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Acusan a Colita Galarza de “tráfico de influencias” por manejo de capacitaciones

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La secretaria general del Sindicato de Educadores Misioneros Alfredo Bravo (Semab), Mariana Lescaffete, planteó que el presidente del Consejo General de Educación de la provincia (CGE), Alberto Galarza, incurrió en el “tráfico de influencias”, al valerse de su cargo para obtener beneficios personales y para sus allegados.

La sindicalista dirigió ayer una nota al mismo Galarza, donde hizo un relato de los hechos que llevaron al gremio docente a acusar al titular del CGE de incurrir en un delito contemplado en el artículo 256 y concordantes del Código Penal de la República Argentina.

El Semab acusa a Galarza de tráfico de influencias y de discriminación, por la metodología implementada en el otorgamiento de certificados por capacitaciones a los docentes.

Aranceles

En la nota, Lescaffete acusa a Galarza de haber aprobado e impulsado capacitaciones docentes aranceladas en eventos desarrollados en la provincia de Santiago del Estero por resoluciones del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones.

Según expone la sindicalista, se trata de capacitaciones que acreditan la identidad del docente y la valoración obtenida en la Junta de Clasificación y Disciplina mediante un código QR.

La titular del Semab cita dos resoluciones del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones, la N° 123, del 1 de julio de 2022, y la N° 242, del 9 de agosto de 2023, que aprobaron y auspiciaron dos congresos internacionales realizados en Santiago del Estero.

“Estos congresos cuentan con un certificado oficial con código QR implementado de resoluciones y de Validación de Identidad, que permite la carga inmediata y sin objeciones de dicho certificado en el legajo docente por parte de la Junta de Clasificación y Disciplina de la Provincia de Misiones, así como el acceso a la valoración docente respectiva”, relata Lescaffete.

La gremialista señala que la primera de las resoluciones es del mismo día de realización del congreso santiagueño y la segunda es muy posterior, ya que tiene fecha de agosto, mientras que el evento se realizó en abril.

“La Resolución N°242 del 09/08/23 aprueba y auspicia un congreso realizado el 28/04/23, que expresamente tal lo establece el instrumento legal fuera solicitado por usted en carácter de director general del CGE, donde se difunde la participación gratuita”, continúa la nota.

“Sin embargo, para la certificación se pone como condición el pago del arancel acreditado como prueba que obra en nuestro poder, siendo que uno de los requerimientos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia es no promocionar las capacitaciones antes de contar con la respectiva resolución y, en este caso, la resolución es posterior al congreso aprobado y auspiciado”, se explica.

Lescaffete considera que “esto se constituye en práctica desleal” hacia los docentes nucleados en el Semab, puesto que “habiendo presentado y cumplimentado todos los requisitos solicitados por ese ministerio y con las resoluciones de aprobación en mano, no puede lograr que a la fecha le valoren todas las capacitaciones dictadas en 2022, que fueran reclamadas por recursos presentados que a la fecha no han sido contestados”.

“Mientras que en la provincia de Misiones la Junta de Clasificación y Disciplina no valora ni reconoce cursos gratuitos dictados por el Semab en convenio con otras instituciones reconocidas a nivel nacional, ese organismo sí reconoce y valora congresos solicitados por el presidente del CGE, que son dictados en la provincia de Santiago del Estero y que tienen un arancel de $3.000 que deben ser abonados si el docente pretende obtener el certificado para que impacte en su legajo con la correspondiente valoración”, expone.

“Se ha constatado que los docentes que realizaron el congreso el 1 y 2 de julio de 2022 y que ingresaron sus certificados a la Junta de Clasificación y Disciplina en el mes de septiembre 2022 han visto el impacto en su legajo y valoración el mismo día del ingreso de dicho certificado”, agrega.

“Esta situación pone en evidencia que el CGE viene implementando desde el año pasado el sistema Siryc, que otorga, a través de un código QR, la valoración de capacitaciones docentes que son aprobadas y auspiciadas por el Ministerio de Educación provincial, pero que se llevan a cabo de manera arancelada en la provincia de Santiago del Estero, mientras en la provincia de Misiones recién este año el presidente del CGE ha puesto a consideración de los sindicatos con representación nacional dicho sistema para analizar la posibilidad de implementación, lo que pone en evidencia el usufructo de información privilegiada por parte del mismo”, señala.

Discriminación

Lescaffete sostiene, en su escrito a Galarza, que el Semab considera un acto de “discriminación laboral” el hecho de que la Junta de Clasificación y Disciplina valore y acredite “únicamente” los cursos solicitados por Galarza.

“El presidente del CGE, en tanto funcionario público con facultades administrativas, tiene acceso a información privilegiada (QR) y la utiliza en beneficio propio o de terceros, perjudicando gravemente tanto a esta entidad gremial como a los docentes que no fueron oportunamente valorados, perdiendo así la posibilidad de ascender a padrones de mayor jerarquía para acceder a cargos jerárquicos y/u horas de los diferentes niveles (principalmente el nivel superior)”, denuncia.

Lescaffete argumenta que “esta práctica ilegal y, en principio, condenable éticamente, también tiene efectos legales por los daños y perjuicios ocasionados; se inscribe dentro de los delitos contra la administración pública y se denomina ‘tráfico de influencias’, en los términos establecidos en el artículo 256 y concordantes del Código Penal Argentino”.

“El presidente del CGE aprovecha el ejercicio de las funciones a su cargo y utiliza sus relaciones personales con otros funcionarios públicos para conseguir una resolución que le genera un beneficio económico para sí y para terceros, lo que atenta contra el correcto funcionamiento del organismo a su cargo”, acusa.

Finalmente, la secretaria general del Semab solicita “un informe de la situación planteada y que se habiliten los mecanismos necesarios para discutir y elaborar de manera conjunta con los sindicatos de la Mesa de Diálogo y Comunicación una resolución que reglamente la implementación del código QR a fin de que todas las organizaciones sindicales en convenio con los institutos de formación habilitados puedan otorgar capacitaciones variadas y de calidad accesible para todos los docentes de la provincia sin discriminación de ninguna índole”.

NOTA TRÁFICO DE INFLUENCIAS

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El Consejo de Caciques renovó autoridades y reclama derechos fundamentales

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Los caciques Francisco Ramos, de la comunidad Marangatú de Puerto Leoni, e Hilario Moreira de Tapé Mirí, ubicada en Garuhapé, fueron designados presidente y vicepresidente del Consejo de Caciques, organismo encargado de defender y representar las voces de la nación mbya guaraní frente a los gobiernos provincial y nacional.

La designación se dio durante la Asamblea General de las Comunidades Mbya Guaraní llevada a cabo en la aldea El Pocito de Capioví, del 14 al 16 de octubre pasado, con la participación de alrededor de 250 integrantes de al menos 100 comunidades mbya radicadas a lo largo y ancho de la provincia. 

En ese marco, enumeraron las demandas aún presentes que serán exigidas por el Consejo proximamente, entre ellas; la incorporación del derecho indígena a la Constitución provincial, regularización de territorios, servicios básicos, acceso a la salud y educación intercultural, mejora de caminos, viviendas, inversión, políticas públicas con perspectiva mbya guaraní y el cese de intrusiones y desmontes dentro del territorio indígena.

Frente a esto, adelantaron que el próximo lunes 20 de octubre presentarán un documento con cada una de las demandas al Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Misiones y a la Dirección de Asuntos Guaraníes.   

La asamblea general de comunidades se realizó durante tres días en Capioví

Otras consideraciones

De la asamblea desarrollada durante tres días en la localidad de Capioví participaron caciques, lideresas, jóvenes, docentes, mujeres, promotores de salud y estudiantes, como resultado de la manifestación con acampe encabezado por comunidades en la plaza 9 de Julio de Posadas del 15 al 19 de septiembre pasado.

La medida de fuerza fue levantada luego de una reunión con el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez, quien se había presentado en el lugar desde el primer día de acampe a fin de llegar a un acuerdo. Tras cinco días de debate, se comprometió a trasladarlos en colectivo hasta sus comunidades y facilitar los recursos necesarios para llevar a cabo la asamblea provincial que finalmente se concretó esta semana.

En esa oportunidad, la manifestación en la capital provincial contó con el acompañamiento de la sociedad en general. En tanto, el presidente de la Cámara de Rrepresentantes, Oscar Herrera Ahuad y la ministra de Derechos Humanos, Karina Aguirre, firmaron un acta de compromiso con la realización de la asamblea general, en la que garantizaban el traslado de todas las comunidades de la provincia, como así también el alimento para los días de duración, además de acordar la presencia de funcionarios al finalizar la asamblea.

Sin embargo, “varios compromisos no se cumplieron”, repudiaron los caciques, y aseguraron que el acompañamiento de la asamblea, por parte del gobierno provincial, “fue muy precario”.

Durante la asamblea los caciques también definieron el equipo técnico territorial de las comunidades en distintas zonas de la provincia, los cuales tienen la tarea de hacer relevamientos y llevar las demandas del territorio al Consejo de Caciques. Y decidieron que la misma se realice dos veces por año, como principal órgano de consulta para el Consejo.  

Para finalizar, lamentaron a través de un comunicado que: “La ausencia de funcionarios del gobierno provincial el jueves por la tarde en la asamblea, fue tomada por sus participantes, como falta de voluntad política, de interés y responsabilidad con sus funciones públicas”

Y concluyeron: “La asamblea de las comunidades busca seguir generando lazos entre las mismas, para tener mayor unidad y fuerza en sus acciones, así como también convoca al resto de la sociedad a acompañar y unir fuerzas en las luchas por los derechos humanos, hoy seriamente amenazados”.

Alrededor de 100 comunidades mbya presentes a lo largo y ancho de la provincia participaron de la asamblea general

Mbyas piden la regularización de tierras y servicios con acampe en la plaza 9 de Julio

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El CGE explicó incompatibilidad en caso de portera cesanteada en Montecarlo

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A un día de la huelga de hambre iniciada por Julia Halbestard, quien se desempeñó desde el año 2021 como portera suplente de la Epet 11 de Montecarlo hasta perder esa fuente de trabajo en mayo pasado, el Consejo General de Educación (CGE) alegó que la misma “accede a una pensión” y por tanto el cargo en la institución educativa es “incompatible” conforme a lo establecido por la Ley 1- 104 (antes 3200).

Así lo confirmó Daniela López, directora del CGE al ser consultada por La Voz de Misiones, al mismo tiempo en que compartió un documento que corresponde al Registro Único Laboral de la Provincia de Misiones, que asegura que la trabajadora de servicio cuenta con una “pensión no contributiva nacional.- Pensión asistencial”.

A su vez, destaca que “si las personas que se mencionan en el párrafo anterior, serán designadas o contratadas por el organismo solicitante del presente informe, se encontrarán dentro de las incompatibilidades previstas en la Ley I – N.° 104 (antes Ley 3200)”.

La mencionada ley, en su artículo primero, sostiene que: “Los beneficiarios previsionales de otras cajas que no sea el Instituto de Previsión Social de Misiones y el personal de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad nacionales o de otras provincias, que desempeñan cargos en el Estado provincial (inciso 2), deben optar en el plazo de diez (10) días de vigencia de esta ley o de producido el nombramiento en la Provincia, entre percibir el haber previsional o de retiro, en cuyo caso no tiene derecho a percibir remuneración alguna por el cargo que ocupa, o percibir el ingreso correspondiente a este último“.

Dada la situación, señalaron que Halbestard debería optar por continuar siendo beneficiaria de la pensión, o bien renunciar y tramitar el cargo como titular de servicio (portera) de dicha institución.

Huelga de hambre

Halbestard inició una huelga de hambre en la mañana de ayer, jueves, frente al Juzgado de Familia, en reclamo del cargo que le fue “congelado” al producirse la jubilación del portero titular, por lo que ya no puede prestar servicio. 

La causa cobró gran repercusión en la comunidad educativa, con adhesión de sindicatos y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Al respecto, el Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) aseguró que Halbestard: “Logró su cargo de portera después de trabajar más de 20 años en negro cobrando en platos de comida o sobras de los comedores escolares, donde ejercía sus funciones de cocinera, fue nombrada en 2022 luego de una larga lucha”.

Por su parte, el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (Sicsal), emitió un comunicado y destacó: “Tu lucha es la lucha de todas y todos los trabajadores que enfrentan injusticias, precariedad y vulneración de derechos. Por eso, hoy, compañeras y compañeros de múltiples sectores, países y territorios nos ponemos a tu lado, acompañándote en cada paso, elevando nuestras voces para exigir que se respeten tus derechos”.

Portera en huelga de hambre tras perder su trabajo en la Epet 11 de Montecarlo

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Portera en huelga de hambre tras perder su trabajo en la Epet 11 de Montecarlo

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Julia Halbestard, quien se desempeñaba como personal de servicio suplente en la Epet 11 de Montecarlo, inició en la mañana de hoy una huelga de hambre frente al Juzgado de Familia, en reclamo del cargo que le fue “congelado” al producirse la jubilación del portero titular, por lo que actualmente no puede continuar prestando servicios.

La situación generó preocupación entre los directivos, docentes, padres y sindicatos, ya que realizaron los reclamos pertinentes ante las autoridades competentes, sin recibir respuestas hasta el momento.

Consultado por La Voz de Misiones el director de la institución educativa Esteban Moudry profundizó: “Estamos solicitando el cargo desde inicios del ciclo lectivo, que cayó por jubilación del titular, además pedimos contención del gasto, pero el Consejo General de Educación (CGE) no habilita”.

Sobre esto, repudió: “Se atajan en que la matrícula no es suficiente, pareciera  que desconocen el funcionamiento de una escuela técnica, donde la matrícula se duplica entendiendo que están en doble turno los alumnos”.

Sobre la cantidad de estudiantes, detalló: “No llegamos a los 300 alumnos, pero por dos claramente deberían entender que necesitamos portera, además es muy grande la escuela”. 

Frente a esto, el reclamo por la habilitación del cargo y el acompañamiento a Halbestard tomó la adhesión de la comunidad educativa, cuyos padres intentaron tomar la escuela cuando inició la problemática. 

Actualmente, aguardan que las autoridades provinciales intervengan para destrabar el conflicto y brindar una pronta respuesta a su pedido.

Repercusiones 

El Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) hizo eco de la situación y exigió pronta solución a través de un posteo en su cuenta de Facebook: “Logró su cargo de portera después de trabajar más de 20 años en negro cobrando en platos de comida o sobras de los comedores escolares, donde ejercía sus funciones de cocinera, fue nombrada en 2022 luego de una larga lucha”.

Y añadió: “Este año nuevamente fue castigada al congelarse el cargo en el que ejercía la suplencia, durante meses sus directivos realizaron tramites debido a su buen desempeño, no logrando revertir esta injusticia. También las organizaciones sindicales reclamaron por ella”.

Hoy sin ingresos y al borde del hambre, se instaló en la Defensoría Oficial del Juzgado de Familia de Montecarlo para buscar justicia, iniciando una Huelga de Hambre. Una vez más exigimos su nombramiento de manera inmediata y solicitamos a todos los trabajadores la mayor solidaridad”, concluyeron.

Al reclamo se sumó el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (Sicsal), desde donde emitieron un comunicado y destacaron: Tu lucha es la lucha de todas y todos los trabajadores que enfrentan injusticias, precariedad y vulneración de derechos. Por eso, hoy, compañeras y compañeros de múltiples sectores, países y territorios nos ponemos a tu lado, acompañándote en cada paso, elevando nuestras voces para exigir que se respeten tus derechos”.

“Cada acción, cada palabra de apoyo, cada gesto solidario, es un mensaje claro: tu resistencia nos fortalece y nos inspira. Exigimos a las autoridades competentes que atiendan de manera inmediata tu reclamo, reconociendo tu labor y garantizando tu nombramiento. La justicia laboral no es un privilegio, es un derecho, y nos comprometemos a seguir alzando nuestra voz hasta que se haga efectiva”, enfatizaron.

La huelga de hambre comenzó en la mañana de hoy y continuará por tiempo indeterminado frente al Juzgado de Familia de Montecarlo, donde Halbestard exige “una solución y justicia laboral” para recuperar el cargo que obtuvo en el año 2021 y le fue quitado en mayo pasado.

 

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