Prensa Institucional
Agua potable y médico para sala de salud son urgencias de agricultores de Mojón Grande
La Picada Mojón Grande, ubicada en el Km 42, de San Vicente, está integrada por familias trabajadoras que buscan mejorar sus condiciones de vida. Parte de esa búsqueda apunta a que el Estado tanto provincial como municipal se ocupe de garantizar sus derechos fundamentales como el acceso al agua potable y atención en la salud.
En una recorrida por la zona que realizó el diputado Martín Sereno, del espacio político Tierra, Techo y Trabajo, un grupo de familias los convocó para plantear sus preocupaciones. Especialmente reclaman personal médico en la sala de salud que existe en la Picada, porque prácticamente está cerrada por falta de médicos y enfermeras, y son muchos niños y niñas a los que no les queda otra alternativa que consumir agua del arroyo, del que ya se comprobó su contaminación, y les provoca continuos malestares estomacales y en la piel.
“Nuestras familias campesinas que conforman esta querida provincia, no tienen reconocimiento del Estado en la garantía de sus derechos. Junto a nuestro compañero, Javier Bres, convocados por las familias locales, recorrimos Mojón Grande para conocer y colaborar en mejorar todo lo que podamos, la injusta realidad que viven cotidianamente”, señaló Sereno.
Se trata de más de 30 familias, “las del fondo, las más pobres, quienes viven, en algunos casos, desde hace 40 años produciendo riqueza para nuestra provincia; pero en condiciones de olvido, sobre todo en derechos fundamentales como el acceso al agua y a la salud. Al no disponer de agua potable, no solo ven perjudicados su salud, sino también sus actividades productivas.
Actualmente, deben recorrer más de 1500 metros para juntar agua de una zanja o del arroyo Chafariz, que provoca enfermedades, sobre todo en los niños y niñas”, dijo.
Con respecto a la salud, hay una sala en la Picada; pero no dispone de atención permanente, ni siquiera semanal, eso genera que el acceso a la salud se restringe para todos y todas. Estamos haciendo gestiones, reclamando respuestas para nuestros productores por los que seguiremos trabajando”, expresó el diputado de TTT.
Sala de Salud sin atención médica ni insumos
Los vecinos y vecinas de la Picada contaron que cada tanto se realizan operativos de salud; pero “esa no es la solución, necesitamos atención permanente”.
Cuando construyeron la sala y se inauguró, todos estaban muy contentos porque era algo que esperaban desde hace años; pero fue grande la desilusión cuando pasaban los días y solo atendía un promotor de salud, y tampoco hay insumos. “Ni siquiera en tiempo de pandemia se ocuparon”, cuestionó Claudio Alves.
Cuando las familias tienen emergencias, deben transitar más de 20 km y llegar a otra sala o directamente recurrir al hospital del pueblo ubicado en la zona urbana.
Las familias exigen que el ministro de Salud Pública, Oscar Alarcón, recorra la zona y compruebe las necesidades de la población. “Es como si la colonia fuera algo menor y no les interesara a las autoridades del Gobierno. Mi suegra sigue lavando la ropa en el arroyo como hace 40 años, estamos en un nuevo año; pero los problemas siguen siendo viejos”, reflexionó Alves.
Agua no apta para consumo
Yanina Dos Santos nació en la Picada, pasaron 27 años y los problemas persisten. Su papá es veterano de guerra y su madre ama de casa, y en cada campaña electoral reciben promesas; pero el problema sigue sin solución.
“Al principio de la gestión del intendente (Fabián) Rodríguez, logramos que la Municipalidad verifique las condiciones del agua; vinieron unos ingenieros a inspeccionar los pozos de la Picada, llevaron una muestra y al tiempo nos dijeron que el agua no es apta para el consumo y que tampoco las vertientes sirven para el reservorio; ¿pero qué otra alternativa tenemos?!”, se preguntó.
Ante la preocupación, los vecinos recorrieron la Picada y juntaron firmas para revertir esa situación. “Con las firmas fuimos a la Municipalidad para hablar con los técnicos y se comprometieron que en unos meses vendrían al barrio a ocuparse del problema; pero eso nunca sucedió. Además hay vecinos que viven en otro sector de la colonia que trabajan en la Municipalidad, y conocen lo que pasa, pero tampoco se ocuparon”, cuestionó.
Urgencia en construir pozo perforado
Yanina contó que después que detectaron la insalubridad en el arroyo, desde la Comuna prometieron que un camión con bidones de agua recorrería la Picada, pero hasta el momento no cumplió.
“Cuando vinieron a ver los pozos, había varios chicos intoxicados por el agua, fue muy desesperante porque cuando se enferma un hijo, hay que trasladarlo al hospital en el colectivo que pasa por la Picada tres veces por semana, o si no, tenemos que pagar 3500 pesos un remis para llegar a San Vicente. Pero cuando se trata de las criaturas no se puede esperar. Es imposible vivir así”, lamentó esta madre de dos hijos.
El domingo de año nuevo, estuvieron toda la tarde limpiando los pozos porque necesitábamos agua para consumir, porque mientras los gobernantes estaban de fiesta nosotros estuvimos dentro de un pozo prácticamente sin agua. Yo tuve covid y quiero destacar que el entonces director del Hospital, Antonio Pauluk me dio una gran mano en el momento que más lo necesitaba al conseguir un turno para que me atendieran. Si hubiera profesionales en la sala de salud, posiblemente no tendría que haberme trasladado 30 km hasta San Vicente. No es justo que tengamos una sala acá y tengamos que ir hasta el pueblo a buscar atención médica”, se quejó.
“Nuestros hijos merecen crecer sanos”
Otro de los productores de Mojón Grande, Diego Vera, está cansado de promesas, y en coincidencia con el resto de las familias, reclamó que las autoridades resuelvan con urgencia los servicios básicos.
“Es doloroso que mi madre, con 60 años, tenga que ir hasta el arroyo. Somos gente trabajadora, agricultores con derechos, y nos queda la esperanza de que nos ayuden con la construcción de un pozo perforado. Hace unos meses atrás nos dijeron que si juntábamos algo de plata, nos hacían el pozo. Estamos en una situación muy complicada; pero algo podemos reunir”.
Vera manifestó su hartazgo por sentirse olvidados en temas fundamentales como el agua y la atención en salud, porque la salita que está a 3500 metros no tiene médicos.
“Tengo tres hijos chicos y más de una vez tuvimos que asistirlos por estar deshidratadas, de tanto vomitar por causa del agua en mal estado. Le pedimos al ministro de Salud Pública que tenga piedad con las criaturas y las personas mayores; que entienda que cuando se solucione este drama nos cambiará la vida a todas las familias de la Picada. Por ese derecho vamos a seguir luchando, para que la gurisada no se enferme y puedan crecer sanas”, reclamó el agricultor.











Prensa Institucional
Con el ordenamiento, Alem suma 2.000 nuevos contribuyentes
El intendente de Leandro N. Alem, Matías Sebely, se presentó ante el Honorable Concejo Deliberante para exponer un paquete de proyectos de ordenanzas que elevó desde el Departamento Ejecutivo Municipal.
Este martes, durante la sesión del HCD, el mandatario expuso y compartió con los ediles los avances de su gestión en materia de planificación urbana y ordenamiento fiscal. El eje central de su informe fue el impacto de la regularización dominial, una política que ha permitido formalizar la situación de cientos de vecinos y potenciar el crecimiento de la ciudad.
Sebely destacó que, gracias a un trabajo sostenido en los últimos dos años, la municipalidad logró una expansión histórica de su estructura de ingresos. Detalló, además, cómo la combinación de tres pilares estratégicos resultó en la incorporación de 2.000 nuevos contribuyentes a la base tributaria local lo que significa “darle las prerrogativas a todos los vecinos que así como en forma igualitaria reciben los servicios públicos también puedan estar dentro del padrón para abonar sus tasas” decía el jefe comunal.
Número histórico
Una de las aristas que explicó Sebely a los ediles, cumpliendo con sus promesas electorales, fue el trabajo para la formalización de títulos y el ordenamiento de tierras, permitiendo así que familias que antes estaban al margen del sistema, ahora cuenten con seguridad jurídica y contribuyan al municipio.
En ese sentido, añadió que durante el último periodo Alem alcanzó un récord histórico con la apertura de más de 140 nuevos comercios, lo que refleja un clima de confianza para la inversión privada potenciada por políticas de estado que forman y acompañan a los emprendedores.
Por su parte, la puesta en funcionamiento del Banco de Tierras junto al impulso de nuevos loteos privados y la gestión municipal -que incluyó sorteos de lotes financiados para facilitar el acceso a la vivienda- sumaron una masa crítica de nuevos propietarios al padrón municipal, llegando a dos millares de nuevos contribuyentes que “ya no son rehenes de un político de turno para que le renueven un comodato sino que son propietarios para poder tener su conexión de agua, luz y otros servicios”, explico.
Al momento de ponderar estas acciones, el intendente subrayó que este crecimiento no es casual, sino producto de una administración que cerró el último ejercicio con un superávit superior a los 231 millones de pesos.
“En Alem no improvisamos: planificamos, cuidamos y avanzamos”, afirmó Sebely ante los concejales, reafirmando que la ampliación de la base de contribuyentes es lo que permite sostener “el plan de construir una ciudad no pensando en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones”.
Prensa Institucional
Policías, penitenciarios y familiares tendrán becas de estudio de hasta 50%
A través de la subsecretaría de Seguridad y Justicia de Misiones, y en articulación con la Universidad Gastón Dachary, se concretó este acuerdo de cooperación destinado a ampliar las oportunidades de formación para integrantes de la Policía de Misiones, el Servicio Penitenciario Provincial y sus grupos familiares.
El convenio fue firmado, en representación del ministerio de Gobierno, por el subsecretario de Seguridad y Justicia, Licenciado Víctor Eduardo Maj, junto al vicerrector de la Universidad Gastón Dachary, Ingeniero Roberto Suénaga, y establece un esquema de beneficios que contempla un 25% de descuento en carreras de grado, un 40% en el Ciclo de Licenciatura en Seguridad y hasta un 50% en la Maestría en Seguridad Pública.
Además, la iniciativa habilita la implementación de cursos, diplomaturas y capacitaciones, ampliando las posibilidades de formación más allá del ámbito estrictamente vinculado a la seguridad pública.
La propuesta apunta no solo a la profesionalización del personal, sino también a acompañar a sus familias, generando herramientas concretas de crecimiento y acceso a la educación superior.
En ese sentido, la medida se enmarca en una política de Estado que entiende que invertir en formación también es fortalecer la seguridad, promoviendo una mirada integral que combina conocimiento, desarrollo humano y servicio a la comunidad.
Política
LLA Misiones exige transparencia y el fin de las cajas políticas del Estado
El referente de La Libertad Avanza en Misiones, Adrián Nuñez, lanzó una fuerte crítica contra el sobredimensionamiento del Estado provincial y la proliferación de las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem). Bajo la premisa de que “menos burocracia es más libertad”, Nuñez anunció la presentación de proyectos para auditar estas estructuras.
“Que el Estado misionero esté sobredimensionado no es ninguna novedad. Una de las formas en que más ha crecido ha sido a través de las llamadas Sapem, estructuras que se multiplican, absorben recursos y muchas veces funcionan sin que nadie rinda cuentas”, sentenció el dirigente.
El foco en la transparencia
Para Nuñez, el achicamiento del gasto público requiere de datos concretos. Por este motivo, LLA Misiones presentó una serie de pedidos de informe sobre 14 sociedades estatales, solicitando detalles sobre la ejecución económica-financiera, los recursos del Estado recibidos, la estructura de costos y la planta de personal de las empresas.
Finalmente, Nuñez subrayó que la transparencia es el único camino posible para una provincia distinta. “No se trata de presionar, se trata de que los misioneros sepamos dónde va cada peso que pagamos con nuestros impuestos. Queremos un Estado que no sea una carga, sino un apoyo real para el que trabaja”, concluyó.
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