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Inspectores ya exigen la VTV a motociclistas en Posadas, hacerla cuesta casi $500

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Al igual que los automóviles, desde ahora será obligatorio que las motos cuenten con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al momento de circular por las calles posadeñas. El decreto 536/18 que salió publicado en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Posadas, indica que la comuna se adhiere al decreto de Misiones 909/14 que establece el Sistema Provincial de Verificación Técnica de Moto. Por ello, quienes no tengan la documentación podrán ser multados y, además, la motocicleta será retenida debido a que se considera una falta de tránsito grave. En cuanto a la duración del documento, éste tendrá una validez de un año.

La nueva medida de la comuna surge luego de que el Concejo Deliberante de Posadas haya dado la libertad al Ejecutivo para que se adhiera a la normativa provincial que rige hace cuatro años en la tierra colorada. El decreto municipal considera que “la implementación de la medida es indispensable a fin de garantizar la circulación vehícular, minimizando al máximo el riesgo de accidente por fallas técnicas previsibles, además de proteger los derechos y obligaciones de los usuarios, garantizar la seguridad pública en las vías de circulación y preservar las condiciones del medioambiente”.

En lo que respecta a la importancia de que se cumpla con la medida en la ciudad capital, el concejal Miguel Acuña, quien está al frente de la Comisión de Transporte, explicó que “esto era necesario, sobre todo por una cuestión de seguridad, porque una vez que se haga la técnica la persona va a tener que dejar su registro, la copia de cédula de la moto, entre otros datos”.
Acuña también recordó que “de no contar con la documentación, la moto será retenida porque se considera una falta grave, es lo mismo que sucede con los autos”.

Por su parte, Alejandro Melgarejo -integrante de Motociclistas Misioneros Asociados- señaló que “desde el punto vista técnico se conseguirá un parque automotor más seguro, ya que en la actualidad se ve a muchas motos que circulan en estado deplorable y los inspectores de tránsito no tenían una herramienta como lo es la VTV o la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) que le permitiera retener esos vehículos”.

Detalló también que se favorecerá a que los usuarios de las motocicletas tomen conciencia sobre la necesidad de mantener en buenas condiciones la motocicleta.  En este punto, esbozó que hay dos tipos de motociclistas, por un lado están quienes cuidan la moto y la mantienen en regla. Este grupo representa el 20 por ciento del parque de motocicletas. Mientras, el restante 80 por ciento es considerado usuario de motos, ya que utiliza el vehículo por razones económicas. “Con esto se va a generar más conciencia sobre el mantenimiento del motovehículo, al menos, una vez al año”, manifestó. Asimismo, adicionó que “ayudará a luchar contra la circulación de motos robadas, porque sabemos que las motocicletas que se roban siguen circulando en la ciudad, sobre todo en los barrios”.

En la ciudad capital hay dos lugares habilitados para realizar la verificación técnica de motos. Uno está ubicado en calle Francia 3336 a metros de la avenida Santa Catalina; Y el otro, se encuentra asentado en calle Felipe Tamareu 6186 cerca de la avenida Almirante Brown. En lo que respecta a los precios de la VTV hay dos categorías: para las motos menor a 125 cilindradas cuesta 330 pesos y la mayor a dicha cilindrada vale 470 pesos. Para obtener la verificación, los conductores deben acercarse con la cédula de la motocicleta, el carné de conducir y el seguro.
Por día, uno de los talleres realiza un promedio de cinco verificaciones. En la revisión de la motocicleta se observa que funcione la suspensión, los frenos, las luces, los espejos, entre otros. Además, se miden los decibeles del escape, el cual no puede superar los 95 (decibeles). Entre las principales fallas que se detectan están las luces y la suspensión. Los técnicos que realizan la verificación explicaron que “si la moto tiene algún problema que no es muy grave, se le entrega el certificado condicional que tiene una validez de 30 días y una vez que arregle dicho problema, se acerca de nuevo para verificar que esté en condiciones y en se momento se entrega el certificado que tiene la duración de un año”.

El integrante de la Asociación de Motociclistas Asociados, Alejandro Melgarejo, subrayó que el precio de la verificación técnica para motos es elevado en Misiones, en comparación a otras provincias. Tal como se indicó, en Posadas ronda entre los 330 y 470 pesos dependiendo de las cilindradas. En Aristóbulo del Valle cuesta 490 pesos, por ejemplo. Mientras, en Buenos Aires ronda entre los 131 y 260 pesos. “Las motos de menor cilindrada representan casi un 75 por ciento del parque vehicular de motos, la gente necesita que no sea tan costosa la verificación así también se podrá adecuar rápido a la norma”, dijo.
Por otro lado, en el Concejo Deliberante -en su momento- se había barajado la posibilidad de presentar un proyecto de ordenanza para establecer un menor precio en las VTV de motos; sin embargo todavía no hay iniciativas presentadas.

Posadas

El concejal Zarza solicitó extender el horario de Transferencia hasta las 23

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El concejal posadeño Fernando Zarza presentó un proyecto de comunicación para solicitar la ampliación del horario de atención hasta las 23 de las terminales de Transferencias Unam y Quaranta. 

En comunicación con La Voz de Misiones,Zarza explicó que la presentación del proyecto fue el pasado 7 de abril y este jueves, en la última sesión ordinaria del HCD, se aprobó el pase a Comisión.

El edil comentó que “la iniciativa responde a una inquietud de distintos vecinos, trabajadores que salen muy tarde de sus puestos, y de estudiantes de la Unam que tienen que retirarse antes de las clases para no perder el colectivo”.  

El horario de atención actualmente es hasta las 22:00 y, según contó, esto resulta una complicación para un gran porcentaje de ciudadanos que son usuarios de las líneas de transporte público.

“Hay una necesidad de extender la atención de las terminales como mínimo hasta las 23, por eso solicitamos que esté abierto hasta esa hora”, sostuvo.

“Ya en comisión, el presidente de la Comisión de transporte, el concejal (Santiago) Horianski, propuso que el horario se extienda hasta las 00:00 horas. Una vez resuelto veremos qué horario queda acordado”, explicó. 

Según Zarza, que aún no esté habilitada la extensión del horario se debe a una cuestión de ahorro de costos por parte de la empresa.

“El servicio siempre fue deficiente. Hay quejas de los vecinos de Itaembé Guazú porque los colectivos no llegan hasta los barrios y eso genera que, para ir a sus trabajos a las 6 de la mañana, deban tomarse Uber que muchas veces cuenta alrededor de 20 mil pesos”, puntualizó.

La iniciativa se suma al pedido de varios centros de estudiantes y alumnos de las Facultades de Ciencias Económicas, de Humanidades y Ciencias Sociales y de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, presentado el pasado 9 de abril al intendente Leonardo Stelatto y con copia al secretario de Movilidad Urbana Lucas Jardín.

Estudiantes de la Unam solicitan que Transferencia abra hasta las 23

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Marcha contra reforma en discapacidad: “Condena al sector más vulnerable”

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Al igual que en otros puntos del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de Misiones reunió a personas con discapacidad, familiares, instituciones categorizadas y prestadores precarizados, quienes marcharon al palacio legislativo provincial en rechazo a la reforma de la ley en Discapacidad 27.793. 

La movilización partió luego de las 9 desde la plaza central, y al llegar a destino, los presentes entregaron notas dirigidas al presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macías, y al diputado renovador Carlos Eduardo Rovira para que, a través de los senadores misioneros, las familias de personas con discapacidad sean escuchadas en los ámbitos de decisión nacional.

Solicitamos el compromiso de la provincia con el modelo social de discapacidad y el rechazo a cualquier medida que mercantiliza prestaciones básicas”, exclamó uno de los manifestantes. 

Según detallaron, la reforma pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales y la calidad de vida de miles de personas: “El viernes nos tomó de sorpresa el ingreso del proyecto de reforma que tiene como título Basta de fraude a las pensiones, algo que es utilizado por el gobierno nacional como pantalla”, expresó Sebastián Calderón, director general del Centro de Día (Cenemi), consultado por La Voz de Misiones.

“Lo que busca la reforma es la reconversión de pensiones por discapacidad y pensiones por invalidez que tiene sus dificultades para las personas que tienen hoy una pensión. Pero en el trasfondo quieren eliminar el nomenclador del sistema de prestaciones básicas, lo que hará que cada financiador ponga los valores que considera oportunos para cada servicio que se brindan en el área de discapacidad, lo que va a generar desigualdad en el derecho de las personas de poder elegir el servicio y los profesionales con quienes quiere trabajar”, añadió.

“Los que van a tener mayores dificultades seguro van a ser quienes tengan el programa federal Incluir Salud porque obviamente los valores ya son bajos con un nomenclador que regula, imaginate si no existiese ese nomenclador y cada financiador ponga su precio”, lamentó.

Luego concluyó: “Actualmente el que puede pagar una prepaga o una obra social muy buena y aquel que está en el programa Incluir Salud, a través del Estado, tienen o acceden a las mismas prestaciones sin ningún tipo de diferencias. Lo que este sistema de prestaciones básicas va a hacer es que no todos puedan elegir y mucha gente quede fuera del sistema”.

Marcha en Posadas

La Ley 27.793, sancionada en 2025 y publicada en el Boletín Oficial, declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable. Busca actualizar aranceles de prestaciones, garantizar la cobertura integral de salud, rehabilitaciones y regularizar pagos, en medio de tensiones por su aplicación y financiamiento.

En este marco y de manera simultánea con las marchas replicadas a lo largo y ancho del país, el Foro Permanente de Discapacidad convocó a un cese de actividades con movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en horas del mediodía.

El reclamo también incluye el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el cupo laboral del 4%, la restitución de las Pensiones No Contributivas y un aumento inmediato.

Rechazo a la reforma de la Ley 27.793 frente a la Legislatura misionera

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Posadas

Reclamo nacional: marchan contra reforma de ley de discapacidad en Posadas

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Luego de que el gobierno nacional presentara un proyecto que apunta a depurar pensiones por invalidez y flexibilizar prestaciones; familias, personas con discapacidad, instituciones categorizadas y profesionales, marcharán en distintos puntos del país en rechazo a la reforma de la Ley 27.793 de emergencia nacional en discapacidad. 

En Posadas la concentración iniciará este miércoles a las 8.30 en la plaza 9 de Julio para luego marchar a la explanada de la Cámara de Representantes, donde solicitarán que los legisladores nacionales por Misiones rechacen la normativa que ingresó ayer al Senado de la Nación.

Simultáneamente, el Foro Permanente de Discapacidad convocó a un cese de actividades con movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese marco, contarán con el apoyo de algunas organizaciones políticas, como el Partido Obrero y Tribuna Disca, quienes se sumarán a la jornada de lucha remarcando que “el ajuste en el sector pone en riesgo vidas y trabajos”. 

En ese mismo sentido, exigirán el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el cupo laboral del 4%, la restitución de las Pensiones No Contributivas y un aumento inmediato, además de repudiar la nueva modificación de la ley de emergencia, la de salud mental y el cierre de la Andis. 

Cada miércoles, familiares y personas con discapacidad marchan contra el ajuste en Posadas

Los principales cambios

Según el texto oficial, la iniciativa deroga los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que eran los que garantizaban la universalidad de las prestaciones, y retrotrae el sistema al estado previo a la sanción de la emergencia. 

Además, elimina la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue aumentos por concepto de invalidez laboral o zona geográfica desfavorable, suprime el nomenclador de prestaciones únicas -que fijaba un piso homogéneo de calidad- y desregula la negociación arancelaria por obra social o prepaga.

Uno de los puntos más controvertidos es la “incompatibilidad absoluta” que el proyecto establece entre el cobro de la pensión y cualquier empleo formal registrado. 

De aprobarse, la norma eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, e incluso suprime los incisos que referenciaban programas de inclusión laboral y reconocimiento de empresas que contraten personas con discapacidad.

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