Posadas
Tras la muerte de recolector, la Muni les cerró el basural y se quedaron sin trabajo
El último sábado, el recolector Ángel Gabriel Lugo, de 37 años, murió aplastado por un camión de basura en el predio donde se tiran los desperdicios urbanos conocido como La Olla, ubicado en el barrio San Juan Diego, al sur de la ciudad de Posadas.
La muerte del separador de residuos derivó en un conflicto entre la Municipalidad y las familias que entran al basural para recoger materiales reciclables, como cobre, hierro, aluminio y otros metales, para luego venderlos y ganarse el pan del día.
En diálogo con La Voz de Misiones, los trabajadores contaron que, tras el accidente en el que perdió la vida Lugo, las autoridades del municipio a cargo del lugar no les permiten ingresar más a La Olla, por lo cual perdieron su fuente de trabajo.
Se trata de unas 45 personas que asistían diariamente al predio y que, desde la muerte del recolector, ya no tienen un sustento fijo: “Nosotros queremos que se vuelva abrir el basural para todos”, dijo Camila Encina, cuñada del fallecido, a La Voz de Misiones.
La mujer explicó cómo se trabajaba en La Olla antes de la muerte del su cuñado: “Nosotros veníamos a la entrada, nos anotaban con nombre, apellido y DNI. Estaba el policía al lado de nosotros y del camión. Cuando tiraban toda la basura, recién ahí podíamos juntar”.
Al no tener un trabajo formal, grupos familiares enteros de San Juan Diego, así como del asentamiento Alberto Fernández y los barrios Los Patitos II y Néstor Kirchner, recurrían hace más de cinco años al basural, lo que les permitía tener un ingreso fijo.
“Veníamos a las 6 de la mañana y nos íbamos a las 6 de la tarde, antes venían dos chatarreros y te compraban lo que recolectaste en el día”, reconstruyó la vecina.
Camila relató que, entre los desperdicios que se desechan, “juntamos chatarra, cobre, bronce y, a veces, encontramos bolsas de mercadería, comida”, contó y subrayó: “Vivimos el día a día, comemos de acá”.
Asimismo, Encina explicó que, por jornada, ganaban entre 3.000 y 7.000 pesos, que les dejaba una ganancia mensual de unos 40.000 o 50.000 pesos por cada miembro del hogar.
La Muni en el bolsillo
Tras la muerte de Ángel Gabriel Lugo, agentes de la Municipalidad intervinieron en el lugar, según manifestaron los vecinos que acudían diariamente al basurero.
“Seleccionaron a 18 personas de todas las que trabajábamos y les ofrecieron un sueldo de 18.000 pesos fijos”, expuso Camila y agregó que “nos prohibieron entrar al resto”.
Según explicó la denunciante, a quienes quedaron fuera del cupo permitido, el municipio les propuso juntar la chatarra para la comuna y a cambio recibirían una bolsa de mercadería, “un pedacito de carne” y los 18.000 pesos.
Además, la recolectora enfatizó que anteriormente los funcionarios no habían intervenido en su tarea diaria y “no queremos trabajar para la Municipalidad, porque te ponen esas condiciones y dejan a un montón de familias sin trabajo”.
La posadeña comentó que, si “al menos fuera un trabajo en blanco el que te dan… pero no es así, encima es mucha la diferencia de lo que ganabas antes y lo que te quieren pagar ahora”, remarcó.
Los hechos
El último sábado, Camila fue testigo del accidente que terminó con la vida de su cuñado, el recolector Ángel Gabriel Lugo, y reconstruyó el triste momento que le tocó vivir: “Fue horrible, él se prendió por el camión, estaba abierta la puerta, y en eso se resbaló porque estaba lloviendo y había barro”.
Continuó relatando que el trabajador “cae de espalda y se queda debajo de la rueda. Cuando intenta salir, el camión le pasa por encima y le agarra la cabeza y le aplasta”.
La mujer empezó a gritar y fue entonces cuando el rodado frenó su marcha: “Vino la ambulancia, le tocaron y ya estaba muerto, por eso esperamos a Criminalística, porque ya no había nada que hacer”.
Encina reconoció que el recolector estaba alcoholizado en el momento que sucedió el siniestro, pero “yo no entiendo cómo le dejan pasar al lugar en ese estado, en ese sentido deberían controlar”.

Posadas
Fin del acampe de ex policías: “Tuvimos un acercamiento con el gobierno”
Diego Correa, uno de los ex policías que acampaba frente a la Casa de Gobierno, explicó que la medida de protesta se levantó este jueves tras “un acercamiento con el gobierno” que permitió entablar un diálogo para avanzar en soluciones a los reclamos que mantienen.
“Mediante un intermediario tuvimos un acercamiento con el gobierno. No logramos el fin deseado, pero en los próximos días se nos liberará los sueldos retenidos”, indicó Correa tras la consulta de La Voz de Misiones.
El ex uniformado además señaló que también “se evaluarán las causas judiciales” y precisó que “de no ser posible volver a la institución policial se evaluará la posibilidad de ingresar a la administración pública”.
Por último, agradeció el apoyo y el acompañamiento recibido, al tiempo que pidió disculpas por no contestar a tiempo las consultas.
“No fue fácil la decisión, además nuestras familias con el transcurso de los días más sufren”, cierra el mensaje que también lleva los nombres de Adolfo Guirula, Gerardo Marín, Juan Méndez y Néstor Zarza como firmas.
El acampe había iniciado el 6 de abril, cuando Correa y Guirula se encadenaron a una de las ventanas próximas al principal acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Correa y Guirula son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno
Posadas
Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno
Después de casi cinco meses, los ex policías Diego Correa y Adolfo Guirula, exonerados de la fuerza como consecuencia de la causa por intento de sedición y conspiración que los tuvo encarcelados en la Unidad Penal VII de Cerro Azul, levantaron el acampe que efectuaban frente a la Casa de Gobierno como medida de protesta para reclamar la reincorporación de ambos.
La protesta comenzó el pasado 6 de abril, cuando ambos se encadenaron a una de las ventanas próximas a la puerta de acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Durante esos primeros días también se sumaron los otros ex policías Gerardo Martín y Juan Méndez, aunque fueron Correa y Guirula los que permanecieron hasta el final de la medida.
Ellos son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
El 10 de agosto, en uno de sus últimos videos en Instagram, Correa ratificó la continuidad de la protesta y afirmó que “de acá la única forma que nos vayamos o que nos saquen es con un desalojo ilegal, con la devolución de nuestros puestos de trabajo o muertos”.
Cumplen un mes en carpa los seis policías que reclaman volver a la fuerza
Posadas
Padres marcharon para pedir al Iprodha la culminación de la Escuela 76 en Posadas
La Escuela Provincial Nº 76 “Marina Argentina” tiene 110 años y en los últimos seis comenzó a construir su nuevo edificio en la intersección de las avenidas Crisantemos y Yacaré, del barrio Itaembé Guazú, donde un grupo de padres se reunió esta mañana para exigir respuestas al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) ante la falta de avances.
Con un cartel sobre el que se pudo leer: “Queremos escuela propia”, desde las 8 de la mañana de este lunes, los padres alzaron sus voces para exigir la culminación de las obras a fin de poder brindar mejores condiciones a más de 100 estudiantes que acuden a la institución debiendo utilizar aulas satélites distribuidas en la zona.
Anteriormente, la escuela se encontraba en Luchessi 2599, hasta que en el año 2023 dejaron de alquilar el espacio: “Por la suba del precio el Consejo General de Educación no tenía más presupuesto para alquilar en aquella dirección. El dueño ofreció vender al CGE, pero según las autoridades pedían mucho y no podían o no era negocio comprarlo”, explicó a La Voz de Misiones, Noelia, madre de uno de los estudiantes.
Paralelamente, en el año 2020 iniciaron las obras del nuevo edificio en Itaembé Guazú: “Supuestamente iban a habilitar la nueva sede a mediados del año pasado, una obra que lleva casi seis años en construcción, tenía fecha de finalización en el 2022, estamos en 2026 y todavía nada”.
Según indicó, la demora respondería a la falta de envío de fondos por parte del Iprodha: “Pereira terminó en un año la Escuela Secundaria de Innovación en este mismo barrio y esta otra hace seis años está en construcción”, reclamó.
En ese sentido, detalló las condiciones en que los niños deben transitar los procesos de aprendizaje: “Hoy tienen clases en un depósito, viven enfermos, no gozan de recreos dignos, ni actividades en áreas especiales, ya hace casi dos años venimos esperando la apertura de dicha escuela”.
Y añadió: “Los actos tienen en un Neni, no saben lo que es un acto de escuela primaria ni tampoco qué es la fiesta de la educación física, no tienen áreas especiales y todo debido a que no está finalizada la escuela”.
Frente a esta situación, los padres continuarán tomando medidas de fuerza a fin de agilizar las gestiones pertinentes para lograr la obtención de fondos y concluir las obras para finalmente inaugurar el espacio.

Movilización de padres para exigir la habilitación de la Escuela 76 en el barrio Itaembé Guazú.
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