Provinciales
Acusan a Colita Galarza de “tráfico de influencias” por manejo de capacitaciones
La secretaria general del Sindicato de Educadores Misioneros Alfredo Bravo (Semab), Mariana Lescaffete, planteó que el presidente del Consejo General de Educación de la provincia (CGE), Alberto Galarza, incurrió en el “tráfico de influencias”, al valerse de su cargo para obtener beneficios personales y para sus allegados.
La sindicalista dirigió ayer una nota al mismo Galarza, donde hizo un relato de los hechos que llevaron al gremio docente a acusar al titular del CGE de incurrir en un delito contemplado en el artículo 256 y concordantes del Código Penal de la República Argentina.
El Semab acusa a Galarza de tráfico de influencias y de discriminación, por la metodología implementada en el otorgamiento de certificados por capacitaciones a los docentes.
Aranceles
En la nota, Lescaffete acusa a Galarza de haber aprobado e impulsado capacitaciones docentes aranceladas en eventos desarrollados en la provincia de Santiago del Estero por resoluciones del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones.
Según expone la sindicalista, se trata de capacitaciones que acreditan la identidad del docente y la valoración obtenida en la Junta de Clasificación y Disciplina mediante un código QR.
La titular del Semab cita dos resoluciones del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones, la N° 123, del 1 de julio de 2022, y la N° 242, del 9 de agosto de 2023, que aprobaron y auspiciaron dos congresos internacionales realizados en Santiago del Estero.
“Estos congresos cuentan con un certificado oficial con código QR implementado de resoluciones y de Validación de Identidad, que permite la carga inmediata y sin objeciones de dicho certificado en el legajo docente por parte de la Junta de Clasificación y Disciplina de la Provincia de Misiones, así como el acceso a la valoración docente respectiva”, relata Lescaffete.
La gremialista señala que la primera de las resoluciones es del mismo día de realización del congreso santiagueño y la segunda es muy posterior, ya que tiene fecha de agosto, mientras que el evento se realizó en abril.
“La Resolución N°242 del 09/08/23 aprueba y auspicia un congreso realizado el 28/04/23, que expresamente tal lo establece el instrumento legal fuera solicitado por usted en carácter de director general del CGE, donde se difunde la participación gratuita”, continúa la nota.
“Sin embargo, para la certificación se pone como condición el pago del arancel acreditado como prueba que obra en nuestro poder, siendo que uno de los requerimientos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia es no promocionar las capacitaciones antes de contar con la respectiva resolución y, en este caso, la resolución es posterior al congreso aprobado y auspiciado”, se explica.
Lescaffete considera que “esto se constituye en práctica desleal” hacia los docentes nucleados en el Semab, puesto que “habiendo presentado y cumplimentado todos los requisitos solicitados por ese ministerio y con las resoluciones de aprobación en mano, no puede lograr que a la fecha le valoren todas las capacitaciones dictadas en 2022, que fueran reclamadas por recursos presentados que a la fecha no han sido contestados”.
“Mientras que en la provincia de Misiones la Junta de Clasificación y Disciplina no valora ni reconoce cursos gratuitos dictados por el Semab en convenio con otras instituciones reconocidas a nivel nacional, ese organismo sí reconoce y valora congresos solicitados por el presidente del CGE, que son dictados en la provincia de Santiago del Estero y que tienen un arancel de $3.000 que deben ser abonados si el docente pretende obtener el certificado para que impacte en su legajo con la correspondiente valoración”, expone.
“Se ha constatado que los docentes que realizaron el congreso el 1 y 2 de julio de 2022 y que ingresaron sus certificados a la Junta de Clasificación y Disciplina en el mes de septiembre 2022 han visto el impacto en su legajo y valoración el mismo día del ingreso de dicho certificado”, agrega.
“Esta situación pone en evidencia que el CGE viene implementando desde el año pasado el sistema Siryc, que otorga, a través de un código QR, la valoración de capacitaciones docentes que son aprobadas y auspiciadas por el Ministerio de Educación provincial, pero que se llevan a cabo de manera arancelada en la provincia de Santiago del Estero, mientras en la provincia de Misiones recién este año el presidente del CGE ha puesto a consideración de los sindicatos con representación nacional dicho sistema para analizar la posibilidad de implementación, lo que pone en evidencia el usufructo de información privilegiada por parte del mismo”, señala.
Discriminación
Lescaffete sostiene, en su escrito a Galarza, que el Semab considera un acto de “discriminación laboral” el hecho de que la Junta de Clasificación y Disciplina valore y acredite “únicamente” los cursos solicitados por Galarza.
“El presidente del CGE, en tanto funcionario público con facultades administrativas, tiene acceso a información privilegiada (QR) y la utiliza en beneficio propio o de terceros, perjudicando gravemente tanto a esta entidad gremial como a los docentes que no fueron oportunamente valorados, perdiendo así la posibilidad de ascender a padrones de mayor jerarquía para acceder a cargos jerárquicos y/u horas de los diferentes niveles (principalmente el nivel superior)”, denuncia.
Lescaffete argumenta que “esta práctica ilegal y, en principio, condenable éticamente, también tiene efectos legales por los daños y perjuicios ocasionados; se inscribe dentro de los delitos contra la administración pública y se denomina ‘tráfico de influencias’, en los términos establecidos en el artículo 256 y concordantes del Código Penal Argentino”.
“El presidente del CGE aprovecha el ejercicio de las funciones a su cargo y utiliza sus relaciones personales con otros funcionarios públicos para conseguir una resolución que le genera un beneficio económico para sí y para terceros, lo que atenta contra el correcto funcionamiento del organismo a su cargo”, acusa.
Finalmente, la secretaria general del Semab solicita “un informe de la situación planteada y que se habiliten los mecanismos necesarios para discutir y elaborar de manera conjunta con los sindicatos de la Mesa de Diálogo y Comunicación una resolución que reglamente la implementación del código QR a fin de que todas las organizaciones sindicales en convenio con los institutos de formación habilitados puedan otorgar capacitaciones variadas y de calidad accesible para todos los docentes de la provincia sin discriminación de ninguna índole”.
NOTA TRÁFICO DE INFLUENCIASProvinciales
Tras un mes sin agua, se restableció el servicio en comunidad mbya de San Ignacio
La Dirección de Asuntos Guaraníes confirmó el restablecimiento del servicio de agua potable en la comunidad Ychongy Poty, luego de que, a más de un mes sin poder acceder al líquido vital, el municipio y la cooperativa afín resolvieran saldar la deuda de $1.800.000, correspondiente a la conexión del sistema hídrico.
Al respecto, Francisco Rodríguez, director del área que funciona como nexo entre las comunidades mbya y el gobierno provincial, explicó a La Voz de Misiones que: “La comunidad estaba sin agua por una deuda de dicha conexión”, lo que afectaba a ocho familias integradas por alrededor de 35 personas.
También, detalló que la misma se encontraba a nombre del cacique y no de la comunidad, por lo que la provincia junto al municipio y la cooperativa acordaron saldar la deuda a fin de restablecer el servicio.
“Hoy ya cuentan con el agua correspondiente y está funcionando bien. Ya se le notificó al segundo cacique Gervacio Benítez porque el primero no se encontraba”, concluyó Rodríguez respecto a la última visita.
Según consta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió, los Estados deben garantizar a los Pueblos Indígenas el acceso a servicios básicos que aseguren condiciones de vida dignas.
El caso
La faltante de agua potable en la comunidad Ychongy Poty se remonta al mes de febrero. Desde entonces, tanto niños como ancianos se vieron obligados a pasar días de calor extremo sin agua para beber, además de no poder realizar actividades básicas para la vida cotidiana, como cocinar o higienizarse en sus hogares, y debieron acudir a la solidaridad de sus vecinos.
Desde un comienzo, el mburuvicha, Ariel Ramos, había reclamado que “el municipio debía hacerse cargo de afrontar el pago y, de un día para el otro, dejó de hacerlo sin previo aviso”, generando una deuda que les resultaba imposible saldar, por lo que realizó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Guaraníes.
La situación fue visibilizada por distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos indígenas, tal como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y la abogada Roxana Rivas, quien coincidió en que la situación era irregular desde el punto de vista de que al contar con Personería Jurídica, el servicio debería estar a nombre de la comunidad y no del mburuvicha.
“La cooperativa tiene la obligación de garantizar un servicio mínimo a todos los ciudadanos, pero particularmente a las comunidades indígenas. Y es obligación del Estado atender esta situación desde una perspectiva comunitaria”, había señalado.
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Provinciales
Preparan actividades y marcha a la Legislatura por los 30 años del No a Corpus
El próximo 14 de abril, en el marco del aniversario Nº 30 del plebiscito que frenó la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad misionera de Corpus, la mesa provincial por el No a las Represas realizará una marcha hacia la Cámara de Representantes con el fin de “celebrar y reafirmar la voluntad de continuar defendiendo la libertad de nuestros ríos”. Previamente, el domingo 12, habrá distintas actividades en ese municipio.
Para dar a conocer la agenda movilizada por docentes, ambientalistas, organizaciones sociales, sindicales y la ciudadanía en general, la mesa provincial emitió un comunicado en el que recordó los últimos intentos por reactivar la propuesta.
“En nuestra provincia en los últimos tiempos se han escuchado voces de ex funcionarios provinciales y nacionales, diputados mandato cumplido, referentes de organismos nacionales, como la Comip, organizaciones como el colegio de ingenieros, tratando de promover un debate, ampliamente superado en nuestra provincia, acerca de la construcción de la represa de Corpus Christi”, resaltaron.
Lo que calificaron como “una clara actitud tendiente a desoír la voluntad de las misioneras y los misioneros expresada en el plebiscito de 1996 y no dar cumplimiento a la ley provincial que prohíbe avanzar en su construcción, sobre cualquier emplazamiento sobre el río Paraná”.
Por este motivo, convocaron a dos jornadas conmemorativas con el objetivo de “recordar que el próximo 14 de abril se cumplen 30 años de aquel histórico acontecimiento, en el que la ciudadanía misionera pudo libremente expresar su voluntad, rechazando la construcción del mencionado mega proyecto”.
El día domingo 12 de abril las actividades centrales se desarrollarán en la localidad de Corpus, lugar emblemático donde se llevó a cabo uno de los actos más recordados de la campaña por el NO. También habrá acciones en otras localidades a lo largo y ancho de la provincia, cuyos detalles se conocerán en los próximos días.
En tanto, el martes 14 de abril habrá una marcha desde el centro de Posadas hacia la Legislatura donde presentarán una nota exigiendo se avance con el tratamiento del proyecto de “Ley de Ríos Libres” ingresado el 15/07/2015 con expediente P.P. 2626/15 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, el cual no logró tratamiento hasta el momento.
Para finalizar, exigieron públicamente “que las autoridades provinciales y legisladores, expresen de igual manera su voluntad de defender la Ley que ratifica el resultado del plebiscito con un 88 % de NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS”.
Por otro lado, instaron a las autoridades competentes a solicitar el “no apoyo a la reforma de la Ley de glaciares 26.639 y Ley de bosques 26.331, construidas, consensuadas y promulgadas con el acompañamiento amplio de la comunidad científica y los pobladores de los territorios de posible afectación siendo esto un motivo más que suficiente para que un legislador de nuestra provincia se oponga a semejante voluntad popular”.
Provinciales
Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500
Productores yerbateros de distintos puntos de la zona centro se reunieron en asamblea, a la altura del kilómetro 43 de la ruta 14 en Campo Grande, a fin de establecer un precio de referencia para la venta de hoja verde a secaderos e industrias.
El encuentro comenzó en horas de la mañana de este sábado con la presencia de un centenar de productores provenientes de esa localidad, como también de Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y El Soberbio.
En ese marco, el debate estuvo marcado por diversas cuestiones que hacen a la crisis del sector yerbatero, por lo que definieron ejes de acción como ser la venta de la hoja verde por un monto de $500 o superior.
“El cálculo contempla costos que rondan los $391 pesos por kilo de hoja verde y si se agrega un 30% de rentabilidad para el productor este número cerraría en no menos $500”, explicaron.
En este sentido, también recordaron el aumento de precios programados por el empresario yerbatero sirio, Omar Kassab, quien ofreció $350 por el kilo de hoja verde, lo cual consideraron insuficiente. “No obstante aplaudimos la predisposición de que un industrial plantee un precio de $350, aun así estamos trabajando por debajo de los costos de producción“, afirmaron.
Al mismo tiempo, señalaron: “Sumado a la merma en el rinde de la zona sur y Corrientes ante la sequía del verano, habrá una merma en la cosecha de este año, por lo tanto la definición del grupo de productores fue de no vender la hoja verde de yerba a valores inferiores a $500 puesto en secadero“.
Durante el encuentro que finalmente concluyó a las 16:30, vaticinaron que este año el mercado necesitará yerba ante el aumento de la demanda por consumo interno y el incremento de exportaciones.
Si bien aguardan que los productores cumplan con la medida de no entregar la hoja verde por menos de $500, continuarán exigiendo al gobierno provincial y a la Cámara de Representantes que se declare la emergencia yerbatera.

Asamblea de productores yerbateros en Campo Grande
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