Provinciales
Impulsan ordenanza para resguardarse de operativos por soja en El Soberbio
Productores de El Soberbio presentaron esta mañana un proyecto de ordenanza en el Honorable Concejo Deliberante local para exigir que la localidad sea declarada como “zona productiva de soja y maíz”, con el objetivo de resguardarse ante operativos de fuerzas federales que investigan el contrabando de granos hacía Brasil.
La solicitud de los colonos se da luego de un último procedimiento de Prefectura Naval Argentina (PNA) en el que se incautaron 278 toneladas de soja de un galpón en el paraje Martín Miguel de Güemes, lo cual además derivó el lunes en una masiva protesta realizada en la misma zona.
El documento ingresó este miércoles en el concejo de El Soberbio para que sea tratado por los ediles locales en la sesión ordinaria de mañana. La presentación formal fue realizada por Walter Kesterke, presidente del Movimiento de Trabajadores del Alto Uruguay (TAU).
“Con esto vamos a solucionar el problema a futuro, porque la gente va poder estoquear su mercadería, hacer su cosecha tranquila sin preocupación de ser víctima de algún allanamiento que nosotros consideramos ilegal”, argumentó Kesterke, en diálogo con La Voz de Misiones.
Y planteó que “si los concejales dicen que esta situación es real, que nosotros sí producimos, que somos parte importante de la producción, va a ser una resolución importante para la liberación de los granos”.

La productores nucleados en el TAU decidieron realizar una manifestación el lunes.
El proyecto
En el proyecto de ordenanza, los colonos sostienen que han sido víctimas de “constantes allanamientos” por parte de las “fuerzas de seguridad” en diferentes galpones de los agricultores locales y además plantean que sufren una “inhibición de circular libremente con materia agrícola” en la ciudad.
En esa línea, argumentan que son los concejales quienes deberían actuar como “mediadores” entre las fuerzas federales y los agricultores-comerciantes de granos de soja y maíz del Alto Uruguay, conflicto que se suscita hace varios años.
Además, respaldan su pedido en “la gran manifestación popular” realizada el lunes en el paraje Martín Miguel de Güemes, sobre la cual reclamaron que “ninguna autoridad local electa y en ejercicio de sus funciones se acercó para ponerse al tanto de tan preocupante y desgarradora situación que atraviesan los agricultores soberbianos”.
Ante esos considerandos, los trabajadores piden a los concejales que El Soberbio sea declarada como “zona productiva de soja, maíz y de alimentos en general, para animales de granja”, como así también se instaure la “libre circulación de materia agrícola” en la toda la ciudad.
En otro artículo, solicitan que también se “garantice el libre almacenamiento ‘stock’ de lo que se produce en las chacras de los agricultores y de todo material agrícola que se necesita para producir y que tenga procedencia legal”.
Allanamiento y causa abierta
El operativo que desató la reacción del grupo de productores nucleados en el TAU se registró el último fin de semana, cuando efectivos de la PNA irrumpieron en un galpón ubicado en la zona costera al río Uruguay e incautaron un total de 278 toneladas de soja que presuntamente estaban a la espera de ser cruzadas de contrabando a Brasil.
Según consignaron fuentes consultadas por este medio, el operativo fue solicitado por PNA tras varios meses de investigación y fue autorizado por el Juzgado Federal de Oberá, a cargo del magistrado Alejandro Gallandat Luzuriaga.
La pesquisa plantea que los granos serían almacenados en ese depósito para luego ser enviadas a Brasil transgrediendo las normativas de exportación vigentes, mientras que los productores en protesta argumentan que la mercadería incautada es producida, utilizada y comercializada en manera legal dentro del país.

En el allanamiento que desató la reacción de los productores la PNA incautó 278 toneladas de soja.
Todo ello deberá ser esclarecido en el marco de la instrucción del expediente iniciado. Las mismas fuentes detallaron que durante el allanamiento habían dos personas en el lugar, quienes permanecen en libertad supeditada y en las próximas horas serán citados a prestar declaración indagatoria.
Respecto a lo incautado, los voceros consultados indicaron que la mercadería será subastada para evitar que se eche a perder y el dinero de allí obtenido será resguardado hasta tanto culmine la investigación.
En caso de que algún tercero involucrado pueda acreditar la titularidad de lo incautado y se determine que no hubo ninguna ilegalidad en el hecho, podrá solicitar el reintegro del dinero obtenido en la subasta.
Provinciales
Asuntos Guaraníes propone mesa de diálogo por conflicto territorial en Garuhapé
El ministerio de Derechos Humanos, a través de la Dirección de Asuntos Guaraníes, propuso la conformación de una mesa de diálogo entre el empresario Alfredo Ruff, los referentes de la comunidad Puente Quemado II y los organismos competentes, para dar respuestas al conflicto territorial que derivó en el traslado y la demora de ocho mbyas en la comisaría local, durante la jornada de ayer martes.
Todo comenzó con la denuncia del mencionado empresario por “usurpación de territorio” contra la comunidad mbya Puente Quemado II. Seguidamente, por orden del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, la comunidad fue allanada y durante el operativo fue detenido el cacique Santiago Ramos, junto a otros siete integrantes de la aldea.
Esta situación generó repudio por parte de diferentes sectores sociales y organizaciones defensoras de los derechos indígenas, por lo que el Ministerio de Derechos Humanos, a través de la Dirección de Asuntos Guaraníes, convocó a una mesa de diálogo a fin de llegar a un acuerdo entre las partes.
A través de un comunicado, el organismo que funciona como nexo entre el gobierno y las comunidades mbya aseguró que, en primera instancia, “se hizo presente en el lugar” con el objetivo de conocer detalles del conflicto.
“Este ministerio, a través de la Dirección de Asuntos Guaraníes, informa que se hizo presente en el lugar a fin de interiorizarse sobre la situación, respecto de la cual tomó conocimiento a través de publicaciones de circulación pública, no habiéndo recibido hasta el momento comunicación formal alguna”, puntualizó.
Al mismo tiempo, convocó a las partes: “Con el objetivo de contribuir a la paz social y evitar la escalada del conflicto, este organismo propuso de manera inmediata la conformación de una mesa de diálogo entre las partes involucradas y los organismos competentes, priorizando las vías institucionales y el respeto mutuo”.
“El Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección de Asuntos Guaraníes reafirman su compromiso con el acompañamiento institucional en el territorio, el diálogo intercultural y la búsqueda de soluciones pacíficas, en el marco del respeto a los derechos humanos y la convivencia social”, concluyó.
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La detención de los ocho miembros de la comunidad se realizó ayer en horas de la mañana y la demora en la comisaría local finalizó por la tarde, en respuesta a una orden emitida por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico.
Organizaciones como Emipa y la Red Eclesial del Gran Chaco Guaraní (REGCHAG) repudiaron la medida y el operativo, que además de las detenciones incluyó el traslado de mujeres, niños y niñas, “en condiciones que evidencian la ausencia de garantías básicas, falta de información clara sobre las actuaciones y el incumplimiento de protocolos específicos para pueblos indígenas”, expresaron.
Provinciales
El gobernador Passalacqua inaugura sesiones en la Legislatura misionera
El gobernador Hugo Passalacqua encabeza este 1º de mayo la apertura de sesiones en la Legislatura misionera, donde presentará un informe sobre la situación actual de su administración y expondrá los objetivos planteados para el futuro.
Al comenzar su discurso, expresó: “Hoy, como cada primero de mayo, nos reunimos para dar cuenta del camino que venimos transitando. Por primera vez en mucho tiempo, atravesamos un contexto inédito, sumamente complejo y desafiante, que nos obliga día a día a buscar soluciones reales”.
“Seguramente no les estaré diciendo nada nuevo pero vale recordar que esa multicrisis es social, productiva, financiera, tecnológica y básicamente de valores, todo ocurriendo al mismo tiempo”, añadió.
Se espera que el mandatario realice un repaso de la gestión que encabeza junto al vicegobernador Lucas Romero Spinelli, con un balance del funcionamiento del Estado provincial, la ejecución del Presupuesto, las necesidades públicas y sus soluciones inmediatas, además de los principales lineamientos políticos, económicos y de gestión para el nuevo período legislativo.
De esta manera, dan inicio al 54° período legislativo en la Cámara de Representantes y la presentación podrá seguirse mediante una transmisión en vivo.
La Legislatura misionera convocó a sesión especial para el 1° de mayo
Provinciales
Yerbateros misioneros expusieron la crisis del sector en el Congreso
Los representantes del sector yerbatero de la provincia de Misiones: Jorge Skripczuk, Jorge Lizznienz, y el abogado Federico Padolski viajaron a Buenos Aires este jueves para exponer en el Congreso de la Nación.
A partir de la invitación de la Confederación General de la Producción (CGP) de la República Argentina, los productores participaron en la Comisión de Economías y Desarrollo Regional de la Cámara Baja donde estuvieron acompañados por el presidente de la entidad, Gastón Borsini y otros directivos.

Los yerbateros reunidos con Basterra
Durante la reunión, los productores presentaron ante el titular de la comisión, Luis Basterra, un informe sobre las condiciones de la actividad productiva de la yerba mate tras la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en el marco del gobierno nacional.
“Expusimos sobre las condiciones de los productores de yerba mate y la desfavorable situación frente a la industria, con un Inym sin facultades. Además, el abogado explicó el estado de las acciones judiciales que impulsamos junto a asociaciones y cooperativas”, señaló Skripczuk.
El dirigente remarcó la importancia del respaldo de entidades nacionales con representación federal, como la CGP y Coninagro, para visibilizar la problemática del sector.
“Vamos a seguir buscando el acompañamiento de todos los actores que entienden que la cadena yerbatera está en detrimento. Los productores no logramos margen económico, los tareferos también atraviesan dificultades y las pequeñas industrias y cooperativas se encuentran en una situación compleja”.
En relación al Inym, Skripczuk indicó que no hay respuestas por parte de su conducción actual y sostuvo que la crisis podría revertirse con la restitución de sus facultades.
“No tenemos respuestas de (Rodrigo) Correa, representante de Nación en el Instituto, y la desregulación responde al Gobierno nacional. Para nosotros, la única salida es recuperar nuestra herramienta. No solo para fijar precios, sino también para restablecer funciones que permitan equilibrar el sistema yerbatero”, expresó.
Estrategia y medidas
La demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional y la medida cautelar buscan la nulidad de artículos del DNU y del Decreto 812/2025 vinculados a la actividad yerbatera.
En cuanto a las medidas inmediatas, planteó la necesidad de “sujetar la hoja verde en la chacra” para intentar mejorar el precio de la materia prima. “Pedimos a los productores que no cosechen o que mantengan la producción en planta el mayor tiempo posible, o que comercialicen de manera gradual”, detalló.
Finalmente, se refirió a los cortes de ruta impulsados por algunos sectores y marcó diferencias. “No estamos de acuerdo con los cortes de ruta. No buscamos afectar a quienes transitan. Nuestra postura es continuar el reclamo a través de las organizaciones, las cooperativas y la vía judicial”, concluyó.
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