Provinciales
Docentes en Lucha no iniciarán el segundo semestre: marcha y paro de 72 horas
Al rechazar la propuesta salarial del gobierno provincial, los gremios que forman el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) decidieron no iniciar el segundo semestre de clases luego del receso invernal.
La medida de lucha fue definida ayer en asamblea, en la que se acordó un paro de 72 horas para los días lunes 24 -cuando realizarán una movilización provincial, con punto de concentración en San Ignacio-, y martes 25 y miércoles 26 de julio, jornadas en las que se llevarán adelante actividades locales y zonales.
Además, los docentes del FTEL convocaron a un nuevo paro, para los días jueves 3 y viernes 4 de agosto, día en que se reunirán en la asamblea provincial, a la vera de la ruta nacional 12.
Asimismo, los trabajadores de la educación decidieron “abrazar los reclamos por mejoras salariales para los Auxiliares Docentes Indígenas (ADI), que se encuadran en el Programa Socioeducativo Nacional a la órbita del Consejo General de Educación (CGE)”, debido a que sus colegas “perciben la irrisoria suma de 20.000 pesos por mes de salario, y a quienes, para completar, se les adeuda sus haberes”.
“Insuficiente”
La decisión del FTEL de continuar con las medidas de fuerza se da luego del fracaso de las reuniones entre los representantes gremiales y los funcionarios del gobierno.
Es que, mientras que desde el sector docente pedían un sueldo básico a 59.200 pesos para septiembre, el Ejecutivo provincial ofreció un 14% trimestral, lo que fue rechazado de plano por considerarse insuficiente.
No obstante, tanto la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) como los otros sindicatos de la Mesa de Diálogo firmaron con el Ejecutivo provincial un salario de $52.500, lo que terminó redondeando un 18% de incremento.
Por ello, luego del fracaso de las reuniones, desde el FTEL denunciaron públicamente una serie de puntos:
- Que el acta firmada es un acto espurio e irresponsable de los gremios funcionales al gobierno en clara connivencia con la patronal.
- Que la educación no es una prioridad para este gobierno, dado el ajuste que aplican a los trabajadores.
- Que dejan a nuestro sector sumido bajo la línea de la pobreza, sin poder costear necesidades básicas para una vida digna de su familia (canasta).
- Que el acuerdo a la baja hace que la antigüedad pierda el reconocimiento logrado frente a los que recién se inician, sin ser valorados los años entregados al servicio docente.
- Que posterga nuevamente a los jubilados y los mandan a cobrar en agosto, lo que los activos percibimos con sueldos de julio de 2023.
- Que no refiere a la actualización del adicional 960.
- Que no actualiza el monto de las partidas de comedores.
- Que el acuerdo claramente refleja la baja de todo los indicadores, por ejemplo:
a) Profundiza achatamiento de la pirámide, en el cargo testigo por debajo 40% y en horas cátedras nivel medio a menos del 20%.
b) El doble esquema de garantía salarial provincia y nación consolidan el piso nacional en techo, con 27% en negro en la conformación recién iniciado cargo testigo.
c) Hará falta 10 años de antigüedad en el cargo testigo para cobrar unos miserables $2.000 más que el recién iniciado y en caso del profesor de media se necesitará casi 20 años de servicio para cobrar más que un iniciado perdiendo derecho adquirido de 85% de antigüedad.
d) Profundiza el ajuste en activos en 16 puntos y 21 puntos en jubilados en el período acordado, intenta subordinar a los jubilados a material de descarte como lo tenían hasta el año 2020.
e) Benefician a sectores del nivel superior, incluyendo cobro cod 775 (Acción contraria a lo que pregonan).”
“El gobierno es responsable y debe dar respuestas a las necesidades de la escuela pública y a los trabajadores de la educación”, dijeron desde el FTEL en un comunicado y cerraron: “La lucha es nuestra herramienta y la convicción nuestra fortaleza”.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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Manifestación tras detención de Ángel Rivero
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