El avance del modelo extractivista y el despojo de comunidades originarias sumó un nuevo capítulo esta semana tras el desalojo de siete familias mbya guaraní que integran Puente Quemado II, en la localidad misionera de Garuhapé. La medida se cumplió por orden del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del magistrado Roberto Sena, en respuesta al pedido de restitución de lotes del 71 al 78 de la facción Cañafístola por parte del empresario forestal Alfredo Ruff.

El accionar no solo fue cuestionado por haberse ejecutado sin una orden judicial vigente, sino también por la forma, vulnerando los derechos de los niños, jóvenes y adultos que integran la comunidad e incluso la misma condición de seres humanos, al ser expulsados por la fuerza y trasladados en medio de todas sus pertenencias dentro de un camión jaula no apto para la circulación.

La orden había sido dictada el 17 de julio pasado por el juez Sena, quien autorizó el ingreso de la fuerza pública para concretar el desalojo, aun cuando el mismo fallo reconocía que la titularidad definitiva del territorio no había sido resuelta.

Inicialmente, el operativo estaba previsto para ese mismo día, pero fue suspendido provisoriamente por un amparo presentado por los abogados del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), medida que otorgó un alivio a la comunidad, aunque nunca dejó sin efecto la orden judicial que finalmente se concretó el martes 28 de julio.

A 48 horas del procedimiento la irregularidad del desalojo había llegado a los ojos de organizaciones tanto locales, como nacionales e internacionales ante la violación de los derechos humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que tanto la Justicia como los organismos vinculantes se vieron obligados a dejar sin efecto la medida -ya ejecutada- dando lugar a nuevas mesas de diálogo entre las partes involucradas.

Pese a que en el año 2013 el territorio había sido relevado en el marco de la Ley 26.160, de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias, esta fue la segunda vez en el año que Puente Quemado II es vulnerada por la fuerza.

La primera fue en mayo pasado cuando, en un intento de desalojo, fueron demorados en la comisaría local el cacique Santiago Ramos junto a otros siete hombres de la comunidad, quienes fueron trasladados en las carrocerías de camionetas, junto a mujeres y niños, por una orden judicial emitida por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico y ejecutada por efectivos de distintas dependencias de la Unidad Regional IV.

Esa demora se había prolongado por casi doce horas y se efectuó a solo una semana del viaje realizado por la referente mbya Keila Zaya, a Nueva York, donde disertó ante la sede norteamericana de la ONU, junto a la abogada Roxana Rivas, sobre el conflicto territorial entre la comunidad Puente Quemado II y las empresas forestales, Arauco y Forestal Ruff, que acechan la zona hace varios años.

Inicialmente la comunidad contaba con 600 hectáreas, de las cuales casi la mitad fueron ocupadas por las empresas forestales. Hoy quedan 331 hectáreas relevadas por la Ley 26.160

Nuevas mesas de diálogo

A 48 horas del desalojo, el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones y la Dirección de Asuntos Guaraníes aseguraron que ambos no fueron notificados previamente sobre el desalojo, por lo que se solicitaron a las autoridades judiciales un pedido de informe, a fin de conocer los detalles y el alcance de la medida efectuada.

Finalmente, el pasado viernes 31 de julio, se concretó una mesa de diálogo en el predio de la comunidad Puente Quemado II a fin de avanzar en la resolución del conflicto territorial.

Del encuentro participaron: el cacique Santiago Ramos, la ministra de Derechos Humanos Karina Aguirre, el director de Asuntos Guaraníes Francisco Rodríguez y representantes del Consejo de Caciques, del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), de Arauco Argentina S.A., de la Municipalidad de Garuhapé y del Centro Judicial de Mediación (Cejume) del Poder Judicial de Misiones.

El objetivo fue “continuar construyendo acuerdos y avanzar en respuestas concretas a las necesidades planteadas por la comunidad”, según informaron desde la cartera de DDHH, desde donde también señalaron que “la reunión se desarrolló en continuidad con un proceso de trabajo de larga data que ambos organismos vienen impulsando en articulación con las distintas instituciones involucradas”.

Mesa de diálogo concretada el viernes 31 de julio

De esta manera, las familias no solo regresaron al espacio, sino que también podrán acceder a nuevos servicios. Según consta el mismo documento emitido por el organismo provincial “las partes suscribieron un acta en la que se establecieron acciones concretas para garantizar el acceso al agua de las familias que integran la comunidad”.

Y agrega: “En ese marco, Arauco Argentina S.A., en articulación con la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, llevará adelante la perforación de un pozo de agua. Asimismo, la mencionada Dirección y la Municipalidad de Garuhapé avanzarán en la instalación de paneles solares que permitirán el funcionamiento de las bombas de extracción, garantizando un sistema de abastecimiento de agua seguro y sostenible y, además, proveerán energía eléctrica a toda la comunidad, mejorando las condiciones de vida de las familias que la integran”.

Al finalizar, convocaron a una nueva reunión para la próxima semana a fin de abordar la situación derivada del desalojo de familias de Puente Quemado II, de la que participarán representantes de la Policía de Misiones, del Ministerio de Gobierno, del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, de la Municipalidad de Garuhapé, de la parte propietaria del inmueble, del Consejo de Caciques, caciques de otras comunidades mbya guaraní y un intérprete, “con el objetivo de propiciar un espacio de diálogo que contribuya a la búsqueda de soluciones pacíficas, en un marco de respeto mutuo y de garantía de los derechos de todas las partes involucradas”.

Desalojo de comunidad mbya Puente Quemado II el martes 28 de julio

Repercusiones

La Fundación para la defensa del ambiente (Funam), una ONG con status consultivo en Naciones Unidas, calificó de “escándalo judicial” lo sucedido en Garuhapé.

Ante esto, se movilizaron premiados con el Nobel Alternativo de todo el mundo y organismos internacionales para exigir al gobierno de Misiones que se reinstale a la comunidad en el sitio del cual fue desalojada y se repare lo dañado. También solicitan que se denuncie penalmente al empresario Alfredo Ruff, y se promueva juicio de destitución contra el juez Sena, quien ordenó el desalojo.

Simultáneamente, Puente Quemado II recibió el apoyo, entre otras organizaciones mundiales, del Movimiento Cooperativo Internacional (MCI), que tiene su sede en Ginebra, Suiza.

La presidenta del MCI, Florence Nuoffer, y el secretario general de la organización, Aurélien Stoll, reafirmaron “el respaldo incondicional de su organización a la comunidad en la defensa de sus derechos”. En el comunicado, difundido a nivel mundial, la presidenta y secretario general del MCI indicaron que “el despojo territorial y la criminalización de sus integrantes constituyen graves violaciones a las normas nacionales e internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas”.

Por su parte, Raúl Montenegro, profesor e investigador en universidades argentinas y del exterior, quien recibió en Suecia el premio Nobel Alternativo en 2004, consideró que “el escándalo judicial desencadenado por un juez que viola la ley no es un hecho aislado”.

En ese sentido, apuntó contra el gobierno de Misiones, el empresario Alfredo Ruff y la Justicia: “Tratan, con total impunidad, de despojar a las comunidades de sus territorios ancestrales y selva para implantar forestaciones artificiales. No olvidemos la invasión, desmonte y atropellos que ya venía sufriendo la comunidad de Puente Quemado II por parte de la empresa chilena Arauco. Está claro que para el gobierno y para las corporaciones una actividad extractiva que expulsa comunidades y empobrece el frágil suelo laterítico de Misiones es más importante que el llanto de los niños Mbya”.

Luego, continuó: “A nivel internacional causó indignación ver las imágenes de la Policía misionera sacando sin la más mínima humanidad a las familias de sus viviendas, y cargando sus pertenencias en un camión. Cuesta creer que en nombre de la ley se actúe violándola. No debe permitirse que un juez pisotee la constitución y una convención con jerarquía superior a las leyes del país”.

Para finalizar, se preguntó: “¿Por qué la crueldad e ilegalidad institucional pueden coexistir tan impunemente en Misiones?. Si el juez Roberto Antonio Sena, el gobierno de Misiones, el empresario Alfredo Ruff ,y la compañía chilena Arauco creen que sus atropellos a los derechos humanos pasarán desapercibidos, se equivocan. Sus nombres y malas decisiones ya circulan internacionalmente como una cruel muestra del genocidio silencioso que sigue ocurriendo en una provincia de Argentina. Más aún, los consumidores de productos con materias primas producidas por Arauco también castigarán tanta crueldad e impunidad”.

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El gobierno provincial confirmó el regreso del programa Ahora Patente, que estará vigente desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre. La iniciativa permitirá financiar el pago del impuesto a la patente vehicular en hasta 10 cuotas sin interés y ofrecerá un 10% de descuento en los municipios que adhieran al esquema.

El anuncio fue realizado este viernes por el gobernador Hugo Passalacqua a través de sus redes sociales, donde informó que el beneficio volverá a estar disponible para las familias misioneras durante los últimos cinco meses del año.

El programa alcanzará el pago del impuesto a la patente vehicular en las comunas que decidan adherirse. Los contribuyentes podrán abonar el tributo en hasta 10 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Macro, utilizando la plataforma IPA y seleccionando la opción de pago “Macro Click”.

Además del financiamiento, quienes realicen el pago en los municipios adheridos accederán a un 10% de descuento sobre el importe de la patente.

Desde el gobierno provincial aclararon que la vigencia efectiva del beneficio dependerá de la adhesión de cada municipio, por lo que cada comuna deberá incorporarse al programa para ofrecer estas condiciones a sus contribuyentes.

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Con un manifiesto titulado “La patria no se vende, la tierra se defiende”, el Movimiento de Pequeños Productores Autoconvocados de San Antonio expresó su rechazo a la posible derogación de la Ley 26.737, que limita la titularidad extranjera de tierras rurales en la Argentina. La organización sostiene que la medida implicaría “la entrega de la soberanía” y pondría en riesgo el futuro de las chacras familiares en la zona de frontera.

El documento, firmado por José Godofrido Ramón, docente y dirigente social, remarca que los integrantes del movimiento son “hijos y nietos de pioneros del extremo noroeste de Misiones” y reivindica el esfuerzo de quienes poblaron y trabajaron la frontera. “No heredamos riquezas; heredamos tierra, trabajo, sacrificio y dignidad”, señala el texto. Además, afirma que la ley “protege nuestra soberanía, nuestros recursos naturales y nuestras fronteras” y que “la tierra no es una mercancía cualquiera”.

En diálogo con La Voz de Misiones, Ramón sostuvo que existe una fuerte preocupación entre los colonos del departamento General Manuel Belgrano por el avance del proyecto que busca modificar la normativa vigente. “Para nosotros no es nada más ni nada menos que la entrega de la soberanía que tenemos”, afirmó.

“Primero desregularon las economías regionales”

El vocero vinculó el debate sobre la Ley de Tierras con la crisis que atraviesan los pequeños productores, especialmente los yerbateros. Según planteó, el gobierno nacional llevó adelante “un plan sistematizado” que comenzó con la desregulación de las economías regionales y la caída de los precios que reciben los colonos por su producción.

“Hoy el producto de la chacra no vale nada. Vinieron por ahí para bajarle el ánimo, para matarlo de hambre y después venir por las tierras”, expresó.

En ese sentido, advirtió que un pequeño productor no puede competir con grandes grupos de inversión y recordó conflictos históricos vinculados a la concentración de la tierra en Misiones. El manifiesto también hace referencia a esas experiencias y señala que la provincia “tiene heridas abiertas y conflictos históricos vinculados al acceso y la tenencia de la tierra”.

Críticas a los senadores misioneros

Ramón cuestionó especialmente a los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, a quienes acusó de haber prometido defender al pequeño productor durante la campaña electoral. “Estuvieron en campaña comprometiéndose con ayudar al minifundista y ahora se esconden, no atienden el teléfono”, sostuvo.

El dirigente reclamó que ambos legisladores rechacen el proyecto cuando sea tratado en el Senado y consideró que “ya no tendrían que haber aceptado el trabajo en comisión ni dar quórum”.

También dirigió críticas al senador Martín Goerling, al señalar que “salió a decir que esto es un beneficio para la provincia” y pidió que explique “cuál es el beneficio para los colonos”.

Frontera, seguridad y capitales extranjeros

Uno de los ejes centrales del planteo es la situación de las tierras en zonas fronterizas. Ramón aseguró que el departamento General Manuel Belgrano se encuentra cerca del límite permitido de propiedad extranjera y advirtió sobre el avance de capitales brasileños en áreas rurales próximas a la frontera.

“La frontera no se defiende solo con fuerzas de seguridad. Se defiende con colonos, productores, docentes y familias que viven y trabajan en ella”, afirmó, en línea con lo expresado en el manifiesto del movimiento.

El dirigente sostuvo que una mayor concentración de tierras en manos extranjeras podría favorecer actividades ilegales como el contrabando, el narcotráfico o la trata de personas, además de afectar recursos estratégicos como el agua y la biodiversidad.

Respaldo al pronunciamiento de Passalacqua

Consultado sobre la postura del gobernador Hugo Passalacqua, quien en distintas actividades públicas manifestó su rechazo a la derogación de la Ley 26.737 y anticipó que solicitará a los senadores misioneros votar en contra, Ramón valoró esa definición política.

“Celebramos que el gobernador se haya manifestado y se haya preocupado por este tema. Eso nos da una esperanza de seguir luchando”, indicó.

Para el dirigente, los senadores nacionales “son la voz y el voto del gobierno de la provincia en el Senado” y, por lo tanto, deberían actuar en consonancia con la posición expresada por el Ejecutivo misionero.

Jóvenes, escuelas rurales y movilización

Ramón aseguró que la preocupación también alcanza a los jóvenes de las colonias. Señaló que muchas familias atraviesan serias dificultades económicas y que algunos chicos deben dejar la escuela para ayudar en las tareas de la chacra.

“No pueden comprarse una zapatilla, un cuaderno o los útiles para ir a la escuela. Es sumamente grave lo que está pasando hoy”, afirmó.

El manifiesto advierte que la desaparición de los pequeños productores no solo implica la pérdida de una unidad productiva, sino también el cierre de escuelas rurales, la emigración de los jóvenes y el vaciamiento de las colonias. “Cuando desaparece un pequeño productor no solamente se pierde una chacra. Se pierde una escuela rural, una familia en el campo, trabajo, producción, cultura y soberanía“, sostiene el documento.

El movimiento adelantó que analiza realizar un banderazo y movilizaciones para visibilizar el rechazo al proyecto y convocó a la sociedad misionera a “levantar la voz” en defensa de la tierra y de la agricultura familiar.

“La tierra misionera no se vende”

En el tramo final del manifiesto, los productores remarcan que su reclamo “no tiene dueño ni color partidario” y que su única aspiración es que las futuras generaciones puedan seguir viviendo y trabajando en las chacras heredadas de sus abuelos. El texto concluye con una definición que resume el espíritu de la convocatoria: “La tierra misionera no se vende. La soberanía no se negocia. Las fronteras se cuidan”.

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