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Comunidades mbya en alerta por tragedias en la ruta 7: “Hay niños en peligro”

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La muerte del adolescente mbya Walter Lucas Flores (16), registrada el 16 de marzo sobre ruta provincial 7, a la altura de la colonia Cuña Pirú, volvió a poner en alerta a las comunidades que residen a la vera de esa arteria vial. El caso se suma a una tragedia similar ocurrida en 2021, cuando un vehículo que circulaba a gran velocidad terminó con la vida de un niño de 8 años, miembro de una comunidad vecina.

“En estos últimos 5 años hubo muchos accidentes. En principio buscaban la excusa y decían que los accidentados estaban alcoholizados y que las cosas ocurrían por ese motivo. Pero lo que vimos es que los que murieron fueron personas sobrias: antes un niño, ahora un adolescente”, relató a La Voz de Misiones Eliseo Chamorro, miembro de la comunidad Ka’aguy Poty, considerada la más grande de la zona por albergar a casi un centenar de familias, integradas por 75 adultos, 35 jóvenes y 130 niños.

Sin embargo, a pocos kilómetros, existen otras 14 comunidades a la vera de ruta 7, entre ellas: Ka’aguy Mirī Rupa, Kapi’i Poty, Yvytu Porã, Yvy Pytã, Nueva Esperanza, Ko’ēju, Ko’ēju Mirī, Tajy Poty, Ka’a Kupe, Amba’y Poty, Yvy Chī, Ñandechy Tenondegua, Tekoa Porã y Tekoa Guaraní.

Mapa que grafica la ubicación de las distintas comunidades sobre ruta 7

Sobre la muerte del niño de 8 años, miembro de la tekoa Kapi’i Poty, recordó: “Esa vez hicimos una manifestación con la comunidad porque habían chocado a un niño en pleno día y en horario escolar. Él estaba cruzando la ruta para ir a la escuela. Ahí siempre hay circulación. Nosotros circulamos a pie de una comunidad a otra y no hay un horario pico para nosotros. Circulamos todo el tiempo porque es cultural, nos visitamos, tratamos de ver a nuestros familiares y la ruta 7 se hizo muy peligrosa en este último tiempo por la velocidad en la que circulan los automovilistas, camionetas y camiones”.

En ese sentido, aseguró que hubo más de dos muertes en los últimos años: “En estos últimos tiempos fallecieron varias personas y la mayoría no estaba alcoholizada. En varias ocasiones se realizaron solicitudes a la provincia para que haya algún tipo de reductor de velocidad, pero no lo que está ahora”, dijo aludiendo a los “serruchos”.

Lo que nosotros queremos son lomos de burro y mayor señalización a lo largo del tramo más poblado para alertar de que hay comunidades y niños en peligro. Yo particularmente siempre busqué la manera de que la gente acepte que está cruzando por nuestro patio, entonces, que reduzcan la velocidad, que haya un poco más de respeto”, concluyó Chamorro.

La ruta en cuestión se extiende a lo largo de 39 kilómetros en sentido oeste-este y fue asfaltada en la década de 1970. Tiene su inicio en la intersección con la ruta 12 en Jardín América y atraviesa los municipios de Campo Grande y Ruiz de Montoya, finalizando su trazado en la intersección con ruta 14 luego de haber atravesado el casco urbano de Aristóbulo del Valle.

En busca de soluciones

Consultado por La Voz de Misiones, el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez, aseguró que, tras el último accidente fatal que terminó con la vida de Walter Lucas Flores (16), comenzaron a evaluar posibles medidas para evitar una nueva tragedia.

“A raíz de este lamentable hecho nos pusimos a trabajar en un proyecto con el Ministerio de Ecología para, en principio, llamar a una consulta de las comunidades y buscar una solución a esta problemática que pueda ser bien recibida y sea un buen uso para ellos también”, aseguró Rodríguez.

Luego, recordó: “En el 2021 se hicieron serruchos para que los motociclistas y automovilistas bajen la velocidad. Tanto estos serruchos como la señalización han logrado disminuir la tasa de atropellamiento en la zona. No digo que no existan, pero han disminuido considerablemente”.

Para finalizar, resaltó: “Hay que concientizar al ciudadano común, a los conductores, de que bajen la velocidad. De todas maneras, con Vialidad vamos a trabajar para mejorar el estado de los serruchos que fueron colocados hace tres años, la señalización y quizás luminaria. Pero previamente tenemos que hablar con las comunidades y elaborar un proyecto para pedir la autorización correspondiente”.

Recordada por ley

En el año 2022, la Legislatura Provincial sancionó la Ley VI – N.º 323 que designa con el nombre “Nación Mbyá Guaraní” a la ruta provincial 7. La propuesta fue elaborada por el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira, quien fundamentó que este nombramiento: “Otorga un merecido homenaje a los pobladores originarios de esta tierra, cuyas costumbres y forma de vida se mantienen vigentes y presentes en las comunidades de la raza Guaraní diseminadas en nuestro territorio”.

En la argumentación del proyecto recordó que la arteria se encuentra trazada entre las localidades de Jardín América y Aristóbulo del Valle, “recreando aquellas migraciones centenarias y en consonancia con la corriente histórica que busca revalorizar a nuestros pueblos originarios y su desarrollo”.

En el momento previo a la votación, la diputada Anazul Centeno, expresó que “es interesante resaltar el término Nación, porque reconoce el carácter existente de las comunidades Mbya”, y agregó que “el propósito de esta norma es reconocer las comunidades Mbya en nuestro territorio provincial”.

 

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Tras un mes sin agua, se restableció el servicio en comunidad mbya de San Ignacio

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La Dirección de Asuntos Guaraníes confirmó el restablecimiento del servicio de agua potable en la comunidad Ychongy Poty, luego de que, a más de un mes sin poder acceder al líquido vital, el municipio y la cooperativa afín resolvieran saldar la deuda de $1.800.000, correspondiente a la conexión del sistema hídrico. 

Al respecto, Francisco Rodríguez, director del área que funciona como nexo entre las comunidades mbya y el gobierno provincial, explicó a La Voz de Misiones que: “La comunidad estaba sin agua por una deuda de dicha conexión”, lo que afectaba a ocho familias integradas por alrededor de 35 personas.

También, detalló que la misma se encontraba a nombre del cacique y no de la comunidad, por lo que la provincia junto al municipio y la cooperativa acordaron saldar la deuda a fin de restablecer el servicio. 

Hoy ya cuentan con el agua correspondiente y está funcionando bien. Ya se le notificó al segundo cacique Gervacio Benítez porque el primero no se encontraba”, concluyó Rodríguez respecto a la última visita. 

Según consta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió, los Estados deben garantizar a los Pueblos Indígenas el acceso a servicios básicos que aseguren condiciones de vida dignas.

El caso

La faltante de agua potable en la comunidad Ychongy Poty se remonta al mes de febrero. Desde entonces, tanto niños como ancianos se vieron obligados a pasar días de calor extremo sin agua para beber, además de no poder realizar actividades básicas para la vida cotidiana, como cocinar o higienizarse en sus hogares, y debieron acudir a la solidaridad de sus vecinos. 

Desde un comienzo, el mburuvicha, Ariel Ramos, había reclamado que “el municipio debía hacerse cargo de afrontar el pago y, de un día para el otro, dejó de hacerlo sin previo aviso”, generando una deuda que les resultaba imposible saldar, por lo que realizó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Guaraníes.

La situación fue visibilizada por distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos indígenas, tal como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y la abogada Roxana Rivas, quien coincidió en que la situación era irregular desde el punto de vista de que al contar con Personería Jurídica, el servicio debería estar a nombre de la comunidad y no del mburuvicha. 

La cooperativa tiene la obligación de garantizar un servicio mínimo a todos los ciudadanos, pero particularmente a las comunidades indígenas. Y es obligación del Estado atender esta situación desde una perspectiva comunitaria”, había señalado.

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Preparan actividades y marcha a la Legislatura por los 30 años del No a Corpus

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El próximo 14 de abril, en el marco del aniversario Nº 30 del plebiscito que frenó la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad misionera de Corpus, la mesa provincial por el No a las Represas realizará una marcha hacia la Cámara de Representantes con el fin de “celebrar y reafirmar la voluntad de continuar defendiendo la libertad de nuestros ríos”. Previamente, el domingo 12, habrá distintas actividades en ese municipio.

Para dar a conocer la agenda movilizada por docentes, ambientalistas, organizaciones sociales, sindicales y la ciudadanía en general, la mesa provincial emitió un comunicado en el que recordó los últimos intentos por reactivar la propuesta.

“En nuestra provincia en los últimos tiempos se han escuchado voces de ex funcionarios provinciales y nacionales, diputados mandato cumplido, referentes de organismos nacionales, como la Comip, organizaciones como el colegio de ingenieros, tratando de promover un debate, ampliamente superado en nuestra provincia, acerca de la construcción de la represa de Corpus Christi”, resaltaron.

Lo que calificaron como “una clara actitud tendiente a desoír la voluntad de las misioneras y los misioneros expresada en el plebiscito de 1996 y no dar cumplimiento a la ley provincial que prohíbe avanzar en su construcción, sobre cualquier emplazamiento sobre el río Paraná”.

Por este motivo, convocaron a dos jornadas conmemorativas con el objetivo de “recordar que el próximo 14 de abril se cumplen 30 años de aquel histórico acontecimiento, en el que la ciudadanía misionera pudo libremente expresar su voluntad, rechazando la construcción del mencionado mega proyecto”.

El día domingo 12 de abril las actividades centrales se desarrollarán en la localidad de Corpus, lugar emblemático donde se llevó a cabo uno de los actos más recordados de la campaña por el NO. También habrá acciones en otras localidades a lo largo y ancho de la provincia, cuyos detalles se conocerán en los próximos días.

En tanto, el martes 14 de abril habrá una marcha desde el centro de Posadas hacia la Legislatura donde presentarán una nota exigiendo se avance con el tratamiento del proyecto de “Ley de Ríos Libres” ingresado el 15/07/2015 con expediente P.P. 2626/15 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, el cual no logró tratamiento hasta el momento.

Para finalizar, exigieron públicamente “que las autoridades provinciales y legisladores, expresen de igual manera su voluntad de defender la Ley que ratifica el resultado del plebiscito con un 88 % de NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS”.

Por otro lado, instaron a las autoridades competentes a solicitar el “no apoyo a la reforma de la Ley de glaciares 26.639 y Ley de bosques 26.331, construidas, consensuadas y promulgadas con el acompañamiento amplio de la comunidad científica y los pobladores de los territorios de posible afectación siendo esto un motivo más que suficiente para que un legislador de nuestra provincia se oponga a semejante voluntad popular”.

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Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500

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Productores yerbateros de distintos puntos de la zona centro se reunieron en asamblea, a la altura del kilómetro 43 de la ruta 14 en Campo Grande, a fin de establecer un precio de referencia para la venta de hoja verde a secaderos e industrias.

El encuentro comenzó en horas de la mañana de este sábado con la presencia de un centenar de productores provenientes de esa localidad, como también de Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y El Soberbio.

En ese marco, el debate estuvo marcado por diversas cuestiones que hacen a la crisis del sector yerbatero, por lo que definieron ejes de acción como ser la venta de la hoja verde por un monto de $500 o superior.

“El cálculo contempla costos que rondan los $391 pesos por kilo de hoja verde y si se agrega un 30% de rentabilidad para el productor este número cerraría en no menos $500”, explicaron.

En este sentido, también recordaron el aumento de precios programados por el empresario yerbatero sirio, Omar Kassab, quien ofreció $350 por el kilo de hoja verde, lo cual consideraron insuficiente. “No obstante aplaudimos la predisposición de que un industrial plantee un precio de $350, aun así estamos trabajando por debajo de los costos de producción“, afirmaron.

Al mismo tiempo, señalaron: “Sumado a la merma en el rinde de la zona sur y Corrientes ante la sequía del verano, habrá una merma en la cosecha de este año, por lo tanto la definición del grupo de productores fue de no vender la hoja verde de yerba a valores inferiores a $500 puesto en secadero“.

Durante el encuentro que finalmente concluyó a las 16:30, vaticinaron que este año el mercado necesitará yerba ante el aumento de la demanda por consumo interno y el incremento de exportaciones.

Si bien aguardan que los productores cumplan con la medida de no entregar la hoja verde por menos de $500, continuarán exigiendo al gobierno provincial y a la Cámara de Representantes que se declare la emergencia yerbatera.

Asamblea de productores yerbateros en Campo Grande

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