Provinciales
Abortos en el sector público casi se triplicaron en Misiones en un año
El último reporte del Proyecto Mirar -un monitoreo del cumplimiento de la Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a la interrupción legal del embarazo (ILE)-, realizado por organizaciones de la sociedad civil, reveló que en Misiones casi se triplicó la cifra de abortos practicados en el sector público entre 2021 y 2022, entre otros datos de importancia.
El Proyecto Mirar se apoya y está coordinado por investigadores científicos que forman parte del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health, quienes relevan los datos, sistematizan la información y luego publican un reporte estadístico anual a nivel país.
El último balance fue presentado el 24 de julio y de allí se desprende que Misiones pasó de 597 abortos realizados en 2021 a 1.446 en 2022, lo que se traduce en un incremento de 2,4 veces más. El índice equivale a que un mayor número de niñas, adolescentes y mujeres fueron contenidas por el servicio de salud pública de la provincia.
“Misiones es un buen ejemplo a nivel país. Previo a la ley era una provincia con dificultades para garantizar el acceso a los abortos legales y a partir de la ley ha hecho avances muy importantes, más aún teniendo en cuenta que es una provincia con una población joven importante”, valoró Mariana Romero, médica, investigadora y directora ejecutiva de Cedes, en diálogo con La Voz de Misiones.
Entre los factores que podrían influir en este incremento, Romero resaltó el aumento en el número de centros de salud y una mayor difusión de la información respecto a la nueva normativa, aprobada en diciembre de 2020.
Sobre el primer punto, el mismo reporte de Proyecto Mirar consigna que la tierra colorada pasó de tener siete centros de salud públicos que ofrecen el servicio en 2021, a catorce en 2022. En la actualidad, el número asciende a 23.
“Tener más servicios no quiere decir que las mujeres aborten más, pero sí quiere decir que cada vez más niñas, adolescentes y mujeres que deciden interrumpir su embarazo, por la razón que sea, tienen centros de salud más cerca de sus casas y más accesibles”, explicó Romero.
Otro avance que reflejaron las cifras volcadas en el reporte anual de Proyecto Mirar se relaciona con la modalidad de aplicación de la IVE y la ILE en la provincia.
Es que, mientras que en 2021 la proporción de intervenciones por modalidad de tratamiento arrojó que un 36,9% de las prácticas se dieron mediante internación y un 63,1% fueron de manera ambulatoria.
Al año siguiente, las cifras fueron de 6,2% en internación y 86,4% en modo ambulatorio, mientras un 7,4% de los casos carecen de datos vinculados a este ítem.
La médica e investigadora consultada contrastó que “la internación es un método muy costoso tanto para el sistema de salud, como para las mujeres, porque es tiempo que ellas pasan en el hospital, donde se ausentan a sus trabajos o que no pueden cuidar a sus otros hijos, si es que los tiene. Entonces el modo ambulatorio es un gran beneficio”.
Información y círculo virtuoso
Sobre este punto, Romero volvió a recalcar que todo este conjunto de datos tiene relación directa con el hecho de tener una sociedad cada vez más informada sobre la ley.
“Acá se observa un círculo virtuoso. Las niñas, adolescentes y mujeres saben cada vez más que pueden acudir a un centro de salud, que serán bien atendidas, que los medicamentos van a estar, que una vez tomada la decisión es mejor hacerlo más que temprano que tarde y, fundamentalmente, saben que es seguro”, enumeró.
La doctora también ponderó que todos estos datos referidos a Misiones son posibles gracias a que la provincia es una de las seis jurisdicciones del país, junto a Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro y Santa Fe, que comparten su informe de gestión.
“Que una provincia pueda mostrar todos estos datos quiere decir que está recolectando y sistematizando la información”, ponderó.
“Eso es para destacar y es un buen ejemplo para una provincia que, si bien tiene limitaciones, en este aspecto en particular ha habido voluntad política y mucho compromiso de los equipos de salud para sacar esta política pública adelante”, reflejó la investigadora.
“Eso se ve y, además, al publicar y compartir sus informes cuando uno lo solicita, aporta transparencia y también nos parece un gesto de rendición de cuentas a la ciudadanía muy importante”, consideró Romero en la continuidad de la charla con LVM.
Tasa de abortos baja
Independientemente de todos estos datos reflejados, el informe anual de Proyecto Mirar también concluye que Misiones registra una de las tasas más bajas de aborto del país, aunque para Romero esto es multicausal.
En este punto, los números relevados por Proyecto Mirar indican que, de cada 1.000 mujeres en edad fértil de Misiones, 4,6 accedieron a un aborto, siendo una de las tasas más bajas a nivel país, sólo por delante de Chaco (4,00) y Corrientes (3,93), mientras que el promedio general en Argentina es de 8,36.
“Nunca hay que mirar un único indicador. Misiones está entre las tasas más bajas sí, pero ¿Cómo creció de un año a otro? ¿Cómo creció en cuanto a centros de salud que dan acceso? Al ver esos otros indicadores se ve que una tasa baja no necesariamente significa que haya mal desempeño”, señaló Romero.
Además, la profesional indicó que sobre este punto también hay que tener en cuenta que la estadística se basa en datos relevados del sistema de salud pública, dado que las obras sociales y prepagas son más reticentes a la hora de proporcionar la información.
Tasa de fecundidad adolescente alta
Lo que sí aparece como un dato alarmante, aunque a su vez marca descensos con relación a años anteriores, es la “tasa de fecundidad adolescente (10-19 años)”, lo que equivale a la cantidad de niñas y adolescentes dentro de ese parámetro de edad que dieron a luz a un hijo vivo, lo que marca la diferencia respecto a la tasa de embarazo adolescente.
En este caso, el registro tiene datos de 2021, los cuales concluyen que Misiones, junto a Formosa, es la provincia con mayor índice de fecundidad adolescente, con 28 puntos, mientras que el promedio general del país es de 13,7.
La medición señala, entonces, que de un total de 1.000 adolescentes de entre 10 y 19 años, 28 tuvieron un nacimiento.
Si bien continúa siendo calificada como una tasa “alta”, el número a su vez marca un descenso con respecto a los datos relevados en 2019 y 2020, cuando los índices fueron de 36,5 y 29,4 puntos, respectivamente.
Provinciales
Caravana de yerbateros llegó a Puerto Iguazú
Cerca de las 13.30, una extensa caravana de camiones, camionetas y colectivos conducidos por productores y trabajadores yerbateros, arribó a la intersección de las rutas 101 y 12 en Puerto Iguazú.
“Estamos al frente de la caravana y son muchísimos los que vienen detrás, entre camiones cargados con los tractores, camionetas y colectivos que trasladan a productores y tareferos. Es muy larga la caravana”, confirmó a LVM Jorge Skripczuk, productor oriundo de Aristóbulo del Valle, quien decidió hacerse presente junto a un grupo de productores que viajó en colectivo.
El objetivo de la movilización a la que bautizaron “Tractorazo”, fue protestar contra la desregulación del sector, logrando mayor visibilidad ante la llegada del presidente Javier Milei, quien participará de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en el hotel Loi Suites de esa ciudad.
Se trata de quienes sostienen una de las principales economías regionales de la provincia y cuyos reclamos se remontan a los últimos tres años, cuando el DNU 70/2023, impulsado por el mandatario nacional, desreguló el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y provocó la caída del precio de la hoja verde a un valor mínimo de $70, cuando hasta ese año rondaba los $400.
De esa manera, la medida modificó el equilibrio dentro de la cadena productiva en la que conviven alrededor de 12 mil productores, con secaderos y grandes industrias que concentran la mayor capacidad de compra.
Los productores reconocen que la desregulación debilitó a los eslabones más bajos de la cadena productiva, ante la caída del precio de la materia prima, el incremento de los costos de producción y los plazos de pago por parte de los secaderos.
A las protestas en la ciudad de las Cataratas también se sumaron sindicatos y gremios que nuclean a los trabajadores del Estado, ATE y CTA, como también organizaciones sociales, políticas y estudiantiles.

Productores llegaron a Iguazú/ Fotos: Marcos Otaño
Provinciales
Emergencia yerbatera y precio mínimo: el proyecto llegó a la Legislatura
La diputada Arabela Soler presentó ayer en la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto de ley elaborado por pequeños productores yerbateros que propone declarar por un año la emergencia de la producción primaria y establecer un precio mínimo sostén obligatorio para la hoja verde.
La iniciativa, denominada “Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera”, contempla un régimen extraordinario para los productores que tengan hasta 50 hectáreas cultivadas con yerba mate.
El objetivo, según establece el artículo 1, es “preservar la continuidad de la producción, asegurar la sustentabilidad económica de las explotaciones comprendidas y garantizar un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde”.
El proyecto plantea declarar la emergencia en todo el territorio provincial durante 360 días, para los productores alcanzados por la norma. La medida busca, de acuerdo con el texto, “preservar la continuidad de las explotaciones productivas, proteger el trabajo rural, evitar el deterioro del patrimonio productivo y garantizar condiciones de sustentabilidad económica”.
La emergencia podría extenderse por otro período de 360 días, ya sea por decisión del Poder Ejecutivo provincial o de la Legislatura, a solicitud fundada de la autoridad de aplicación.
Precio
El eje central de los productores es la creación de un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde, que tendría carácter obligatorio para quienes compren materia prima a los productores incluidos en el régimen.
El artículo 5 establece que ese valor deberá contemplar “la totalidad de los costos directos e indirectos de una explotación eficiente”, además del pago de la mano de obra según la legislación vigente y los valores establecidos para la tarefa.
También deberá incluir las obligaciones tributarias, previsionales y de seguridad social vinculadas con la actividad y “un margen de utilidad que permita la reproducción económica y la continuidad de las unidades productivas”.
El precio deberá actualizarse cada 90 días como máximo, aunque la autoridad de aplicación podrá establecer períodos menores ante circunstancias excepcionales.
A su vez, el artículo 6 dispone que el precio será de “cumplimiento obligatorio” para quienes adquieran la hoja verde de los productores alcanzados. Cualquier acuerdo que establezca un valor inferior será considerado inoponible y el comprador continuará obligado a pagar la diferencia.
“Todo pacto, convenio, cláusula o modalidad contractual que establezca, directa o indirectamente, un precio inferior” al mínimo sostén no liberará al adquirente de abonar la diferencia correspondiente, señala el proyecto.
Control
La iniciativa también prevé mecanismos de fiscalización para controlar que el precio establecido sea efectivamente abonado.
La autoridad de aplicación podrá solicitar contratos, liquidaciones, comprobantes, medios de pago y registraciones contables, además de realizar inspecciones, auditorías y verificaciones sobre las operaciones.
El proyecto incluso contempla la implementación de sistemas de trazabilidad “física, documental y financiera” para las operaciones de comercialización de hoja verde.
En caso de detectar un incumplimiento, la autoridad podrá intimar al responsable a regularizar la operación y pagar al productor las diferencias adeudadas. Esto incluirá los intereses correspondientes y las cargas legales vinculadas con la operación.
Multas y sanciones
La propuesta considera infracciones, entre otras conductas, comprar hoja verde por debajo del Precio Mínimo Sostén, omitir total o parcialmente su pago, simular operaciones para evitar la aplicación de la ley u obstaculizar las tareas de fiscalización.
Las sanciones previstas van desde apercibimientos y multas hasta la suspensión de registros, autorizaciones o habilitaciones vinculadas con la actividad. También se contempla la “inhabilitación temporal para acceder a programas provinciales de promoción, asistencia, financiamiento o beneficios fiscales relacionados con la actividad yerbatera”.
Los fondos obtenidos mediante las multas, según el artículo 13, deberán destinarse exclusivamente al “fortalecimiento de las acciones de fiscalización, control, asistencia técnica, modernización administrativa y demás políticas públicas vinculadas al cumplimiento de los objetivos de la presente ley”.
Quiénes quedarían incluidos
El régimen alcanzaría a personas humanas o jurídicas que desarrollen tareas de implantación, cultivo, conservación, cosecha y comercialización de hoja verde proveniente de explotaciones ubicadas en Misiones, siempre que la superficie cultivada no supere las 50 hectáreas.
Para evitar que el límite sea eludido mediante el fraccionamiento de explotaciones, el proyecto establece que se computarán las superficies de las distintas unidades productivas pertenecientes a una misma persona o a personas vinculadas económicamente.
También quedarían excluidas las explotaciones que, mediante “la división, fraccionamiento o simulación de una unidad productiva mayor”, intenten eludir el límite establecido.
El Poder Ejecutivo provincial será la autoridad de aplicación y deberá reglamentar la norma dentro de los 30 días posteriores a su publicación. Además, podrá establecer convenios con el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), organismos nacionales y municipios para coordinar los mecanismos de control.
La iniciativa presentada por la diputada Soler plantea así una herramienta de emergencia con vigencia transitoria, pero con un mecanismo de protección concreto para los pequeños productores ante la crisis que atraviesan por la desregulación del Inym: fijar un piso obligatorio para el valor de la hoja verde que contemple los costos de producción y permita sostener la actividad en las chacras misioneras.
Yerbateros marchan a Iguazú con carta a Milei: “No son bienvenidos”
Provinciales
Yerbateros marchan a Iguazú con carta a Milei: “No son bienvenidos”
De cara al arribo del presidente Javier Milei a Puerto Iguazú, en el marco de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), productores, asociaciones y miembros de cooperativas yerbateras emitieron una carta dirigida al presidente y al equipo de gobierno que lo acompañaría durante esta jornada.
“Nobleza obliga, lo primero que tenemos que decirles es que no son bienvenidos a la Tierra de la Yerba Mate por una razón muy clara: sus políticas están destruyendo a esta economía regional que durante 100 años dignificó, dinamizó, generó crecimiento y desarrollo para miles de familias”, relatan los referentes del sector en las primeras líneas de la misiva.
Se trata de uno de los momentos de mayor tensión del sector, ante la caída del precio de la materia prima, el incremento de los costos de producción y los plazos de pago por parte de secaderos, por lo que apuntaron contra el libre mercado: “La falsa eficiencia del modelo de libre mercado que pregonan es evidente en cada rincón de nuestro territorio yerbatero y está multiplicando el hambre y la pobreza”.
Seguidamente, enumeraron los factores del modelo económico que impactan negativamente sobre el sector yerbatero. En principio, mencionaron la falta de competencia real por concentración de monopolios. “En mercados con alta concentración, como el yerbatero, la desregulación no generó una baja de precios por competencia. Por el contrario, facilitó que las grandes empresas aumentaran sus márgenes de ganancia a costa de los trabajadores rurales, productores primarios y también consumidores”, explicaron.
También, refirieron a la caída del consumo: “El consumo interno de yerba mate en Argentina se mantiene con una tendencia a la baja, afectado por la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Las familias redujeron sus compras o cambiaron a formatos y empaques más económicos ante la suba de precios y la merma de ingresos”.
A su vez, aludieron a la destrucción de herramientas que garantizaban calidad al producto y crecimiento en el mercado, tras la desregulación del Inym y la desarticulación de áreas claves como la Técnica, Registro y Fiscalización, y la eliminación de resoluciones históricas del Instituto.
El reclamo continuó apuntando contra el aumento de la pobreza, la caída del precio de la hoja verde, la inflación y los altos costos para la producción (incluyendo subas de combustible, fertilizantes esenciales y costos operativos básicos).
“El desplome de los precios de la hoja verde por debajo de los costos de producción y la fuerte caída del volumen de cosecha tienen su correlato en cada uno de los municipios de Misiones, frenan la dinamización de la economía local y regional”, agregan sobre la crisis a nivel regional.
Y concluyen: “Tanta ruina generada por ustedes, autodefinidos como “el mejor equipo económico de la historia”, queremos decirles que tenemos claro que “no hay mal que dure 100 años” y que “a cada chancho le llega su San Martín”. Por eso, desde aquí, arraigados profundamente a la tierra colorada, con memoria y compromiso con la historia, seguimos trabajando para recuperar todas las facultades del Inym y hacer que los próximos cien años de la yerba mate sean virtuosos, sobre todo para los sectores más vulnerables”.
La misiva lleva las firmas del Movimiento Agrario de Misiones (MAM), la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), Impulso Yerbatero y la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN), como también de los referentes Julio Petterson, Hugo Sand, Antonio Franza, Jorge Skripczuk y Salvador Torres.
El documento es llevado en manos de quienes por estas horas se encuentran marchando en colectivo, desde diferentes localidades de la provincia, y desde Andresito en camiones y tractores por la ruta 101 rumbo a Puerto Iguazú.
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