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Viernes, 25 de septiembre de 2026- Posadas, Misiones, AR
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Una orden de desalojo emitida por el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas el pasado 10 de noviembre despertó la preocupación y angustia de 13 familias que viven en la Chacra 239 de la ciudad, un barrio que está relevado por el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) en Proceso de Integración Urbana, por lo cual los habitantes tienen permiso de ocupación de las parcelas y están amparados por una ley nacional y por la adhesión provincial a la legislación.
Ante el inminente desalojo que ejecutará la Justicia contra las familias posadeñas, el secretario general del Movimiento Evita Misiones, Martín Sereno, junto a militantes de su espacio político Tierra, Techo y Trabajo (TTT) visitaron la chacra para interiorizarse en la situación y acompañar a los vecinos.
De acuerdo a lo que pudieron constatar desde el espacio político, las familias que habitan el barrio cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar, expedido por la Anses a través del Renabap, además de contar con todos los requisitos que exige la ley provincial que prorrogó hasta diciembre del 2025 la suspensión de desalojos o remates de inmuebles que son destinados a vivienda única y familiar o producción agropecuaria.
Asimismo, como indica la legislación, los vecinos que recibieron la notificación de desalojo realizaron la inscripción correspondiente en el Instituto Provincial del Desarrollo Habitacional (Iprodha).
"Estamos desesperados y esperamos que no se lleve a cabo esa orden. En caso de que insistan, es necesario que haya una alternativa para que no nos saquen a la calle con nuestros hijos, que nos resuelva el problema habitacional", reclamó una mamá que vive en el vario hace más de ocho años, al tiempo que pidió que se respete la ley que los protege y que se tenga en cuenta que hay más de 30 niños y niñas que "podrían quedar en la calle".
Las familias que recibieron una orden de desalojo cuentan con el certificado de vivienda familiar.
No es la primera vez que las familias sufren un intento de desalojo por parte de la Justicia misionera. El mismo episodio ocurrió hace cinco años y fue desarticulado cuando los vecinos presentaron la documentación que certifica que son parte de un barrio del Renabap.
Esta documentación, además de reconocer que habitan un lugar relevado por un organismo, certifica que las familias cuentan con el reconocimiento legítimo de posesión tanto por el Estado nacional como el provincial, a través de la ejecución de programas de los que fueron beneficiarios, como por ejemplo la bajada de luz por parte de la empresa de energía eléctrica.
Como en ese primer intento de desalojo, los vecinos acudieron nuevamente a la Defensoría del Pueblo y a la Subsecretaría de Tierras y Hábitat provincial cuando recibieron la intimación judicial para evitar que los dejen en la calle.
"Estamos haciendo todos los trámites y esperamos que el juez tenga empatía y cumpla con la ley que nos protege. Mientras, estamos en alerta, muy preocupados porque cometerían una gran injusticia", señaló Cecilia, madre de una niña de 4 años, al dirigente social Martín Sereno.
Las familias de la Chacra 239 mantuvieron reuniones con el secretario del Movimiento Evita Misiones y manifestaron que "van a luchar porque conocen sus derechos sobre las viviendas que construyen con mucho esfuerzo".
"Nos preocupa la notificación que nos llegó un domingo, avisando que nos dan un plazo de unos pocos días para que abandonemos nuestras casas. Es doloroso porque sabemos que la ley nos ampara y quedó demostrado en el 2019 cuando tuvimos el primer intento de desalojo", afirmó Luis Alberto Aspeleiter, padre de seis hijos entre 3 y 17 años, tres de ellos nacidos en ese barrio.
Todos coinciden en que aunque tienen trabajo, muchos de ellos informales, no podrían pagar el alquiler de una vivienda.
"No pedimos que nos regalen nada; pero tampoco desconocemos que el Estado debe darnos la posibilidad de tener un techo para nuestras familias", agregaron.
Las familias de la chacra 239 exponiendo sus Certificados de Vivienda Familiar
El referente del partido Tierra, Techo y Trabajo, junto a un grupo de militantes, se está ocupando en ayudar a las familias, y acompañando la lucha que llevan adelante.
"Estuvimos en el barrio con los vecinos e iniciamos las gestiones ante diversas instituciones para que se revierta la medida judicial, es evidente que no imparte justicia, sino todo lo contrario si se expulsa a las familias a la calle, algo inhumano y dramático en este momento tan crítico social y económicamente", enfatizó Sereno.
El referente entiende que las familias se sienten angustiadas ante el riesgo del desalojo después de vivir muchos años en esa chacra.
"Estamos haciendo todo lo posible para que la Justicia revea esta injusticia porque su derecho a la posesión está reconocido desde el momento en que los propios organismos nacionales y provinciales les habilitaron programas como 'Mi pieza' y 'Mi baño', destinados a mujeres, mayores de 18 años, residentes en Barrios Populares del Renabap y que le permitió ampliar sus viviendas. Además, tengamos en cuenta que el 30 de octubre, hace menos de un mes, la Cámara de Diputados sancionó la prórroga de suspensión de desalojos en la provincia", recordó el dirigente.
Sereno detalló que a partir de las presentaciones hechas por las familias y las gestiones institucionales realizadas, se acordó en la Justicia otorgar un plazo que les permitirá presentar toda la documentación que avala sus derechos posesorios, buscando de esta manera ejercer el derecho a legítima defensa y que se revierta el fallo.
La preocupación que invade a los hogares es el miedo a perder lo que lograron con mucho esfuerzo. "Levantamos nuestras casas de cero y con el fruto del trabajo que cada vez cuesta más sostener. Yo vivo con mi esposo y mis hijos de 5 y 11 años. Ellos van a la escuela del barrio, acá tienen a sus amigos y están muy asustados. Vemos que les cuesta dormir y nos preguntan si de verdad la policía nos dejará en la calle, y no tenemos respuestas", lamentó Fernanda Bacher, con lágrimas en los ojos.
Esta madre confía en la ley: "Gracias al Certificado de Vivienda Familiar del Renabap que nos dio la Anses pudimos bajar el medidor de luz, servicio que estamos pagando, y ahora esperamos que pase el conducto para la instalación del agua potable, porque queremos mejorar y vivir en condiciones dignas. Le pedimos al juez que deje sin efecto esa orden de desalojo, porque si nos saca de nuestro hogar, nos veremos obligados a dormir en la calle. Es imposible alquilar teniendo una familia numerosa, y acá somos 13 las familias trabajadoras y estamos angustiadas desde que recibimos la notificación", remarcó Fernanda.