Política
Tensa relación: “Cambiemos” criticó a la Renovación por usar el Consenso Fiscal para subir impuestos
Los recursos provenientes de impuestos recaudados por la Dirección General de Rentas (DGR) son la discusión de fondo. Misiones quiere disponer de sus propia fuente de ingresos para impulsar políticas sociales, obra pública o un mínimo de inversión; Cambiemos apunta a que todas las provincias dependan del poder central y deban negociar cada partida de dinero en Buenos Aires.
El frente Cambiemos de Misiones criticó duramente al gobierno provincial, con el cual mantenía hasta ahora una cordial relación política, por haber amparado en el Consenso Fiscal para avanzar “sobre la legislación tributaria de fondo”, calificando esta decisión como “una burla” al pacto firmado por el gobernador Hugo Passalacqua con la Nación y que, además, “atenta contra el desarrollo provincial”.
El pronunciamiento no solamente puso en estado de tensión el vínculo entre los oficialismos nacional y provincial, sino que además reveló una jugada que no se habría contemplado cuando en la sesión extraordinaria del 18 de diciembre, la Cámara de Representantes se expresó a favor de las gestiones realizadas por el gobernador ante el presidente Mauricio Macri, con discursos de acompañamiento mutuo.
En el escrito titulado “El impuestazo de Rentas es una burla al Consenso Fiscal y atenta contra el desarrollo provincial”, el frente “Cambiemos” sostuvo que tras analizar “la Ley Provincial XXI N° 67; el decreto N° 2010/17 y la RG (resolución general) de Rentas Nro. 38/17, hizo una interpretación sobre la decisión legislativa por la cual se autorizó al Ejecutivo “a adecuar y modificar el Código Fiscal y la Ley de Alícuotas”.
En esa línea, mencionó como un fin exclusivo el de “cumplir con los compromisos asumidos por la Provincia en la firma del acuerdo”, pero “el Decreto N° 2010/17 del Ejecutivo Provincial se extralimita, avanzando sobre la legislación tributaria de fondo reservada expresamente al Poder Legislativo”.
Posteriormente, “Cambiemos” advirtió que “modificar la forma de cálculo de la base imponible para determinadas actividades, derogar exenciones fijadas por ley, aumentar el monto de las multas por infracciones a los deberes formales y darle facultades a la D.G.R. para aumentar alícuotas y modificar bonificaciones y montos mínimos”, son atribuciones de la Cámara de Representantes.
Sin embargo, al ser adoptadas por el Ejecutivo “torna inconstitucional y abusivo al mencionado decreto porque viola las garantías del principio de legalidad que protege a los contribuyentes”, en tanto que la resolución 38/17 de Rentas “incumple con el espíritu del Consenso Fiscal, cual es el de ‘… instrumentar políticas tributarias destinadas a promover la tasa de inversión y de empleo privado, que alivianen la carga tributaria de aquellos impuestos que presentan mayores efectos distorsivos sobre la actividad económica, estableciendo niveles de imposición acordes con el desarrollo competitivo de las diversas actividades económicas y con la capacidad contributiva de los actores’”, según el convenio firmado con la Nación.
Al fundamentar las observaciones, la mesa provincial de “Cambiemos” dijo que “en contraposición a lo dispuesto, Rentas ha duplicado el Impuesto de Sellos para las transferencias de automotores y motocicletas del 1,5 al 3 por ciento, violando el compromiso establecido en el inciso j) del Consenso Fiscal”, pero además “ha incrementado todas las alícuotas vinculadas al comercio minorista, mayorista y servicios en general, agravando la presión fiscal del sector en un contexto de graves asimetrías con los países fronterizos, originadas mayormente por las diferencias impositivas existentes”.
Por ello, con la firma de la cúpula del frente partidario; del bloque de diputados provinciales del PRO, UCR y Libertad, Valores y Cambio (LVC); del senador nacional Humberto Schiavoni y del diputado nacional Luís Pastori, dicha fuerza Política solicitó al “Gobierno provincial que adecue “el decreto 2010/17 y la RG 38/17 al espíritu y sentido del Consenso Fiscal firmado con la Nación, ya que los mismos atentan contra las posibilidades de desarrollo de los misioneros y agravan las asimetrías existentes”.

PRESIÓN. Cambiemos le exigió al gobierno de Misiones cerrar la aduana interna y revisar la carga impositiva. Ahora dicen que la Renovación no cumplió con el acuerdo alcanzado.
Política
El gobierno retiró el proyecto de Ley de Tierras por falta de votos
Sin los votos necesarios y una creciente campaña en contra, el gobierno de Javier Milei dio marcha atrás con la reforma de la Ley de Tierras Rurales 26.737 y retiró el Capítulo 3 del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará mañana en el Senado.
La decisión de La Libertad Avanza se produjo luego del rechazo de tres gobernadores muy cercanos a la Casa Rosada, el tucumano Osvaldo Jaldo, el neuquino Rolando Figueroa y el salteño Gustavo Saenz, y ante el riesgo de no poder avanzar con las reformas a las leyes de Desalojos, Expropiaciones y de Manejo del Fuego que también incorpora el proyecto del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La encargada de hacer pública la noticia fue la jefa del oficialismo en el Senado, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que este mediodía se reunió con senadores de la denominada “oposición dialoguista” en el bloque de la UCR, en el segundo piso del Congreso.
Según publicó el diario porteño La Nación, “la endeble mayoría que tenía el oficialismo para aprobar la extranjerización de tierras comenzó a derrumbarse en las últimas horas, cuando corrió como reguero de pólvora la noticia de que dos aliadas del Gobierno, la salteña Flavia Royón y la tucumana Beatriz Ávila, que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, habían decidido votar en contra del capítulo de la polémica”.
“Tampoco acompañaría al oficialismo la neuquina Julieta Corroza, que sigue los lineamientos del gobernador Rolando Figueroa”, reseña el diario fundado por Bartolomé Mitre y agrega: “A estas deserciones de último momento se suman las ya conocidas resistencias que había en el bloque radical de parte de Maximiliano Abad (Buenos Aires), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Flavio Fama (Catamarca)”.
Este último se encuentra impedido de viajar para la sesión de mañana por problemas de salud, y pidió que se le dé el mismo tratamiento que a la kirchnerista mendocina Anabel Fernández Sagasti, autorizada por la vicepresidenta Victoria Villarruel a participar y votar de manera virtual por encontrarse cursando un embarazo de 32 semanas con prescripción médica de no viajar largas distancias.
Entre los gobernadores que rechazan la reforma de la Ley de Tierras, se anota también el misionero Hugo Passalacqua, que hace dos semanas convocó a los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut a votar contra el proyecto, que en la provincia contaba con el apoyo del senador del PRO, Martín Goerling.
Arce hizo público este miércoles en sus redes sociales un comunicado con membrete del Senado, donde adelantó que, de votare el jueves el proyecto, iba a rechazar el Capítulo 3, de extranjerización de la tierra.
El parlamentario de Encuentro Misionero no menciona en su comunicado la reunión de hace dos semanas con Passalacqua, pero asegura que “luego del análisis de la última versión del dictamen del proyecto denominado ‘Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada’, ha tomado la decisión de votar en contra de la totalidad del Capítulo III, que modifica la Ley de Tierras N.o. 26.737”.
Siempre en tercera persona, el documento sostiene que Arce “reafirma su compromiso con la promoción de las inversiones productivas que generen empleo y valor agregado, en un marco de seguridad jurídica que también contemple la protección del interés público, el ambiente y la soberanía sobre los recursos estratégicos de nuestra provincia y la república”.
Capítulo 3
El proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” del gobierno de La Libertad Avanza consiste en un paquete de reformas para limitar la intervención estatal sobre los bienes privados, acelerar la recuperación de inmuebles ocupados y promover la inversión.
El Capítulo 3, retirado hoy por Bullrich, abordaba de manera específica la modificación y flexibilización de la Ley de Tierras Rurales 26.737, desmontando las restricciones para que capitales y ciudadanos extranjeros adquieran campos y extensiones territoriales en el país.
Entre los puntos centrales y los cambios más relevantes, se destacaba el aumento del tope vigente, de 15% a 25% la propiedad foránea de la tierra a nivel nacional, provincial y municipal.
Esto ya había sido objeto de cambio por parte del gobierno en su intento por conseguir los votos en el Senado, ya que el proyecto original proponía liberar por completo la compra de tierras por parte de extranjeros.
El Capítulo 3 derogaba también los controles locales y los topes a nivel municipal o departamental, habilitando la concentración de la propiedad de la tierra en manos extranjeras en distritos rurales clave, y remueve la restricción que impedía que un mismo titular extranjero posea más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola.
Asimismo, ponía fin a los cupos por nacionalidad, que estipulaba que particulares o capitales de un mismo país no podían superar el 30% del total de las tierras permitidas para extranjeros.
Fuego
El resto del paquete de Sturzenegger modifica el Código Procesal Civil y Comercial, habilitando los “desalojos exprés” de propiedades ocupadas mediante procesos judiciales sumarísimos que no necesitan de sentencia firme.
Además, complejiza la expropiación estatal de propiedades privadas, encareciendo la estatización con obligaciones como el “lucro cesante” y la actualización de las indemnizaciones por inflación más y una tasa de interés comercial activa.
El paquete del gobierno también reforma la Ley de Manejo del Fuego 26.815, sancionada a fines de 2012 y modificada en 2020, que establece los “presupuestos mínimos de protección ambiental” destinados a prevenir y combatir los incendios forestales y rurales en el país.
En concreto, el proyecto elimina la normativa introducida en 2020 por el peronismo para impedir la modificación del uso de tierras que hayan sufrido incendios de cualquier tipo, prohibiendo su venta o loteo por plazos de entre 30 y 60 años, para evitar quemas intencionales con fines inmobiliarios o agropecuarios.
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Política
Rovira adelantó que votará a favor del Presupuesto 2027 de Passalacqua
El diputado provincial de Encuentro Misionero, Carlos Rovira, adelantó que votará a favor del proyecto de Presupuesto 2027, enviado a la Legislatura por el gobernador Hugo Passalacqua.
Rovira eligió al portal de noticias MOL para hacer pública su decisión y envió un comunicado a ese medio anticipando su voto afirmativo al ejercicio presupuestario propuesto por el Ejecutivo Provincial para 2027.
“Siempre apoyé la necesidad de otorgar al Ejecutivo las herramientas necesarias para Gobernar, y el Presupuesto es la principal”, escribió el legislador, según MOL, y señaló: “Voy a ser coherente como lo fui siempre”.
El Presupuesto 2027 enviado por Passalacqua a la Cámara de Representantes de Misiones, prevé un total de más de $5,2 billones y destina el 63% a la inversión social y un 14% al desarrollo económico, con énfasis en la reactivación de la obra pública en la provincia.
Política
Herrera Ahuad: “No puedo estar con el que le va a sacar la tierra al colono”
El diputado nacional de Innovación Federal, Oscar Herrera Ahuad, participó este martes en la reunión de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional, de la Cámara de Diputados de la Nación, donde cuestionó la nueva Ley de Tierras Rurales impulsada por el gobierno de Javier Milei y adelantó su voto negativo si el proyecto, que se tratará el jueves en el Senado, llega a la cámara baja.
“Es muy importante entender las realidades que se dan con este tipo de leyes”, dijo el ex gobernador misionero en el arranque de su alocución en la reunión que tenía como tema “Soberanía y arraigo, riesgo de desplazamiento de productores nacionales ante la reforma de la Ley de Tierras”.
Flanqueado por su colega de bloque, la diputada Yamila Ruiz, Herrera Ahuad opinó que “muchos seduce el título de la primera parte de la ley, que habla de la ‘inviolabilidad de la propiedad privada’, porque, claro, a quien le gusta que le intrusen su terreno, su campo”, pero advirtió que “detrás de todo esto hay un proceso que va contra los intereses de las provincias”.
“Tanto Misiones como Santiago del Estero son las provincias con más alta ruralidad de la República Argentina”, afirmó el legislador y precisó que “el 30% de la población” de la tierra colorada “vive en la ruralidad, en la colonia, en la chacra, que no es algo negativo, ya que significa vivir en el lugar donde producen”.
“Estamos hablando de 500.000 habitantes que viven en las chacras misioneras”, puntualizó y señaló que se trata de familias que “viven en minifundios que van de 1 hectárea a 22 hectáreas”.
“Ustedes imagínense el impacto que tiene para nosotros, como economía regional minifundista, una ley con estas características, donde la compra de 20 hectáreas significa llevarse puestos a 20 familias, y donde la compra de 100 hectáreas pone en jaque todo el sistema social de una provincia”, alertó.
“Hay que ser muy cuidadosos cuando tratamos este tipo de leyes”, opinó Herrera Ahuad y sostuvo que la Ley de Tierras impulsada por el gobierno de La Libertad Avanza “no es aplicable a una provincia donde el índice de ruralidad es tan alto y el índice de la mayor producción de su PBI está dado por la producción, por ejemplo, de yerba mate”.
El ex gobernador de Misiones advirtió que el proyecto, comúnmente llamado de “extranjerización de la tierra”, llega en “el momento en que peor está la economía regional, el momento de la tormenta perfecta, donde las chacras no valen nada, la producción yerbatera cayó, y el sector productivo no puede levantar la cosecha”.
Herrera Ahuad estimó que, de aprobarse la nueva ley, “el daño social, el gasto social, va a ser superior a los U$S15.000 millones que se estipulan pueden entrar al país por la venta de tierras”.
Asimismo, el legislador rechazó el artículo del proyecto de ley que pone en manos de los estados provinciales la decisión final sobre la venta de tierras, ya que “en realidad otorga la potestad a los gobernadores”, es decir que “va a depender de la voluntad de un gobernador”, que “puede meter el papel en el cajón seis meses y se termina vendiendo por falta de respuesta”.
Herrera Ahuad comentó al pleno de la reunión legislativa los pronunciamientos que hubo en las últimas semanas en Misiones en contra del proyecto mileísta y contó: “Hemos tenido manifestaciones, de la Iglesia, campesinos, productores, intendentes, ex intendentes, que nos dijeron que debemos resguardar nuestro patrimonio”.
“A lo largo de los cuatro años que me tocó ser gobernador, los momentos más felices fue cuando pude entregar a un colono el título de propiedad para que sea dueño de su propia tierra”, apuntó Herrera Ahuad y lanzó: “Yo no me permito estar del lado del que se la va a sacar”.
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