Este martes, la empresa constructora Silvana Ratti S.A. emitió un comunicado titulado “defensa de la verdad” y “advertencia sobre conductas desleales” apuntando contra trabajadores desvinculados de la compañía que reclaman el pago del Fondo del Cese Laboral (FCL).

Desde noviembre aproximadamente, los obreros solicitan a la compañía el pago del FCL, que es un mecanismo alternativo a la indemnización que se implementa en la construcción, en el cual el empleador realiza aportes mensuales al fondo, de los cuales los trabajadores pueden disponer al final de la relación laboral.

Al no obtener una respuesta por parte de la compañía, los trabajadores de la construcción decidieron acudir al abogado Diego Navarro Frick para hacer un reclamo conjunto y exponer públicamente la situación, explicó uno de los afectados en conversación con La Voz de Misiones.

Comunicado de la empresa

Debido a ello, la empresa Silvana Ratti S.A. respondió con un comunicado a las declaraciones que emitió el letrado Navarro Frick en diferentes medios de comunicación en representación de hasta el momento 31 trabajadores afectados.

“En relación a recientes declaraciones falsas difundidas en medios por el abogado Diego Navarro Frick, corresponde aclarar con total firmeza: Se ha manifestado públicamente que existirían “más de 60 ex empleados reclamando”, cuando la realidad objetiva es que solo 27 personas han efectuado reclamos”, apuntó la compañía misionera.

En esa línea, la empresa aseguró que esos 27 obreros están con “acuerdos firmados y pagos en curso, respaldados con comprobantes fehacientes”.

Continuando en su misiva, la empresa constructora advirtió al abogado Navarro Frick que “esta conducta, además de falaz e injuriante, constituye a una violación del Código de Ética del Colegio de Abogados de Misiones, que impone al abogado el deber de confidencialidad, veracidad y lealtad profesional, prohibiendo difundir asuntos de partes y manipular la información en perjuicio de terceros”.

Además, Silvana Ratti S.A. remarcó que las declaraciones que realizó el letrado sobre la situación de sus representados “configuran, asimismo, una transgresión al principio general de no dañar (artículo 1716 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación), al afectar injustamente el honor y la trayectoria de esta empresa”.

En cuanto al reclamo de los obreros desvinculados por el Fondo del Cese Laboral, la empresa enfatizó: “SILVANA RATTI S.A. reafirma que todos los acuerdos se encuentran vigentes y en cumplimiento, y advierte que no tolerará conductas profesionales desleales ni campañas mediáticas de desinformación”.

Por último, la empresa sostiene: “Se reserva el derecho de accionar legal y disciplinariamente contra quienes, con mala fe, pretendan manipular la opinión pública en detrimento de la verdad y de la paz social”.

Reclamo legítimo

Por su parte, el abogado Diego Navarro Frick confirmó a La Voz de Misiones que actualmente representa a 31 ex trabajadores de la empresa Silvana Ratti S.A. por el reclamo del pago del fondo y desmintió que “hayamos llegado a un acuerdo, hasta el día de hoy siguen llegando casos”.

El letrado también explicó que sus representados “niegan haber firmado algún acuerdo con la empresa o que tengan pagos en curso”.

En cuanto al comunicado, Navarro Frick fue contundente y dijo no reconocer el comunicado “ya que ni siquiera cuenta con la firma de la empresa”.

“Si realmente proviene de la empresa, no sabemos si es un intento de intimidación o una forma de intentar evadir responsabilidades. Pero seguimos firmes junto con los trabajadores en su reclamo, que es completamente legítimo”, añadió el abogado representante de los obreros.

Para finalizar, el letrado comentó que el jueves tienen una audiencia con la empresa en el Ministerio de Trabajo de la provincia. “Creemos que es la última instancia para conciliar antes de iniciar acciones legales”, cerró.

Obreros reclaman deuda e indemnización a la empresa Silvana Ratti S.A.

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Con el cierre definitivo del establecimiento ubicado en el paraje Tararira, a unos 2 kilómetros de la ciudad de El Soberbio, los colonos y productores ganaderos de la zona conformaron una asociación para abrir un nuevo matadero y, a poco de obtener la personería jurídica, buscan que los concejales apoyen la iniciativa y los ayuden a conseguir la habilitación municipal que les permita volver a trabajar cuanto antes.

“Se tomó la decisión de cerrar el matadero y uno tiene que respetar. Quedamos sin un lugar donde carnear los carniceros, los comerciantes, la gente que ocupaba el matadero. Nos ataron de pie y de mano”, expresó Nelson Simón, en conversación telefónica con La Voz de Misiones.

Nelson es dueño de la carnicería Pindó, ubicada en el paraje Barrerinho, y hace más de una década utilizaba las instalaciones del matadero que cerró después de 32 años por diferentes razones, pero, principalmente, porque la zona en la que estaba ubicado se fue poblando hasta transformarse en un barrio.

El carnicero del paraje Barrerinho fue uno de los impulsores para conformar la Asociación Matadero del Alto Uruguay (MAU).

“Armamos una comisión con catorce personas, hicimos una reunión, formamos un grupo de gente de 57 socios. Firmamos un libro de acta, todo con fotocopias y ahora estamos a nada de conseguir la personería jurídica”, relató Nelson a LVM. En esa línea, también comentó que una integrante de la asociación donó una hectárea para construir el nuevo matadero.

Sin embargo, para que los colonos tengan donde faenar sus animales en El Soberbio, la asociación adaptó un predio provisoriamente. “Tenemos un lugar para que la gente ocupe para carnear, porque no podemos carnear bajo galpón, bajo árbol, eso la ley no nos permite”, explicó el carnicero a este medio.

El objetivo de la Asociación Matadero del Alto Uruguay (MAU) es “contribuir al desarrollo económico y social de nuestro municipio, generando empleo y bienestar para nuestros habitantes. Al mismo tiempo, nos comprometemos a garantizar la calidad y salubridad de la carne que se faenará en nuestro futuro matadero, cumpliendo con todas las normativas y regulaciones vigentes”, precisaron en una nota enviada al Concejo Deliberante de El Soberbio.

“Queremos pedir el apoyo de los concejales del municipio para que podamos conseguir la habilitación municipal para poder seguir trabajando. Ya presentamos una nota dirigida de ellos, vamos a ir a la sesión del jueves para pedir su apoyo personalmente para que esto se concrete cuanto antes y poder tener un lugar para la faena”, cerró Nelson, quien encabeza la presidencia de la flamante asociación.

Cierran el matadero de El Soberbio y hay reclamos: “No tenemos cómo carnear”

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Cinco productores, integrantes de la familia Cerpa, fueron detenidos el martes 12 de agosto, sobre la ruta provincial 18, en cercanías a Dos Hermanas, acusados en una causa por supuestas amenazas, tras una orden del juez de Instrucción Penal Uno de San Pedro, Ariel Belda Palomar. 

La medida tuvo un rápido repudio por parte de familiares, vecinos e incluso ediles que se manifestaron mediante asambleas. También hubo un corte sobre la ruta provincial 17, frente a la comisaría de Dos Hermanas, y un bloqueo en la Aduana en Bernardo de Irigoyen para reclamar la liberación de los hombres, lo que finalmente se concretó este martes.

Tras la detención de los cinco vecinos de 34, 42, 56, 58 y 64 años, respectivamente, concretada en un procedimiento realizado por más de 30 efectivos policiales con presencia del juez, el Concejo Deliberante de Bernardo de Irigoyen había emitido un comunicado en el que manifestó su acompañamiento a las familias afectadas por el procedimiento judicial y policial que calificaron como “irregular e injusto”.

A través de un breve escrito, enfatizaron: “Expresamos nuestro más enérgico repudio al accionar del juez de Instrucción Penal Dr. Belda Palomar, que vulneró derechos adquiridos, sorprendió a las familias y afectó a niños, mujeres y productores de nuestra ciudad”.

La disputa

La familia Cerpa reside en una chacra del lote 17 de Bernardo de Irigoyen hace al menos 60 años. A la defensa de los hombres, que por los vecinos son reconocidos como productores, trabajadores y padres de familia “sin antecedentes criminales”, se sumó la propia presidenta del recinto deliberativo, Carmen Borges Da Silva.

La edil se refirió a la motivación detrás de la denuncia contra los productores y señaló que la única “amenaza” se produjo dentro del propio terreno de los detenidos, quienes habrían prohibido a ciertos compradores de madera ingresar y cortar árboles protegidos por ley provincial.

A raíz de esto, los interesados en extraer la madera nativa procedieron a realizar la denuncia por “amenazas” que luego culminó con la detención, el martes 12 de agosto alrededor de las 15, efectuada por efectivos de la Policía de Misiones, en cumplimiento de una orden de allanamiento emitida por Belda Palomar.

Allí fueron capturados los cinco hombres, acusados en una causa por supuestas amenazas, mientras que de sus domicilios secuestraron armas de fuego.

Miembros de la familia Cerpa

El caso movilizó a más de 200 vecinos, quienes se reunieron para manifestar su enojo en reiteradas oportunidades, hasta que finalmente este martes los hombres fueron liberados en horas de la tarde.

“Si bien ellos vuelven a sus chacras, que es la tierra donde nacieron y se criaron hasta la quinta generación de familiares, porque son vecinos que hace 65 años viven ahí, es muy compleja la situación. Ahora quedaron bajo caución y una vez al mes tienen que ir a firmar. Ahora hay que esperar a ver cómo sigue el proceso”, añadió Borges Da Silva consultada por La Voz de Misiones.

En cuanto a los desafíos pendientes en el municipio aseguró: “Acá hay que trabajar el tema de tierras porque realmente vivimos en un lugar donde falta mucho por hacer en cuanto a la regularización. Tenemos muy pocas tierras mensuradas y con título. La mayoría no se legalizaron”.

“Nunca hubo amenazas de Cerpa, lo que él hizo fue prohibir la tala de árboles y por eso después pidieron allanar. Para mí se les fue de las manos, más que un allanamiento fue un atropello porque no fueron a allanar un lugar donde existieron antecedentes, que fueran personas dañinas o malas, fueron a allanar la casa de una familia vulnerando todos sus derechos”, cuestionó. 

Por lo que lamentó: “En Irigoyen hemos tenido casos muy complejos y nunca llegaron a hacer un allanamiento con esa magnitud. No hay explicación para todo lo sucedido”.

Según los testigos, la misma persona denunciante, que previamente recibió la prohibición de cortar árboles, se había apersonado en la chacra de los Cerpa, junto al juez, el 12 de agosto, luego de cortar el alambrado del predio y tumbar los portones.

“Por eso fue más grande la indignación de la sociedad, porque fue la primera vez en la historia que pasa algo así, como si estuviéramos mirando una película. El mismo denunciante estuvo junto al juez y la Policía, es como para hacernos pensar qué habrá detrás de todo esto”, concluyeron. 

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