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Abortos en el sector público casi se triplicaron en Misiones en un año

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El último reporte del Proyecto Mirar -un monitoreo del cumplimiento de la Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a la interrupción legal del embarazo (ILE)-, realizado por organizaciones de la sociedad civil, reveló que en Misiones casi se triplicó la cifra de abortos practicados en el sector público entre 2021 y 2022, entre otros datos de importancia.

El Proyecto Mirar se apoya y está coordinado por investigadores científicos que forman parte del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health, quienes relevan los datos, sistematizan la información y luego publican un reporte estadístico anual a nivel país.

El último balance fue presentado el 24 de julio y de allí se desprende que Misiones pasó de 597 abortos realizados en 2021 a 1.446 en 2022, lo que se traduce en un incremento de 2,4 veces más. El índice equivale a que un mayor número de niñas, adolescentes y mujeres fueron contenidas por el servicio de salud pública de la provincia.

“Misiones es un buen ejemplo a nivel país. Previo a la ley era una provincia con dificultades para garantizar el acceso a los abortos legales y a partir de la ley ha hecho avances muy importantes, más aún teniendo en cuenta que es una provincia con una población joven importante”, valoró Mariana Romero, médica, investigadora y directora ejecutiva de Cedes, en diálogo con La Voz de Misiones.

Entre los factores que podrían influir en este incremento, Romero resaltó el aumento en el número de centros de salud y una mayor difusión de la información respecto a la nueva normativa, aprobada en diciembre de 2020.

Sobre el primer punto, el mismo reporte de Proyecto Mirar consigna que la tierra colorada pasó de tener siete centros de salud públicos que ofrecen el servicio en 2021, a catorce en 2022. En la actualidad, el número asciende a 23.

“Tener más servicios no quiere decir que las mujeres aborten más, pero sí quiere decir que cada vez más niñas, adolescentes y mujeres que deciden interrumpir su embarazo, por la razón que sea, tienen centros de salud más cerca de sus casas y más accesibles”, explicó Romero.

Otro avance que reflejaron las cifras volcadas en el reporte anual de Proyecto Mirar se relaciona con la modalidad de aplicación de la IVE y la ILE en la provincia.

Es que, mientras que en 2021 la proporción de intervenciones por modalidad de tratamiento arrojó que un 36,9% de las prácticas se dieron mediante internación y un 63,1% fueron de manera ambulatoria.

Al año siguiente, las cifras fueron de 6,2% en internación y 86,4% en modo ambulatorio, mientras un 7,4% de los casos carecen de datos vinculados a este ítem.

La médica e investigadora consultada contrastó que “la internación es un método muy costoso tanto para el sistema de salud, como para las mujeres, porque es tiempo que ellas pasan en el hospital, donde se ausentan a sus trabajos o que no pueden cuidar a sus otros hijos, si es que los tiene. Entonces el modo ambulatorio es un gran beneficio”.

Información y círculo virtuoso

Sobre este punto, Romero volvió a recalcar que todo este conjunto de datos tiene relación directa con el hecho de tener una sociedad cada vez más informada sobre la ley.

“Acá se observa un círculo virtuoso. Las niñas, adolescentes y mujeres saben cada vez más que pueden acudir a un centro de salud, que serán bien atendidas, que los medicamentos van a estar, que una vez tomada la decisión es mejor hacerlo más que temprano que tarde y, fundamentalmente, saben que es seguro”, enumeró.

La doctora también ponderó que todos estos datos referidos a Misiones son posibles gracias a que la provincia es una de las seis jurisdicciones del país, junto a Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro y Santa Fe, que comparten su informe de gestión.

“Que una provincia pueda mostrar todos estos datos quiere decir que está recolectando y sistematizando la información”, ponderó.

“Eso es para destacar y es un buen ejemplo para una provincia que, si bien tiene limitaciones, en este aspecto en particular ha habido voluntad política y mucho compromiso de los equipos de salud para sacar esta política pública adelante”, reflejó la investigadora.

“Eso se ve y, además, al publicar y compartir sus informes cuando uno lo solicita, aporta transparencia y también nos parece un gesto de rendición de cuentas a la ciudadanía muy importante”, consideró Romero en la continuidad de la charla con LVM.

Tasa de abortos baja

Independientemente de todos estos datos reflejados, el informe anual de Proyecto Mirar también concluye que Misiones registra una de las tasas más bajas de aborto del país, aunque para Romero esto es multicausal.

En este punto, los números relevados por Proyecto Mirar indican que, de cada 1.000 mujeres en edad fértil de Misiones, 4,6 accedieron a un aborto, siendo una de las tasas más bajas a nivel país, sólo por delante de Chaco (4,00) y Corrientes (3,93), mientras que el promedio general en Argentina es de 8,36.

“Nunca hay que mirar un único indicador. Misiones está entre las tasas más bajas sí, pero ¿Cómo creció de un año a otro? ¿Cómo creció en cuanto a centros de salud que dan acceso? Al ver esos otros indicadores se ve que una tasa baja no necesariamente significa que haya mal desempeño”, señaló Romero.

Además, la profesional indicó que sobre este punto también hay que tener en cuenta que la estadística se basa en datos relevados del sistema de salud pública, dado que las obras sociales y prepagas son más reticentes a la hora de proporcionar la información.

Tasa de fecundidad adolescente alta

Lo que sí aparece como un dato alarmante, aunque a su vez marca descensos con relación a años anteriores, es la “tasa de fecundidad adolescente (10-19 años)”, lo que equivale a la cantidad de niñas y adolescentes dentro de ese parámetro de edad que dieron a luz a un hijo vivo, lo que marca la diferencia respecto a la tasa de embarazo adolescente.

En este caso, el registro tiene datos de 2021, los cuales concluyen que Misiones, junto a Formosa, es la provincia con mayor índice de fecundidad adolescente, con 28 puntos, mientras que el promedio general del país es de 13,7.

La medición señala, entonces, que de un total de 1.000 adolescentes de entre 10 y 19 años, 28 tuvieron un nacimiento.

Si bien continúa siendo calificada como una tasa “alta”, el número a su vez marca un descenso con respecto a los datos relevados en 2019 y 2020, cuando los índices fueron de 36,5 y 29,4 puntos, respectivamente.

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El Concejo de Iguazú aprobó la emergencia por consumos problemáticos

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La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.

La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes. 

La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.

En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.

El programa

La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.

Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.

De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.

En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.

También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.

 

Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda

 

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Piden mesa de diálogo con la provincia por conflicto territorial en San Pedro

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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco. 

El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.

Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”. 

Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.

Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.

Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo. 

Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro

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Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro

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Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras. 

El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.

Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones

Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.

 

Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la  ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.

Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.

Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.

El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación. 

Manifestación tras detención de Ángel Rivero

 

 

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