Política
Proponen señalizar al Escuadrón 10 de GNA como centro clandestino de detención
Un proyecto de ordenanza avanzará en el Honorable Concejo Deliberante de Eldorado para identificar y señalizar como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar al edificio del Escuadrón 10 de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), ubicado en el kilómetro 6 de esa ciudad.
Con el aval del Ministerio de Derechos Humanos de la provincia, el proyecto autoría del concejal Sebastián Tiozzo (Partido Agrario y Social) tendrá su primer tratamiento este miércoles en el recinto, donde los ediles eldoradenses analizarán los considerandos de la iniciativa que cuenta con testimonios de personas que estuvieron detenidas ilegalmente en la sede de Gendarmería.
En el documento, Tiozzo hizo un repaso de lo que significó para el pueblo argentino el Terrorismo de Estado que gobernó el país desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, comandado por las fuerzas armadas de la Nación y que se caracterizó por la violación sistemática a los derechos humanos y la desaparición forzada de militantes políticos.
Asimismo, expuso que el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte), en su sección Mapas de centros clandestinos de detención (CCD) y hechos represivos, actualizado en el 2022, marca como uno de estos lugares el Escuadrón 10 de GNA Eldorado, como así también la comisaría Primera de esa misma ciudad.
“Durante la dictadura cívico-militar, los ciudadanos de Misiones, y en especial los de nuestra ciudad de Eldorado; como también del municipio de Montecarlo y sus alrededores, no fueron la excepción; hubo personas que estuvieron privadas de su libertad durante este período oscuro de nuestra historia”, sostuvo el edil del Pays en los considerando del proyecto de ordenanza.

Mapa del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado.
Testimonios clave
El proyecto también se respalda en el testimonio de sobrevivientes que relataron haber sido alojados en la dependencia de Gendarmería durante el gobierno de facto. Uno de ellos es el de Nuria Brunilda Allou, actual jueza del Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado.
Allou fue entrevistada por la profesora de Historia Natalia Vanesa Pelozo para su investigación “Cicatrices de la Dictadura”. Este relato en primera persona de la magistrada fue citado por el concejal eldoradense en el proyecto.
La magistrada contó que fue detenida en Montecarlo el 24 de marzo de 1976, cuando tan solo tenía 16 años y era madre de un bebé.
“¿Cuál fue el primer lugar de detención? Mi primer lugar de detención fue la comisaria de Montecarlo y luego ‘nos’ trasladan a Eldorado al Escuadrón 10 de Gendarmería“, afirmó Allou cuando brindó su testimonio a la profesora Pelozo en el 2023.
“Su arresto ocurrió tras recibir una advertencia sobre posibles represalias debido a su participación como presidenta del Centro de Estudiantes de su escuela secundaria”, explicó Tiozzo sobre el caso de Allou y añadió que la jueza compartió cautiverio con diferentes maestros, profesores y el sacerdote José Czerepak “quien fue confinado en un espacio extremadamente reducido que apenas podía acomodar su silla de ruedas”.
Si bien, afortunadamente, no recibió torturas, la jueza sentenció a ese período de detención, que duró entre 45 y 65 (no recuerda con precisión), de mucha “incertidumbre y angustia” el cual le dejó “profundas marcas en su salud física y emocional. Descalcificación ósea, rechazo a espacios oscuros. Además de causar una desconexión temporal con su hija pequeña”.
Otro testimonio clave del que se hizo eco el edil Tiozzo, a partir de una entrevista que realizó el licenciado en Historia Matías Rojas, es el de la directora de la Escuela Normal 2 de Montecarlo, Norma Ramos.
Al igual que la jueza Allou, la directora Ramos fue detenida el 24 de marzo de 1976 en Montecarlo y llevada al Escuadrón 10 de Gendarmería.
“Nosotros sabíamos dónde nos llevaron, imagínate que vivimos acá, cómo no vamos a saber dónde nos llevaron. Aparte, eran los gendarmes conocidos todos, del pueblo; nos subieron y nos llevaron a la gendarmería“, contó Norma a su entrevistador en diciembre del 2024.
Además, la directora expuso las torturas a la que fue sometida durante su detención “por el trabajo social que tenía la escuela”.
“En varias oportunidades nos hacían simulacro de fusilamiento, todo un trabajo psicológico. Nos paraban contra la pared, de espalda, con las manos hacia arriba, y nos decían que nos iban a fusilar. Varias veces”, narró en aquella entrevista.
Y describió: “Nos llevaban a un lugar, y nos ponían contra la pared con un número de frente y de perfil. Nos sacaban fotos y nos tomaban declaración. Preguntando cosas, de la escuela, lo que ellos buscaban era que nosotros pudiéramos hablar sobre los dos encuentros secundarios que hubo, el PEPES y SEPES. Que fue un movimiento político y revolucionario, de quien generó esta escuela, donde hubo participación de todos los políticos y gremios que estaban en contra del manejo del gobierno”.
Víctimas del Terrorismo de Estado
El extenso proyecto de ordenanza también añade un listado de personas de la zona Norte de la provincia, principalmente de Eldorado y Montecarlo, que fueron víctimas de la última dictadura cívico-militar que ocurrió en la Argentina, elaborado por Norma Ramos, Roberto Lafere, Nuria Allou y Matías Rojas.
Los sobrevivientes que estuvieron detenidos en el Escuadrón 10 de Gendarmería Nacional son: “Juan Ledesma, estudiante; Armando Ledesma, obrero; Bruno Garay, obrero; Víctor Verón, estudiante; Beatriz Francisconi, estudiante; Roberto Lafere, bibliotecario; María Cristina Presa, docente; Analía Muruat, estudiante; Ricardo Torres, docente; Ernesto Niedeber, maestro mayor de obras; Juan Carlos Martínez Alva, escritor-poeta; Edigio Domínguez, docente; Héctor Antonio Acosta, trabajador; Teresa Montero, estudiante; Eustaquio Colman, docente; Nicolás Chemes y Roberto Chemes (No fueron detenidos, pero sufrieron la suspensión en la Escuela Normal Superior N 2.); Ricardo Rosas (Suspendido del cargo Vicedirector ENS N2 – Docente); Oscar Darú (Suspendido del cargo de Director ENS N°2 – médico”.
Espacios de Memoria
Con esa información recabada y respaldándose en leyes provinciales y nacionales que sostienen que el Estado debe llevar adelante “estrategias activas de difusión y sensibilización dirigidas a la sociedad civil” sobre los crímenes de lesa humanidad, el edil impulsa la identificación y señalización del destacamento en el HCD.
“El edificio del Escuadrón 10 de Gendarmería Nacional fue utilizado como un centro de detención de civiles durante el denominado “Proceso Nacional” arbitrariamente y sin que medie ninguna causa judicial en su contra, siendo ello un caso flagrante de violación de los derechos humanos”, enfatizó el concejal Sebastián Tiozzo en su proyecto de ordenanza.
Y, en esa línea, precisó que “a pesar de ser de público conocimiento lo mencionado en el considerando anterior, gran parte de la sociedad eldoradense y misionera desconoce lo sucedido” en la sede de la fuerza nacional ubicada en el kilómetro 6 de la localidad.
Los espacios de memoria, en su mayoría, son lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, pero también donde sucedieron masacres, enterramientos clandestinos, fusilamientos y otros hechos emblemáticos de la represión ilegal del Estado.
Política
Wanda declararó la emergencia por consumos problemáticos
El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Wanda declaró la emergencia por consumos problemáticos en el municipio, una medida que apunta a reconocer la gravedad de la situación a nivel local y a impulsar políticas públicas para su abordaje.
Durante la sesión ordinaria del último martes, los concejales aprobaron por unanimidad el proyecto presentado por la edil Silvia Lutz (La Libertad Avanza), solicitado por la Asociación Civil para el Desarrollo Misionero, coordinada por Samuel Doichele, una organización que contiene y asiste, a través de un agrocamping, a personas mayores de edad que atraviesan situaciones de consumo problemático.
En sus fundamentos, la iniciativa sostiene que el consumo problemático de sustancias psicoactivas constituye una de las problemáticas sociales, sanitarias y comunitarias “más complejas y urgentes”, con impacto no solo en las personas afectadas, sino también en sus familias, instituciones y en el entramado social en general.
En ese sentido, el documento advierte sobre un “incremento sostenido” de casos en la localidad, que demandan contención inmediata, acompañamiento terapéutico y dispositivos de atención integral. Además, remarca las consecuencias en ámbitos como la salud, la educación, la seguridad, el trabajo y la convivencia social.
El texto también pone en valor el trabajo que vienen realizando distintos actores comunitarios, como instituciones educativas, organizaciones sociales, espacios religiosos, equipos de salud y grupos de familiares, aunque señala que muchas de estas acciones se desarrollan de manera aislada y con recursos limitados.
Frente a este escenario, se plantea la necesidad de que toda intervención esté respaldada institucionalmente, con supervisión profesional y articulación con el sistema público de salud. Entre los puntos destacados, se subraya la importancia de garantizar la integridad física, psíquica y social de las personas en tratamiento, así como el respeto de sus derechos y la aplicación de protocolos sanitarios adecuados.
Asimismo, la declaración establece que el abordaje de los consumos problemáticos debe ser integral, incluyendo estrategias de prevención, concientización, reducción de riesgos, tratamiento, reinserción social y acompañamiento familiar.
En esa línea, se propone fortalecer la articulación entre el municipio y distintos sectores, como instituciones educativas, centros de salud, organizaciones civiles, iglesias, áreas sociales y fuerzas de seguridad con enfoque preventivo, entre otros.
El documento se enmarca en lo establecido por la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y la Ley Nacional N° 26.934, que reconocen a las adicciones como una cuestión de salud pública y promueven dispositivos comunitarios con participación estatal e interdisciplinaria.
Entre los objetivos de la emergencia, se destacan la movilización de recursos municipales, provinciales y nacionales, el fortalecimiento de iniciativas comunitarias, la creación de dispositivos de atención, la implementación de campañas de prevención y la generación de espacios de contención para familiares.
Asimismo, se prevé la formalización de convenios con instituciones especializadas y el otorgamiento de asesoramiento técnico y respaldo legal a los dispositivos existentes.
Desde el Concejo señalaron que la declaración de emergencia constituye una herramienta “necesaria y urgente” para ordenar, coordinar y potenciar los esfuerzos en el territorio, con el objetivo de garantizar procesos de recuperación en condiciones dignas, seguras y acompañadas.
Finalmente, la medida posiciona a los consumos problemáticos como una prioridad en la agenda pública local y busca avanzar hacia un abordaje sostenido, comunitario y con perspectiva de derechos.
El documento lleva la firma de los concejales Mirta Noemí Berent, presidenta del HCD; Silvia Lutz; vicepresidenta del Concejo y autora del proyecto; Jorge Alberto Vier; Matías Duarte; Celita Junges; Víctor Hugo Cabrera; y de Fabiana Elizabeth Ferreyra.
Al igual que en Wanda, en el Concejo Deliberante de Puerto Iguazú recientemente se trató y se pasó a comisión un proyecto que busca declarar la emergencia por consumos problemáticos en la ciudad.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
Política
Proyectan crear un observatorio de violencia escolar en Garupá
El presidente del Honorable Concejo Deliberante de Garupá, Miguel Rauber, presentó este martes en sesión ordinaria un proyecto de ordenanza que propone la creación del Observatorio Municipal de Violencia Escolar, una herramienta institucional orientada a relevar, sistematizar y analizar situaciones de conflictividad en el ámbito educativo local.
La iniciativa busca generar información confiable y periódica sobre episodios de violencia escolar, con el objetivo de fortalecer políticas públicas preventivas y diseñar estrategias de intervención basadas en evidencia. Según el texto presentado, el observatorio funcionaría dentro del Concejo Deliberante y tendría carácter técnico y permanente.
Entre los principales objetivos planteados se encuentra la identificación de modalidades de violencia dentro y fuera de las escuelas, el análisis de factores de riesgo, la elaboración de indicadores cuantitativos y cualitativos y la producción de informes semestrales y anuales de acceso público.
El proyecto define como violencia escolar a toda acción, conducta u omisión que implique agresiones físicas, psicológicas o verbales, casos de bullying y ciberbullying, discriminación por razones de género, orientación sexual, religión, discapacidad u origen social, además de violencia simbólica e institucional.
La propuesta también prevé una estructura de funcionamiento dividida en tres áreas: una comisión legislativa integrada por concejales, una unidad técnica conformada por profesionales especializados y un consejo consultivo ad honorem con participación de actores del sistema educativo y organizaciones sociales.
Uno de los puntos destacados es la intención de articular el trabajo con el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) mediante un convenio específico que permita establecer metodologías de recolección de datos, validación técnica e intercambio de información estadística.
En el texto también se subraya la necesidad de resguardar la identidad de niños, niñas y adolescentes, garantizando anonimización de datos sensibles, acceso restringido a bases de información y protocolos específicos de protección de datos personales.
La fundamentación del proyecto remarca que la violencia escolar constituye una problemática social compleja que impacta directamente en el desarrollo integral de estudiantes y en la convivencia institucional, por lo que considera necesario que el Estado municipal intervenga con herramientas propias de monitoreo y prevención.
Consenso y construcciones colectivas, el sello del HCD de Garupá para el 2026
Política
Kicillof recibió reclamo de yerbateros y organizan reunión con él en Misiones
En una reunión llevada adelante hoy, productores yerbateros de Misiones pusieron en conocimiento al gobernador Axel Kicillof sobre la crisis del sector y advirtieron que “está en juego si la yerba seguirá siendo territorial y distributiva, o será un commodity, estandarizado y concentrado”.
Organizaciones de productores y la Cooperativa Río Paraná de Misiones le hicieron llegar al gobernador peronista un documento donde se detalla la crítica situación del sector de la yerba mate.
La presentación se dio hoy, 30 de marzo, de la mano de Gastón Borsini, integrante de la Confederación General de la Producción (CGP) de la República Argentina, quien entregó el escrito donde se ratifica la necesidad de recuperar todas las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Esta es una reunión que el gobernador convocó con la idea de interiorizarse sobre las distintas problemáticas de los sectores productivos a nivel federal”, explicó Borsini a La Voz de Misiones.
El documento, con contenido de la problemática del sector, fue titulado con el eslogan “La chacra no se vende, es Patria” y en sus más de 700 páginas refleja el crecimiento y desarrollo del sector durante la gestión del Inym (dos décadas) ejerciendo todas sus facultades, como así también la situación de crisis generada a partir de la desregulación. Además de las recientes modificaciones normativas introducidas a partir de la sanción del DNU 70/2023.
“Desde la Confederación somos críticos con el ministerio de Desregulación. A (Federico) Sturzenegger y a sus medidas lo consideramos ‘anti productivo’”, apuntó.
El escrito contó con las firmas de los misioneros Jorge Skripczuk, presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero; Hugo Sand, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam); Salvador María Torres, presidente de la Cooperativa Río Paraná Limitada; y Julio Petterson, presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte , con el patrocinio letrado de José Federico Padolsky.
En el texto se advierte sobre la situación yerbatera a partir de la desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei, donde se plantean dos modelos productivos claramente diferenciados: “Lo que se encuentra en juego es un modelo de desarrollo regional basado en la producción, el trabajo y la inclusión, frente a una dinámica que tiende a la concentración, la estandarización y la pérdida de valor territorial”.
Encuentro en Misiones
Segú comentó Gastón Borsini de CGP -Organización que representa a economías regionales- y donde el misionero Skripczuk es parte del Directorio en representación de la provincia de Misiones, Kicillof escuchó con preocupación la problemática planteada y pactó una visita Misiones.
“El gobernador nos pidió si en el corto plazo se puede organizar un encuentro con las bases de los sectores yerbateros, dado que le gustaría visitar la provincia y escuchar de boca de los reales actores las problemáticas reales”, reveló.
La reunión, añadió Borsini, será en un plazo de no más de tres meses y se prevé que el mandatario bonaerense llegue acompañado por Javier Rodríguez, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires.
Y agregó que este “encuentro Agrario” convoca a los yerbateros, los tabacaleros y los demás productores, coordinado por la confederación “él asistirá como Gobernador y como posible candidato y construir su campaña presidencial”.
Jorge Skripczuk explicó que para la Asociación Impulso Yerbatero es fundamental que el gobernador de Buenos Aires tenga conocimiento de la problemática.
“En el grupo de impulso participan productores que están dentro de la Confederación y hace unas semanas comenzamos con reuniones con funcionarios bonaerense para delinear estrategias de ventas. Buscando canales más directos de comercialización en esa provincia ya que es un nicho importante para ubicar la yerba de cooperativas o de pequeñas marcas”, indicó.
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