Posadas
Trece familias en alerta por desalojos en chacra 239: “La ley nos ampara”
Una orden de desalojo emitida por el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas el pasado 10 de noviembre despertó la preocupación y angustia de 13 familias que viven en la Chacra 239 de la ciudad, un barrio que está relevado por el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) en Proceso de Integración Urbana, por lo cual los habitantes tienen permiso de ocupación de las parcelas y están amparados por una ley nacional y por la adhesión provincial a la legislación.
Ante el inminente desalojo que ejecutará la Justicia contra las familias posadeñas, el secretario general del Movimiento Evita Misiones, Martín Sereno, junto a militantes de su espacio político Tierra, Techo y Trabajo (TTT) visitaron la chacra para interiorizarse en la situación y acompañar a los vecinos.
De acuerdo a lo que pudieron constatar desde el espacio político, las familias que habitan el barrio cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar, expedido por la Anses a través del Renabap, además de contar con todos los requisitos que exige la ley provincial que prorrogó hasta diciembre del 2025 la suspensión de desalojos o remates de inmuebles que son destinados a vivienda única y familiar o producción agropecuaria.
Asimismo, como indica la legislación, los vecinos que recibieron la notificación de desalojo realizaron la inscripción correspondiente en el Instituto Provincial del Desarrollo Habitacional (Iprodha).
“Estamos desesperados y esperamos que no se lleve a cabo esa orden. En caso de que insistan, es necesario que haya una alternativa para que no nos saquen a la calle con nuestros hijos, que nos resuelva el problema habitacional”, reclamó una mamá que vive en el vario hace más de ocho años, al tiempo que pidió que se respete la ley que los protege y que se tenga en cuenta que hay más de 30 niños y niñas que “podrían quedar en la calle”.

Las familias que recibieron una orden de desalojo cuentan con el certificado de vivienda familiar.
Legítimo reclamo
No es la primera vez que las familias sufren un intento de desalojo por parte de la Justicia misionera. El mismo episodio ocurrió hace cinco años y fue desarticulado cuando los vecinos presentaron la documentación que certifica que son parte de un barrio del Renabap.
Esta documentación, además de reconocer que habitan un lugar relevado por un organismo, certifica que las familias cuentan con el reconocimiento legítimo de posesión tanto por el Estado nacional como el provincial, a través de la ejecución de programas de los que fueron beneficiarios, como por ejemplo la bajada de luz por parte de la empresa de energía eléctrica.
Como en ese primer intento de desalojo, los vecinos acudieron nuevamente a la Defensoría del Pueblo y a la Subsecretaría de Tierras y Hábitat provincial cuando recibieron la intimación judicial para evitar que los dejen en la calle.
“Estamos haciendo todos los trámites y esperamos que el juez tenga empatía y cumpla con la ley que nos protege. Mientras, estamos en alerta, muy preocupados porque cometerían una gran injusticia”, señaló Cecilia, madre de una niña de 4 años, al dirigente social Martín Sereno.
Las familias de la Chacra 239 mantuvieron reuniones con el secretario del Movimiento Evita Misiones y manifestaron que “van a luchar porque conocen sus derechos sobre las viviendas que construyen con mucho esfuerzo”.
“Nos preocupa la notificación que nos llegó un domingo, avisando que nos dan un plazo de unos pocos días para que abandonemos nuestras casas. Es doloroso porque sabemos que la ley nos ampara y quedó demostrado en el 2019 cuando tuvimos el primer intento de desalojo”, afirmó Luis Alberto Aspeleiter, padre de seis hijos entre 3 y 17 años, tres de ellos nacidos en ese barrio.
Todos coinciden en que aunque tienen trabajo, muchos de ellos informales, no podrían pagar el alquiler de una vivienda.
“No pedimos que nos regalen nada; pero tampoco desconocemos que el Estado debe darnos la posibilidad de tener un techo para nuestras familias”, agregaron.

Las familias de la chacra 239 exponiendo sus Certificados de Vivienda Familiar
“Sus derechos a la posesión están reconocidos”
El referente del partido Tierra, Techo y Trabajo, junto a un grupo de militantes, se está ocupando en ayudar a las familias, y acompañando la lucha que llevan adelante.
“Estuvimos en el barrio con los vecinos e iniciamos las gestiones ante diversas instituciones para que se revierta la medida judicial, es evidente que no imparte justicia, sino todo lo contrario si se expulsa a las familias a la calle, algo inhumano y dramático en este momento tan crítico social y económicamente”, enfatizó Sereno.
El referente entiende que las familias se sienten angustiadas ante el riesgo del desalojo después de vivir muchos años en esa chacra.
“Estamos haciendo todo lo posible para que la Justicia revea esta injusticia porque su derecho a la posesión está reconocido desde el momento en que los propios organismos nacionales y provinciales les habilitaron programas como ‘Mi pieza’ y ‘Mi baño’, destinados a mujeres, mayores de 18 años, residentes en Barrios Populares del Renabap y que le permitió ampliar sus viviendas. Además, tengamos en cuenta que el 30 de octubre, hace menos de un mes, la Cámara de Diputados sancionó la prórroga de suspensión de desalojos en la provincia”, recordó el dirigente.
Sereno detalló que a partir de las presentaciones hechas por las familias y las gestiones institucionales realizadas, se acordó en la Justicia otorgar un plazo que les permitirá presentar toda la documentación que avala sus derechos posesorios, buscando de esta manera ejercer el derecho a legítima defensa y que se revierta el fallo.

Las familias temen por un inminente desalojo.
“Construimos nuestra casa con mucho esfuerzo”
La preocupación que invade a los hogares es el miedo a perder lo que lograron con mucho esfuerzo. “Levantamos nuestras casas de cero y con el fruto del trabajo que cada vez cuesta más sostener. Yo vivo con mi esposo y mis hijos de 5 y 11 años. Ellos van a la escuela del barrio, acá tienen a sus amigos y están muy asustados. Vemos que les cuesta dormir y nos preguntan si de verdad la policía nos dejará en la calle, y no tenemos respuestas”, lamentó Fernanda Bacher, con lágrimas en los ojos.
Esta madre confía en la ley: “Gracias al Certificado de Vivienda Familiar del Renabap que nos dio la Anses pudimos bajar el medidor de luz, servicio que estamos pagando, y ahora esperamos que pase el conducto para la instalación del agua potable, porque queremos mejorar y vivir en condiciones dignas. Le pedimos al juez que deje sin efecto esa orden de desalojo, porque si nos saca de nuestro hogar, nos veremos obligados a dormir en la calle. Es imposible alquilar teniendo una familia numerosa, y acá somos 13 las familias trabajadoras y estamos angustiadas desde que recibimos la notificación”, remarcó Fernanda.

Posadas
Asociación reclama por el agua en Posadas: “Nos roban $20.000 a cada usuario”
El presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios “Defender”, Marcos Contreras, reclamó al Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (Eprac) por los problemas en el suministro de agua potable y las “facturas cada vez más impagables” de Samsa.
“Siempre nos dicen, del Eprac y la Defensoría del Pueblo, que no reciben ningún tipo de reclamo, cosa que es una gran falacia porque los vecinos tienen notas y comprobantes”, comentó Contreras.
“Estos dos organismos del Estado no le dan respuestas a la gente, no respetan las leyes, los derechos de los usuarios, que dicen las propias leyes que tienen que prestar”, afirmó.
Contreras señaló que la organización civil que preside impulsa un “reclamo que comprende a todos los ciudadanos de Posadas que se encuentren en la órbita de la empresa Samsa”.
Defender presentó este lunes una extensa nota a la titular del Eprac, Soledad Balán, con copia al gobernador Hugo Passalacqua y al vicegobernador Lucas Romero Spinelli, donde se exponen detalladamente “irregularidades” y “abusos” de la empresa proveedora de agua provincial, como “cobros por consumos que no se realizan”, “falta de servicio y/o presión”, “cómputo de consumo”, “costos de reconexión extremadamente altos” y “anatocismo, intereses de intereses”, entre otros.
Tarifas
“Nos obligan a pagar por 15 metros cúbicos cuando la mayoría de los casos, 70 boletas de 100, los usuarios no consumen 15 metros cúbicos”, indicó.
En la nota a Balán, Passalacqua y Romero Spinelli, “exigimos que se haga una nueva tarifa, que se mejore el sistema porque esto significa un robo mensual, a la fecha de hoy, de $20.000 por cada usuario”.
“Deberíamos tener una tarifa escalonada y pedimos que se ponga como base mínima 7 metros cúbicos, que se cobre la mitad que es lo que corresponde”, reclamó.
“De este sistema, la manera en que lo llevan adelante, entendemos dos cosas: o son cómplices de que nosotros estemos regalando plata, o nos están incentivando a que despilfarremos el agua”, lanzó.
Contreras responsabilizó a ente a cargo de Balán: “El que ha permitido esto es el Eprac, que tiene el deber, la obligación y las facultades, por la ley, de ver todos estos temas”, acusó.
“La lista de reclamos es larga, tenemos puntos como ‘consumo cero’, donde igual le cobran al usuario una tarifa mínima; los cortes, las reconexiones, los costos impagables; las Carta Documento que les cobran al usuario, pero nunca se envían”, enumeró.
Contreras culpó al Eprac y la Defensoría del Pueblo por “no difundir información sobre la tarifa subsidiada de agua, que por el mecanismo que tiene puede abarcar casi a todos los usuarios de Posadas”.
“La única referencia a esto se encuentra en la página web de la Defensoría en octubre de 2025, y los que deberían difundirlo son el Eprac y la Defensoría, que para eso tienen presupuestos millonarios”, afirmó.
Sobrevivencia
Contreras, incluso, acusó al Eprac, Samsa y la Defensoría del Pueblo de “violar la ley, por acción u omisión”, en lo relacionado a los cortes de suministro de agua en la provincia.
“La ley es clara en todos los aspectos”, aseguró. “En lo formal, para cortarte el servicio tienen que enviarte una notificación del Eprac; después, se abre una instancia de mediación, y después, recién viene la resolución de corte”, explicó y afirmó: “No puede ser unilateral”.
También, aseguró que ni Samsa ni el Eprac cumplen con la legislación vigente que prohíbe a la empresa la interrupción total del servicio en los casos de usuarios morosos.
“La ley dice que tienen que dejar un paso mínimo de agua para abastecimiento y para supervivencia”, dijo Contreras y señaló:” No pueden cortar totalmente, pero tampoco eso cumplen”.
Posadas
Municipal denuncia despido injustificado y bloquea acceso a planta El Zaimán
Luego de trabajar durante 16 años en el área de servicios públicos y recolección de basura, a cargo de la Municipalidad de Posadas, Miguel Machado, denunció públicamente su “despido injustificado” con una protesta y bloqueo de camiones en la base del Zaimán.
La medida comenzó en la mañana de este lunes, alrededor de las 6, en la zona donde funciona el centro operativo centralizado de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, ubicada en la colectora oeste de la ruta 12 a la altura del Zaimán, donde se gestiona el mantenimiento, la higiene urbana, recolección de residuos y talleres.
Al ser consultado por La Voz de Misiones sobre la medida que se extendió a lo largo de dos horas, Machado relató: “Decidí bloquear el ingreso de camiones, motivando al paro de servicios públicos porque me echaron injustamente de mi trabajo y no tengo respuesta del sindicato que nos representa. Llegué a esta instancia porque no me queda otra opción”.
Con estas palabras se refirió al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Posadas (Soemp), cuyos referentes, durante el transcurso del corte se apersonaron en el lugar junto a otros trabajadores que se desempeñan durante el turno mañana y conforman un equipo que superaría los 100 empleados.
Sin embargo, reconoció: “Muchos compañeros también fueron despedidos, pero no se animan a pelear por su trabajo. Yo decidí pelear porque quiero que me reintegren, es lo único que tengo hace 16 años”.
Y añadió: “Es mi única fuente de ingreso con la que mantengo a mi familia, cuando empecé era joven y sano, hoy con casi 40 años estoy enfermo de trabajar con la basura. No es nada fácil. El intendente quiere tapar todo con un dedo diciendo que ganamos bien y es mentira”.
En este sentido, recordó que en su área se desempeñan de lunes a viernes durante seis horas por un salario que oscila entre los 650.000 y 700.000 pesos mensuales. “Eso nos obliga a ir los sábados y feriados para sumar un poquito más, nosotros lo hacemos porque tenemos familia y hay que mantener”, afirmó.
Al mismo tiempo, resaltó que no reciben la indumentaria específica para la tarea que desarrollan. “Siempre estamos expuestos a agachar la cabeza saliendo a trabajar sin los elementos correspondientes, estamos días de sol, de frío y lluvia. Al intendente no le importa nada lo que nosotros pasamos, ni siquiera sabe quiénes somos”.
Respecto a la enfermedad que habría contraído realizando la recolección sin la protección necesaria, detalló: “Por el momento me dijeron que son manchas en la piel por sarpullidos, como respuesta del cuerpo humano a las partículas de agua podrida que se juntan en las bolsas de basura. Al hacer el servicio de recolección eso salpica permanentemente sobre el cuerpo”.
Previamente a esto, recordó: “En el año 2012 tuve un accidente, sufrí una fractura de fémur. En ese tiempo estaba en negro y estuve tirado durante un año con un clavo de 35 centímetros. Aguantar todo eso para llegar así a los 40 años… Hoy en día siento dolores y así y todo sigo trabajando para que hoy me quieran sacar el pan de mi familia de la noche a la mañana, es muy injusto”.
Hasta el momento Machado no obtuvo respuestas y asegura que del lugar fue retirado por la policía “bajo amenaza”.
Empleados municipales de Posadas tendrán aumento de $45.000 en ticket canasta
Posadas
Apartaron de Salud Pública a psicóloga tras denuncia viral en Tik Tok
Luego de que una joven denunciara públicamente, a través de un video en Tik Tok, a una psicóloga por presunta falta de ética profesional, el Ministerio de Salud Pública de Misiones resolvió apartar a la profesional, quien se desempeñaba como adscripta en la cartera provincial.
El caso tomó relevancia pública cuando la joven relató en la red social una vivencia que atravesó durante el proceso terapéutico, a la que tituló “Storytime -historia- de cuando mi psicóloga y yo estábamos con el mismo chico” y que calificó como “la peor experiencia”.
De acuerdo con su testimonio, había iniciado terapia con la profesional denunciada y, al poco tiempo, comenzaron a coincidir de manera reiterada en los lugares que la joven solía frecuentar.
Esa situación la llevó a interrumpir las consultas durante un mes, período en el que conoció a un muchacho que, debido a que conocía a la psicóloga, según su relato, le insistió en “que vuelva con ella, que le dé otra oportunidad”, a lo que finalmente accedió.
Lo que despertó la inquietud de la joven, siempre de acuerdo con su denuncia, fue la insistencia de la psicóloga en conocer qué había ocurrido durante el mes en que decidió interrumpir la terapia y si “había conocido a alguien nuevo”.
La situación escaló cuando, tras haberle mencionado el nombre del joven, la psicóloga habría realizado preguntas “muy específicas”. No obstante, lo que terminó de incomodar a la paciente fue que la profesional le habría contado al joven con el que se vinculaba aspectos que ella había expuesto durante la terapia.
Posteriormente, cuando la profesional le informó sobre un aumento en el valor de la consulta, la joven decidió reclamarle por haber expuesto información de su tratamiento. A partir de ese intercambio, ambas mantuvieron una sesión en la que, siempre según la denuncia, la paciente terminó descubriendo que la psicóloga y ella mantenían un mismo vínculo sexoafectivo con el joven.
“Llego y lo primero que me dice es: ‘estamos teniendo la misma relación sexoafectiva con la misma persona’”, relató la denunciante, quien aseguró haberse sentido muy mal por el tiempo invertido con la profesional, quien le habría manifestado que ella “ya no era más mi psicóloga, sino que era una conversación de mujer a mujer”.
Tras la difusión masiva del testimonio, que generó un fuerte impacto en redes sociales, el Colegio de Psicólogos de Misiones emitió un comunicado en el que remarcó que, sin una presentación formal ni datos que permitan identificar a la profesional involucrada, no es posible poner en marcha los procedimientos administrativos ni disciplinarios previstos.
Finalmente, según trascendió, la joven radicó la correspondiente denuncia ante el organismo que regula la profesión, acompañada por un abogado. En tanto, el Ministerio de Salud Pública de Misiones dispuso el desplazamiento de la psicóloga del área en la que prestaba servicios como adscripta.
@_______valentinakrupp largo el story time d hoy, agarren pochoclo #storytime #viral #fyp ♬ sonido original – Valentina Krupp
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