Provinciales
Fallo judicial considera estupefaciente al aceite de cannabis de Puerto Rico

La Cámara Federal de Apelaciones de la provincia dio lugar a un recurso planteado por la Fiscalía y ordenó que la causa iniciada contra integrantes de una asociación misionera dedicada a la producción de cannabis medicinal sea encuadrada bajo los parámetros de Ley 27.737 de Estupefacientes, lo cual agrava la situación de los involucrados, que ahora serían pasibles de recibir una condena de entre 4 y 15 años de prisión en un futuro.
El revés judicial alcanza a la presidenta de Familias Usuarias del Cannabis Medicinal Misiones (FUCAMMI), Rosana Vier, y a otros tres miembros y trabajadores de la asociación radicada en Puerto Rico.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, en primera instancia todos ellos fueron procesados sin prisión preventiva por los delitos de “producción de sustancias medicinales en establecimientos no autorizados y venta sin autorización de sustancias medicinales que requieren receta médica”, previstos por los artículos 204 ter y 204 quinquies del Código Penal de la Nación, los cuales establecen penas de hasta 4 años de prisión como máximo.
Esa medida fue dispuesta por el Juzgado Federal de Oberá, a cargo del magistrado Alejandro Gallandat Luzuriaga, pero la Fiscalía Federal de esa misa localidad, cuya titular es Viviana Vallejos, apeló la resolución, al considerar que el delito en el que presuntamente incurrieron los miembros de FUCAMMI deberían ser encuadrados bajo la Ley 27.737 de Estupefacientes, argumentando que los productos que eran comercializados por la asociación tenían “capacidad toxicomanígena” y eran “nocivos para la salud pública”, por lo cual no deben ser consideradas “medicinales”, sino estupefacientes.
Ante esta presentación, en el expediente debió intervenir la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia, cuyos magistrados analizaron el planteo y en base a los elementos recolectados resolvieron hacer lugar a la opinión de la fiscal Vallejos -sostenida a la vez por la Fiscalía General Federal-, revocando el procesamiento de primera instancia y estableciendo que los cuatro miembros de FUCAMMI deben ser imputados en el marco de la Ley de Estupefacientes, al igual que cualquier hecho de narcotráfico.
La resolución fue publicada hoy en el Centro de Información Judicial (CIJ) y lleva las firmas de los jueces Ana Lía Cáceres de Mengoni, Mario Osvaldo Boldú y Mirta Tyden de Skanata.
Medicina no, droga
En el fallo, los magistrados consideran que los hechos cometidos por Vier y sus compañeros de FUCAMMI deben ser encuadrados por el artículo 5 de la Ley 27.737, incisos b y c, que hacen referencia a la producción, comercialización, almacenamiento y transporte de estupefacientes y que prevé penas que van desde los 4 hasta los 15 años de prisión.
Entre los fundamentos de la decisión, los jueces de la cámara expusieron los resultados de las pericias químicas como elemento clave para acreditar la “aptitud toxicomanígena” de todos los productos elaborados a base de cannabis (aceite, jabones, lociones, etcétera) que fueron incautados en los diversos allanamientos realizados cuando comenzó la causa, entre 2019 y 2020.
De esas pericias se desprende que las muestras analizadas arrojaban concentraciones de THC de un mínimo de 1,2 hasta un máximo de 5,3% y los magistrados contrastan estas conclusiones con un informe remitido por el presidente de Misiopharma S. E., que sostiene que el aceite de cannabis estandarizado y autorizado contiene THC en niveles de hasta 0,3%.
“Evidenciando que las muestras analizadas en el Informe Pericial Químico Nº 2766 excedían ampliamente los valores aceptados e imposibilita que la sustancia secuestrada sea considerada como “medicina”, arguyen los magistrados.
En la resolución también hacen énfasis en la escasez de controles microbiológicos en la producción (principalmente en las semillas) y a la falta de autorización legal para la fabricación de productos medicinales.
“Que conforme surge de los diversos informes agregados a la causa, la organización FUCAMMI al igual que los encausados Vier y Steckler (Carlos Roberto) no se encontraban habilitados y/o autorizados por la ANMAT para elaborar, fabricar o comercializar la mercadería secuestrada como tampoco habrían canalizado su proyecto mediante convenios con el INTA o CONICET. Sumado a que, no habían solicitado la inscripción en el RECANN (Registro Nacional de pacientes en tratamiento con cannabis) ni autorización de ANMAT para el acceso de excepción”, añaden.
Ante estas argumentaciones, los magistrados de la cámara entienden que las conductas de Vier como Carlos Roberto Steckler -otro imputado- deben ser calificadas como “coautores” del delito de producción con fines de comercialización de estupefacientes.
Respecto a los demás involucrados, la Cámara considera que deben ser imputados como “partícipes secundarios” de tenencia y/o transporte de estupefacientes con fines de comercialización. Una de ellas era empleada en la oficina de FUCAMMI y el otro restante prestaba colaboración para la distribución de los productos.
Una alta fuente judicial consultada por La Voz de Misiones explicó que ahora la defensa puede presentar un recurso de casación pero, tras esta resolución de la Cámara, la causa quedaría a un paso de ser elevada a juicio como un delito de narcotráfico, ante lo cual los cuatro imputados deberían ir al banquillo.
Llegado el momento, será el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas el que resolverá la situación de cada uno de ellos.
Denuncia anónima y allanamientos
El expediente contra Vier y los miembros de FUCAMMI comenzó en julio de 2019, cuando una denuncia anónima desde Ciudad de Buenos Aires alertó sobre el funcionamiento de la asociación a la Policía Federal Argentina (PFA).
Tiempo después, la Justicia Federal autorizó varios allanamientos, tanto en la oficina de la asociación como en viviendas particulares de los involucrados y otros domicilios, procedimientos que culminaron con el secuestro de 504 frascos con aceite, 20 frascos con loción, 14 urgüentos y 24 jabones, todos producidos a base de cannabis, además de cuatro tachos de 70 litros con picadura de marihuana macerándose en alcohol y 720 gramos de cogollo.
“INFORMAMOS que, por orden del Juzgado Federal de la ciudad de Oberá, Misiones, se secuestraron todas las existencias, para atender los distintos tratamientos para los próximos días, como así también fueron incautados los fondos destinados a solventar los próximos lotes de extracto planificados para sostener la seguridad de la atención continua de los tratamientos. Es URGENTE hacer de público conocimiento esta situación, aun en probable perjuicio de cualquier estrategia de defensa judicial de las personas imputadas, porque comprendemos la terrible situación, de peligro para la salud y desamparo emocional, que como efecto de este irreflexivo acto procesal, sufrirá la ciudadanía afectada como resultado de la interrupción de los tratamientos que se producirán en el futuro cercano ante la fáctica evidencia que representan las conservadoras de almacenamiento, totalmente vacías”, publicó FUCAMMI en su Facebook por aquél entonces.
Todos esos elementos fueron secuestrados para los estudios químicos que ahora fueron utilizados para “dar vuelta el fallo de primera instancia”, como explicó -en términos sencillos- un especialista consultado por LVM.
A pesar de ordenar el cambio de la calificación legal y agravar la situación procesal de los imputados, la Cámara de Apelaciones dispuso que tanto Vier como los restantes involucrados continúen sin presión preventiva, es decir, en libertad, aunque ahora tendrán prohibida la salida del país y deberán presentarse periódicamente ante las autoridades para demostrar que siguen a disposición de la Justicia.
La FUCAMMI
FUCAMMI empezó a funcionar cuatro años antes de la denuncia anónima que derivó en la causa judicial que ahora sigue arrojando novedades.
Según contó Vier en entrevistas periodísticas, ella comenzó a producir aceite de cannabis con fines terapéuticos para su hermano Juan Carlos, que tiene epilepsia refractaria.
A partir de ahí, observó que decenas de personas se encontraban en su misma situación y comenzó a elaborar el producto para otras familias con distintas dolencias que no encontraban respuesta en los tratamientos tradicionales.
“Fucammi es un grupo sin fines de lucro, políticos ni religiosos, apoyando a la legalización del uso medicinal del Cannabis, para tratar diferentes enfermedades, entre ellas: Epilepsia, Epilepsia Refractaria, Alzheimer, dolores crónicos, cáncer, migraña, artritis, anorexia, esclerosis múltiples, reumatismo, depresión, glaucoma ocular, parkinson”, se presenta la asociación en sus redes sociales.
Provinciales
Colonia Polana: denuncian usurpación de tierras con complicidad política y policial

Los hermanos Germán y Julio Llanos denuncian persecución y amedrentamiento sufrido en los últimos meses tras una presentación judicial, en un intento por recuperar las tierras que pertenecieron a su familia por tres generaciones en la localidad de Colonia Polana. En este informe, los denunciantes le ponen nombre y apellido a quienes acusan por abuso del poder, de vulnerar sus derechos y quedarse, momentáneamente, con su propiedad.
Todo comenzó con una denuncia por usurpación de tierras presentada por los hermanos Llanos sobre un territorio de aproximadamente 107 hectáreas, de las cuales 55 fueron cultivadas con yerba mate; en el municipio que hoy tiene alrededor de mil habitantes y está situado dentro del departamento de San Ignacio, a casi un kilómetro del río Paraná y unos 116 kilómetros de Posadas.
Para conocer de cerca esta historia, La Voz de Misiones visitó la chacra donde los hermanos Llanos detallaron la cronología del conflicto.
En primera instancia, no pueden acceder a la vivienda familiar situada allí, actualmente ocupada por dos serenos presuntamente enviados por Raúl Núñez, que es concejal en la misma localidad. En segundo lugar, se ven impedidos a pagar los impuestos municipales de esa chacra y tampoco pueden disponer de la producción de yerba.
“Esta es la chacra que era de nuestro viejo, hoy día en sucesión, con ciertos problemas con intrusos como ustedes pueden ver, tenemos esta persona que está acá con machete y otra más, enviados por el concejal del municipio de Colonia Polana, que es Raúl Núñez”, comenzó Germán Llanos durante una entrevista con LVM.
De esta manera, señaló a uno de los miembros de la familia Núñez, la cual gobierna el municipio desde hace más de dos décadas. En el año 2003, Alfredo Raúl Núñez ocupó el cargo de intendente durante cuatro mandatos consecutivos, hasta que en 2015 le cedió el mando a su esposa, Antonia Medina, quien actualmente transita su segundo período de gobierno.
En tanto, los hijos del matrimonio Núñez-Medina también lograron cargos públicos dentro del mismo pueblo. Desde el año 2014, Tamara Josefina Núñez se desempeña como jueza de paz, mientras que su hermano Raúl Francisco Núñez ocupa una banca en el Concejo Deliberante desde 2019, y hoy es el presidente del cuerpo deliberativo, segundo en la línea de mando municipal después de su madre.

Alfredo Raúl Núñez, Antonia Medina, Raúl Francisco Núñez y Tamara Josefina Núñez
Finalmente, el círculo del poder familiar se cierra con el policía Nicolás Andino, pareja de la jueza Tamara Núñez, quien supo estar a cargo de la comisaría local años atrás.
En la trama de sucesos relatados por los hermanos Germán y Julio Llanos, señalaron al actual jefe de la comisaría de Colonia Polana, el oficial principal Juan Javier Alejandro Skromeda, como el responsable de blindar el accionar de Raúl Núñez.
Además, los Llanos acusaron a Skromeda ante el jefe de la Unidad Regional IX Jardín América, comisario general Marcelo Chimiski, describiendo que en una oportunidad los intentó vincular con una carga de drogas.
Las tierras a nombre de Núñez
Según la resconstrucción de los denunciantes, la toma del territorio comenzó con la presentación de un boleto de compra venta en manos de Raúl Núñez, en la Municipalidad de Colonia Polana, fechado en 2013 con la firma de Julio Cesar Llanos, el padre de los denunciantes.
Al ver la firma del papá en el documento presentado por Núñez, los hermanos notaron anomalías la estampa y la sometieron a pericias caligráficas que determinaron que era falsa.
La supuesta transacción para la compra de la chacra había sido avalada, además, por el escribano Roberto Carlos Yegros, que se quedó sin su matrcícula profesional en 2020, luego de inspecciones del Colegio Notarial donde se observaron irregularidades que tuvieron como consecuencia sumarios; los que -por su gravedad- dieron lugar al pedido de destitución al Superior Tribunal de Justicia , lo cual se concretó noviembre de ese año.
Para dos ex concejales opositores de Colonia Polana, el poder que ejerce la familia Núñez – Medina es sinónimo de “hostigamiento y persecución”. Tal es el caso de Ramón Fernández quien ejerció durante el período 2011-2015, e impulsó una comisión investigadora a la gestión de Alfredo Núñez, que deribó en una denuncia penal por incumplimiento de deberes y malversación de fondos.
Para impedir esa investigación y la presentación de pruebas, Fernández recibió tres denuncias por supuesto abuso sexual, las cuales fueron desestimadas de inmediato por la inconsistencia en el relato de las presuntas víctimas.
Fernandez cree que las represalias por cuestionar al poder de turno no terminaron allí y vincula a los Núñez como los responsables de lo sucedido dos meses más tarde, cuando su casa fue incendiada.
“Si no pueden por una forma, te buscan por otra, como para cansarte y que vos te retires de la política, porque vos sos una persona honesta y a ellos no le sirve eso, porque vos le estás controlando, preguntando, pidiendo y a ellos no le gusta, ellos no quieren mostrar nada, ocultan todo”, enfatizó el ex concejal que, luego de los episodios que debió resistir, dejó la política y se mudó del pueblo.
Una experiencia similar transitó Sebastián Kachorroski, concejal opositor durante la primera gestión de Antonia Medina, entre 2015 y 2019, quien entrevistado por este medio también refirió a falsas denuncias, amenazas y la pérdida de bienes materiales que lo llevaron a abandonar la escena política.
“Son formas de intentar silenciarte, pero uno no se calla. Una de las cosas más graves fue cuando me prendieron fuego el auto. Ahí sí, pudo haber fallecido mi viejo; mi papá y mi mamá, porque eran los que estaban durmiendo a diez metros del incendio”, advirtió Kachorroski durante la entrevista.
Actualmente, con todas las pruebas aportadas, los Llanos esperan respuestas de la Justicia .
La Voz de Misiones se comunicó telefónicamente con la intendenta Antonia Media, con el concejal Raúl Núñez y con su abogado defensor, Ángel Gauto, pero ninguno accedió a darnos una entrevista.
Provinciales
Anunciaron el pago a las autoridades de mesa de las elecciones del 8 de junio

El Tribunal Electoral de Misiones informó, a primera hora de hoy, que se encuentran acreditados los pagos a las autoridades de mesa que participaron de las elecciones legislativas provinciales el pasado 8 de junio.
El anuncio lo dieron a través de su cuenta de Instagram en el que detallaron: “Se informa a las autoridades de mesa que el pago por la labor cumplida en las elecciones del 08/06/2025 se encuentra depositado en cuenta desde el día de hoy, 12 de agosto de 2025”.
La medida alcanza a todos los ciudadanos que fueron designados y se desempeñaron como autoridades de mesa, tanto presidentes, a quienes les corresponde la suma de $40.0000, como vicepresidentes y auxiliares de mesa, en los comicios donde se eligieron representantes legislativos provinciales.
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El organismo recordó que el pago responde a la retribución económica prevista por la labor realizada durante la jornada electoral, y que cualquier inconveniente con la acreditación debe ser informado directamente ante el Tribunal Electoral para su revisión.
Finalmente, detallaron que en los casos de CBU correspondientes a bancos que no sean Macro, el depósito podría demorar en acreditarse durante el transcurso del día.
A su vez, para las autoridades de mesa que no registraron CBU, el organismo adelantó que “en breve se informará el procedimiento para percibir el pago”.
Cinco frentes y seis partidos irán a las urnas el 26 de octubre en Misiones
Provinciales
Tarjeta Naranja se sumó a los beneficios de los programas Ahora

Los programas Ahora, que hasta el momento funcionaban con las tarjetas de los bancos Macro, Nación y Credicoop, desde este lunes cuentan con la adhesión de Tarjeta Naranja en los rubros Ahora Misiones, Ahora Construcción y Ahora Bienes Durables.
La confirmación fue dada por el mandatario provincial, Hugo Passalacqua, a través de su cuenta personal de “X”, donde anticipó: “Informo que, desde el día de hoy, Tarjeta Naranja también se incorpora a los programas Ahora Misiones, Ahora Construcción y Ahora Bienes Durables”.
Al finalizar el mensaje, celebró: “¡Seguimos ampliando la cobertura para que más misioneros accedan a estos beneficios!”.
La nueva herramienta permitirá acceder a una financiación sin interés y reintegros de hasta el 25% en comercios adheridos.
Informo que, desde el día de hoy, Tarjeta Naranja también se incorpora a los programas Ahora Misiones, Ahora Construcción y Ahora Bienes Durables.
¡Seguimos ampliando la cobertura para que más misioneros accedan a estos beneficios!
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) August 11, 2025
Hasta el momento, los beneficios estaban disponibles para las tarjetas Visa y Mastercard del Banco Macro, y para las tarjetas Visa, Mastercard, American Express del Banco Galicia y la tarjeta Cabal del Banco Credicoop.
A partir de hoy, también estarán habilitados para los usuarios de Tarjeta Naranja, en todos los comercios adheridos a los programas Ahora Misiones, Ahora Construcción y Ahora Bienes Durables.
Días y horarios
El programa Ahora Misiones funciona todos los lunes, martes y miércoles, y ofrece financiación en 1 o 6 cuotas sin interés, con un límite financiable de $653.400. Además, contempla reintegros del 25% en comercios misioneros y del 20% en comercios nacionales, con un tope de reintegro de $44.044.
En tanto, Ahora Construcción funciona los días lunes, martes y miércoles con financiación en 18, 12 y 6 cuotas sin interés con un límite financiable mensual de $1.306.800.
Finalmente, Ahora Bienes Durables funciona los lunes y martes, también con tarjeta de crédito y cuotas de 6, 12 o 18, con un tope de $1.306.800.
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