Provinciales
Impulsan ordenanza para resguardarse de operativos por soja en El Soberbio
Productores de El Soberbio presentaron esta mañana un proyecto de ordenanza en el Honorable Concejo Deliberante local para exigir que la localidad sea declarada como “zona productiva de soja y maíz”, con el objetivo de resguardarse ante operativos de fuerzas federales que investigan el contrabando de granos hacía Brasil.
La solicitud de los colonos se da luego de un último procedimiento de Prefectura Naval Argentina (PNA) en el que se incautaron 278 toneladas de soja de un galpón en el paraje Martín Miguel de Güemes, lo cual además derivó el lunes en una masiva protesta realizada en la misma zona.
El documento ingresó este miércoles en el concejo de El Soberbio para que sea tratado por los ediles locales en la sesión ordinaria de mañana. La presentación formal fue realizada por Walter Kesterke, presidente del Movimiento de Trabajadores del Alto Uruguay (TAU).
“Con esto vamos a solucionar el problema a futuro, porque la gente va poder estoquear su mercadería, hacer su cosecha tranquila sin preocupación de ser víctima de algún allanamiento que nosotros consideramos ilegal”, argumentó Kesterke, en diálogo con La Voz de Misiones.
Y planteó que “si los concejales dicen que esta situación es real, que nosotros sí producimos, que somos parte importante de la producción, va a ser una resolución importante para la liberación de los granos”.

La productores nucleados en el TAU decidieron realizar una manifestación el lunes.
El proyecto
En el proyecto de ordenanza, los colonos sostienen que han sido víctimas de “constantes allanamientos” por parte de las “fuerzas de seguridad” en diferentes galpones de los agricultores locales y además plantean que sufren una “inhibición de circular libremente con materia agrícola” en la ciudad.
En esa línea, argumentan que son los concejales quienes deberían actuar como “mediadores” entre las fuerzas federales y los agricultores-comerciantes de granos de soja y maíz del Alto Uruguay, conflicto que se suscita hace varios años.
Además, respaldan su pedido en “la gran manifestación popular” realizada el lunes en el paraje Martín Miguel de Güemes, sobre la cual reclamaron que “ninguna autoridad local electa y en ejercicio de sus funciones se acercó para ponerse al tanto de tan preocupante y desgarradora situación que atraviesan los agricultores soberbianos”.
Ante esos considerandos, los trabajadores piden a los concejales que El Soberbio sea declarada como “zona productiva de soja, maíz y de alimentos en general, para animales de granja”, como así también se instaure la “libre circulación de materia agrícola” en la toda la ciudad.
En otro artículo, solicitan que también se “garantice el libre almacenamiento ‘stock’ de lo que se produce en las chacras de los agricultores y de todo material agrícola que se necesita para producir y que tenga procedencia legal”.
Allanamiento y causa abierta
El operativo que desató la reacción del grupo de productores nucleados en el TAU se registró el último fin de semana, cuando efectivos de la PNA irrumpieron en un galpón ubicado en la zona costera al río Uruguay e incautaron un total de 278 toneladas de soja que presuntamente estaban a la espera de ser cruzadas de contrabando a Brasil.
Según consignaron fuentes consultadas por este medio, el operativo fue solicitado por PNA tras varios meses de investigación y fue autorizado por el Juzgado Federal de Oberá, a cargo del magistrado Alejandro Gallandat Luzuriaga.
La pesquisa plantea que los granos serían almacenados en ese depósito para luego ser enviadas a Brasil transgrediendo las normativas de exportación vigentes, mientras que los productores en protesta argumentan que la mercadería incautada es producida, utilizada y comercializada en manera legal dentro del país.

En el allanamiento que desató la reacción de los productores la PNA incautó 278 toneladas de soja.
Todo ello deberá ser esclarecido en el marco de la instrucción del expediente iniciado. Las mismas fuentes detallaron que durante el allanamiento habían dos personas en el lugar, quienes permanecen en libertad supeditada y en las próximas horas serán citados a prestar declaración indagatoria.
Respecto a lo incautado, los voceros consultados indicaron que la mercadería será subastada para evitar que se eche a perder y el dinero de allí obtenido será resguardado hasta tanto culmine la investigación.
En caso de que algún tercero involucrado pueda acreditar la titularidad de lo incautado y se determine que no hubo ninguna ilegalidad en el hecho, podrá solicitar el reintegro del dinero obtenido en la subasta.
Provinciales
La Mesa No a las Represas cuestionó la “promoción” de Corpus en la Unam
El movimiento social y ambiental de Misiones, que se opone a la construcción de grandes represas hidroeléctricas en la región, se expresó luego de que se presentara el proyecto hidroeléctrico Corpus Pindo-í durante las XVI Jornadas de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Extensión y Vinculación (JIDeTEV 2026), en la Facultad de Ingeniería de Oberá.
El evento fue concretado en el marco de las actividades por los 52 años de la Unam, el pasado 25 de agosto, junto a la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (Comip).
En un comunicado al que tuvo acceso este medio, la Mesa Provincial No a las Represas manifestó “preocupación” por el accionar de las autoridades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones, al “promocionar la construcción de la mega represa de Corpus Christi” junto a las autoridades de la Comip.
En ese sentido, recordaron que dicha represa se encuentra prohibida por la ley provincial XI – Nº 5, que refrenda el resultado del plebiscito de 1996, en el que el electorado misionero rechazó la construcción de cualquier emplazamiento sobre el río Paraná con el 88,63 % de los votos, el 14 de abril de 1996.
Seguidamente, cuestionaron el contenido del nuevo proyecto hidroeléctrico, al considerar que se presenta “erróneamente como generador de energía renovable, siendo que en octubre de 2015 se promulgó en nuestro País la Ley 27191 que en su capítulo 1, artículo 2, inciso b, establece como límite a las hidroeléctricas para ser consideradas renovables los 50 Mw”.
Para finalizar, recordaron que el interés por reflotar la iniciativa no solo proviene de sectores políticos y empresariales de Argentina, sino también del vecino país: “La obra se presenta como un proyecto para el desarrollo de Misiones, cuando en realidad hemos podido corroborar que desde Paraguay existe una fuerte campaña de presión para la construcción de nuevas hidroeléctricas sobre el río Paraná ante la necesidad de energía que les ocasionarían las instalaciones de gigantescos centros de datos para IA acordados con Taiwán”.
De esta manera, enfatizaron “el No a Corpus sigue vigente”.
Presentaron el proyecto Corpus Pindo-í en jornadas de investigación de la Unam
Provinciales
Instalaron un pozo perforado y paneles solares en Puente Quemado II
Luego de la mesa de diálogo realizada el 31 de julio pasado, en la que Arauco Argentina S.A. se comprometió a invertir en un pozo perforado y la instalación de paneles solares, esta semana las obras fueron concretadas en el predio que habita la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II en Garuhapé.
En ese contexto, la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes y Arauco visitaron la comunidad con la presencia del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), como representantes legales, e hicieron efectivas las instalaciones mediante un pozo de 166 metros de profundidad y la distribución y conexión de ocho paneles solares, los cuales garantizarían el funcionamiento de la bomba de extracción de agua.
Seguidamente, procedieron a capacitar al cacique, Santiago Ramos, y a integrantes de la comunidad para el correcto uso del sistema que beneficiará a un total de 46 personas distribuídas en 7 familias.
“En el marco del proceso de diálogo y articulación institucional para acompañar a la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones continúa acompañando las acciones y acuerdos alcanzados entre las instituciones involucradas”, expresó la cartera de Derechos Humanos a través de un comunicado institucional.
Y añadió: “En las últimas horas se realizó una nueva prueba del equipamiento, constatándose su correcto funcionamiento y un buen caudal de agua, lo que representa un avance significativo para mejorar el acceso a este recurso esencial para las familias de la comunidad”.
“Estos avances forman parte del trabajo iniciado tras la convocatoria a una mesa de diálogo interinstitucional, con la participación de organismos provinciales y nacionales, autoridades locales e integrantes de la comunidad”, aseguraron.
Al ser consultado sobre la obra, Ramos se mostró agradecido, pero aseguró que aún quedan detalles por ultimar: “Hicieron la obra y ya está funcionando. Pero todavía faltan los tanques y las torres para que el agua llegue a las viviendas”, cuyas tareas se realizarían próximamente bajo la órbita del municipio.
Según consta el mismo comunicado emitido por DDHH, “la Municipalidad de Garuhapé avanzará en las próximas etapas con el relevamiento y posterior instalación de la red de distribución interna, que incluirá tanques y mangueras para garantizar la llegada del agua a los distintos sectores de la comunidad”.
“El acceso al agua constituye uno de los compromisos concretos surgidos de este espacio de trabajo conjunto. El Ministerio de Derechos Humanos de Misiones reafirma su compromiso de continuar acompañando a Puente Quemado II, promoviendo el diálogo, el respeto y la construcción de soluciones que garanticen y protejan los derechos de las comunidades”, concluyeron.
Provinciales
Intendentes rechazan proyecto de nuevo peaje sobre ruta 12: “Es inconstitucional”
Ayer miércoles, intendentes y autoridades de distintos municipios misioneros se reunieron en la localidad de Puerto Rico, donde firmaron un documento en rechazo a la iniciativa del gobierno nacional que busca instalar una casilla de peaje sobre la ruta 12, a la altura de Capioví y recientemente cambió la ubicación a Garuhapé, sobre la misma arteria.
En el escrito, apuntaron contra el gobierno nacional por la falta de inversiones en rutas nacionales: “El gobierno nacional, que no invierte en las rutas los recursos que recauda para esas obras vía ‘Impuesto a los Combustibles’, decidió instalar una nueva casilla de peaje sobre la ruta 12, inicialmente en Capioví, kilómetro 1462, pero luego optó por colocarla en Garuhapé, kilómetro 1483, a solo 68 kilómetros de la casilla que ya opera en Colonia Victoria, kilómetro 1551”.
Seguidamente, remarcaron la “inconstitucionalidad” del sistema proyectado, al considerar la inexistencia de otras arterias en la zona: “no existen caminos alternativos libres de pago y se configura una doble imposición, atento a que los usuarios ya contribuyen mediante el Impuesto a los Combustibles”.
Al mismo tiempo, consideraron desventajas para el traslado de la producción: “El cobro sin base legal ni contraprestación adecuada implica una restricción ilegítima. De persistir con un método de financiamiento vial inadecuado como es el cobro de peaje directo en ruta, claramente inconstitucional e inviable técnicamente y que ha sido y es un fracaso y una estafa, la producción no podrá trasladarse con eficiencia, la circulación interna se verá restringida y el acceso a los mercados será cada vez menos competitivo”.
En ese contexto, respaldaron su rechazo en el Artículo 75 de la Constitución Nacional Argentina, que atribuye al Congreso la potestad exclusiva de establecer contribuciones, y recordaron la vulneración del derecho a transitar libremente, tal como lo expresa el Artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina, y con esto el derecho de propiedad detallado en el Artículo 17.
“Es inconcebible que el Estado nacional abandone su obligación de mantener en buen estado de transitabilidad la Red Vial Nacional, más aún cuando se mal administran los miles de millones de pesos que se recaudan anualmente del Impuesto a los Combustibles, que son malversados y desviados a otros fines que no tienen nada que ver para cual fue creado”, concluyeron.
Del encuentro participaron los intendentes de Puerto Rico, Carlos Gustavo Koth; de El Alcázar, Eduardo Vázquez; de Garuhapé, Gerardo Schmied; de Capioví, Ramón Arrua; de Ruiz de Montoya, Victor Vogel y de Puerto Leoni, Elvio Vázquez, con sus respectivos equipos y junto a integrantes de los Honorables Concejos Deliberantes de los municipios de Puerto Rico, Puerto Leoni, El Alcázar, Ruiz de Montoya, el diputado provincial Arnhold Alejandro, como así integrantes de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Producción y Servicios del departamento Libertador General San Martín, representada por su presidente Luis Stefens.
A fin de llegar a un consenso, solicitaron a los funcionarios y legisladores nacionales “que reflexionen y acuerden la revisión de esta iniciativa, que profundiza el clima de malestar e incertidumbre que aqueja a los vecinos de la zona y a los misioneros en general”.
Se trata de un nuevo pronunciamiento tras el cuestionamiento realizado días atrás por el gobernador Hugo Passalacqua, quien también reclamó la necesidad de obras, mantenimiento e inversión vial, y rechazó nuevas cargas que castiguen aún más “el bolsillo de las familias”.
Rechazo al nuevo peaje: Unos 15 intendentes firmaron un documento hace instantes. La localidad misionera de Puerto Rico fue el punto de encuentro este miércoles. Fue a las 17 en contra del proyecto del Gobierno nacional de instalar una nueva estación de cobro en Ruta Nac. N° 12. pic.twitter.com/LUne1leEgR
— Daniel Leopardi (@danileopardi) August 26, 2026
Passalacqua cuestionó el nuevo peaje que Nación proyecta en Puerto Rico
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