Provinciales
Acusan a Colita Galarza de “tráfico de influencias” por manejo de capacitaciones
La secretaria general del Sindicato de Educadores Misioneros Alfredo Bravo (Semab), Mariana Lescaffete, planteó que el presidente del Consejo General de Educación de la provincia (CGE), Alberto Galarza, incurrió en el “tráfico de influencias”, al valerse de su cargo para obtener beneficios personales y para sus allegados.
La sindicalista dirigió ayer una nota al mismo Galarza, donde hizo un relato de los hechos que llevaron al gremio docente a acusar al titular del CGE de incurrir en un delito contemplado en el artículo 256 y concordantes del Código Penal de la República Argentina.
El Semab acusa a Galarza de tráfico de influencias y de discriminación, por la metodología implementada en el otorgamiento de certificados por capacitaciones a los docentes.
Aranceles
En la nota, Lescaffete acusa a Galarza de haber aprobado e impulsado capacitaciones docentes aranceladas en eventos desarrollados en la provincia de Santiago del Estero por resoluciones del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones.
Según expone la sindicalista, se trata de capacitaciones que acreditan la identidad del docente y la valoración obtenida en la Junta de Clasificación y Disciplina mediante un código QR.
La titular del Semab cita dos resoluciones del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones, la N° 123, del 1 de julio de 2022, y la N° 242, del 9 de agosto de 2023, que aprobaron y auspiciaron dos congresos internacionales realizados en Santiago del Estero.
“Estos congresos cuentan con un certificado oficial con código QR implementado de resoluciones y de Validación de Identidad, que permite la carga inmediata y sin objeciones de dicho certificado en el legajo docente por parte de la Junta de Clasificación y Disciplina de la Provincia de Misiones, así como el acceso a la valoración docente respectiva”, relata Lescaffete.
La gremialista señala que la primera de las resoluciones es del mismo día de realización del congreso santiagueño y la segunda es muy posterior, ya que tiene fecha de agosto, mientras que el evento se realizó en abril.
“La Resolución N°242 del 09/08/23 aprueba y auspicia un congreso realizado el 28/04/23, que expresamente tal lo establece el instrumento legal fuera solicitado por usted en carácter de director general del CGE, donde se difunde la participación gratuita”, continúa la nota.
“Sin embargo, para la certificación se pone como condición el pago del arancel acreditado como prueba que obra en nuestro poder, siendo que uno de los requerimientos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia es no promocionar las capacitaciones antes de contar con la respectiva resolución y, en este caso, la resolución es posterior al congreso aprobado y auspiciado”, se explica.
Lescaffete considera que “esto se constituye en práctica desleal” hacia los docentes nucleados en el Semab, puesto que “habiendo presentado y cumplimentado todos los requisitos solicitados por ese ministerio y con las resoluciones de aprobación en mano, no puede lograr que a la fecha le valoren todas las capacitaciones dictadas en 2022, que fueran reclamadas por recursos presentados que a la fecha no han sido contestados”.
“Mientras que en la provincia de Misiones la Junta de Clasificación y Disciplina no valora ni reconoce cursos gratuitos dictados por el Semab en convenio con otras instituciones reconocidas a nivel nacional, ese organismo sí reconoce y valora congresos solicitados por el presidente del CGE, que son dictados en la provincia de Santiago del Estero y que tienen un arancel de $3.000 que deben ser abonados si el docente pretende obtener el certificado para que impacte en su legajo con la correspondiente valoración”, expone.
“Se ha constatado que los docentes que realizaron el congreso el 1 y 2 de julio de 2022 y que ingresaron sus certificados a la Junta de Clasificación y Disciplina en el mes de septiembre 2022 han visto el impacto en su legajo y valoración el mismo día del ingreso de dicho certificado”, agrega.
“Esta situación pone en evidencia que el CGE viene implementando desde el año pasado el sistema Siryc, que otorga, a través de un código QR, la valoración de capacitaciones docentes que son aprobadas y auspiciadas por el Ministerio de Educación provincial, pero que se llevan a cabo de manera arancelada en la provincia de Santiago del Estero, mientras en la provincia de Misiones recién este año el presidente del CGE ha puesto a consideración de los sindicatos con representación nacional dicho sistema para analizar la posibilidad de implementación, lo que pone en evidencia el usufructo de información privilegiada por parte del mismo”, señala.
Discriminación
Lescaffete sostiene, en su escrito a Galarza, que el Semab considera un acto de “discriminación laboral” el hecho de que la Junta de Clasificación y Disciplina valore y acredite “únicamente” los cursos solicitados por Galarza.
“El presidente del CGE, en tanto funcionario público con facultades administrativas, tiene acceso a información privilegiada (QR) y la utiliza en beneficio propio o de terceros, perjudicando gravemente tanto a esta entidad gremial como a los docentes que no fueron oportunamente valorados, perdiendo así la posibilidad de ascender a padrones de mayor jerarquía para acceder a cargos jerárquicos y/u horas de los diferentes niveles (principalmente el nivel superior)”, denuncia.
Lescaffete argumenta que “esta práctica ilegal y, en principio, condenable éticamente, también tiene efectos legales por los daños y perjuicios ocasionados; se inscribe dentro de los delitos contra la administración pública y se denomina ‘tráfico de influencias’, en los términos establecidos en el artículo 256 y concordantes del Código Penal Argentino”.
“El presidente del CGE aprovecha el ejercicio de las funciones a su cargo y utiliza sus relaciones personales con otros funcionarios públicos para conseguir una resolución que le genera un beneficio económico para sí y para terceros, lo que atenta contra el correcto funcionamiento del organismo a su cargo”, acusa.
Finalmente, la secretaria general del Semab solicita “un informe de la situación planteada y que se habiliten los mecanismos necesarios para discutir y elaborar de manera conjunta con los sindicatos de la Mesa de Diálogo y Comunicación una resolución que reglamente la implementación del código QR a fin de que todas las organizaciones sindicales en convenio con los institutos de formación habilitados puedan otorgar capacitaciones variadas y de calidad accesible para todos los docentes de la provincia sin discriminación de ninguna índole”.
NOTA TRÁFICO DE INFLUENCIASProvinciales
Informe Conicet-UBA: Iguazú tiene el 40% de sus tierras en manos extranjeras
El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), realizaron un informe que revela que al menos cinco departamentos de Misiones superan el límite fijado para la extranjerización de suelos, siendo Puerto Iguazú el distrito que concentra la mayor cantidad de hectáreas en manos de agentes foráneos.
El informe fue publicado en diciembre del año pasado, como aporte trascendental en el marco del debate iniciado tras la presentación de un proyecto del gobierno del presidente Javier Milei que busca derogar en forma definitiva la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, más conocida como Ley de Tierras (N° 26.737).
La normativa se sancionó en 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y estableció como límite de extranjerización de tierras un 15% de la superficie a nivel provincial y departamental, al tiempo que fortaleció los mecanismos de control para evitar triangulaciones sin supervisión estatal.
La ley sufrió una modificación en 2016, con Mauricio Macri como presidente, quien mediante el Decreto 820/2016, “flexibilizó los procedimientos, habilitó la posibilidad de informar cambios societarios después de realizados, redujo los requisitos para compras e introdujo criterios más amplios para definir quién era considerado extranjero”, explicaron Julieta Caggiano y Matías Oberlin, autores del informe.
En 2023, en tanto, con la llegada al poder de La Libertad Avanza, el DNU 70/2023 derogó la Ley de Tierras mediante su artículo 154, pero la medida encontró un freno judicial mediante un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim).
Misiones y el mapa
En ese marco, los investigadores efectuaron un relevamiento a nivel nacional y confeccionaron un mapa interactivo en el que marcaron las parcelas de tierra actualmente extranjerizadas en todo el país.
El trabajo concluye que alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras, lo que en superficie “supera los trece millones de hectáreas: el equivalente a la extensión de Inglaterra”.
Sin embargo, para Caggiano y Oberlin, lo más inquietante surge cuando el análisis se realiza a nivel provincial o departamental, donde detectaron que 36 distritos superan el límite fijado por la ley que el gobierno libertario busca derogar en forma definitiva.
Entre esos departamentos hay varios que pertenecen a Misiones, la mayoría de ellos ubicados en zonas fronterizas y en territorios con recursos hídricos y potencial turístico.
Con esa información recopilada, confeccionaron un mapa interactivo en el cual se puede consultar la situación provincia por provincia. En el caso de Misiones, el estudio consigna que, por ejemplo, Puerto Iguazú (integrado también por Puerto Esperanza, Puerto Libertad y Wanda) tiene una extensión comprendida por 286,378,35 hectáreas, de los cuales 114.406,68 están en manos extranjeras, lo que representa un 40% del total del territorio.
Le sigue Montecarlo (conformado también por Caraguatay y El Alcázar), que de 173.606.09 hectáreas, tiene 31.866,75 extranjerizadas, lo que se traduce en un 18%. También aparecen Eldorado (en el que entran Colonia Delicia, 9 de Julio, Santiago de Liniers y Colonia Victoria) con 16%, Libertador General San Martín (Puerto Rico, Puerto Leoni, Garuhapé, El Alcázar, Capioví y Ruiz de Montoya) con 17% y Concepción (Concepción de la Sierra y Santa María) con 16%.
Posadas, San Ignacio, Oberá, San Pedro y General Manuel Belgrano también están marcados en el mapa, aunque ninguno de ellos supera el 11%, por lo cual aún respetan el límite establecido por la Ley de Tierras.
A nivel regional, otros distritos que aparecen en roja son Ituzaingó y Berón de Astrada, con 34% y 33% de sus tierras en manos extranjeras, respectivamente.
Los investigadores consignaron que el mapa interactivo fue elaborado en base a reportes del Registro Nacional de Tierras Rurales, dependiente de la Dirección Nacional del RNRT del ministerio de Justicia de la Nación, obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información pública y los datos están actualizados al 6 de agosto de 2025.
Provinciales
Muni de Eldorado rechazó ofertas y cayó la segunda licitación del transporte
El intendente de Eldorado, Rodrigo “Pipo” Durán, resolvió declarar “no conveniente” y rechazar las ofertas presentadas por las empresas Kenia S.A. y ETCE para asumir la concesión del servicio público de transporte de pasajeros en la ciudad.
Tras realizar el análisis integral del procedimiento administrativo correspondiente a la Licitación Pública Nacional N.º 02/2025, el Ejecutivo firmó la resolución y argumentó que la evaluación técnica, económica y administrativa determinó que las propuestas no resultaban convenientes para los intereses del Municipio.
Asimismo, en el documento se afirmó que la decisión tiene como objetivo resguardar el interés público, la calidad del servicio y el adecuado uso de los recursos municipales.
En tanto, la intendencia ordenó la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo previsto en el pliego de condiciones generales que rigió la licitación.
La apertura de sobres se realizó el último lunes en el SUM del edificio municipal. En la instancia solo se presentaron las empresas Kenia S.A. y ETCE, actual prestataria del servicio, cuyo contrato de prórroga excepcional por dos meses vence el próximo 15 de enero.
Con la decisión del Ejecutivo municipal, quedó sin efecto el segundo llamado a licitación para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, luego de que la primera convocatoria fuera declarada desierta en octubre pasado por falta de oferentes.
Cae licitación y la Muni de Eldorado podrá contratar colectivos
Provinciales
Ohana apartó a un asesor técnico acusado en las redes por maltrato animal
El Centro de Conservación de Fauna Silvestre Ohana informó el miércoles a la tarde el apartamiento “preventivo” de un biólogo que cumplía funciones como “asesor técnico” en la institución y que ese mismo día fue señalado públicamente a través de redes sociales por hechos de presunto maltrato animal y acoso tanto a estudiantes como a integrantes de Mymba, organización científica fundada y liderada por el profesional apuntado.
“Informamos a la opinión pública y a nuestra comunidad que, ante recientes denuncias públicas que involucran a un asesor externo de nuestra institución, de inusitada gravedad, se ha tomado la decisión de separar preventivamente a dicha persona de todas nuestras actividades y funciones”, expresa el comunicado difundido por Ohana este miércoles 7 de enero por la tarde.
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Si bien la fundación evita mencionar su nombre, el profesional señalado se trata del licenciado Matías Fernández, a quien en octubre le dieron la bienvenida a la institución para que preste funciones como “asesor”.
Según el CV que expusieron en esa presentación, Matías Fernández es “Biólogo con orientación en Zoología por la Universidad Nacional de La Plata -donde se graduó con promedio honorífico-, es director y fundador de Mymba, organización científica dedicada a la Biodiversidad y el Ambiente”.
Acusaciones
Sin embargo, en las últimas horas en el nombre de F. fue asociado a cuestiones mucho más severas. Desde una cuenta de Instagram denominada @exmymba2025 emitieron un “comunicado de advertencia” donde acusaron al biólogo por situaciones de maltrato animal y acoso, e incluso apuntaron que el profesional cuenta con trece expedientes abiertos en la Universidad Nacional de La Plata, donde ejerce la docencia.
En la misma publicación adjuntaron grabaciones de audios de Whatsapp atribuidos a Fernández donde el biólogo supuestamente amenazaba y se jactaba de matar gatos que se aproximen a su vivienda.
“No sé de quién es el gato este negro… da igual. Si es de alguien, que lo tenga encerrado porque yo la próxima vez que entre acá lo hago concha… ya cinco gatos voy matando, olvidate. Encima, los dejo unos días, así mean, sienten el olor otros gatos, se sienten atraídos y después los atrapo”, se oye en los mensajes de audio.
Desde la cuenta denunciante sostuvieron que “25 de los 27 miembros (de Mymba) decidieron abandonar el grupo y radicar denuncias formales”, en tanto que sobre los que decidieron quedarse acusaron que fue “supuestos beneficios personales justificándose así y hacer la vista gorda a estas actitudes”.
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En esa línea, apuntaron los ex integrantes del grupo liderado por Fernández también sufrieron “acoso sexual, extorsión y amenazas constantes”.
“Se nos presionaba a realizar actos impropios bajo la promesa de beneficios en el grupo o amenazas de reprobar materias en la UNLP”, arremetieron.
De acuerdo a la información brindada en su momento por el propio Ohana, Fernández también es “asesor de INTERPOL, la Red Jaguar (PAcCTO), la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación”.
También “ha participado en la elaboración de informes para las Naciones Unidas sobre especies marinas migratorias, y cuenta con una destacada trayectoria como perito ambiental, docente e investigador.
El profesional tiene su cuenta de Instagram cerrada por el momento. Mymba tampoco tiene perfiles activos en las redes sociales.
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