar una marcha hacia la Legislatura el próximo 10 de diciembre.
La crisis del sector se desató tras la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia 170/23 impulsado por el presidente, Javier Milei, y terminó por eliminar las facultades y el regular funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
En 2024 fueron varios los proyectos que arribaron a la Legislatura misionera a fin de poner en marcha un instituto provincial de la yerba mate, aunque hasta el momento no hubo ningún tipo de avances.
La situación se agudizó en los últimos meses, ante la falta de cumplimiento del precio de referencia de la hoja verde y la yerba canchada, los cuales no cubren los costos reales de producción ni garantiza la continuidad del trabajo de miles de familias rurales.
Acta firmada por productores yerbateros en San Vicente
Adhesión de autoconvocados
Por su parte, un grupo de productores yerbateros autoconvocados de Jardín América fue más radical al anunciar el paro total de la zafriña.
A través de un breve comunicado, manifestaron: “Las asociaciones y productores firmantes se oponen al levantamiento de la cosecha de verano (zafriña), ya que los precios actuales no aseguran la sustentabilidad mínima para los productores”.
Al mismo tiempo, consideraron que la caída del valor de la hoja verde podría conllevar a la degradación de la calidad del producto, afectando aún más los precios.
“Esta medida podría introducir yerba mate barata, lo que bajaría aún más los precios de la materia prima, generando incertidumbre en el mercado yerbatero. Hacemos un llamado a la unidad de todos los productores para alcanzar los objetivos”, concluyeron.
Ampym convoca a funcionarios a asamblea yerbatera el jueves en San Vicente
Luego de que el gobierno de la provincia de Misiones decretara asueto administrativo para el lunes 1 de diciembre, en el marco del aniversario por el natalicio del prócer misionero Andrés Guacurarí, el Poder Judicial comunicó que no adherirá.
Lo hizo a través de un breve comunicado titulado: “Honrar la labor del Prócer Misionero trabajando”, y resaltó: “El Poder Judicial de Misiones no adherirá al asueto del 1 de diciembre”.
Inicialmente el asueto administrativo alcanzaba al mencionado organismo, junto al Poder Legislativo, el Tribunal de Cuentas, entes autárquicos y descentralizados, instituciones bancarias y organismos nacionales con asiento en la provincia.
Si bien el aniversario Nº 247 es el domingo 30 de noviembre, el cese de actividades se hará efectivo el día lunes 1 de diciembre.
La Asociación Misionera de Productores de Yerba Mate (Ampym) convocó a autoridades competentes en materia agropecuaria y yerbatera a la asamblea que se llevará a cabo el próximo jueves a las 15 en ruta 14, frente a la cooperativa tabacalera de San Vicente, con el objetivo de “abordar la grave situación que atraviesa el sector”.
A través de un comunicado, los miembros de Ampym, manifestaron: “Durante los últimos meses, la realidad económica que enfrentan los productores se ha tornado insostenible, producto de la falta de cumplimiento del precio justo de la hoja verde y la yerba canchada, valor que hoy no cubre los costos reales de producción ni garantiza la continuidad del trabajo de miles de familias rurales”.
A lo que añadieron: “La creciente cantidad de cheques rechazados por falta de fondos, situación que está generando endeudamiento, pérdida de liquidez y riesgo de quebranto entre los productores primarios”.
Frente a este escenario, consideraron que “no están dadas las condiciones para iniciar la cosecha de la zafriña durante el mes de diciembre, ni la cosecha gruesa, mientras no exista una respuesta concreta y garantizada respecto al precio oficial y a la normalización inmediata de los pagos adeudados”.
El precio de referencia para la producción -fijado meses atrás por el Inym- es de alrededor de $423,99 por kilo de hoja verde, sin embargo, los productores denuncian que en la práctica están recibiendo solo $180 por kilo en algunas localidades.
Por este motivo, solicitaron formalmente a los representantes legislativos y autoridades del área competente a que participen de la reunión el próximo jueves a las 15 en San Vicente, donde prevén analizar la situación económica y productiva actual del sector yerbatero, plantear medidas inmediatas que garanticen el cumplimiento del precio justo y la cobertura plena de los costos de producción, exigir la cancelación de los cheques pendientes y la restitución de la cadena de pagos y establecer criterios conjuntos sobre el inicio o la postergación de la cosecha.
“La crítica situación amerita la presencia y el compromiso activo de quienes tienen responsabilidad institucional en el diseño y control de las políticas públicas del sector”, enfatiazron desde Ampym.
De esta manera, la reunión será de carácter institucional y tendrá como eje central plantear la crisis yerbatera que comenzó a desatarse desde la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia 170/23, tras la asunción del presidente Javier Milei, lo que afectó el regular funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), acelerando la caída del precio de la hoja verde dentro de uno de los eslabones más bajos de la cadena productiva.
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