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“Controles paraestatales” en protesta docente “son pagados por Filippa”

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Tras dos días de cortes y marchas en Puerto Iguazú, los gremios del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) definieron un plan de acción para las próximas dos semanas y denunciaron persecución “paraestatal” por parte de “civiles pagados por el intendente Claudio Filippa”.

La Voz de Misiones pudo saber que los días miércoles 31 de mayo y jueves 1 de junio, así como el 6 y 7 del mes próximo, los docentes seguirán de paro sin asistencia a las aulas.

Además, al reclamo salarial se le sumará la exigencia de restitución de los descuentos efectuados a los trabajadores durante los días de protesta, ya que “a algunos les llegaron a descontar hasta 70.000 pesos”, indicó la secretaria general de la CTA Autónoma Misiones, Mónica Gurina.

Asimismo, el 6 de junio realizarán una asamblea provincial en la ciudad de Oberá, donde definirán los pasos a seguir.

“Pagados por Filippa”

La jornada de protestas se inició el último miércoles, cuando los manifestantes llegaron a la Ciudad de las Cataratas con intenciones de cortar el tránsito en la zona conocida como la T, en la intersección de las rutas nacionales 12 y 101.

No obstante, en ese lugar se apostó un grupo de remiseros y taxistas para evitar que los docentes llegaran y asegurar la circulación entre el Parque Nacional Iguazú, el aeropuerto internacional y el centro de la ciudad, lo cual provocó que los educadores instalaran el corte unos metros más adelante.

A partir de allí, tras la llegada de una orden de la Justicia Federal de liberar la ruta, se inició un fuerte control por parte de la Policía de Misiones y de la Gendarmería Nacional, al cual se sumó un grupo de civiles que, según denunciaron, estarían vinculados a la Municipalidad.

“Cuando te dicen que estaban los remiseros y taxistas, ellos estaban trabajando, los que estaban ahí era gente pagada por Filippa”, lanzó Gurina y añadió: “Además, se fueron y tuvieron una reunión en la Municipalidad, la misma población de Iguazú te cuenta que esa gente no trabaja ahí”.

Los docentes registraron la situación en fotos y videos publicados en redes sociales: “Se constituyeron en una especie de oficina de control para ver si los que querían entrar a Iguazú no eran docentes, te abrían el baúl y te revisaban”, denunció la gremialista.

“Revisaban para ver si no tenían banderas, tambores, las cosas que llevamos cada vez que nos movemos”, añadió y fustigó: “Todo apañado por la Policía y la Gendarmería”.

Es que, según comentó Gurina, “fue tan grande el agravio a las mujeres, porque te decían: ‘Vos estás acá porque tu marido no te banca y te caga a guampa’; nos decían eso para que nos saquemos, pretendían instalar la humillación, hubo momentos en los que realmente pensamos que se armaba una piña”.

Por ello, los docentes señalan que el accionar de los grupos civiles estuvo “legitimado por la Policía, porque la normativa dice que en las rutas nacionales tiene injerencia la Gendarmería y a nosotros de la ruta nacional 12 nos empujó la Policía de la provincia”.

“No eran nadie, eran ciudadanos ilustres pagados por la muni”, insistió la secretaria gremial.

“No esperábamos este movimiento paraestatal de estos ciudadanos que se convierten en la policía del pueblo, no esperábamos que Filippa estuviera ampliando su capacidad organizativa para generar más desmadre y más impunidad”, siguió.

“Eso la verdad nos desconcierta y uno ve la ratificación constante en los actos de la política de aquello que pretende combatir: no te garantizan derechos, los jueces comprados y la policía es funcional al poder y no al ciudadano común, todo esto se ratificó estas dos jornadas que estuvimos allí”, sentenció.

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Tras un mes sin agua, se restableció el servicio en comunidad mbya de San Ignacio

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La Dirección de Asuntos Guaraníes confirmó el restablecimiento del servicio de agua potable en la comunidad Ychongy Poty, luego de que, a más de un mes sin poder acceder al líquido vital, el municipio y la cooperativa afín resolvieran saldar la deuda de $1.800.000, correspondiente a la conexión del sistema hídrico. 

Al respecto, Francisco Rodríguez, director del área que funciona como nexo entre las comunidades mbya y el gobierno provincial, explicó a La Voz de Misiones que: “La comunidad estaba sin agua por una deuda de dicha conexión”, lo que afectaba a ocho familias integradas por alrededor de 35 personas.

También, detalló que la misma se encontraba a nombre del cacique y no de la comunidad, por lo que la provincia junto al municipio y la cooperativa acordaron saldar la deuda a fin de restablecer el servicio. 

Hoy ya cuentan con el agua correspondiente y está funcionando bien. Ya se le notificó al segundo cacique Gervacio Benítez porque el primero no se encontraba”, concluyó Rodríguez respecto a la última visita. 

Según consta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió, los Estados deben garantizar a los Pueblos Indígenas el acceso a servicios básicos que aseguren condiciones de vida dignas.

El caso

La faltante de agua potable en la comunidad Ychongy Poty se remonta al mes de febrero. Desde entonces, tanto niños como ancianos se vieron obligados a pasar días de calor extremo sin agua para beber, además de no poder realizar actividades básicas para la vida cotidiana, como cocinar o higienizarse en sus hogares, y debieron acudir a la solidaridad de sus vecinos. 

Desde un comienzo, el mburuvicha, Ariel Ramos, había reclamado que “el municipio debía hacerse cargo de afrontar el pago y, de un día para el otro, dejó de hacerlo sin previo aviso”, generando una deuda que les resultaba imposible saldar, por lo que realizó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Guaraníes.

La situación fue visibilizada por distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos indígenas, tal como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y la abogada Roxana Rivas, quien coincidió en que la situación era irregular desde el punto de vista de que al contar con Personería Jurídica, el servicio debería estar a nombre de la comunidad y no del mburuvicha. 

La cooperativa tiene la obligación de garantizar un servicio mínimo a todos los ciudadanos, pero particularmente a las comunidades indígenas. Y es obligación del Estado atender esta situación desde una perspectiva comunitaria”, había señalado.

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Preparan actividades y marcha a la Legislatura por los 30 años del No a Corpus

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El próximo 14 de abril, en el marco del aniversario Nº 30 del plebiscito que frenó la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad misionera de Corpus, la mesa provincial por el No a las Represas realizará una marcha hacia la Cámara de Representantes con el fin de “celebrar y reafirmar la voluntad de continuar defendiendo la libertad de nuestros ríos”. Previamente, el domingo 12, habrá distintas actividades en ese municipio.

Para dar a conocer la agenda movilizada por docentes, ambientalistas, organizaciones sociales, sindicales y la ciudadanía en general, la mesa provincial emitió un comunicado en el que recordó los últimos intentos por reactivar la propuesta.

“En nuestra provincia en los últimos tiempos se han escuchado voces de ex funcionarios provinciales y nacionales, diputados mandato cumplido, referentes de organismos nacionales, como la Comip, organizaciones como el colegio de ingenieros, tratando de promover un debate, ampliamente superado en nuestra provincia, acerca de la construcción de la represa de Corpus Christi”, resaltaron.

Lo que calificaron como “una clara actitud tendiente a desoír la voluntad de las misioneras y los misioneros expresada en el plebiscito de 1996 y no dar cumplimiento a la ley provincial que prohíbe avanzar en su construcción, sobre cualquier emplazamiento sobre el río Paraná”.

Por este motivo, convocaron a dos jornadas conmemorativas con el objetivo de “recordar que el próximo 14 de abril se cumplen 30 años de aquel histórico acontecimiento, en el que la ciudadanía misionera pudo libremente expresar su voluntad, rechazando la construcción del mencionado mega proyecto”.

El día domingo 12 de abril las actividades centrales se desarrollarán en la localidad de Corpus, lugar emblemático donde se llevó a cabo uno de los actos más recordados de la campaña por el NO. También habrá acciones en otras localidades a lo largo y ancho de la provincia, cuyos detalles se conocerán en los próximos días.

En tanto, el martes 14 de abril habrá una marcha desde el centro de Posadas hacia la Legislatura donde presentarán una nota exigiendo se avance con el tratamiento del proyecto de “Ley de Ríos Libres” ingresado el 15/07/2015 con expediente P.P. 2626/15 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, el cual no logró tratamiento hasta el momento.

Para finalizar, exigieron públicamente “que las autoridades provinciales y legisladores, expresen de igual manera su voluntad de defender la Ley que ratifica el resultado del plebiscito con un 88 % de NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS”.

Por otro lado, instaron a las autoridades competentes a solicitar el “no apoyo a la reforma de la Ley de glaciares 26.639 y Ley de bosques 26.331, construidas, consensuadas y promulgadas con el acompañamiento amplio de la comunidad científica y los pobladores de los territorios de posible afectación siendo esto un motivo más que suficiente para que un legislador de nuestra provincia se oponga a semejante voluntad popular”.

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Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500

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Productores yerbateros de distintos puntos de la zona centro se reunieron en asamblea, a la altura del kilómetro 43 de la ruta 14 en Campo Grande, a fin de establecer un precio de referencia para la venta de hoja verde a secaderos e industrias.

El encuentro comenzó en horas de la mañana de este sábado con la presencia de un centenar de productores provenientes de esa localidad, como también de Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y El Soberbio.

En ese marco, el debate estuvo marcado por diversas cuestiones que hacen a la crisis del sector yerbatero, por lo que definieron ejes de acción como ser la venta de la hoja verde por un monto de $500 o superior.

“El cálculo contempla costos que rondan los $391 pesos por kilo de hoja verde y si se agrega un 30% de rentabilidad para el productor este número cerraría en no menos $500”, explicaron.

En este sentido, también recordaron el aumento de precios programados por el empresario yerbatero sirio, Omar Kassab, quien ofreció $350 por el kilo de hoja verde, lo cual consideraron insuficiente. “No obstante aplaudimos la predisposición de que un industrial plantee un precio de $350, aun así estamos trabajando por debajo de los costos de producción“, afirmaron.

Al mismo tiempo, señalaron: “Sumado a la merma en el rinde de la zona sur y Corrientes ante la sequía del verano, habrá una merma en la cosecha de este año, por lo tanto la definición del grupo de productores fue de no vender la hoja verde de yerba a valores inferiores a $500 puesto en secadero“.

Durante el encuentro que finalmente concluyó a las 16:30, vaticinaron que este año el mercado necesitará yerba ante el aumento de la demanda por consumo interno y el incremento de exportaciones.

Si bien aguardan que los productores cumplan con la medida de no entregar la hoja verde por menos de $500, continuarán exigiendo al gobierno provincial y a la Cámara de Representantes que se declare la emergencia yerbatera.

Asamblea de productores yerbateros en Campo Grande

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