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Impulsan ordenanza para resguardarse de operativos por soja en El Soberbio

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Productores de El Soberbio presentaron esta mañana un proyecto de ordenanza en el Honorable Concejo Deliberante local para exigir que la localidad sea declarada como “zona productiva de soja y maíz”, con el objetivo de resguardarse ante operativos de fuerzas federales que investigan el contrabando de granos hacía Brasil.

La solicitud de los colonos se da luego de un último procedimiento de Prefectura Naval Argentina (PNA) en el que se incautaron 278 toneladas de soja de un galpón en el paraje Martín Miguel de Güemes, lo cual además derivó el lunes en una masiva protesta realizada en la misma zona.

El documento ingresó este miércoles en el concejo de El Soberbio para que sea tratado por los ediles locales en la sesión ordinaria de mañana. La presentación formal fue realizada por Walter Kesterke, presidente del Movimiento de Trabajadores del Alto Uruguay (TAU).

“Con esto vamos a solucionar el problema a futuro, porque la gente va poder estoquear su mercadería, hacer su cosecha tranquila sin preocupación de ser víctima de algún allanamiento que nosotros consideramos ilegal”, argumentó Kesterke, en diálogo con La Voz de Misiones.

Y planteó que “si los concejales dicen que esta situación es real, que nosotros sí producimos, que somos parte importante de la producción, va a ser una resolución importante para la liberación de los granos”.

La productores nucleados en el TAU decidieron realizar una manifestación el lunes.

El proyecto

En el proyecto de ordenanza, los colonos sostienen que han sido víctimas de “constantes allanamientos” por parte de las “fuerzas de seguridad” en diferentes galpones de los agricultores locales y además plantean que sufren una “inhibición de circular libremente con materia agrícola” en la ciudad.

En esa línea, argumentan que son los concejales quienes deberían actuar como “mediadores” entre las fuerzas federales y los agricultores-comerciantes de granos de soja y maíz del Alto Uruguay, conflicto que se suscita hace varios años.

Además, respaldan su pedido en “la gran manifestación popular” realizada el lunes en el paraje Martín Miguel de Güemes, sobre la cual reclamaron que “ninguna autoridad local electa y en ejercicio de sus funciones se acercó para ponerse al tanto de tan preocupante y desgarradora situación que atraviesan los agricultores soberbianos”.

Ante esos considerandos, los trabajadores piden a los concejales que El Soberbio sea declarada como “zona productiva de soja, maíz y de alimentos en general, para animales de granja”, como así también se instaure la “libre circulación de materia agrícola” en la toda la ciudad.

En otro artículo, solicitan que también se “garantice el libre almacenamiento ‘stock’ de lo que se produce en las chacras de los agricultores y de todo material agrícola que se necesita para producir y que tenga procedencia legal”.

Allanamiento y causa abierta

El operativo que desató la reacción del grupo de productores nucleados en el TAU se registró el último fin de semana, cuando efectivos de la PNA irrumpieron en un galpón ubicado en la zona costera al río Uruguay e incautaron un total de 278 toneladas de soja que presuntamente estaban a la espera de ser cruzadas de contrabando a Brasil.

Según consignaron fuentes consultadas por este medio, el operativo fue solicitado por PNA tras varios meses de investigación y fue autorizado por el Juzgado Federal de Oberá, a cargo del magistrado Alejandro Gallandat Luzuriaga.

La pesquisa plantea que los granos serían almacenados en ese depósito para luego ser enviadas a Brasil transgrediendo las normativas de exportación vigentes, mientras que los productores en protesta argumentan que la mercadería incautada es producida, utilizada y comercializada en manera legal dentro del país.

En el allanamiento que desató la reacción de los productores la PNA incautó 278 toneladas de soja. 

Todo ello deberá ser esclarecido en el marco de la instrucción del expediente iniciado. Las mismas fuentes detallaron que durante el allanamiento habían dos personas en el lugar, quienes permanecen en libertad supeditada y en las próximas horas serán citados a prestar declaración indagatoria.

Respecto a lo incautado, los voceros consultados indicaron que la mercadería será subastada para evitar que se eche a perder y el dinero de allí obtenido será resguardado hasta tanto culmine la investigación.

En caso de que algún tercero involucrado pueda acreditar la titularidad de lo incautado y se determine que no hubo ninguna ilegalidad en el hecho, podrá solicitar el reintegro del dinero obtenido en la subasta.

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La Unam votó por la continuidad política en los decanatos de sus seis facultades

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La Unam abre la carrera de Marketing y las inscripciones arrancan en febrero

Este miércoles 10 de junio se concretaron las elecciones institucionales en las diferentes casas de estudio de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), donde los decanos fueron reelectos en las seis facultades ubicadas a lo largo y ancho de la provincia.

En cuanto al rectorado, fue electa la lista única integrada por Sergio Katogui como rector y Gisela Elizabeth Spaciuk, como vice rectora, dando continuidad al proyecto de gestión y garantizando una transición ordenada respecto de la administración encabezada por la, hasta entonces, rectora Alicia Violeta Bohren.

En la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales compitieron dos propuestas. La Lista 1, Compromiso Humanidades, representada por Jorge Servián y María del Rosario “Copo” Millán y la Lista 2, Frente Docente por la Educación Pública, que llevó como candidatos al actual decano Cristian Garrido y Zulma Cabrera.

El triunfo correspondió a Garrido y Cabrera, quienes fueron reelectos y ejercerán los cargos de decano y vice durante los próximos cuatro años.

Desde el espacio, agradecieron los resultados a través de sus redes sociales: “Gracias por cada voto de confianza, por cada palabra de apoyo y por creer que una universidad pública de calidad se construye entre todos”.

Y destacaron: “Este triunfo no es un punto de llegada, sino el impulso para seguir trabajando con más compromiso, más diálogo y más convicción por nuestra Facultad”.

De igual manera, en la Facultad de Arte y Diseño (FAyD) ubicada en Oberá, la lista Unarte ratificó a Ivonne Aquino como decana, acompañada por Héctor Borges como vicedecano.

Mientras que en la Facultad de Ingeniería, María Claudia Dekun continuará como decana y Hugo Orlando Reinert como vicedecano, en representación del espacio Convergencia.

La Facultad de Ciencias Forestales de Eldorado también mantendrá la línea oficialista. Mariano Martín Di Stasi fue elegido decano acompañado por Anahí Tamara Rauh como vicedecana, en representación de Convergencia Forestales, el espacio político alineado con la gestión saliente y respaldado por el actual decano Fabián Romero y la rectora Alicia Violeta Bohren.

Volviendo a las sedes de la capital provincial, en la Facultad de Ciencias Económicas, Horacio Simes obtuvo la reelección junto a Griselda Gabalachis, consolidando un nuevo mandato para la lista “Encuentro y Compromiso por Económicas”.

En tanto, en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales también prevaleció la continuidad. Martí Dardo Andrea fue reelegido como decano, en una elección que confirma el respaldo a la actual gestión de una de las unidades académicas estratégicas de la Unam.

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Reestructuración y 40 retiros voluntarios en Inta: “Es un despido encubierto”

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La profunda reestructuración que atraviesa el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), con un nuevo esquema de retiros voluntarios, tendrá un fuerte impacto en Misiones, según explican desde la Asociación del Personal del Inta (Apinta).

Es que, este miércoles 10 de junio finalizó oficialmente el esquema de retiro voluntario que estableció el gobierno nacional, a través de la resolución 144/2026, publicada en el Boletín Oficial, y a partir del martes 16, comenzarán las desvinculaciones de trabajadores que adhirieron al programa impulsado desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, cartera a cargo de Federico Sturzenegger.

La medida impacta de lleno en el acompañamiento a los productores misioneros tanto de las economías regionales o a las grandes producciones como la Foresto Industria. 

Silvina Fariza, investigadora en genética del Inta y secretaria general de Apinta, Seccional Cerro Azul, en comunicación con LVM, describió un escenario de incertidumbre y preocupación entre quienes permanecen en el organismo.

“En la Estación Experimental Agropecuaria de Cerro Azul son 24 los agentes que dejarán la institución, mientras que en la Experimental de Montecarlo la cifra ronda entre 18 y 19 trabajadores”, precisó.

La reducción alcanza a personal de apoyo, técnicos, investigadores y profesionales, condición que impacta directo en el acompañamiento de los pequeños productores. Específicamente para el personal de planta permanente con más de 3 años de antigüedad y hasta 60 años de edad. Dado ese escenario, explicó que a los trabajadores de planta permanente les resulta conveniente económicamente acogerse a la propuesta del gobierno nacional y buscar trabajo en el sector privado, pero “los mayores perjudicados en este sentido son los pequeños productores”.

Explicó que el miedo a que unidades del Inta desaparezcan es latente porque hay agencias que se quedan con un solo personal, como Eldorado o Posadas. “Es imposible que se puedan sostener así”, advirtió Fariza.

“Estamos viviendo una situación muy compleja. Se rompen grupos de trabajo, estructuras y equipos que durante muchos años construyeron capacidades, experiencia y vínculos con los productores. Son pérdidas muy difíciles de reemplazar”, sostuvo.

Aunque formalmente se trata de retiros voluntarios, Fariza consideró que las decisiones se toman en un contexto que empuja a muchos trabajadores a abandonar la institución.

“Cuando una persona toma esta decisión en medio de la incertidumbre, del temor por el futuro y de un organismo que está siendo desfinanciado, es muy difícil hablar de una decisión completamente voluntaria. Para nosotros es una forma de despido encubierto”, afirmó.

La dirigente sindical explicó que el Inta enfrenta serias dificultades presupuestarias y que actualmente apenas logra sostener gastos básicos de funcionamiento. 

“Hoy el organismo está sin financiamiento para investigación y para el trabajo territorial. Con mucho esfuerzo se llegan a cubrir servicios esenciales como luz, internet y seguridad, pero las actividades que tienen que ver con investigación y extensión están prácticamente desfinanciadas”, sostuvo.

Uno de los aspectos más preocupantes para los trabajadores es el impacto que esta situación tendrá sobre la asistencia técnica a los productores.

El trabajo de los extensionistas consiste en llegar a las chacras, acompañar a las familias productoras, ayudarlas a mejorar rendimientos, calidad y resolver problemas sanitarios o productivos. Todo eso ya se viene viendo afectado desde hace tiempo”, explicó.

Fariza advirtió además sobre la posibilidad de un desmantelamiento del sistema de extensión rural.

“Existe una amenaza cada vez más fuerte de cerrar agencias de extensión. Si eso ocurre, el impacto sobre los productores será enorme porque son justamente esas agencias las que mantienen el contacto cotidiano con las chacras”, remarcó.

Este no es el primer plan de retiros voluntarios que implementa el gobierno de Javier Milei, en 2024 se realizó con pocas adhesiones. La falta de recursos también afecta la movilidad de los equipos técnicos.

“Muchos trabajadores están utilizando sus propios recursos para poder visitar a los productores. En otros casos, los vehículos institucionales no tienen mantenimiento y directamente no pueden salir al territorio”, indicó.

La situación forma parte de un proceso nacional de reducción de personal que, según estimaciones sindicales, supera los 1000 agentes en todo el país durante esta segunda etapa del programa de retiros voluntarios.

“Este retiro alcanzó todos los niveles de la institución. Se fueron trabajadores de apoyo, técnicos, investigadores, profesionales, directores de experimentales, directores regionales y autoridades nacionales. La pérdida es transversal y afecta toda la estructura del Inta”, afirmó.

La investigadora también expresó preocupación por el rumbo que estaría tomando la política agropecuaria nacional y su impacto en las economías regionales.

Se está pensando en una agricultura extensiva orientada a las grandes regiones productivas del país. Pero esa lógica no contempla la realidad de Misiones, donde predominan los pequeños productores y las economías regionales”, indicó.

Finalmente, cuestionó el desplazamiento de temas históricamente vinculados al trabajo del organismo.

La agricultura familiar, la producción a pequeña escala y la agroecología han quedado relegadas. Son temas que dejaron de tener prioridad y eso también afecta directamente a miles de familias productoras que dependen del acompañamiento técnico del Inta”, concluyó.

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Docente pide su reincorporación con huelga de hambre y acampe frente al CGE

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La docente y ex directora de la Escuela 958 del paraje Barbacuá de San Antonio, Valeria Paraná, inició una huelga de hambre con acampe este miércoles, frente al Consejo General de Educación (CGE), en reclamo de su reincorporación laboral luego de quedar cesante tras la aplicación de una resolución que cuestiona su designación en el cargo directivo.

La docente aseguró que se quedó “sin trabajo y sin sueldo” como consecuencia de decisiones adoptadas por el CGE, por lo que responsabilizó públicamente a su titular, Daniela López, por el proceso que derivó en su apartamiento. 

Se trata de la Resolución 3177, mediante la cual el organismo declaró nula la disposición que en 2019 la había designado como directora suplente y revocó además la Resolución 7845/24, por la cual se le había otorgado estabilidad laboral en el cargo de maestra de grado.

La medida también ordenó eliminar de su legajo el puntaje acumulado por la función jerárquica desempeñada desde 2019 y declaró vacantes tanto el cargo de dirección como el de maestra de grado de la institución.

Al respecto, Paraná detalló en diálogo con FM Santa María de las Misiones que, “la designación por la cual accedí al cargo de maestra y luego al cargo directivo está mal realizada”, ya que asegura tener estabilidad laboral otorgada por el mismo CGE y se encuentra cursando una diplomatura en docencia en la Universidad Nacional de Misiones (Unam).

En ese sentido, consideró que la decisión administrativa forma parte de una persecución: “La intención del CGE, desde sus inicios, era sacarme de la institución. Primero intentaron hacerlo con una denuncia falsa y ahora encontraron otro mecanismo”.

Respaldo

Durante años, Paraná desempeñó sus funciones al frente de la institución, por lo que padres y vecinos, respaldaron su gestión durante las actuaciones realizadas por representantes legales del organismo educativo en la escuela.

En consonancia con la huelga de hambre con acampe, emplazado desde tempranas horas de este miércoles frente al organismo educativo provincial en Posadas, en la Escuela Nº 958, los padres y miembros de la comunidad educativa tomaron el establecimiento en señal de protesta.

Con estas medidas de fuerza, solicitan a las autoridades que revisen la situación y encuentren una solución al conflicto que afecta a la institución y a la docente. En tanto, los alumnos llevan más de un mes sin clases en medio de la disputa administrativa y judicial.

“Queremos una solución urgente para que los niños vuelvan a las aulas y para que se respeten los derechos de quienes forman parte de nuestra comunidad educativa”, expresaron integrantes del grupo que acompaña el reclamo en la sede educativa.

Por su parte, Paraná permanecerá acampando frente a la sede del CGE “hasta las últimas consecuencias”, a la espera de respuestas y soluciones.

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