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Impulsan ordenanza para resguardarse de operativos por soja en El Soberbio

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Productores de El Soberbio presentaron esta mañana un proyecto de ordenanza en el Honorable Concejo Deliberante local para exigir que la localidad sea declarada como “zona productiva de soja y maíz”, con el objetivo de resguardarse ante operativos de fuerzas federales que investigan el contrabando de granos hacía Brasil.

La solicitud de los colonos se da luego de un último procedimiento de Prefectura Naval Argentina (PNA) en el que se incautaron 278 toneladas de soja de un galpón en el paraje Martín Miguel de Güemes, lo cual además derivó el lunes en una masiva protesta realizada en la misma zona.

El documento ingresó este miércoles en el concejo de El Soberbio para que sea tratado por los ediles locales en la sesión ordinaria de mañana. La presentación formal fue realizada por Walter Kesterke, presidente del Movimiento de Trabajadores del Alto Uruguay (TAU).

“Con esto vamos a solucionar el problema a futuro, porque la gente va poder estoquear su mercadería, hacer su cosecha tranquila sin preocupación de ser víctima de algún allanamiento que nosotros consideramos ilegal”, argumentó Kesterke, en diálogo con La Voz de Misiones.

Y planteó que “si los concejales dicen que esta situación es real, que nosotros sí producimos, que somos parte importante de la producción, va a ser una resolución importante para la liberación de los granos”.

La productores nucleados en el TAU decidieron realizar una manifestación el lunes.

El proyecto

En el proyecto de ordenanza, los colonos sostienen que han sido víctimas de “constantes allanamientos” por parte de las “fuerzas de seguridad” en diferentes galpones de los agricultores locales y además plantean que sufren una “inhibición de circular libremente con materia agrícola” en la ciudad.

En esa línea, argumentan que son los concejales quienes deberían actuar como “mediadores” entre las fuerzas federales y los agricultores-comerciantes de granos de soja y maíz del Alto Uruguay, conflicto que se suscita hace varios años.

Además, respaldan su pedido en “la gran manifestación popular” realizada el lunes en el paraje Martín Miguel de Güemes, sobre la cual reclamaron que “ninguna autoridad local electa y en ejercicio de sus funciones se acercó para ponerse al tanto de tan preocupante y desgarradora situación que atraviesan los agricultores soberbianos”.

Ante esos considerandos, los trabajadores piden a los concejales que El Soberbio sea declarada como “zona productiva de soja, maíz y de alimentos en general, para animales de granja”, como así también se instaure la “libre circulación de materia agrícola” en la toda la ciudad.

En otro artículo, solicitan que también se “garantice el libre almacenamiento ‘stock’ de lo que se produce en las chacras de los agricultores y de todo material agrícola que se necesita para producir y que tenga procedencia legal”.

Allanamiento y causa abierta

El operativo que desató la reacción del grupo de productores nucleados en el TAU se registró el último fin de semana, cuando efectivos de la PNA irrumpieron en un galpón ubicado en la zona costera al río Uruguay e incautaron un total de 278 toneladas de soja que presuntamente estaban a la espera de ser cruzadas de contrabando a Brasil.

Según consignaron fuentes consultadas por este medio, el operativo fue solicitado por PNA tras varios meses de investigación y fue autorizado por el Juzgado Federal de Oberá, a cargo del magistrado Alejandro Gallandat Luzuriaga.

La pesquisa plantea que los granos serían almacenados en ese depósito para luego ser enviadas a Brasil transgrediendo las normativas de exportación vigentes, mientras que los productores en protesta argumentan que la mercadería incautada es producida, utilizada y comercializada en manera legal dentro del país.

En el allanamiento que desató la reacción de los productores la PNA incautó 278 toneladas de soja. 

Todo ello deberá ser esclarecido en el marco de la instrucción del expediente iniciado. Las mismas fuentes detallaron que durante el allanamiento habían dos personas en el lugar, quienes permanecen en libertad supeditada y en las próximas horas serán citados a prestar declaración indagatoria.

Respecto a lo incautado, los voceros consultados indicaron que la mercadería será subastada para evitar que se eche a perder y el dinero de allí obtenido será resguardado hasta tanto culmine la investigación.

En caso de que algún tercero involucrado pueda acreditar la titularidad de lo incautado y se determine que no hubo ninguna ilegalidad en el hecho, podrá solicitar el reintegro del dinero obtenido en la subasta.

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La provincia asumirá los costos de energía y agua en centros de discapacidad

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El gobernador Hugo Passalacqua dispuso que la provincia asuma los costos de energía eléctrica y agua potable en centros categorizados que atienden a personas con discapacidad, como medida que intenta dar respuesta a la interrupción de financiamiento nacional, por lo que también se comprometió a recuperar esos fondos a través de Nación.

De esta manera, mediante el Decreto Nº 657 fue creado el “Régimen de beneficios para Centros y Establecimientos Categorizados como Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad”, con vigencia desde mayo y hasta el 31 de diciembre de 2026.

Luego, fue comunicado por el propio mandatario provincial a través de su cuenta personal de X. “Como sabrán, la Nación retiró la ayuda a las personas con discapacidad. En función de eso hemos tomado la decisión de ayudarlos haciéndonos cargo desde la provincia del consumo de energía y agua de todos los centros de asistencia y ayuda registrados en la provincia”, afirmó Passalacqua.

Más allá de la mencionada medida, el gobernador se comprometió a recuperar los fondos antes percibidos. “Además de esta ayuda, por supuesto seguiremos insistiendo fuertemente ante Nación para que esos recursos vuelvan a este sector de la sociedad que tanto apreciamos, cuidamos, protegemos y queremos”. 

En declaraciones realizadas la semana pasada, el mandatario había anticipado la decisión al señalar que “Hace meses que el Ministerio de Salud de la Nación no les gira los fondos y se trata de espacios de alta sensibilidad”, y sostuvo: “Vamos a hacernos cargo del consumo de luz y agua de estos centros como una forma de aliviar la carga y hacer sostenible una situación muy compleja”.

Asimismo, advirtió que el desfinanciamiento acumulado representa “Una cifra importante, cercana a los 2.500 millones de pesos” y remarcó la necesidad de intervención estatal: “No podemos hacernos los distraídos. Hay que hacer un esfuerzo, sacar recursos de otros lugares y ponerlos donde más se necesitan”.

Alcances del decreto

La normativa establece que el beneficio consiste en un subsidio destinado a cubrir consumos mensuales de hasta 1000 kW de energía eléctrica y 9 m³ de agua potable por institución, mediante transferencias directas a las prestatarias, entre ellas Electricidad de Misiones S.A. (Emsa), Servicios de Aguas de Misiones S.A. (Samsa) y cooperativas de la provincia.

El decreto precisa que podrán acceder al régimen los centros que cuenten con categorización vigente otorgada por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, y que acrediten que al menos el 60% de sus pacientes sean afiliados al Instituto de Previsión Social de Misiones (IPSM) o beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud.

Además, se establece que deberá existir coincidencia entre el domicilio de prestación del servicio y el registrado en la habilitación correspondiente, y se dispone la suspensión automática del beneficio ante irregularidades o vencimiento de las condiciones exigidas.

La implementación quedará a cargo del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, en articulación con el Ministerio de Salud Pública, que actúa como autoridad de categorización.

En los considerandos del decreto se advierte que la falta de pago y la acumulación de deudas por parte del Estado nacional generan “una grave afectación en el flujo de fondos” y una “emergencia prestacional inminente”, poniendo en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales.

En ese marco, el gobierno de Misiones sostiene que resulta “imperativo intervenir para garantizar la continuidad de estos servicios esenciales”, en línea con lo establecido por la Ley Nacional Nº 24.901, que garantiza la cobertura integral para personas con discapacidad. 

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Misiones habilitó planta tealera de Las Marías en Dos de Mayo

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El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones otorgó la Viabilidad Ambiental Definitiva a la planta industrial de la firma Yerbatera del Nordeste S.A., ubicada en Dos de Mayo, mediante una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La empresa desarrolla actividades vinculadas al procesamiento de té, incluyendo selección, secado, molienda, clasificación y envasado, con destino principalmente al mercado externo desde el 2002, explican empresarios tealeros de la zona.

El documento, firmado por el ministro Martín Recamán, aprueba la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto denominado “Planta Industrial de Yerbatera del Nordeste”, con una superficie total de 61.000 metros cuadrados, de los cuales 14.550 están cubiertos.

Regularización de una planta en funcionamiento

De acuerdo al productor tealero y exintendente de Dos de Mayo, José Luis Garay, la planta no es una nueva inversión por lo que se presume, la medida respondería a una regularización ambiental.

“Lo más probable es que estén poniendo en regla la situación. Esa planta ya funciona hace más de 20 años y coincide con las dimensiones que figuran en la resolución”, aclaró en comunicación con La Voz de Misiones

Garay remarcó que, al momento de su instalación, el contexto era muy distinto: “En 2002 estábamos en plena crisis y cualquier inversión industrial era bienvenida. No existían las exigencias ambientales que rigen hoy o no se aplicaban con el mismo rigor”.

En ese sentido, señaló que la Evaluación de Impacto Ambiental “debería haberse realizado antes de la puesta en funcionamiento”, aunque reconoció que muchas industrias de esa época quedaron desactualizadas en materia normativa.

La planta, emplazada en un predio en la zona Centro de la provincia, cuenta con un secadero de té de gran escala y una dotación de trabajadores que, según estimaciones, estarían alrededor de los 60 operarios.

Además, Garay aclaró que la resolución del Ministerio de Ecología se refiere específicamente a una planta industrial de té: “No habla de yerba mate. Esa actividad, ya tienen. A lo sumo puede tratarse de alguna ampliación o mejora dentro del mismo predio”.

También dejó abierta la posibilidad de reordenamientos productivos: “Podrían estar pensando en trasladar alguna otra instalación o reorganizar lo que ya tienen, pero no hay indicios de una planta nueva”.

El rol de Las Marías y críticas del sector

Yerbatera del Nordeste S.A. forma parte del Grupo Las Marías, con sede en Gobernador Virasoro (Corrientes), uno de los principales actores del sector yerbatero argentino. Entre los firmantes en la resolución de impacto ambiental figura como presidente Roberto Navajas, bisnieto del fundador Víctor Navajas Centeno.

Sin embargo, Garay también expresó una mirada crítica sobre el comportamiento de la empresa: “Las Marías saca de la provincia de Misiones lo más barato que pueden y después hacen sus negocios”.

En la misma línea, agregó: “Son empresas que buscan maximizar su rentabilidad. No tienen una visión integral del desarrollo productivo local”.

Un escenario crítico para el té

Garay advirtió, además, sobre la delicada situación que atraviesa el sector tealero. “Estamos muy complicados, sobre todo por el mercado internacional”, sostuvo.

El principal destino de exportación es Estados Unidos, que concentra la mayor parte de las compras, pero actualmente presenta una fuerte retracción. A esto se suma la competencia de países como Kenia, con costos significativamente más bajos.

Llegamos a vender a 1,45 o 1,50 dólares el kilo y hoy estamos en torno a 1 dólar o menos”, detalló.

La caída de precios y la falta de demanda provocaron que varias industrias finalizaran la zafra de manera anticipada. “Muchas directamente dejaron de producir porque no hay ventas aseguradas”, explicó.

Además, subrayó que el consumo interno de té, en Argentina, es mínimo, lo que profundiza la dependencia del mercado externo de la infusión, una de las principales economías regionales de la provincia.

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Misiones: contención ante los recortes de Nación a subsidios a energía

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El Gobierno de Misiones puso en marcha un esquema de contención para amortiguar el impacto en las facturas de energía eléctrica, tras la implementación del nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados dispuesto por Nación a partir de abril de 2026.

La medida provincial se da luego de la redefinición de los períodos de consumo establecida por el Gobierno nacional, que considera a marzo y abril como meses “templados”. En ese marco, el tope de consumo con subsidio se redujo de 550 kWh durante el verano a 150 kWh.

El esquema en Misiones establece que durante abril la diferencia entre los 550 kWh y los 150 kWh se abone de manera prorrateada. El excedente por encima de los 150 kWh se distribuirá en dos pagos en las próximas facturas, en lugar de trasladarse en su totalidad al mismo período. El objetivo es distribuir el impacto del nuevo esquema nacional en el tiempo. A partir de mayo, el subsidio nacional prevé un tope de hasta 300 kWh.

Según se informó, esta modificación impacta en las facturas de los usuarios, en especial en regiones del NEA, donde las temperaturas elevadas se extienden durante el inicio del otoño y sostienen niveles de consumo eléctrico.

Desde la Provincia indicaron que se realizaron gestiones ante autoridades nacionales para contemplar las condiciones climáticas regionales. Sin embargo, esos planteos no fueron incorporados en la normativa vigente.

Además indicaron que esta medida se enmarca en una transición del sistema, con el fin de sostener el acceso al servicio eléctrico ante la reconfiguración de los subsidios a nivel nacional.

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