Provinciales
Abortos en el sector público casi se triplicaron en Misiones en un año
El último reporte del Proyecto Mirar -un monitoreo del cumplimiento de la Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a la interrupción legal del embarazo (ILE)-, realizado por organizaciones de la sociedad civil, reveló que en Misiones casi se triplicó la cifra de abortos practicados en el sector público entre 2021 y 2022, entre otros datos de importancia.
El Proyecto Mirar se apoya y está coordinado por investigadores científicos que forman parte del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health, quienes relevan los datos, sistematizan la información y luego publican un reporte estadístico anual a nivel país.
El último balance fue presentado el 24 de julio y de allí se desprende que Misiones pasó de 597 abortos realizados en 2021 a 1.446 en 2022, lo que se traduce en un incremento de 2,4 veces más. El índice equivale a que un mayor número de niñas, adolescentes y mujeres fueron contenidas por el servicio de salud pública de la provincia.
“Misiones es un buen ejemplo a nivel país. Previo a la ley era una provincia con dificultades para garantizar el acceso a los abortos legales y a partir de la ley ha hecho avances muy importantes, más aún teniendo en cuenta que es una provincia con una población joven importante”, valoró Mariana Romero, médica, investigadora y directora ejecutiva de Cedes, en diálogo con La Voz de Misiones.
Entre los factores que podrían influir en este incremento, Romero resaltó el aumento en el número de centros de salud y una mayor difusión de la información respecto a la nueva normativa, aprobada en diciembre de 2020.
Sobre el primer punto, el mismo reporte de Proyecto Mirar consigna que la tierra colorada pasó de tener siete centros de salud públicos que ofrecen el servicio en 2021, a catorce en 2022. En la actualidad, el número asciende a 23.
“Tener más servicios no quiere decir que las mujeres aborten más, pero sí quiere decir que cada vez más niñas, adolescentes y mujeres que deciden interrumpir su embarazo, por la razón que sea, tienen centros de salud más cerca de sus casas y más accesibles”, explicó Romero.
Otro avance que reflejaron las cifras volcadas en el reporte anual de Proyecto Mirar se relaciona con la modalidad de aplicación de la IVE y la ILE en la provincia.
Es que, mientras que en 2021 la proporción de intervenciones por modalidad de tratamiento arrojó que un 36,9% de las prácticas se dieron mediante internación y un 63,1% fueron de manera ambulatoria.
Al año siguiente, las cifras fueron de 6,2% en internación y 86,4% en modo ambulatorio, mientras un 7,4% de los casos carecen de datos vinculados a este ítem.
La médica e investigadora consultada contrastó que “la internación es un método muy costoso tanto para el sistema de salud, como para las mujeres, porque es tiempo que ellas pasan en el hospital, donde se ausentan a sus trabajos o que no pueden cuidar a sus otros hijos, si es que los tiene. Entonces el modo ambulatorio es un gran beneficio”.
Información y círculo virtuoso
Sobre este punto, Romero volvió a recalcar que todo este conjunto de datos tiene relación directa con el hecho de tener una sociedad cada vez más informada sobre la ley.
“Acá se observa un círculo virtuoso. Las niñas, adolescentes y mujeres saben cada vez más que pueden acudir a un centro de salud, que serán bien atendidas, que los medicamentos van a estar, que una vez tomada la decisión es mejor hacerlo más que temprano que tarde y, fundamentalmente, saben que es seguro”, enumeró.
La doctora también ponderó que todos estos datos referidos a Misiones son posibles gracias a que la provincia es una de las seis jurisdicciones del país, junto a Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro y Santa Fe, que comparten su informe de gestión.
“Que una provincia pueda mostrar todos estos datos quiere decir que está recolectando y sistematizando la información”, ponderó.
“Eso es para destacar y es un buen ejemplo para una provincia que, si bien tiene limitaciones, en este aspecto en particular ha habido voluntad política y mucho compromiso de los equipos de salud para sacar esta política pública adelante”, reflejó la investigadora.
“Eso se ve y, además, al publicar y compartir sus informes cuando uno lo solicita, aporta transparencia y también nos parece un gesto de rendición de cuentas a la ciudadanía muy importante”, consideró Romero en la continuidad de la charla con LVM.
Tasa de abortos baja
Independientemente de todos estos datos reflejados, el informe anual de Proyecto Mirar también concluye que Misiones registra una de las tasas más bajas de aborto del país, aunque para Romero esto es multicausal.
En este punto, los números relevados por Proyecto Mirar indican que, de cada 1.000 mujeres en edad fértil de Misiones, 4,6 accedieron a un aborto, siendo una de las tasas más bajas a nivel país, sólo por delante de Chaco (4,00) y Corrientes (3,93), mientras que el promedio general en Argentina es de 8,36.
“Nunca hay que mirar un único indicador. Misiones está entre las tasas más bajas sí, pero ¿Cómo creció de un año a otro? ¿Cómo creció en cuanto a centros de salud que dan acceso? Al ver esos otros indicadores se ve que una tasa baja no necesariamente significa que haya mal desempeño”, señaló Romero.
Además, la profesional indicó que sobre este punto también hay que tener en cuenta que la estadística se basa en datos relevados del sistema de salud pública, dado que las obras sociales y prepagas son más reticentes a la hora de proporcionar la información.
Tasa de fecundidad adolescente alta
Lo que sí aparece como un dato alarmante, aunque a su vez marca descensos con relación a años anteriores, es la “tasa de fecundidad adolescente (10-19 años)”, lo que equivale a la cantidad de niñas y adolescentes dentro de ese parámetro de edad que dieron a luz a un hijo vivo, lo que marca la diferencia respecto a la tasa de embarazo adolescente.
En este caso, el registro tiene datos de 2021, los cuales concluyen que Misiones, junto a Formosa, es la provincia con mayor índice de fecundidad adolescente, con 28 puntos, mientras que el promedio general del país es de 13,7.
La medición señala, entonces, que de un total de 1.000 adolescentes de entre 10 y 19 años, 28 tuvieron un nacimiento.
Si bien continúa siendo calificada como una tasa “alta”, el número a su vez marca un descenso con respecto a los datos relevados en 2019 y 2020, cuando los índices fueron de 36,5 y 29,4 puntos, respectivamente.
Tras suspender el servicio en Misiones hace dos años, la aerolínea Jet Smart retomará la ruta Posadas–Buenos Aires con un vuelo inaugural el próximo 1 de noviembre. Los pasajes ya se encuentran disponibles con tarifas desde $46.300 por tramo, con impuestos y tasas incluidas.
En su visita realizada este lunes a la ciudad de Posadas, el country manager de Jet Smart, Gonzalo Pérez Corral, expresó su satisfacción por volver a Misiones y destacó el trabajo realizado junto al gobierno provincial para concretar el regreso de la empresa.
“Muy contentos de estar nuevamente en la Casa de Gobierno de Misiones con el gobernador Hugo Passalacqua y el ministro de Turismo José María Arrúa. Venimos a contarles sobre la apertura de la venta de los vuelos que van a conectar Buenos Aires con Posadas a partir del 1 de noviembre”, señaló.
El directivo explicó que los pasajes ya se encuentran disponibles con tarifas desde $46.300 por tramo, con impuestos y tasas incluidas, y señaló que la nueva operación ampliará las posibilidades de conexión tanto para los misioneros como para quienes viajen desde otras regiones del país.
“Agradecemos el compromiso tanto del gobernador como del ministro por su trabajo incesante para que Posadas sea nuevamente un destino de Jet Smart”, manifestó.
Mesa de trabajo
Corral fue recibido por el mandatario provincial en el marco de un encuentro de trabajo centrado en el fortalecimiento de la conectividad aérea de Misiones y en los preparativos para el inicio de la nueva línea aérea de la compañía que conectará Posadas y Buenos Aires.
Durante la reunión, las autoridades repasaron el cronograma previsto para el comienzo de la nueva conexión, cuyo vuelo inaugural tendrá lugar el próximo 1 de noviembre, además de intercambiar perspectivas sobre el impacto que tendrá la incorporación de esta alternativa para el desarrollo del turismo, la actividad económica y la movilidad de los misioneros.
“Es muy importante para Misiones, porque somos una provincia turística y porque somos más de un millón y medio de misioneros. Además, Buenos Aires nos queda lejos, por lo que ampliar la cantidad de vuelos agiliza la economía en todos los sentidos. También favorece el flujo de empresas y de inversiones. Por eso, contar con una mayor conectividad aérea es algo muy positivo para toda la provincia”, remarcó Passalacqua durante la reunión.
En ese marco, el ministro Arrúa destacó que el Gobierno provincial avanza con obras en el aeropuerto de Posadas para acompañar el crecimiento de la conectividad aérea y responder a la mayor demanda de operaciones.
Finalmente, Corral sostuvo que la articulación entre el Estado y la empresa fue determinante para restablecer la operación y consideró que existe una demanda que podrá recuperarse con una mayor oferta de vuelos. “Se ve que este año hubo una disminución de pasajeros, en gran parte por la falta de oferta, pero sabemos que la demanda está y, con precios accesibles, creemos que este vuelo será un éxito”, anticipó.
En ese sentido, remarcó que el trabajo conjunto entre los sectores público y privado resulta fundamental para seguir fortaleciendo la conectividad en la provincia de Misiones. “El empuje que le ponen acá en la provincia para que nosotros lleguemos es muy importante. Ese trabajo mancomunado entre el sector público y el privado fue clave para restablecer este vuelo”, aseguró.
Corral junto a Passalacqua y Arrúa
El conflicto territorial entre la comunidad mbya Puente Quemado II y el empresario forestal Alfredo Ruff, quien reclama la restitución de los lotes 71 al 78 en Garuhapé, sumó un nuevo capítulo de “tensión y amenazas” esta mañana.
Según consta la denuncia pública realizada por el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), este lunes el empresario arribó al predio relevado en el marco de la Ley 26.160, sobre el que exige la devolución del territorio, y ante los integrantes de la comunidad “insistió constantemente en el derecho de propiedad privada por sobre los derechos indígenas”.
A través de un comunicado, Emipa aseguró que Ruff se dirigió a los miembros de la comunidad y lanzó: “Ustedes son paraguayos” y “usurpadores”.
En un video que fue adjunto al escrito difundido en sus redes sociales, también se escucha la frase: “Vamos a seguir trabajando y si hay que empujar con máquinas, vamos a empujar con máquinas“.
Acorde al mismo comunicado, en su defensa, los mbya intentaron explicarle sobre la preexistencia y los alcances de la normativa nacional e internacional que protegen los derechos de los Pueblos Indígenas, en alusión a la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17; Convenio 169 de la OIT, Ley 24.071 instrumento que obliga al Estado a garantizar la consulta previa, libre e informada ante medidas que los afecten-; Declaración ONU (2007), así como convenios y tratados internacionales de jerarquía constitucional.
Sin embargo, aseguran que “no fueron escuchados y siguieron las acusaciones”.
En pos de dar respuestas a este conflicto, el Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección de Asuntos Guaraníes tienen prevista una mesa de diálogo el 7 de agosto, para abordar la situación derivada del desalojo de familias el pasado 28 de julio.
A dicha mesa de trabajo serán convocados representantes de la Policía de Misiones, del ministerio de Gobierno, del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, de la Municipalidad de Garuhapé, de la parte propietaria del inmueble, del Consejo de Caciques, caciques de otras comunidades mbya guaraní y un intérprete.
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Remiseros rechazan trasladar a mbyas a Puente Quemado II por amenazas
En medio del conflicto territorial que involucra a la comunidad mbya Puente Quemado II y al empresario forestal Alfredo Ruff, este domingo se viralizó un audio en el que un hombre “sugirió” a un remisero no trasladar a los integrantes de la tekoa, lo que infundió miedo y propagó temor entre quienes prestan el servicio particular en Garuhapé.
“No vayas a venir más acá para el lugar donde los paisanos están haciendo protestas porque ya te tienen marcado los milicos. No vayas a traer más paisanos para acá”, se escucha en el audio enviado por un hombre que se identificó como César.
Luego de este episodio, uno de los remiseros locales aseguró que no ofrecerá el traslado a los miembros de la comunidad por temor a represalias. “Yo no voy a llevar más gente porque no quiero problemas con los colonos y menos con la autoridad”, manifestó un chofer de la zona consultado por La Voz de Misiones.
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Esta comunidad se encuentra ubicada a 22 kilómetros de la ruta nacional 12, por lo que la única forma de acceder es a pie o a través de vehículos contratados de manera particular.
En los últimos años, Puente Quemado II fue blanco de denuncias por parte del empresario forestal Ruff, quien reclama la restitución de los lotes 71 al 78, territorio que fue relevado en el marco de la Ley 26.160.
El martes 28 de julio, siete familias fueron desalojadas del predio mediante una medida judicial ordenada el pasado 17 de julio por el juez de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del juez Roberto Sena, y suspendida tras la apelación presentada por abogados del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa).
La ilegalidad del procedimiento fue advertida por el Ministerio Público Fiscal, por lo que, tras 48 horas de la ejecución, la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo de Héctor Simón, dictaminó dejar sin efecto el desalojo.
Finalmente, este domingo los miembros de la comunidad regresaron al predio y allí se encontraron con personal policial. Además, según material fotográfico difundido por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, el propio empresario habría arribado al lugar cubriendo su rostro con un pasamontaña.
Entre las normativas vigentes que amparan a las comunidades se encuentran: la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17; Convenio 169 de la OIT; Ley 24.071, instrumento que obliga al Estado a garantizar la consulta previa, libre e informada ante medidas que los afecten-; Declaración ONU (2007), así como convenios y tratados internacionales de jerarquía constitucional.
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