Provinciales
Acusan a Colita Galarza de “tráfico de influencias” por manejo de capacitaciones
La secretaria general del Sindicato de Educadores Misioneros Alfredo Bravo (Semab), Mariana Lescaffete, planteó que el presidente del Consejo General de Educación de la provincia (CGE), Alberto Galarza, incurrió en el “tráfico de influencias”, al valerse de su cargo para obtener beneficios personales y para sus allegados.
La sindicalista dirigió ayer una nota al mismo Galarza, donde hizo un relato de los hechos que llevaron al gremio docente a acusar al titular del CGE de incurrir en un delito contemplado en el artículo 256 y concordantes del Código Penal de la República Argentina.
El Semab acusa a Galarza de tráfico de influencias y de discriminación, por la metodología implementada en el otorgamiento de certificados por capacitaciones a los docentes.
Aranceles
En la nota, Lescaffete acusa a Galarza de haber aprobado e impulsado capacitaciones docentes aranceladas en eventos desarrollados en la provincia de Santiago del Estero por resoluciones del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones.
Según expone la sindicalista, se trata de capacitaciones que acreditan la identidad del docente y la valoración obtenida en la Junta de Clasificación y Disciplina mediante un código QR.
La titular del Semab cita dos resoluciones del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones, la N° 123, del 1 de julio de 2022, y la N° 242, del 9 de agosto de 2023, que aprobaron y auspiciaron dos congresos internacionales realizados en Santiago del Estero.
“Estos congresos cuentan con un certificado oficial con código QR implementado de resoluciones y de Validación de Identidad, que permite la carga inmediata y sin objeciones de dicho certificado en el legajo docente por parte de la Junta de Clasificación y Disciplina de la Provincia de Misiones, así como el acceso a la valoración docente respectiva”, relata Lescaffete.
La gremialista señala que la primera de las resoluciones es del mismo día de realización del congreso santiagueño y la segunda es muy posterior, ya que tiene fecha de agosto, mientras que el evento se realizó en abril.
“La Resolución N°242 del 09/08/23 aprueba y auspicia un congreso realizado el 28/04/23, que expresamente tal lo establece el instrumento legal fuera solicitado por usted en carácter de director general del CGE, donde se difunde la participación gratuita”, continúa la nota.
“Sin embargo, para la certificación se pone como condición el pago del arancel acreditado como prueba que obra en nuestro poder, siendo que uno de los requerimientos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia es no promocionar las capacitaciones antes de contar con la respectiva resolución y, en este caso, la resolución es posterior al congreso aprobado y auspiciado”, se explica.
Lescaffete considera que “esto se constituye en práctica desleal” hacia los docentes nucleados en el Semab, puesto que “habiendo presentado y cumplimentado todos los requisitos solicitados por ese ministerio y con las resoluciones de aprobación en mano, no puede lograr que a la fecha le valoren todas las capacitaciones dictadas en 2022, que fueran reclamadas por recursos presentados que a la fecha no han sido contestados”.
“Mientras que en la provincia de Misiones la Junta de Clasificación y Disciplina no valora ni reconoce cursos gratuitos dictados por el Semab en convenio con otras instituciones reconocidas a nivel nacional, ese organismo sí reconoce y valora congresos solicitados por el presidente del CGE, que son dictados en la provincia de Santiago del Estero y que tienen un arancel de $3.000 que deben ser abonados si el docente pretende obtener el certificado para que impacte en su legajo con la correspondiente valoración”, expone.
“Se ha constatado que los docentes que realizaron el congreso el 1 y 2 de julio de 2022 y que ingresaron sus certificados a la Junta de Clasificación y Disciplina en el mes de septiembre 2022 han visto el impacto en su legajo y valoración el mismo día del ingreso de dicho certificado”, agrega.
“Esta situación pone en evidencia que el CGE viene implementando desde el año pasado el sistema Siryc, que otorga, a través de un código QR, la valoración de capacitaciones docentes que son aprobadas y auspiciadas por el Ministerio de Educación provincial, pero que se llevan a cabo de manera arancelada en la provincia de Santiago del Estero, mientras en la provincia de Misiones recién este año el presidente del CGE ha puesto a consideración de los sindicatos con representación nacional dicho sistema para analizar la posibilidad de implementación, lo que pone en evidencia el usufructo de información privilegiada por parte del mismo”, señala.
Discriminación
Lescaffete sostiene, en su escrito a Galarza, que el Semab considera un acto de “discriminación laboral” el hecho de que la Junta de Clasificación y Disciplina valore y acredite “únicamente” los cursos solicitados por Galarza.
“El presidente del CGE, en tanto funcionario público con facultades administrativas, tiene acceso a información privilegiada (QR) y la utiliza en beneficio propio o de terceros, perjudicando gravemente tanto a esta entidad gremial como a los docentes que no fueron oportunamente valorados, perdiendo así la posibilidad de ascender a padrones de mayor jerarquía para acceder a cargos jerárquicos y/u horas de los diferentes niveles (principalmente el nivel superior)”, denuncia.
Lescaffete argumenta que “esta práctica ilegal y, en principio, condenable éticamente, también tiene efectos legales por los daños y perjuicios ocasionados; se inscribe dentro de los delitos contra la administración pública y se denomina ‘tráfico de influencias’, en los términos establecidos en el artículo 256 y concordantes del Código Penal Argentino”.
“El presidente del CGE aprovecha el ejercicio de las funciones a su cargo y utiliza sus relaciones personales con otros funcionarios públicos para conseguir una resolución que le genera un beneficio económico para sí y para terceros, lo que atenta contra el correcto funcionamiento del organismo a su cargo”, acusa.
Finalmente, la secretaria general del Semab solicita “un informe de la situación planteada y que se habiliten los mecanismos necesarios para discutir y elaborar de manera conjunta con los sindicatos de la Mesa de Diálogo y Comunicación una resolución que reglamente la implementación del código QR a fin de que todas las organizaciones sindicales en convenio con los institutos de formación habilitados puedan otorgar capacitaciones variadas y de calidad accesible para todos los docentes de la provincia sin discriminación de ninguna índole”.
NOTA TRÁFICO DE INFLUENCIASProvinciales
Sala de 4 sin docente en Neni 2067 de Concepción: “Hay 20 niños sin clases”
Un grupo conformado por alrededor de 20 padres acudió al Consejo General de Educación (CGE), donde presentaron una nota para reclamar la interrupción del ciclo lectivo por ausencia de la maestra que desde al menos tres años prestaba servicios en el Núcleo Educativo de Nivel Inicial (Neni) 2067, sede 26, de la localidad de Concepción de la Sierra.
“Los alumnos están sin maestra y sin clases hace dos semanas”, reclamaron los padres en diálogo con La Voz de Misiones y añadieron: “La señora directora Margarita Sadaniowski no da respuestas. No da solución”.
Frente a esta situación, decidieron dirigirse en la mañana de este viernes al Consejo General de Educación (CGE) donde presentaron una nota en reclamo de la suplente correspondiente, ante la ausencia de la docente titular de la salita de 4 años.
“Queremos dejar en claro que es un derecho la educación en la salita de 4 años. Son 20 niños los que están esperando ansiosos a iniciar sus clases. Además, no tenemos información sobre quién es la supervisora a cargo; no tenemos nombre, contacto ni datos”, apuntaron los tutores.
Y concluyeron: “La directora solo repite lo que le dijeron, que le contaron, pero nunca da una conclusión final. Como padres ya no confiamos más en estas dilaciones. No queremos llegar a la tercera semana sin clases. Exigimos una respuesta definitiva e inmediata”.
Hasta el momento no lograron iniciar el ciclo lectivo, por lo que los padres denunciantes exigen una reunión con la supervisora escolar para, al menos, lograr la reincorporación de la suplente Samanta Danember.
Sobre lo que concluyeron: “Lo único que queremos nosotros como padres es respuesta por parte de la señora directora, Margarita Sadaniowski, quien nos niega reuniones con la supervisora y tampoco resuelve esta situación que lleva dos semanas. No podemos esperar más”.

Nota presentada por los padres de los alumnos de la salita de 4 años ante el CGE
Provinciales
La dueña de Samsa congela inversiones en Posadas y pone sus acciones en venta
Por Fernando OZ
Ante el proceso de desinversión del fondo estadounidense Platinum Equity, SAMSA frena obras en la red de agua potable de Posadas y Garupá, incumpliendo los planes proyectados para 2026. La filial argentina opera sin actualizaciones de infraestructura mientras busca nuevos compradores, dejando al Gobierno con la opción de exigir la renegociación de la concesión ante la crisis de servicios.
Servicios de Aguas de Misiones Sociedad Anónima (SAMSA) no invertirá más en Posadas ni en Garupá. La proyección de la firma para 2025, según su plan de inversión, era de casi 5.000 millones de pesos para la mejora de servicios, pero apenas se ejecutaron 1.450 millones. El mes pasado se presentó una presunta inyección de 520 millones de pesos en una flota de vehículos, pero en los balances esa partida sería parte del remanente del año anterior. El extraño flujo y la presunta sobrefacturación que padecen los vecinos sucede justo cuando el principal fondo inversor se encuentra por abandonar el país.
El servicio de suministro de agua potable del mayor conglomerado urbano de la provincia está en manos de Platinum Equity, un gigantesco fondo de inversiones estadounidense cuyos negocios van desde la producción de vinos en Italia con Fantini Group Vini, pasando por una fábrica de galletas francesa, Biscuit International, hasta la famosa Awaze, con sede en Londres, que alquila resorts, hoteles y castillos por media Europa.
En estos momentos, Platinum Equity tiene en venta sus activos de Urbaser Inversiones Argentina, la firma que administra SAMSA, que es apenas una fracción de Urbaser Global, un holding que opera en 30 países de cuatro continentes y tiene una nómina de unos 35.000 empleados.
Urbaser Inversiones Argentina se encuentra en un proceso de desinversión y la venta está a cargo del banco Santander. En consecuencia, según fuentes de la misma compañía, no habrá más inversiones para la red de provisión de agua para Posadas y Garupá. La administración central de SAMSA sigue estando en las oficinas de la Avenida Alem 1050, en la zona conocida como Catalinas Norte, frente al barrio porteño de Puerto Madero. En la sede de Urbaser Global, en Madrid, sobre la calle Agustín de Foxá, dicen que ya tienen otros dueños y se desentienden del asunto.
El mes pasado, Platinum Equity anunció la venta de Urbaser Global por casi 6.000 millones de dólares a un consorcio formado por dos fondos financieros: el estadounidense Blackstone y el sueco EQT. De lo único que no pudo desprenderse fue de la división de negocios en Argentina, es decir, de SAMSA.
En los salones de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) están al tanto de la venta y dan por hecho que hay grupos interesados en las operaciones en la tierra colorada. Entre los lobbistas del sector, hay quienes siguen de cerca el destino de SAMSA y recuerdan que en 2018 quedó en manos del grupo chino China Tianying Inc., hasta que se vendió a Urbaser en 2021.
El embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, un médico de origen cubano cercano a Donald Trump, se encuentra recorriendo todo el país con tres objetivos bien claros: generar negocios para las empresas de su país, hacer lobby con los gobernadores para evitar que se instalen capitales chinos y sumar a las provincias en la guerra contra el narcoterrorismo.
Se estima que casi 2,8 millones de hectáreas de todo el país están bajo control de capitales estadounidenses. En Misiones la presencia, por metros cuadrados, es significativa, especialmente en el sector forestal y en fondos de inversión que adquirieron tierras con vistas a negocios ecosistémicos y los futuros bonos de carbono. Además, Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de la provincia, especialmente de pasta celulosa.
El Gobierno de Hugo Passalacqua puede revocar la concesión si se demuestran fallas graves y reiteradas en la prestación del servicio. Es el EPRAC, el organismo regulador, el encargado de aplicar sanciones que, al acumularse, fundamenten una rescisión con causa. ¿Podrá SAMSA comprobar el plan de inversiones obligatorio que firmó en el contrato original?
Tal vez haya que esperar el proceso de venta de la filial argentina de Urbaser, en manos de Platinum. El Gobierno, si quisiera, se encuentra en una posición de fuerza para exigir al nuevo comprador la renegociación de los términos de una concesión que expirará en 2030.
Vecinos protestaron frente a Samsa: “El aire no se paga, basta de robar”
Provinciales
Río Uruguay restablecerá este jueves servicio de colectivos en Apóstoles
A primera hora de este jueves, la empresa Río Uruguay restablecerá el servicio de transporte público de pasajeros en Apóstoles, tras 48 horas de interrupción en la ciudad.
Según pudo confirmar La Voz de Misiones, la compañía y el Ejecutivo municipal, a cargo de la intendenta María Eugenia Safrán, llegaron a un acuerdo con el objetivo de garantizar la movilidad de los vecinos de Apóstoles a partir de mañana.
El último martes, Río Uruguay decidió “unilateralmente” interrumpir el servicio de colectivos en la localidad por incumplimientos de carácter nacional y ajenos “a cuestiones de la administración del municipio”, había informado el Ejecutivo a través de sus redes oficiales.
Ante esta situación, la Municipalidad dispuso unidades para trasladar a estudiantes a los establecimientos educativos mientras se destrababa el conflicto.
Finalmente, tras la intervención del Ejecutivo local y luego de 48 horas de interrupción, la empresa retomará el servicio de colectivos en la ciudad.
Apóstoles sin colectivos hace un día por decisión “unilateral” de Río Uruguay
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