Posadas
Piden que la Muni exija a empresas garantizar boleto estudiantil y Sube

En el Concejo Deliberante de Posadas presentaron un proyecto de comunicación solicitando al Ejecutivo municipal que exija a las empresas prestadoras del servicio de transporte urbano que garanticen el Boleto Estatal Estudiantil Gratuito Misionero (BEEG).
La iniciativa surgió de parte del concejal Santiago Koch, del bloque Juntos por el Cambio (JxC), quien planteó en el recinto los inconvenientes que se registraron durante las primeras semanas de clases con el beneficio estudiantil en la capital.
“Lo que le pedimos al Ejecutivo son tres cosas bastante sencillas, pero concretas”, dijo el edil a La Voz de Misiones y detalló: “Que se garantice el BEEG, la producción y entrega de la tarjeta Sube, y, por último, que se implementen todos los sistemas de pago del boleto, con el plástico, con el sistema electrónico y en efectivo”.
En esa línea, Koch explicó que, hace unos años, cuando se reformó la Carta Orgánica de Posadas, se delegó el control del trasporte público al Ejecutivo, “es decir, hoy por hoy, quien tiene la obligación de controlar el funcionamiento del servicio es la Municipalidad, más precisamente el intendente”.
Asimismo, el concejal manifestó que todos los años hay muchos estudiantes que tienen que comenzar el ciclo lectivo abonando un boleto único, porque hay que realizar los trámites para renovar el beneficio: “No puede ser que no haya previsión de parte de las empresas que prestan servicio”, apuntó.
Por otro lado, el referente de JxC se explayó sobre la problemática que gira en torno a la entrega de la tarjeta Sube. Es que hace unos meses, desde Servicios Urbanos SA (Susa), dejaron de entregar el plástico debido a la escasez que se registra en el país.
“Todo el tiempo tenemos usuarios que salen, otros que entran al beneficio del boleto estudiantil, así también al usuario común que no accede a ningún beneficio, pero tiene que tener la tarjeta para poder circular y poder utilizar las unidades. Que realicen la reimpresión en los casos que se hayan perdido, o sea el motivo que sea” sostuvo.
Y agregó: “Porque no te devuelven la tarjeta y podés pagar con la aplicación o en efectivo, pero en efectivo es más caro. Lo que nosotros pedimos también es que en todas las unidades se garanticen todas las formas de pago, porque hay chicos, por ejemplo, que no tienen ni celulares y viajan en colectivos”.
Antes de que comiencen las clases, el gobernador Oscar Herrera Ahuad anunció que el beneficio del BEEG se renovaba automáticamente el 1 de marzo, el día en que los chicos volvían a las aulas, pero no alcanzaba a todos los casos, sino los que habían realizado el trámite en el 2022, lo que generó confusión en los usuarios, que en muchos casos tuvieron que abonar el pasaje único.
Además, los chicos que pasaban del nivel primario al secundario debían presentar todos los papeles ante la oficina de la Sube para obtener el boleto gratuito.
Regulación
Por otra parte, en conversación con este medio, Santiago Koch opinó que se debería buscar otro tipo de solución para que se lleve un efectivo control a las empresas de transporte urbano de la capital misionera.
“Nunca hay responsables concretos, porque a veces la empresa dice que es la Municipalidad la culpable, a veces la Municipalidad dice que es la empresa, o la empresa dice que es el sistema, y así, y la verdad que nunca realmente se sabe con certeza quiénes son los responsables”, comentó.
En ese punto, el legislador resaltó que la comuna no “tiene un organismo de fiscalización, un ente regulador”, que en este caso sería la Municipalidad, “como en otros existe y se le pone multas o sanciones a las empresas que no cumplen bien con el servicio”.
“Acá no hay realmente un lugar donde se pueda exigir el cumplimiento real y efectivo de distintas situaciones que pueden llegar a ser problemáticas del transporte, porque hoy es la Sube, otro tiempo fue la frecuencia, otro tiempo las condiciones de los colectivos”, dijo a LVM.
Seguidamente, Koch apuntó contra la intendencia y las empresas prestadoras del servicio: “Tampoco se pueden estar pasando la responsabilidad entre unos y otros y siempre el que termina pagando el perjuicio es el usuario”.
Para finalizar, se planteó “si no tenemos que exigir otra cosa ya, porque realmente es todos los años lo mismo, no puede ser que no tengas previsión y que un montón de chicos se queden afuera y no puedan acceder al beneficio del boleto estudiantil, no hay una cobertura y una contención al usuario, el usuario tampoco tiene hoy los canales para poder reclamar”.
Proyecto (2)Foto: El Territorio.
Posadas
Vecinos resistieron al desalojo de una mujer en el barrio El Laurel de Posadas

Para este jueves a las 9, el juez Fernando Escalante, titular del Juzgado Civil y Comercial Cinco, había ordenado desalojar la vivienda de Teresa Álvez Ferreyra (74) en la Chacra 190, del barrio El Laurel, por lo que horas atrás se apersonó en el lugar acompañado por efectivos de la Policía de Misiones, pero finalmente la medida fue suspendida.
A media mañana, decenas de vecinos se presentaron frente a la vivienda de Teresa para resistir un quinto intento de desalojo en lo que va de los últimos siete años.
El operativo policial recibió la orden para desalojar en el momento en que arribaron al lugar las autoridades junto a un numeroso grupo de efectivos que, en primera instancia, “intentaron proceder hacia el inmueble”, según fuentes consultadas por La Voz de Misiones.
Finalmente, con un “fuerte apoyo de los vecinos” la medida terminó siendo suspendida. Consultado por este medio, el abogado Hernán Cansino confirmó que “se realizó un acta donde se dejó constancia que por disposición del juez Fernando Escalante no se llevó a cabo el desalojo por no estar dadas las condiciones”.
Por su parte, Patricia, hija de Teresa, se mostró preocupada ante la situación ya que aseguró que “en cualquier momento pueden sacar otra fecha para desalojar, porque el Juzgado Cinco es el mismo que tiene el expediente y el juez Fernando Escalante no quiere dar el brazo a torcer”.
Frente a este escenario, expresó que sienten “intranquilidad porque todo quedó en la nada otra vez“.
El caso
Teresa Álvez reside en una vivienda del mencionado barrio desde hace 27 años y desde el 2018 ha enfrentado cinco intentos de desalojo, contabilizando el que fue registrado en la mañana de hoy.
La maniobra sería impulsada por un supuesto propietario, ex funcionario de una empresa estatal y, pese a que Teresa ha presentado una carpeta con documentación probatoria, así como notas a organismos públicos, las amenazas persisten.
La carpeta con pruebas que demuestran la ocupación desde 1998 contiene boletas de servicio, certificados de la escuela, de la iglesia, acta de nacimiento de un sobrino que vivió allí, censos nacionales, certificado de Vivienda Renabap, y numerosos testigos.
Hoy la familia denuncia que las contradicciones en el expediente del supuesto dueño no son evaluadas por la Justicia, quien reclama la propiedad casi tres décadas después. “Él se contradice en el expediente, dice que él vivió acá, después dice que esto fue una herencia del papá, por eso no se le entiende. Y el juzgado, el juez, ¿cómo no va a evaluar todas esas inconsistencias?”, cuestionó un familiar de Teresa.
Antecedentes
La primera orden de desalojo se produjo el 23 de noviembre de 2023 y fue emitida desde el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 de Posadas. La misma fue finalmente desestimada por no consignar el nombre de la persona a desalojar.
Las familias de la Chacra 190 del Barrio Laurel comentaron que un vecino ya fue desalojado por no haber podido demostrar la posesión veinteañal. Y advirtieron que el caso de Teresa no es el único, ya que en la manzana hay otras familias afectadas y preocupadas por la situación.
Estas acciones judiciales atentan contra los derechos de las familias que cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar del RENABAP en Argentina, que les brinda una protección especial contra los desalojos, establecida principalmente por la Ley N° 27.453 de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana y sus modificatorias.
Dicha Ley (en su artículo 15, modificado por la Ley N° 27.694) establece una suspensión por un plazo de diez años de todas las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el RENABAP. Este plazo comenzó a regir a partir del 29 de octubre de 2022.
Vecina del barrio El Laurel en alerta ante un nuevo intento de desalojo
Posadas
Vecina del barrio El Laurel en alerta ante un nuevo intento de desalojo

Teresa Álvez Ferreyra (74) se encuentra en estado de alerta, junto a vecinos de la Chacra 190, del barrio El Laurel, ubicado en la capital provincial, tras una nueva notificación por parte del Juzgado Civil y Comercial Cinco, desde donde programaron un desalojo para este jueves a las 9.
El caso fue relevado por integrantes del proyecto de extensión “Investigación Acción Participativa y Periodismo Comunitario” de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHYCS) de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), quienes a través de un comunicado buscan hacer extensiva la situación para intentar revertirla.
En el documento detallaron que Ferreyra reside en una vivienda del mencionado barrio hace 27 años y desde el 2018 ha enfrentado cuatro intentos de desalojo. La última notificación daría cuenta de un quinto intento.
Además de señalar el período de tiempo que reside en la zona, la mujer comentó que padece hipertensión y otras enfermedades de base, por lo que lamentó: “No es justo que me quieran desalojar, tengo que hacer valer mis derechos. Son muchos años los que viví acá, no puedo quedarme sin nada. Espero una solución pronta, que consideren mi situación”.
El desalojo
El documento elaborado por un equipo de la mencionada casa de estudios, detalla que la maniobra sería impulsada por un supuesto propietario, ex funcionario de una empresa estatal y, pese a que Teresa ha presentado una carpeta con documentación probatoria, así como notas a organismos públicos, las amenazas de desalojo persisten.
“La mujer cuenta con documentación que respalda su permanencia, incluyendo certificados del Renabap y haber sido beneficiaria del programa “Mi Pieza” en 2022”, sostiene la misiva.
Por otra parte, la damnificada habría presentado una carpeta con pruebas que demuestran la ocupación desde 1998, como ser: boletas de servicio, certificados de la escuela, de la iglesia, acta de nacimiento de un sobrino que vivió allí, censos nacionales, certificado de Vivienda Renabap, y numerosos testigos.
Según la familia, a pesar de las evidencias, el juez Fernando Escalante, titular del juzgado interviniente, Escalante, ha negado sus presentaciones.
Al mismo tiempo, la familia denuncia que las contradicciones en el expediente del supuesto dueño no son evaluadas por la Justicia, quien reclama la propiedad casi tres décadas después. “Él se contradice en el expediente, dice que él vivió acá, después dice que esto fue una herencia del papá, por eso no se le entiende. Y el juzgado, el juez, ¿cómo no va a evaluar todas esas inconsistencias?”, cuestionó un familiar de Teresa.
La familia rechazó un ofrecimiento de “dos meses de alquiler y un flete”, calificándolo como una burla. “Es como burlarse de la persona, porque cómo la vas a tirar a la calle a una persona mayor”, señaló Patricia, una de las hijas de Teresa.
Por este motivo, Teresa pidió la solidaridad de sus vecinos para acompañarla en el día del desalojo y “hacer entrar en razón a esa gente”.
Antecedentes
La primera orden de desalojo se produjo el 23 de noviembre de 2023 y fue emitida desde el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 de Posadas. La misma fue finalmente desestimada por no consignar el nombre de la persona a desalojar.
Las familias de la Chacra 190 del Barrio Laurel comentaron que un vecino ya fue desalojado por no haber podido demostrar la posesión veinteañal. Y advirtieron que el caso de Teresa no es el único, ya que en la manzana hay otras familias afectadas y preocupadas por la situación.
Estas acciones judiciales atentan contra los derechos de las familias que cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar del RENABAP en Argentina, que les brinda una protección especial contra los desalojos, establecida principalmente por la Ley N° 27.453 de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana y sus modificatorias.
Dicha Ley (en su artículo 15, modificado por la Ley N° 27.694) establece una suspensión por un plazo de diez años de todas las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el RENABAP. Este plazo comenzó a regir a partir del 29 de octubre de 2022.
Fuente: Producción informativa realizada desde el proyecto de extensión “Investigación Acción Participativa y Periodismo Comunitario” (Resolución/2025 HCD FHyCS-UNaM)
Posadas
A cambio de un libro, historiador junta fondos para operación de su esposa

El reconocido historiador Leo Duarte busca recaudar $1.500.000 para la operación de su esposa Mercedes, quien necesita una placa de titanio en la muñeca izquierda para recuperar la movilidad tras un accidente. A quienes ayuden a juntar la suma necesaria, “como muestra de agradecimiento”, recibieran un libro.
El pasado miércoles 16, Mercedes regresaba a su hogar a bordo de su motocicleta, cuando un auto marca Fiat Palio blanco la atropelló en el barrio Itaembé Miní, en la intersección de las avenidas Arturo Jauretche y 170.
A raíz del impacto, la mujer quedó tendida en el asfalto y el conductor del Fiat Palio se dio a la fuga del lugar sin asistirla.
“La dejó tirada ahí y se fue, unos vecinos la socorrieron, ella volvió otra vez con la moto, asustada, vio que era un palio blanco, patente 836, pero no se acuerda mucho, son vagos los recuerdos que tiene del accidente”, contó el historiador posadeño en conversación con La Voz de Misiones.
En esa línea, el creador de la reconocida página de Facebook Posadas del Ayer precisó que su esposa sufrió fractura en cuatro partes de la muñeca izquierda y “le tienen que poner una placa de titanio, para que pueda recuperar la movilidad otra vez, igualmente la mano no va a quedar lo mismo, se le va a complicar mucho mover la mano”.
Para la operación, el matrimonio consiguió turno en el hospital Madariaga para dentro de seis meses. Sin embargo, es un tiempo que no pueden esperar, ya que Mercedes tiene un emprendimiento de churros y “es parte del sostén de la familia”, dijo Leo Duarte.
Ante esta situación, decidieron recaudar la suma de $1.500.000 para que Mercedes pueda operarse lo antes posible y recuperar la movilidad de su brazo izquierdo que tiene por completo enyesado y, a quienes decidan ayudar, a cambio el historiador le regalará un libro.
Número de Leo Duarte para ayudar: 3764600987
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