Provinciales
Empresa misionera creó protocolo para activar el transporte de media y larga distancia
La empresa de transporte de pasajeros Río Uruguay elaboró un protocolo en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19 en vistas de poder reactivar los medios de transporte públicos de media y larga distancia.
POSADAS. El mismo, se hizo en base a recomendaciones de la Sociedad Argentina de Infectología, el Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Transporte de la Nación y demás autoridades nacionales y provinciales, para poder cumplir con todas las medidas de seguridad e higiene necesarias para el desarrollo de la actividad y promover la prevención y concientización en el ámbito laboral.
Comunicado oficial de las medidas que se propone implementar, las mismas están agrupadas en los siguientes ítems:
MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN EL ESTABLECIMIENTO
➢ Conforme el decreto provincial 450/20 establecido por el Gobierno de la provincia de Misiones, es obligatorio el uso de tapabocas en la vía pública.
➢ En caso de ser posible, intentar caminar o utilizar bicicleta, para permitir más espacio a quienes no tienen otra alternativa de traslado. Si es posible, desplazarse en vehículo particular y mantenerlo ventilado para garantizar la higiene y desinfección del interior del mismo.
➢ En caso de utilizar transporte público, deberá evitar amontonamientos en las paradas. Respetar el distanciamiento social, mínimo 1,50 metros
➢ Procurarse alcohol en gel personal para utilizar siempre que baje de un medio de transporte, o haya manejado dinero; tarjeta bancaria, etc.
PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO AL LUGAR DE TRABAJO, CONTROL SANITARIO
➢ Antes de ingresar al lugar de trabajo, a través de un personal capacitado (especialmente designado a tal fin por el Comité de Prevención y Crisis de la empresa) munido de guantes, visera protectora y tapabocas, consultará por estado de salud del trabajador/a y su familia.
➢ Se realizará un control de temperatura diario de todos los trabajadores al momento de su ingreso al lugar de trabajo.
➢ Será obligatorio para toda persona que ingrese al establecimiento completar una Declaración Jurada sobre su estado de salud. Los dependientes de la empresa deberán actualizar la misma en caso de que haya habido cambios
a las respuestas del cuestionario original una vez a la semana. Los terceros, cada vez que ingresan.
➢ La empresa proveerá al trabajador de los elementos de protección personal, tales como tapabocas, guantes, viseras protectoras, etc.
➢ Asimismo, verificará que el trabajador de taller ingrese con su ropa y calzado de calle y se dirija inmediatamente a su cambio de ropa de trabajo. También verificará que se retiren con su calzado y ropa
particular de calle.
➢ Deberá limpiar la suela del calzado en felpudo embebido con lavandina u otro sanitizante
➢ Al ingresar el trabajador/a deberá lavarse las manos con agua y jabón. En caso de no contar en el sector de ingreso con baños y/o lavatorios y/o estaciones de lavado en el acceso, deberá realizar limpieza de las manos en seco (gel o soluciones alcohólicas) al llegar al mismo. Cada lugar de acceso al establecimiento dispondrá de felpudo o trapo de
piso embebido en solución desinfectante, gel o soluciones alcohólicas, solución desinfectante y toallas de papel.
➢ Deberá asimismo realizar limpieza del celular y llaves con toallas de papel y solución desinfectante.
➢ El Departamento de Recursos Humanos de la empresa organizará por sector los horarios de entrada y salida escalonados, a fin de evitar aglomeraciones en los puntos de acceso y egreso e implementará en la medida de lo posible el teletrabajo y ejecución de aquellas tareas a distancia en todos los casos que no se correspondan con trabajos esenciales propios de la actividad.
➢ Se prohíbe el saludo con contacto físico de toda índole.
➢ No generar contacto físico con otras personas (saludos, abrazos, besos).
➢ Al toser o estornudar cubrirse la boca con el pliegue del codo o con un pañuelo desechable.
➢ Se deberá respetar un distanciamiento interpersonal de 1.50 mts. en todo el ámbito laboral, entre puestos de trabajo, baño/s, comedor, fila de ingreso, ascensores, etc. En caso de que las tareas realizadas no permitan guardar la distancia recomendada, se implementarán barreras de contención entre cada puesto de trabajo.
MEDIDAS A IMPLEMETAR EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE INTERURBANO E INTERNACIONAL DE PASAJEROS Y CARGAS:
➢ Antes de tomar servicio, se deberá controlar la temperatura de los conductores y si presenta fiebre o algún síntoma de la enfermedad, no deberá tomar servicio y deberá seguirse el Plan de Emergencia para personal enfermo.
➢ Será obligatorio tanto para el conductor como para los pasajeros, el uso de tapabocas.
➢ Realizar la desinfección del volante; palanca de cambios; manija de puertas; ventanillas; radio y otros comandos de contacto manual.
➢ Queda prohibido compartir utensilios de cualquier tipo (ej. mate, vasos, etc.).
➢ El chofer y acompañante deberán mantener una distancia mínima de seguridad de 1,50 mts.
➢ Si la unidad dispone de catre, cada chofer deberá contar con su ropa de cama personal.
➢ Se Fijará cartelería en los vehículos indicando que los pasajeros deberán respetar un límite de acercamiento al personal de conducción no inferior a 1,50 mts.
VENTA DE PASAJES:
➢ Los operadores quedan autorizados a vender los pasajes en la medida de lo posible, seleccionando los asientos de manera de ubicar a los pasajeros dentro de los vehículos a distancia prudencial entre ellos, salvo que el pasajero solicite viajar acompañado al momento de adquirir dos o más pasajes y teniendo en cuenta las limitaciones previstas por la Autoridad de Aplicación respectiva.
➢ Al momento de vender un pasaje se debe solicitar, además de los datos ya exigidos por la normativa vigente, el número de teléfono donde se pueda localizar al pasajero con posterioridad al viaje.
➢ Se deberá incluir en los boletos emitidos una leyenda que refiera a las sanciones de las que será pasible el pasajero en caso de incumplir con las previsiones sobre cuarentena dispuesta por el Gobierno Nacional. Este puede decir: “Señor pasajero respete las normas de prevención, seguridad e higiene públicas. Se hace saber que el artículo 205
del Código Penal de la Nación reprime “(…) con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. El mismo
podrá adaptado de conformidad a la normativa local.
ACONDICIONAMIENTO DEL VEHÍCULO:
➢ Mientras el vehículo se encuentre a la espera de iniciar servicio, como así también durante su circulación, permanecerá ventilado.
➢ Se fijará en el interior de los vehículos, de manera visible a todo el pasaje, la cartelería que establezcan las autoridades competentes en la materia, destinada a proteger la salud de conductores y pasajeros.
➢ En los baños se dispondrá un rociador con una solución desinfectante, en las proporciones que indica el Ministerio de Salud. Asimismo, deberá indicarse en la cartelería, que cada pasajero que use el baño, deberá
utilizar los elementos de higiene provistos a fin de desinfectar el baño al retirarse y que procuraren mantenerse en su asiento y evitar los movimientos dentro del vehículo.
➢ Se retirarán las cortinas, visillos y demás elementos de tela que pudiesen retener los virus en su entramado, con excepción de aquellos utilizados en los tapizados de las butacas y laterales de los vehículos.
DESINFECCIÓN CRUZADA EN EGRESO DE UNIDADES:
➢ El equipo sanitario realizará una desinfección cruzada con productos desinfectantes a base de amonios cuaternarios de quinta generación, pulverizados y con acción mecánica manual.
➢ Ozonizará la totalidad interna de la unidad para que tome servicio.
➢ Antes de tomar servicio los conductores serán controlados conforme el protocolo sanitario interno y se le entregará el kit sanitario.
SANITIZACIÓN DE UNIDADES QUE INGRESAN:
➢ El Personal de sanitización llevará a cabo la desinfección interna y externa de cada unidad.
PROCESO EXTERNO, ingreso a terminal/toque de dársena
➢ En el interior: mediante la utilización de desinfectantes clorados pulverizados y con acción mecánica manual y
ozonizará los tapizados de los asientos.
➢ En el exterior: se pulverizará con uso de desinfectantes peracéticos a través de un arco de ingreso.
➢ El ascenso y descenso de los pasajeros debe realizarse manteniendo la distancia de seguridad. Igual criterio deberá aplicarse para retirar las valijas de las bauleras
➢ Cada pasajero deberá someterse al control de temperatura corporal, tanto en el ascenso como en el descenso.
➢ Los conductores serán los encargados de ordenar el ascenso de pasajeros, para lo cual solicitará DNI, pasaje y declaración jurada.
➢ Cada pasajero deberá completar una declaración jurada sobre su estado de salud en la cual figure el control de temperatura corporal efectuado y sera obligatorio para el ingreso a la unidad el uso de
tapabocas.
➢ Queda totalmente prohibido el ascenso a aquellas personas que no suscriba su declaración jurada.
DURANTE EL SERVICIO:
➢ En caso de que el pasajero manifieste síntomas de la enfermedad (tos, dificultad respiratoria, secreción y goteo nasal, fatiga, dolor de garganta y de cabeza, escalofríos, malestar general), o supere la temperatura corporal de 37.5° los conductores no permitirán el ascenso del pasajero bajo ninguna excepción y se activará el Plan de Emergencia.
➢ Los pasajeros no podrán descender en las terminales intermedias que no sean su destino final.
➢ El Vehículo deberá circular durante todo el viaje en forma ventilada.
➢ Los choferes contarán con un listado de los centros de salud que se encuentran en la traza que realizan para reportar cualquier caso sospechoso o emergencia.
➢ Si algún pasajero presenta síntomas (temperatura corporal mayor a 37.5°, tos, dificultad respiratoria, secreción y goteo nasal, fatiga, dolor de garganta y de cabeza, escalofríos, malestar general) deberá ser aislado en lo posible del resto de los pasajeros y mantener una distancia de seguridad de al menos 3 metros. El chofer deberá comunicarse de inmediato con la Autoridad Pública correspondiente a efecto de recibir las instrucciones que se le indiquen respecto del pasajero enfermo y el resto del pasaje. En caso de ser necesario, se deberá dar aviso a la fuerza pública del
lugar respectivo.
La Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico dictaminó que debe dejarse sin efecto el desalojo ejecutado el martes pasado sobre la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II, en Garuhapé, al considerar que la medida fue concretada mientras permanecía pendiente de resolución un recurso de apelación presentado por la defensa.
El pronunciamiento, difundido por el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), fue emitido por el fiscal Héctor Simón, quien sostuvo que la ejecución del desalojo carecía de sustento mientras la Cámara de Apelaciones no resolviera la apelación interpuesta contra la orden del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del magistrado Roberto Sena.
De acuerdo con el dictamen, la apelación presentada por la comunidad tenía efecto suspensivo, por lo que el procedimiento no debía llevarse adelante hasta que el tribunal de alzada se expidiera sobre la cuestión.
En su presentación, Simón calificó la medida como de “extrema gravedad institucional”, al tratarse del “desplazamiento inmediato de una Comunidad Indígena”, y sostuvo que una decisión de esa naturaleza exige un análisis especialmente riguroso de los derechos involucrados.
Para la fiscalía, el caso “evidencia la existencia de un conflicto jurídico de mayor complejidad que el de una mera controversia posesoria”, por lo que antes de ejecutar el desalojo debían analizarse integralmente los derechos territoriales indígenas protegidos por la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.
El desalojo se concretó el martes bajo órdenes del juez Roberto Sena.
El conflicto
La disputa se originó a partir de un reclamo del empresario forestal Alfredo Ruff, quien solicitó la restitución de los lotes 71 y 78 de la fracción Cañafístola mediante una medida cautelar por presunta usurpación.
La comunidad, por su parte, sostiene que esas tierras forman parte de su territorio ancestral y recuerda que fueron relevadas en el marco de la Ley Nacional 26.160, además de invocar las garantías previstas en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La defensa también cuestionó que una medida cautelar haya derivado, en los hechos, en un desalojo antes de que exista una sentencia definitiva sobre el conflicto territorial.
Pedido de informes
La novedad judicial se conoce un día después de que el Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes informaran que solicitaron explicaciones a la Justicia por el operativo, al señalar que ninguno de los organismos fue notificado previamente sobre su ejecución.
En un comunicado conjunto, ambos organismos indicaron que requirieron conocer el alcance de la medida y anticiparon que, si se verifican afectaciones a derechos de la comunidad mbya, evaluarán las acciones institucionales que correspondan dentro de sus competencias.
Asuntos Guaraníes pidió informes por desalojo en Puente Quemado II
Luego del encuentro mantenido con el obispo de Posadas, monseñor Juan Rubén Martínez, los distintos sectores de la cadena yerbatera también se reunieron este jueves, pasadas las 11, con el gobernador Hugo Passalacqua para exponer la crítica situación que atraviesa el sector tras la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y solicitar la Ley de Emergencia Yerbatera.
Durante el encuentro, el abogado Federico Padolski, en representación de asociaciones de productores, trabajadores rurales y tareferos, presentó un borrador de Ley de Emergencia Yerbatera, que ya contaba con el respaldo de la Diócesis de Posadas.
La iniciativa contempla medidas destinadas a proteger a los pequeños productores y minifundistas, quienes perdieron el principal valor de referencia para la hoja verde luego de que el DNU 70/23 eliminara la facultad del Inym de fijar precios mínimos para la materia prima.
Además, asociaciones de tareferos entregaron un escrito en el que solicitaron módulos alimentarios para los trabajadores que quedaron excluidos de programas de asistencia y un subsidio económico que permita afrontar los meses en los que no pueden trabajar debido al cierre anticipado de la cosecha y la falta de pago de la interzafra.
Reunión con diputados
Al finalizar el encuentro, los representantes del sector señalaron que quedaron conformes con la respuesta del gobernador y confirmaron que el próximo lunes se realizará una nueva reunión en el Ministerio del Agro, junto a diputados provinciales, para comenzar a trabajar en el proyecto y darle un marco legal definitivo.
El debate también tiene fuertes implicancias políticas. Si prospera, la iniciativa podría convertirse en una de las primeras leyes impulsadas directamente desde la gobernación para enfrentar la crisis yerbatera, con el respaldo de los legisladores alineados con el Poder Ejecutivo provincial dentro del nuevo espacio Movimiento por lo que se Viene.
El tratamiento en la Cámara de Representantes podría abrir una discusión entre el nuevo bloque cercano a Hugo Passalacqua y los diputados de La Libertad Avanza. Mientras los legisladores del oficialismo provincial, alineados con la política del Poder Ejecutivo, buscan recuperar herramientas de regulación para el sector yerbatero y avanzar con este proyecto de Ley de Emergencia Yerbatera como una herramienta de contingencia para mitigar el impacto económico y social de la crisis, los diputados provinciales libertarios mantienen públicamente la postura del gobierno nacional de no restituir al Inym las facultades eliminadas por la desregulación.
“La provincia está sufriendo una crisis”
En diálogo con La Voz de Misiones, el presidente de la Asociación Impulso Yerbatero, Jorge Skripczuk, destacó que tanto el obispo como el gobernador escucharon a productores, tareferos y representantes de distintas organizaciones.
“Fue una reunión positiva. Logramos el compromiso del obispo y del gobernador para acompañar esta problemática y conformar una mesa de trabajo”, afirmó.
Skripczuk sostuvo que la situación del sector primario es “triste y urgente” y remarcó que los productores afectados no son grandes empresarios, sino familias agrarias con chacras de entre 20 y 50 hectáreas que dependen exclusivamente de la yerba mate para subsistir.
Por su parte, el abogado Federico Padolski explicó que el proyecto apunta a declarar la emergencia yerbatera en Misiones y establecer un precio mínimo de sustento para productores de hasta 50 hectáreas en producción.
“El gobernador nos escuchó atentamente y acordamos constituir una mesa de trabajo para darle forma al proyecto que será elevado a la Cámara de Representantes”, señaló.
Padolski advirtió que la crisis no afecta únicamente al negocio yerbatero, sino especialmente al sector primario, que perdió la posibilidad de discutir colectivamente un precio de referencia para la hoja verde.
Según indicó, esa situación provoca la quiebra de pequeñas unidades productivas, el deterioro de las economías familiares y un fuerte impacto en el comercio y en la recaudación de los municipios.
El reclamo de los tareferos
Tres trabajadores rurales de Oberá, Darío Pereira, Miguel Drauchy y Carlos Alderete, participaron de la reunión y describieron la difícil realidad que atraviesan.
Aseguraron que actualmente algunos productores pagan entre 40.000 y 50.000 pesos por tonelada cosechada, valores que consideran insuficientes para sostener a una familia.
“Si no hacemos mil kilos por día, no llegamos a 50.000 pesos. Con eso no podemos mantener a la familia”, relató uno de los tareferos.
También señalaron que muchos compañeros están emigrando a Brasil en busca de mejores condiciones laborales y que el subsidio de 120.000 pesos mensuales de interzafra resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de un hogar.
Los tareferos, nucleados en la Asociación Civil de Obreros Rurales y Tareferos de la zona Centro, coincidieron en que la falta de ingresos ya se percibe en las localidades de Misiones, donde “no hay plata ni movimiento en los comercios”, y reclamaron que se cumpla el pago de los valores acordados para la cosecha.
Representante de la Asociación Civil de Obreros Rurales y Tareferos de la zona Centro.
Tareferos piden emergencia yerbatera: “Hay familias que no cubren lo básico”
La Dirección de Asuntos Guaraníes, junto al Ministerio de Derechos Humanos de Misiones, realizó un pedido de informes a la Justicia por el desalojo de siete familias de la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II, registrado el martes pasado en la localidad de Garuhapé.
El procedimiento se realizó luego de que el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del juez Roberto Sena, emitiera una orden a partir de una denuncia realizada por el empresario forestal Alfredo Ruff, quien reclamó la restitución de los lotes del 71 al 78 de la facción Cañafístola.
Dicha medida fue apelada por la defensa de la comunidad y suspendida el 17 de julio pasado al considerar que se trata de un territorio ancestral, relevado en el marco de la Ley Nacional 26.160, motivo por el cual, la concreción del desalojo fue repudiada por organizaciones defensoras de los derechos humanos, como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa).
En este contexto, la Dirección de Asuntos Guaraníes y el Ministerio de Derechos Humanos emitieron un comunicado en el que confirmaron que han tomado conocimiento de la ejecución de la medida judicial “sobre el inmueble de propiedad privada vinculado a la comunidad”.
Al mismo tiempo, aseguraron que no fueron comunicados con antelación sobre el accionar: “Tanto este Ministerio como la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes no fueron notificados previamente sobre dicho procedimiento, por lo que se ha solicitado a las autoridades judiciales el informe correspondiente, a fin de conocer el alcance de la medida adoptada”.
Finalmente, se comprometieron a tomar medidas: “En caso de verificarse situaciones que pudieran afectar derechos de la comunidad mbya guaraní, se evaluarán y promoverán las acciones institucionales que correspondan para su resguardo, en el marco de las competencias legales vigentes y con pleno respeto a las decisiones del Poder Judicial”.
“El Ministerio de Derechos Humanos, a través de la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, continuará acompañando las instancias de diálogo y las gestiones necesarias para contribuir a una solución pacífica del conflicto, en resguardo de los derechos de las comunidades mbya guaraní, y en estricto respeto de las decisiones judiciales y de la legislación vigente”, concluyeron.
Repudio
Según relató el cacique de Puente Quemado II, Santiago Ramos, el pasado martes 28 de julio en horas de la mañana, unos 50 efectivos policiales arribaron a la mencionada comunidad y procedieron al desalojo del predio en el que hasta ese momento convivían siete familias.
También recordó que el territorio había sido relevado en el marco de la Ley 26.160, de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), y reconocido por la Resolución 514/2015.
Dicho reconocimiento se inscribe en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que garantiza a los pueblos indígenas la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente habitan.
También en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga al Estado a proteger esos territorios y garantizar la consulta previa ante medidas que puedan afectarlos.
Sin embargo, la orden de desalojo fue ejecutada mientras la disputa por la titularidad definitiva del territorio todavía permanece pendiente, frente a lo cual la defensa de la comunidad, acompañada por Emipa, había presentado recursos y cuestionó la legalidad de distintas actuaciones del expediente.
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