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Abortos en el sector público casi se triplicaron en Misiones en un año

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El último reporte del Proyecto Mirar -un monitoreo del cumplimiento de la Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a la interrupción legal del embarazo (ILE)-, realizado por organizaciones de la sociedad civil, reveló que en Misiones casi se triplicó la cifra de abortos practicados en el sector público entre 2021 y 2022, entre otros datos de importancia.

El Proyecto Mirar se apoya y está coordinado por investigadores científicos que forman parte del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health, quienes relevan los datos, sistematizan la información y luego publican un reporte estadístico anual a nivel país.

El último balance fue presentado el 24 de julio y de allí se desprende que Misiones pasó de 597 abortos realizados en 2021 a 1.446 en 2022, lo que se traduce en un incremento de 2,4 veces más. El índice equivale a que un mayor número de niñas, adolescentes y mujeres fueron contenidas por el servicio de salud pública de la provincia.

“Misiones es un buen ejemplo a nivel país. Previo a la ley era una provincia con dificultades para garantizar el acceso a los abortos legales y a partir de la ley ha hecho avances muy importantes, más aún teniendo en cuenta que es una provincia con una población joven importante”, valoró Mariana Romero, médica, investigadora y directora ejecutiva de Cedes, en diálogo con La Voz de Misiones.

Entre los factores que podrían influir en este incremento, Romero resaltó el aumento en el número de centros de salud y una mayor difusión de la información respecto a la nueva normativa, aprobada en diciembre de 2020.

Sobre el primer punto, el mismo reporte de Proyecto Mirar consigna que la tierra colorada pasó de tener siete centros de salud públicos que ofrecen el servicio en 2021, a catorce en 2022. En la actualidad, el número asciende a 23.

“Tener más servicios no quiere decir que las mujeres aborten más, pero sí quiere decir que cada vez más niñas, adolescentes y mujeres que deciden interrumpir su embarazo, por la razón que sea, tienen centros de salud más cerca de sus casas y más accesibles”, explicó Romero.

Otro avance que reflejaron las cifras volcadas en el reporte anual de Proyecto Mirar se relaciona con la modalidad de aplicación de la IVE y la ILE en la provincia.

Es que, mientras que en 2021 la proporción de intervenciones por modalidad de tratamiento arrojó que un 36,9% de las prácticas se dieron mediante internación y un 63,1% fueron de manera ambulatoria.

Al año siguiente, las cifras fueron de 6,2% en internación y 86,4% en modo ambulatorio, mientras un 7,4% de los casos carecen de datos vinculados a este ítem.

La médica e investigadora consultada contrastó que “la internación es un método muy costoso tanto para el sistema de salud, como para las mujeres, porque es tiempo que ellas pasan en el hospital, donde se ausentan a sus trabajos o que no pueden cuidar a sus otros hijos, si es que los tiene. Entonces el modo ambulatorio es un gran beneficio”.

Información y círculo virtuoso

Sobre este punto, Romero volvió a recalcar que todo este conjunto de datos tiene relación directa con el hecho de tener una sociedad cada vez más informada sobre la ley.

“Acá se observa un círculo virtuoso. Las niñas, adolescentes y mujeres saben cada vez más que pueden acudir a un centro de salud, que serán bien atendidas, que los medicamentos van a estar, que una vez tomada la decisión es mejor hacerlo más que temprano que tarde y, fundamentalmente, saben que es seguro”, enumeró.

La doctora también ponderó que todos estos datos referidos a Misiones son posibles gracias a que la provincia es una de las seis jurisdicciones del país, junto a Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro y Santa Fe, que comparten su informe de gestión.

“Que una provincia pueda mostrar todos estos datos quiere decir que está recolectando y sistematizando la información”, ponderó.

“Eso es para destacar y es un buen ejemplo para una provincia que, si bien tiene limitaciones, en este aspecto en particular ha habido voluntad política y mucho compromiso de los equipos de salud para sacar esta política pública adelante”, reflejó la investigadora.

“Eso se ve y, además, al publicar y compartir sus informes cuando uno lo solicita, aporta transparencia y también nos parece un gesto de rendición de cuentas a la ciudadanía muy importante”, consideró Romero en la continuidad de la charla con LVM.

Tasa de abortos baja

Independientemente de todos estos datos reflejados, el informe anual de Proyecto Mirar también concluye que Misiones registra una de las tasas más bajas de aborto del país, aunque para Romero esto es multicausal.

En este punto, los números relevados por Proyecto Mirar indican que, de cada 1.000 mujeres en edad fértil de Misiones, 4,6 accedieron a un aborto, siendo una de las tasas más bajas a nivel país, sólo por delante de Chaco (4,00) y Corrientes (3,93), mientras que el promedio general en Argentina es de 8,36.

“Nunca hay que mirar un único indicador. Misiones está entre las tasas más bajas sí, pero ¿Cómo creció de un año a otro? ¿Cómo creció en cuanto a centros de salud que dan acceso? Al ver esos otros indicadores se ve que una tasa baja no necesariamente significa que haya mal desempeño”, señaló Romero.

Además, la profesional indicó que sobre este punto también hay que tener en cuenta que la estadística se basa en datos relevados del sistema de salud pública, dado que las obras sociales y prepagas son más reticentes a la hora de proporcionar la información.

Tasa de fecundidad adolescente alta

Lo que sí aparece como un dato alarmante, aunque a su vez marca descensos con relación a años anteriores, es la “tasa de fecundidad adolescente (10-19 años)”, lo que equivale a la cantidad de niñas y adolescentes dentro de ese parámetro de edad que dieron a luz a un hijo vivo, lo que marca la diferencia respecto a la tasa de embarazo adolescente.

En este caso, el registro tiene datos de 2021, los cuales concluyen que Misiones, junto a Formosa, es la provincia con mayor índice de fecundidad adolescente, con 28 puntos, mientras que el promedio general del país es de 13,7.

La medición señala, entonces, que de un total de 1.000 adolescentes de entre 10 y 19 años, 28 tuvieron un nacimiento.

Si bien continúa siendo calificada como una tasa “alta”, el número a su vez marca un descenso con respecto a los datos relevados en 2019 y 2020, cuando los índices fueron de 36,5 y 29,4 puntos, respectivamente.

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Tareferos piden emergencia yerbatera: “Hay familias que no cubren lo básico”

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César Ortiz, referente del Sindicato de Tareferos de Jardín América (Sitaja), será uno de los representantes de los trabajadores de la yerba mate que participará de la reunión convocada con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y el obispo de la diócesis de Posadas, monseñor Juan Rubén Martínez.

El encuentro se realizará este jueves 30 de julio y contará con la participación de referentes de tareferos, asociaciones de productores y cooperativas yerbateras. La reunión con el obispo está prevista para las 9 horas, mientras que a las 11 se reunirán con el mandatario provincial para solicitar el tratamiento y la sanción de una Ley de Emergencia Yerbatera.

Los distintos sectores expondrán la crítica situación económica que atraviesan como consecuencia de la desregulación del mercado yerbatero impulsada por el Gobierno nacional. En ese marco, buscarán el respaldo institucional tanto de la Iglesia como del Ejecutivo provincial para avanzar con medidas que permitan visibilizar la crisis y encontrar soluciones para el sector.

“Desde la asociación vamos a presentar un documento para pedir la emergencia yerbatera, que contemple al pequeño molino, al pequeño productor y principalmente a los tareferos”, señaló Ortiz.

El dirigente explicó que el reclamo apunta a recuperar parte del equilibrio perdido tras la implementación del Decreto 70/23 del presidente Javier Milei, que eliminó facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y dejó sin efecto la posibilidad de establecer un precio base para la hoja verde.

Subsidios y asistencia alimentaria

Ortiz sostuvo que una de las propuestas es la implementación de algún tipo de subsidio o asistencia para los pequeños productores y los trabajadores rurales.

“Estamos pidiendo alguna ayuda para el pequeño productor y para el tarefero, incluso una emergencia alimentaria. Hay familias que hoy no llegan a cubrir sus necesidades básicas”, afirmó.

Según explicó, muchos tareferos perciben entre 20.000 y 25.000 pesos por día, aunque el ingreso depende de la cantidad de kilos cosechados. El valor actual de la tarea ronda los 50.000 pesos por tonelada, por lo que un trabajador que logra cosechar 600 kilos obtiene alrededor de 30.000 pesos por jornada.

“La mayoría sale de su casa a las 4.30 o 5 de la mañana y vuelve cerca de las 8 de la noche. Es un trabajo muy sacrificado”, remarcó.

Precarización laboral

El referente de Sitaja también advirtió sobre el deterioro de las condiciones laborales en la actividad. Recordó que años atrás existían mayores controles sobre el transporte y la registración de los trabajadores rurales, pero aseguró que actualmente “nadie fiscaliza ni controla”.

“Hoy se volvió a una situación muy precaria. No ocurre solo en la yerba mate, también pasa en otras producciones y en la forestación”, cuestionó.

El sindicato cuenta con algo más de 3.000 afiliados en toda la provincia, concentrados principalmente en Jardín América, seguido por Montecarlo, además de trabajadores de Comandante Andresito, San Pedro y Aristóbulo del Valle.

La expectativa del sector está puesta en que las reuniones de este jueves permitan abrir una instancia de diálogo y obtener respuestas concretas para una actividad que atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años.

Yerba mate: participación del productor en precio en góndola cayó 12%

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Ejecutan nuevo desalojo de comunidad mbya Puente Quemado II

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Tras la suspensión de una orden de desalojo emitida por el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América el pasado 17 de julio, esta mañana efectivos policiales arribaron al predio de la comunidad mbya Puente Quemado II en Garuhapé, para ejecutar la medida que desde el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) calificaron como “irregular”. 

Al respecto, la abogada Roxana Rivas advirtió que “quieren ejecutar la orden de desalojo que habían dictado la otra vez y fue apelada por nuestra parte el 17 de julio. Con la interposición de la apelación se suspende el acto apelado, es decir el desalojo. El juez tiene que desprenderse de la competencia y elevarlo a la Cámara de Casación”.

De esta manera, el proceso de recuperación territorial por parte de Puente Quemado II sumó un nuevo capítulo la semana pasada, cuando el juez Roberto Sena, del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, dictó una orden de desalojo a pedido del empresario forestal Alfredo Ruff, quien reclama la restitución de los lotes 71 y 78 mediante una medida cautelar por presunta usurpación.

En respuesta, la comunidad presentó una apelación contra esta resolución judicial, argumentando “múltiples irregularidades procesales y constitucionales que pasaban por encima los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas”, por lo que la orden quedó suspendida.

“No estamos frente a un error interpretativo ni ante una mera discrepancia valorativa respecto de la prueba producida. Estamos frente a la omisión total del bloque constitucional y convencional de protección de los Pueblos Indígenas”, consideró la defensa.

Según la apelación, el juez decidió ignorar que el territorio se encuentra relevado en el marco de la Ley 26.160, un reconocimiento oficial de la ocupación tradicional de la Comunidad.

Además, la resolución sostiene que Puente Quemado II no acreditó su personería jurídica, pese a que esa documentación había sido incorporada oportunamente al expediente. Para la defensa, esto demuestra que el fallo omitió pruebas fundamentales.

El recurso también cuestiona que una medida cautelar haya terminado produciendo, en los hechos, un desalojo. Aunque no existe una sentencia definitiva sobre el conflicto territorial, la Comunidad continúa impedida de ingresar al lugar donde vivía  y desarrollaba su vida cultural y espiritual, tras lo ocurrido en mayo último, cuando efectivos ingresaron al territorio con el argumento de realizar notificaciones en una causa por presunta usurpación. 

Comunidad mbya regresó al predio del que fue desalojada en Garuhapé

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Correa cedió Matear a La Rural y en octubre vuelve la feria a Buenos Aires

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Matear volverá a realizarse en el predio de La Rural luego de tres años de ausencia en Buenos Aires. La feria más importante dedicada a la yerba mate se llevará a cabo el 17 y 18 de octubre y reunirá a productores, cooperativas, empresas, marcas, emprendedores y amantes del mate de todo el país.

El regreso del evento a la capital marca una nueva etapa para la feria creada por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), ya que será la primera edición que se realizará tras la desregulación del mercado y bajo la gestión del presidente Javier Milei.

A principios de junio, el presidente del Inym, Rodrigo Correa, anunció oficialmente la realización de Matear 2026 y confirmó que el evento será organizado en conjunto con Sociedad Rural Argentina. La presentación estuvo acompañada por la firma del convenio entre Correa y Carlos Solanet, director comercial de La Rural S.A., acuerdo que fue difundido por el propio Instituto.

En aquella oportunidad, Solanet destacó la importancia del evento: “Nos enorgullece realizar Matear juntamente con el Inym, una feria que ha demostrado ser el ícono de la industria y de los amantes de la cultura del mate, con amplia convocatoria y relevancia. Es una propuesta que reúne tradición, innovación, gastronomía y experiencias para toda la familia, y que permite visibilizar el enorme valor cultural y productivo de la yerba mate argentina”.

El pasado viernes, en el marco de la edición 138° de la Exposición Rural de Palermo, Correa y Solanet realizaron la presentación oficial de Matear 2026 bajo el lema “El sabor de ser argentinos”. La feria se desarrollará el tercer fin de semana de octubre, de 12 a 20 horas, en el Pabellón Ocre del Predio Ferial La Rural.

Matear

Maatear nació en 2017 con el objetivo de acercar el universo matero a los consumidores y generar un espacio de encuentro entre toda la cadena yerbatera. Luego de sus primeras ediciones en Buenos Aires 2017, 2018, 2019, 2022 y 2023, el evento se trasladó a Posadas durante 2024 y 2025. 

Desde su creación, la feria convocó a miles de visitantes de todo el país. Sin embargo, una de las principales novedades para esta edición sería que, por primera vez, el ingreso dejaría de ser gratuito y se cobraría una entrada, aunque hasta el momento no se informó el valor de las localidades.

En cuanto a la participación de las empresas yerbateras, el Inym informó que, al igual que en las ediciones anteriores, cubrirá el costo de los stands para los establecimientos que deseen participar. Para ello habilitó un registro de inscripción con el objetivo de conocer la demanda y elaborar un listado de interesados.

Desde el organismo aclararon que completar el formulario no implica la confirmación de participación. Una vez finalizado el proceso de evaluación y cerrada la convocatoria, prevista para el 7 de agosto, la organización informará cuáles fueron los establecimientos seleccionados, ya que los cupos serán limitados.

“La distribución no es equitativa”

En diálogo con La Voz de Misiones, el productor de Aristóbulo del Valle y presidente de la Asociación Impulso Yerbatero, Jorge Skripczuk, cuestionó la realización de la feria y, principalmente, el alcance del acuerdo entre el Inym y La Rural para las pequeñas marcas.

“Lo más importante es cómo se eligen las empresas que van a participar. Ese beneficio tiene que llegar a las pequeñas marcas para que, con esta oportunidad, puedan acceder a un mercado con mayor capacidad de compra”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que si el Inym destina espacios para promocionar a las pequeñas empresas y facilitar su ingreso a nuevos mercados, “está perfecto”. Sin embargo, advirtió: “Pedimos que no sean elegidas siempre las mismas grandes yerbateras, porque son las que terminan marcando el camino en las góndolas”.

El dirigente también señaló que, hasta el momento, las empresas aún no recibieron confirmación sobre cuáles participarán del evento. “Nos piden que nos inscribamos, pero todavía no hay respuestas. Para planificar la producción y contar con el stock necesario para octubre hace falta previsibilidad”, remarcó.

Consultado sobre si el acuerdo entre el Inym y La Rural demuestra que el mercado yerbatero continúa siendo un negocio rentable, Skripczuk respondió que “para algunos sí”. “Para las grandes industrias sigue siendo un negocio rentable. Hoy el sector que realmente está pasando un mal momento es el productor, las pequeñas y medianas industrias y los pequeños secaderos. Ellos no están percibiendo el precio que deberían cobrar por su producción. El negocio sigue siendo rentable, pero la distribución no es equitativa”, afirmó.

Finalmente, consideró que una mayor presencia de marcas en el mercado no resolverá por sí sola la crisis del sector. “Necesitamos que nuevas marcas puedan ingresar a las grandes ciudades. Esta feria puede ser una oportunidad para algunos, pero no para muchos, y tampoco representa un beneficio directo para el productor. Todo dependerá de la calidad del producto y de la posibilidad de consolidar mercados. Ya vimos el caso de algunas cooperativas que lograron ingresar a puntos de venta de la provincia de Buenos Aires mediante convenios con ferias y mercados locales”, concluyó.

 

Presidente del Inym: “La desregulación no es una coyuntura, es el único camino”

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