Provinciales

Docentes en Lucha no iniciarán el segundo semestre: marcha y paro de 72 horas

Publicado

hace 3 años

18/07/2023

Por

Federico García

Al rechazar la propuesta salarial del gobierno provincial, los gremios que forman el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) decidieron no iniciar el segundo semestre de clases luego del receso invernal.

La medida de lucha fue definida ayer en asamblea, en la que se acordó un paro de 72 horas para los días lunes 24 -cuando realizarán una movilización provincial, con punto de concentración en San Ignacio-, y martes 25 y miércoles 26 de julio, jornadas en las que se llevarán adelante actividades locales y zonales.

Además, los docentes del FTEL convocaron a un nuevo paro, para los días jueves 3 y viernes 4 de agosto, día en que se reunirán en la asamblea provincial, a la vera de la ruta nacional 12.

Asimismo, los trabajadores de la educación decidieron “abrazar los reclamos por mejoras salariales para los Auxiliares Docentes Indígenas (ADI), que se encuadran en el Programa Socioeducativo Nacional a la órbita del Consejo General de Educación (CGE)”, debido a que sus colegas “perciben la irrisoria suma de 20.000 pesos por mes de salario, y a quienes, para completar, se les adeuda sus haberes”.

“Insuficiente”

La decisión del FTEL de continuar con las medidas de fuerza se da luego del fracaso de las reuniones entre los representantes gremiales y los funcionarios del gobierno.

Es que, mientras que desde el sector docente pedían un sueldo básico a 59.200 pesos para septiembre, el Ejecutivo provincial ofreció un 14% trimestral, lo que fue rechazado de plano por considerarse insuficiente.

No obstante, tanto la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) como los otros sindicatos de la Mesa de Diálogo firmaron con el Ejecutivo provincial un salario de $52.500, lo que terminó redondeando un 18% de incremento.

Por ello, luego del fracaso de las reuniones, desde el FTEL denunciaron públicamente una serie de puntos:

Que el acta firmada es un acto espurio e irresponsable de los gremios funcionales al gobierno en clara connivencia con la patronal.
Que la educación no es una prioridad para este gobierno, dado el ajuste que aplican a los trabajadores.
Que dejan a nuestro sector sumido bajo la línea de la pobreza, sin poder costear necesidades básicas para una vida digna de su familia (canasta).
Que el acuerdo a la baja hace que la antigüedad pierda el reconocimiento logrado frente a los que recién se inician, sin ser valorados los años entregados al servicio docente.
Que posterga nuevamente a los jubilados y los mandan a cobrar en agosto, lo que los activos percibimos con sueldos de julio de 2023.
Que no refiere a la actualización del adicional 960.
Que no actualiza el monto de las partidas de comedores.
Que el acuerdo claramente refleja la baja de todo los indicadores, por ejemplo:
a) Profundiza achatamiento de la pirámide, en el cargo testigo por debajo 40% y en horas cátedras nivel medio a menos del 20%.
b) El doble esquema de garantía salarial provincia y nación consolidan el piso nacional en techo, con 27% en negro en la conformación recién iniciado cargo testigo.
c) Hará falta 10 años de antigüedad en el cargo testigo para cobrar unos miserables $2.000 más que el recién iniciado y en caso del profesor de media se necesitará casi 20 años de servicio para cobrar más que un iniciado perdiendo derecho adquirido de 85% de antigüedad.
d) Profundiza el ajuste en activos en 16 puntos y 21 puntos en jubilados en el período acordado, intenta subordinar a los jubilados a material de descarte como lo tenían hasta el año 2020.
e) Benefician a sectores del nivel superior, incluyendo cobro cod 775 (Acción contraria a lo que pregonan).”

“El gobierno es responsable y debe dar respuestas a las necesidades de la escuela pública y a los trabajadores de la educación”, dijeron desde el FTEL en un comunicado y cerraron: “La lucha es nuestra herramienta y la convicción nuestra fortaleza”.

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Provinciales

Jet Smart volverá a operar con vuelos diarios entre Buenos Aires y Posadas

Publicado

hace 3 días

04/08/2026

Por

Valeria Druckmann

Tras suspender el servicio en Misiones hace dos años, la aerolínea Jet Smart retomará la ruta Posadas–Buenos Aires con un vuelo inaugural el próximo 1 de noviembre. Los pasajes ya se encuentran disponibles con tarifas desde $46.300 por tramo, con impuestos y tasas incluidas.

En su visita realizada este lunes a la ciudad de Posadas, el country manager de Jet Smart, Gonzalo Pérez Corral, expresó su satisfacción por volver a Misiones y destacó el trabajo realizado junto al gobierno provincial para concretar el regreso de la empresa.

“Muy contentos de estar nuevamente en la Casa de Gobierno de Misiones con el gobernador Hugo Passalacqua y el ministro de Turismo José María Arrúa. Venimos a contarles sobre la apertura de la venta de los vuelos que van a conectar Buenos Aires con Posadas a partir del 1 de noviembre”, señaló.

El directivo explicó que los pasajes ya se encuentran disponibles con tarifas desde $46.300 por tramo, con impuestos y tasas incluidas, y señaló que la nueva operación ampliará las posibilidades de conexión tanto para los misioneros como para quienes viajen desde otras regiones del país.

“Agradecemos el compromiso tanto del gobernador como del ministro por su trabajo incesante para que Posadas sea nuevamente un destino de Jet Smart”, manifestó.

Mesa de trabajo

Corral fue recibido por el mandatario provincial en el marco de un encuentro de trabajo centrado en el fortalecimiento de la conectividad aérea de Misiones y en los preparativos para el inicio de la nueva línea aérea de la compañía que conectará Posadas y Buenos Aires.

Durante la reunión, las autoridades repasaron el cronograma previsto para el comienzo de la nueva conexión, cuyo vuelo inaugural tendrá lugar el próximo 1 de noviembre, además de intercambiar perspectivas sobre el impacto que tendrá la incorporación de esta alternativa para el desarrollo del turismo, la actividad económica y la movilidad de los misioneros.

“Es muy importante para Misiones, porque somos una provincia turística y porque somos más de un millón y medio de misioneros. Además, Buenos Aires nos queda lejos, por lo que ampliar la cantidad de vuelos agiliza la economía en todos los sentidos. También favorece el flujo de empresas y de inversiones. Por eso, contar con una mayor conectividad aérea es algo muy positivo para toda la provincia”, remarcó Passalacqua durante la reunión.

En ese marco, el ministro Arrúa destacó que el Gobierno provincial avanza con obras en el aeropuerto de Posadas para acompañar el crecimiento de la conectividad aérea y responder a la mayor demanda de operaciones.

Finalmente, Corral sostuvo que la articulación entre el Estado y la empresa fue determinante para restablecer la operación y consideró que existe una demanda que podrá recuperarse con una mayor oferta de vuelos. “Se ve que este año hubo una disminución de pasajeros, en gran parte por la falta de oferta, pero sabemos que la demanda está y, con precios accesibles, creemos que este vuelo será un éxito”, anticipó.

En ese sentido, remarcó que el trabajo conjunto entre los sectores público y privado resulta fundamental para seguir fortaleciendo la conectividad en la provincia de Misiones. “El empuje que le ponen acá en la provincia para que nosotros lleguemos es muy importante. Ese trabajo mancomunado entre el sector público y el privado fue clave para restablecer este vuelo”, aseguró.

Corral junto a Passalacqua y Arrúa

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Provinciales

Emipa acusó a Ruff por amenazar con máquinas a mbyas de Puente Quemado II

Publicado

hace 4 días

03/08/2026

Por

Valeria Druckmann

El conflicto territorial entre la comunidad mbya Puente Quemado II y el empresario forestal Alfredo Ruff, quien reclama la restitución de los lotes 71 al 78 en Garuhapé, sumó un nuevo capítulo de “tensión y amenazas” esta mañana.

Según consta la denuncia pública realizada por el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), este lunes el empresario arribó al predio relevado en el marco de la Ley 26.160, sobre el que exige la devolución del territorio, y ante los integrantes de la comunidad “insistió constantemente en el derecho de propiedad privada por sobre los derechos indígenas”.

A través de un comunicado, Emipa aseguró que Ruff se dirigió a los miembros de la comunidad y lanzó: “Ustedes son paraguayos” y “usurpadores”.

En un video que fue adjunto al escrito difundido en sus redes sociales, también se escucha la frase: “Vamos a seguir trabajando y si hay que empujar con máquinas, vamos a empujar con máquinas“.

Acorde al mismo comunicado, en su defensa, los mbya intentaron explicarle sobre la preexistencia y los alcances de la normativa nacional e internacional que protegen los derechos de los Pueblos Indígenas, en alusión a la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17; Convenio 169 de la OIT, Ley 24.071 instrumento que obliga al Estado a garantizar la consulta previa, libre e informada ante medidas que los afecten-; Declaración ONU (2007), así como convenios y tratados internacionales de jerarquía constitucional.

Sin embargo, aseguran que “no fueron escuchados y siguieron las acusaciones”.

En pos de dar respuestas a este conflicto, el Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección de Asuntos Guaraníes tienen prevista una mesa de diálogo el 7 de agosto, para abordar la situación derivada del desalojo de familias el pasado 28 de julio.

A dicha mesa de trabajo serán convocados representantes de la Policía de Misiones, del ministerio de Gobierno, del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, de la Municipalidad de Garuhapé, de la parte propietaria del inmueble, del Consejo de Caciques, caciques de otras comunidades mbya guaraní y un intérprete.

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Remiseros rechazan trasladar a mbyas a Puente Quemado II por amenazas

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Provinciales

Remiseros rechazan trasladar a mbyas a Puente Quemado II por amenazas

Publicado

hace 4 días

03/08/2026

Por

Valeria Druckmann

En medio del conflicto territorial que involucra a la comunidad mbya Puente Quemado II y al empresario forestal Alfredo Ruff, este domingo se viralizó un audio en el que un hombre “sugirió” a un remisero no trasladar a los integrantes de la tekoa, lo que infundió miedo y propagó temor entre quienes prestan el servicio particular en Garuhapé.

“No vayas a venir más acá para el lugar donde los paisanos están haciendo protestas porque ya te tienen marcado los milicos. No vayas a traer más paisanos para acá”, se escucha en el audio enviado por un hombre que se identificó como César.

Luego de este episodio, uno de los remiseros locales aseguró que no ofrecerá el traslado a los miembros de la comunidad por temor a represalias. “Yo no voy a llevar más gente porque no quiero problemas con los colonos y menos con la autoridad”, manifestó un chofer de la zona consultado por La Voz de Misiones.

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Esta comunidad se encuentra ubicada a 22 kilómetros de la ruta nacional 12, por lo que la única forma de acceder es a pie o a través de vehículos contratados de manera particular.

En los últimos años, Puente Quemado II fue blanco de denuncias por parte del empresario forestal Ruff, quien reclama la restitución de los lotes 71 al 78, territorio que fue relevado en el marco de la Ley 26.160.

El martes 28 de julio, siete familias fueron desalojadas del predio mediante una medida judicial ordenada el pasado 17 de julio por el juez de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del juez Roberto Sena, y suspendida tras la apelación presentada por abogados del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa).

La ilegalidad del procedimiento fue advertida por el Ministerio Público Fiscal, por lo que, tras 48 horas de la ejecución, la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo de Héctor Simón, dictaminó dejar sin efecto el desalojo.

Finalmente, este domingo los miembros de la comunidad regresaron al predio y allí se encontraron con personal policial. Además, según material fotográfico difundido por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, el propio empresario habría arribado al lugar cubriendo su rostro con un pasamontaña.

Entre las normativas vigentes que amparan a las comunidades se encuentran: la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17; Convenio 169 de la OIT; Ley 24.071, instrumento que obliga al Estado a garantizar la consulta previa, libre e informada ante medidas que los afecten-; Declaración ONU (2007), así como convenios y tratados internacionales de jerarquía constitucional.