Provinciales
Acusan a Colita Galarza de “tráfico de influencias” por manejo de capacitaciones

La secretaria general del Sindicato de Educadores Misioneros Alfredo Bravo (Semab), Mariana Lescaffete, planteó que el presidente del Consejo General de Educación de la provincia (CGE), Alberto Galarza, incurrió en el “tráfico de influencias”, al valerse de su cargo para obtener beneficios personales y para sus allegados.
La sindicalista dirigió ayer una nota al mismo Galarza, donde hizo un relato de los hechos que llevaron al gremio docente a acusar al titular del CGE de incurrir en un delito contemplado en el artículo 256 y concordantes del Código Penal de la República Argentina.
El Semab acusa a Galarza de tráfico de influencias y de discriminación, por la metodología implementada en el otorgamiento de certificados por capacitaciones a los docentes.
Aranceles
En la nota, Lescaffete acusa a Galarza de haber aprobado e impulsado capacitaciones docentes aranceladas en eventos desarrollados en la provincia de Santiago del Estero por resoluciones del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones.
Según expone la sindicalista, se trata de capacitaciones que acreditan la identidad del docente y la valoración obtenida en la Junta de Clasificación y Disciplina mediante un código QR.
La titular del Semab cita dos resoluciones del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones, la N° 123, del 1 de julio de 2022, y la N° 242, del 9 de agosto de 2023, que aprobaron y auspiciaron dos congresos internacionales realizados en Santiago del Estero.
“Estos congresos cuentan con un certificado oficial con código QR implementado de resoluciones y de Validación de Identidad, que permite la carga inmediata y sin objeciones de dicho certificado en el legajo docente por parte de la Junta de Clasificación y Disciplina de la Provincia de Misiones, así como el acceso a la valoración docente respectiva”, relata Lescaffete.
La gremialista señala que la primera de las resoluciones es del mismo día de realización del congreso santiagueño y la segunda es muy posterior, ya que tiene fecha de agosto, mientras que el evento se realizó en abril.
“La Resolución N°242 del 09/08/23 aprueba y auspicia un congreso realizado el 28/04/23, que expresamente tal lo establece el instrumento legal fuera solicitado por usted en carácter de director general del CGE, donde se difunde la participación gratuita”, continúa la nota.
“Sin embargo, para la certificación se pone como condición el pago del arancel acreditado como prueba que obra en nuestro poder, siendo que uno de los requerimientos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia es no promocionar las capacitaciones antes de contar con la respectiva resolución y, en este caso, la resolución es posterior al congreso aprobado y auspiciado”, se explica.
Lescaffete considera que “esto se constituye en práctica desleal” hacia los docentes nucleados en el Semab, puesto que “habiendo presentado y cumplimentado todos los requisitos solicitados por ese ministerio y con las resoluciones de aprobación en mano, no puede lograr que a la fecha le valoren todas las capacitaciones dictadas en 2022, que fueran reclamadas por recursos presentados que a la fecha no han sido contestados”.
“Mientras que en la provincia de Misiones la Junta de Clasificación y Disciplina no valora ni reconoce cursos gratuitos dictados por el Semab en convenio con otras instituciones reconocidas a nivel nacional, ese organismo sí reconoce y valora congresos solicitados por el presidente del CGE, que son dictados en la provincia de Santiago del Estero y que tienen un arancel de $3.000 que deben ser abonados si el docente pretende obtener el certificado para que impacte en su legajo con la correspondiente valoración”, expone.
“Se ha constatado que los docentes que realizaron el congreso el 1 y 2 de julio de 2022 y que ingresaron sus certificados a la Junta de Clasificación y Disciplina en el mes de septiembre 2022 han visto el impacto en su legajo y valoración el mismo día del ingreso de dicho certificado”, agrega.
“Esta situación pone en evidencia que el CGE viene implementando desde el año pasado el sistema Siryc, que otorga, a través de un código QR, la valoración de capacitaciones docentes que son aprobadas y auspiciadas por el Ministerio de Educación provincial, pero que se llevan a cabo de manera arancelada en la provincia de Santiago del Estero, mientras en la provincia de Misiones recién este año el presidente del CGE ha puesto a consideración de los sindicatos con representación nacional dicho sistema para analizar la posibilidad de implementación, lo que pone en evidencia el usufructo de información privilegiada por parte del mismo”, señala.
Discriminación
Lescaffete sostiene, en su escrito a Galarza, que el Semab considera un acto de “discriminación laboral” el hecho de que la Junta de Clasificación y Disciplina valore y acredite “únicamente” los cursos solicitados por Galarza.
“El presidente del CGE, en tanto funcionario público con facultades administrativas, tiene acceso a información privilegiada (QR) y la utiliza en beneficio propio o de terceros, perjudicando gravemente tanto a esta entidad gremial como a los docentes que no fueron oportunamente valorados, perdiendo así la posibilidad de ascender a padrones de mayor jerarquía para acceder a cargos jerárquicos y/u horas de los diferentes niveles (principalmente el nivel superior)”, denuncia.
Lescaffete argumenta que “esta práctica ilegal y, en principio, condenable éticamente, también tiene efectos legales por los daños y perjuicios ocasionados; se inscribe dentro de los delitos contra la administración pública y se denomina ‘tráfico de influencias’, en los términos establecidos en el artículo 256 y concordantes del Código Penal Argentino”.
“El presidente del CGE aprovecha el ejercicio de las funciones a su cargo y utiliza sus relaciones personales con otros funcionarios públicos para conseguir una resolución que le genera un beneficio económico para sí y para terceros, lo que atenta contra el correcto funcionamiento del organismo a su cargo”, acusa.
Finalmente, la secretaria general del Semab solicita “un informe de la situación planteada y que se habiliten los mecanismos necesarios para discutir y elaborar de manera conjunta con los sindicatos de la Mesa de Diálogo y Comunicación una resolución que reglamente la implementación del código QR a fin de que todas las organizaciones sindicales en convenio con los institutos de formación habilitados puedan otorgar capacitaciones variadas y de calidad accesible para todos los docentes de la provincia sin discriminación de ninguna índole”.
NOTA TRÁFICO DE INFLUENCIASProvinciales
Colonia Polana: denuncian usurpación de tierras con complicidad política y policial

Los hermanos Germán y Julio Llanos denuncian persecución y amedrentamiento sufrido en los últimos meses tras una presentación judicial, en un intento por recuperar las tierras que pertenecieron a su familia por tres generaciones en la localidad de Colonia Polana. En este informe, los denunciantes le ponen nombre y apellido a quienes acusan por abuso del poder, de vulnerar sus derechos y quedarse, momentáneamente, con su propiedad.
Todo comenzó con una denuncia por usurpación de tierras presentada por los hermanos Llanos sobre un territorio de aproximadamente 107 hectáreas, de las cuales 55 fueron cultivadas con yerba mate; en el municipio que hoy tiene alrededor de mil habitantes y está situado dentro del departamento de San Ignacio, a casi un kilómetro del río Paraná y unos 116 kilómetros de Posadas.
Para conocer de cerca esta historia, La Voz de Misiones visitó la chacra donde los hermanos Llanos detallaron la cronología del conflicto.
En primera instancia, no pueden acceder a la vivienda familiar situada allí, actualmente ocupada por dos serenos presuntamente enviados por Raúl Núñez, que es concejal en la misma localidad. En segundo lugar, se ven impedidos a pagar los impuestos municipales de esa chacra y tampoco pueden disponer de la producción de yerba.
“Esta es la chacra que era de nuestro viejo, hoy día en sucesión, con ciertos problemas con intrusos como ustedes pueden ver, tenemos esta persona que está acá con machete y otra más, enviados por el concejal del municipio de Colonia Polana, que es Raúl Núñez”, comenzó Germán Llanos durante una entrevista con LVM.
De esta manera, señaló a uno de los miembros de la familia Núñez, la cual gobierna el municipio desde hace más de dos décadas. En el año 2003, Alfredo Raúl Núñez ocupó el cargo de intendente durante cuatro mandatos consecutivos, hasta que en 2015 le cedió el mando a su esposa, Antonia Medina, quien actualmente transita su segundo período de gobierno.
En tanto, los hijos del matrimonio Núñez-Medina también lograron cargos públicos dentro del mismo pueblo. Desde el año 2014, Tamara Josefina Núñez se desempeña como jueza de paz, mientras que su hermano Raúl Francisco Núñez ocupa una banca en el Concejo Deliberante desde 2019, y hoy es el presidente del cuerpo deliberativo, segundo en la línea de mando municipal después de su madre.

Alfredo Raúl Núñez, Antonia Medina, Raúl Francisco Núñez y Tamara Josefina Núñez
Finalmente, el círculo del poder familiar se cierra con el policía Nicolás Andino, pareja de la jueza Tamara Núñez, quien supo estar a cargo de la comisaría local años atrás.
En la trama de sucesos relatados por los hermanos Germán y Julio Llanos, señalaron al actual jefe de la comisaría de Colonia Polana, el oficial principal Juan Javier Alejandro Skromeda, como el responsable de blindar el accionar de Raúl Núñez.
Además, los Llanos acusaron a Skromeda ante el jefe de la Unidad Regional IX Jardín América, comisario general Marcelo Chimiski, describiendo que en una oportunidad los intentó vincular con una carga de drogas.
Las tierras a nombre de Núñez
Según la resconstrucción de los denunciantes, la toma del territorio comenzó con la presentación de un boleto de compra venta en manos de Raúl Núñez, en la Municipalidad de Colonia Polana, fechado en 2013 con la firma de Julio Cesar Llanos, el padre de los denunciantes.
Al ver la firma del papá en el documento presentado por Núñez, los hermanos notaron anomalías la estampa y la sometieron a pericias caligráficas que determinaron que era falsa.
La supuesta transacción para la compra de la chacra había sido avalada, además, por el escribano Roberto Carlos Yegros, que se quedó sin su matrcícula profesional en 2020, luego de inspecciones del Colegio Notarial donde se observaron irregularidades que tuvieron como consecuencia sumarios; los que -por su gravedad- dieron lugar al pedido de destitución al Superior Tribunal de Justicia , lo cual se concretó noviembre de ese año.
Para dos ex concejales opositores de Colonia Polana, el poder que ejerce la familia Núñez – Medina es sinónimo de “hostigamiento y persecución”. Tal es el caso de Ramón Fernández quien ejerció durante el período 2011-2015, e impulsó una comisión investigadora a la gestión de Alfredo Núñez, que deribó en una denuncia penal por incumplimiento de deberes y malversación de fondos.
Para impedir esa investigación y la presentación de pruebas, Fernández recibió tres denuncias por supuesto abuso sexual, las cuales fueron desestimadas de inmediato por la inconsistencia en el relato de las presuntas víctimas.
Fernandez cree que las represalias por cuestionar al poder de turno no terminaron allí y vincula a los Núñez como los responsables de lo sucedido dos meses más tarde, cuando su casa fue incendiada.
“Si no pueden por una forma, te buscan por otra, como para cansarte y que vos te retires de la política, porque vos sos una persona honesta y a ellos no le sirve eso, porque vos le estás controlando, preguntando, pidiendo y a ellos no le gusta, ellos no quieren mostrar nada, ocultan todo”, enfatizó el ex concejal que, luego de los episodios que debió resistir, dejó la política y se mudó del pueblo.
Una experiencia similar transitó Sebastián Kachorroski, concejal opositor durante la primera gestión de Antonia Medina, entre 2015 y 2019, quien entrevistado por este medio también refirió a falsas denuncias, amenazas y la pérdida de bienes materiales que lo llevaron a abandonar la escena política.
“Son formas de intentar silenciarte, pero uno no se calla. Una de las cosas más graves fue cuando me prendieron fuego el auto. Ahí sí, pudo haber fallecido mi viejo; mi papá y mi mamá, porque eran los que estaban durmiendo a diez metros del incendio”, advirtió Kachorroski durante la entrevista.
Actualmente, con todas las pruebas aportadas, los Llanos esperan respuestas de la Justicia .
La Voz de Misiones se comunicó telefónicamente con la intendenta Antonia Media, con el concejal Raúl Núñez y con su abogado defensor, Ángel Gauto, pero ninguno accedió a darnos una entrevista.
Provinciales
Anunciaron el pago a las autoridades de mesa de las elecciones del 8 de junio

El Tribunal Electoral de Misiones informó, a primera hora de hoy, que se encuentran acreditados los pagos a las autoridades de mesa que participaron de las elecciones legislativas provinciales el pasado 8 de junio.
El anuncio lo dieron a través de su cuenta de Instagram en el que detallaron: “Se informa a las autoridades de mesa que el pago por la labor cumplida en las elecciones del 08/06/2025 se encuentra depositado en cuenta desde el día de hoy, 12 de agosto de 2025”.
La medida alcanza a todos los ciudadanos que fueron designados y se desempeñaron como autoridades de mesa, tanto presidentes, a quienes les corresponde la suma de $40.0000, como vicepresidentes y auxiliares de mesa, en los comicios donde se eligieron representantes legislativos provinciales.
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El organismo recordó que el pago responde a la retribución económica prevista por la labor realizada durante la jornada electoral, y que cualquier inconveniente con la acreditación debe ser informado directamente ante el Tribunal Electoral para su revisión.
Finalmente, detallaron que en los casos de CBU correspondientes a bancos que no sean Macro, el depósito podría demorar en acreditarse durante el transcurso del día.
A su vez, para las autoridades de mesa que no registraron CBU, el organismo adelantó que “en breve se informará el procedimiento para percibir el pago”.
Cinco frentes y seis partidos irán a las urnas el 26 de octubre en Misiones
Provinciales
Tarjeta Naranja se sumó a los beneficios de los programas Ahora

Los programas Ahora, que hasta el momento funcionaban con las tarjetas de los bancos Macro, Nación y Credicoop, desde este lunes cuentan con la adhesión de Tarjeta Naranja en los rubros Ahora Misiones, Ahora Construcción y Ahora Bienes Durables.
La confirmación fue dada por el mandatario provincial, Hugo Passalacqua, a través de su cuenta personal de “X”, donde anticipó: “Informo que, desde el día de hoy, Tarjeta Naranja también se incorpora a los programas Ahora Misiones, Ahora Construcción y Ahora Bienes Durables”.
Al finalizar el mensaje, celebró: “¡Seguimos ampliando la cobertura para que más misioneros accedan a estos beneficios!”.
La nueva herramienta permitirá acceder a una financiación sin interés y reintegros de hasta el 25% en comercios adheridos.
Informo que, desde el día de hoy, Tarjeta Naranja también se incorpora a los programas Ahora Misiones, Ahora Construcción y Ahora Bienes Durables.
¡Seguimos ampliando la cobertura para que más misioneros accedan a estos beneficios!
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) August 11, 2025
Hasta el momento, los beneficios estaban disponibles para las tarjetas Visa y Mastercard del Banco Macro, y para las tarjetas Visa, Mastercard, American Express del Banco Galicia y la tarjeta Cabal del Banco Credicoop.
A partir de hoy, también estarán habilitados para los usuarios de Tarjeta Naranja, en todos los comercios adheridos a los programas Ahora Misiones, Ahora Construcción y Ahora Bienes Durables.
Días y horarios
El programa Ahora Misiones funciona todos los lunes, martes y miércoles, y ofrece financiación en 1 o 6 cuotas sin interés, con un límite financiable de $653.400. Además, contempla reintegros del 25% en comercios misioneros y del 20% en comercios nacionales, con un tope de reintegro de $44.044.
En tanto, Ahora Construcción funciona los días lunes, martes y miércoles con financiación en 18, 12 y 6 cuotas sin interés con un límite financiable mensual de $1.306.800.
Finalmente, Ahora Bienes Durables funciona los lunes y martes, también con tarjeta de crédito y cuotas de 6, 12 o 18, con un tope de $1.306.800.
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