Política
Proponen señalizar al Escuadrón 10 de GNA como centro clandestino de detención
Un proyecto de ordenanza avanzará en el Honorable Concejo Deliberante de Eldorado para identificar y señalizar como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar al edificio del Escuadrón 10 de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), ubicado en el kilómetro 6 de esa ciudad.
Con el aval del Ministerio de Derechos Humanos de la provincia, el proyecto autoría del concejal Sebastián Tiozzo (Partido Agrario y Social) tendrá su primer tratamiento este miércoles en el recinto, donde los ediles eldoradenses analizarán los considerandos de la iniciativa que cuenta con testimonios de personas que estuvieron detenidas ilegalmente en la sede de Gendarmería.
En el documento, Tiozzo hizo un repaso de lo que significó para el pueblo argentino el Terrorismo de Estado que gobernó el país desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, comandado por las fuerzas armadas de la Nación y que se caracterizó por la violación sistemática a los derechos humanos y la desaparición forzada de militantes políticos.
Asimismo, expuso que el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte), en su sección Mapas de centros clandestinos de detención (CCD) y hechos represivos, actualizado en el 2022, marca como uno de estos lugares el Escuadrón 10 de GNA Eldorado, como así también la comisaría Primera de esa misma ciudad.
“Durante la dictadura cívico-militar, los ciudadanos de Misiones, y en especial los de nuestra ciudad de Eldorado; como también del municipio de Montecarlo y sus alrededores, no fueron la excepción; hubo personas que estuvieron privadas de su libertad durante este período oscuro de nuestra historia”, sostuvo el edil del Pays en los considerando del proyecto de ordenanza.

Mapa del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado.
Testimonios clave
El proyecto también se respalda en el testimonio de sobrevivientes que relataron haber sido alojados en la dependencia de Gendarmería durante el gobierno de facto. Uno de ellos es el de Nuria Brunilda Allou, actual jueza del Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado.
Allou fue entrevistada por la profesora de Historia Natalia Vanesa Pelozo para su investigación “Cicatrices de la Dictadura”. Este relato en primera persona de la magistrada fue citado por el concejal eldoradense en el proyecto.
La magistrada contó que fue detenida en Montecarlo el 24 de marzo de 1976, cuando tan solo tenía 16 años y era madre de un bebé.
“¿Cuál fue el primer lugar de detención? Mi primer lugar de detención fue la comisaria de Montecarlo y luego ‘nos’ trasladan a Eldorado al Escuadrón 10 de Gendarmería“, afirmó Allou cuando brindó su testimonio a la profesora Pelozo en el 2023.
“Su arresto ocurrió tras recibir una advertencia sobre posibles represalias debido a su participación como presidenta del Centro de Estudiantes de su escuela secundaria”, explicó Tiozzo sobre el caso de Allou y añadió que la jueza compartió cautiverio con diferentes maestros, profesores y el sacerdote José Czerepak “quien fue confinado en un espacio extremadamente reducido que apenas podía acomodar su silla de ruedas”.
Si bien, afortunadamente, no recibió torturas, la jueza sentenció a ese período de detención, que duró entre 45 y 65 (no recuerda con precisión), de mucha “incertidumbre y angustia” el cual le dejó “profundas marcas en su salud física y emocional. Descalcificación ósea, rechazo a espacios oscuros. Además de causar una desconexión temporal con su hija pequeña”.
Otro testimonio clave del que se hizo eco el edil Tiozzo, a partir de una entrevista que realizó el licenciado en Historia Matías Rojas, es el de la directora de la Escuela Normal 2 de Montecarlo, Norma Ramos.
Al igual que la jueza Allou, la directora Ramos fue detenida el 24 de marzo de 1976 en Montecarlo y llevada al Escuadrón 10 de Gendarmería.
“Nosotros sabíamos dónde nos llevaron, imagínate que vivimos acá, cómo no vamos a saber dónde nos llevaron. Aparte, eran los gendarmes conocidos todos, del pueblo; nos subieron y nos llevaron a la gendarmería“, contó Norma a su entrevistador en diciembre del 2024.
Además, la directora expuso las torturas a la que fue sometida durante su detención “por el trabajo social que tenía la escuela”.
“En varias oportunidades nos hacían simulacro de fusilamiento, todo un trabajo psicológico. Nos paraban contra la pared, de espalda, con las manos hacia arriba, y nos decían que nos iban a fusilar. Varias veces”, narró en aquella entrevista.
Y describió: “Nos llevaban a un lugar, y nos ponían contra la pared con un número de frente y de perfil. Nos sacaban fotos y nos tomaban declaración. Preguntando cosas, de la escuela, lo que ellos buscaban era que nosotros pudiéramos hablar sobre los dos encuentros secundarios que hubo, el PEPES y SEPES. Que fue un movimiento político y revolucionario, de quien generó esta escuela, donde hubo participación de todos los políticos y gremios que estaban en contra del manejo del gobierno”.
Víctimas del Terrorismo de Estado
El extenso proyecto de ordenanza también añade un listado de personas de la zona Norte de la provincia, principalmente de Eldorado y Montecarlo, que fueron víctimas de la última dictadura cívico-militar que ocurrió en la Argentina, elaborado por Norma Ramos, Roberto Lafere, Nuria Allou y Matías Rojas.
Los sobrevivientes que estuvieron detenidos en el Escuadrón 10 de Gendarmería Nacional son: “Juan Ledesma, estudiante; Armando Ledesma, obrero; Bruno Garay, obrero; Víctor Verón, estudiante; Beatriz Francisconi, estudiante; Roberto Lafere, bibliotecario; María Cristina Presa, docente; Analía Muruat, estudiante; Ricardo Torres, docente; Ernesto Niedeber, maestro mayor de obras; Juan Carlos Martínez Alva, escritor-poeta; Edigio Domínguez, docente; Héctor Antonio Acosta, trabajador; Teresa Montero, estudiante; Eustaquio Colman, docente; Nicolás Chemes y Roberto Chemes (No fueron detenidos, pero sufrieron la suspensión en la Escuela Normal Superior N 2.); Ricardo Rosas (Suspendido del cargo Vicedirector ENS N2 – Docente); Oscar Darú (Suspendido del cargo de Director ENS N°2 – médico”.
Espacios de Memoria
Con esa información recabada y respaldándose en leyes provinciales y nacionales que sostienen que el Estado debe llevar adelante “estrategias activas de difusión y sensibilización dirigidas a la sociedad civil” sobre los crímenes de lesa humanidad, el edil impulsa la identificación y señalización del destacamento en el HCD.
“El edificio del Escuadrón 10 de Gendarmería Nacional fue utilizado como un centro de detención de civiles durante el denominado “Proceso Nacional” arbitrariamente y sin que medie ninguna causa judicial en su contra, siendo ello un caso flagrante de violación de los derechos humanos”, enfatizó el concejal Sebastián Tiozzo en su proyecto de ordenanza.
Y, en esa línea, precisó que “a pesar de ser de público conocimiento lo mencionado en el considerando anterior, gran parte de la sociedad eldoradense y misionera desconoce lo sucedido” en la sede de la fuerza nacional ubicada en el kilómetro 6 de la localidad.
Los espacios de memoria, en su mayoría, son lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, pero también donde sucedieron masacres, enterramientos clandestinos, fusilamientos y otros hechos emblemáticos de la represión ilegal del Estado.
Política
Apoderado legal de dos municipios en lista de deudores alimentarios
El apoderado de las municipalidades de Concepción de la Sierra y Tres Capones, el abogado Marcelo Fabián Dudych, figura también en el listado de deudores de la cuota alimentaria, publicado en estos días en la página web del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y en el Boletín Oficial de la provincia.
El letrado aparece en el informe mensual del Registro Público de Alimentantes Morosos del STJ, con dos expedientes del Juzgado de Familia Nº 1: una demanda por alimentos, de 2014, y otra de tenencia y régimen de visitas, de julio de 2025, de su ex pareja, la también abogada Mariana Lourdes Báez.
El informe oficial no ofrece mayores detalles de la situación de las causas, más que los números de expediente, carátulas, el juzgado donde se tramita y los nombres de la demandante y el demandado; y tampoco a cuánto asciende la deuda en cuotas alimentarias de Dudych.
El Registro Público de Alimentantes Morosos fue creado en Misiones por la Ley IV Nº 31, que impone restricciones a quienes adeudan más de dos cuotas alimentarias, como impedimentos para obtener habilitaciones comerciales, licencias, créditos, beneficios sociales, realizar trámites municipales y acceder a cargos públicos, como el que ostenta Dudych, que ejerce la representación legal de ambas municipalidades misioneras.
Según se aclara en la web del STJ, “el ingreso, alta, egreso y baja de Deudores Alimentarios Morosos en el Registro Público, se realiza por orden escrita emanada de los señores jueces competentes de las distintas circunscripciones judiciales de la Provincia y, de aquellos de Extraña jurisdicción que así lo ordenen por Mandato Judicial”.

Extracto del informe mensual del STJ, donde figura el abogado Dudych.
Política
Fernando Zarza y la lista de deudores alimentarios: “Yo pago todos los meses”
El concejal posadeño del partido Por la Vida y los Valores (PVV), Fernando Sebastián Zarza, reconoció que figura en el listado del Registro Público de Alimentantes Morosos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), pero aseguró que se encuentra al día con la cuota alimentaria del hijo que tiene con su ex pareja.
“Para figurar en el Registro te tenés que atrasar dos meses, y ese no es mi caso”, afirmó Zarza, en diálogo con La Voz de Misiones, y señaló: “Yo pago todos los meses la cuota”.
“La Justicia tendrá que explicar por qué me incluyeron si yo no soy deudor”, dijo el edil del partido que encabeza el diputado provincial y vicepresidente primero de la Legislatura, Walter Ríos, y contó que se enteró de la novedad “hace una semana, a través de un amigo”.
Zarza comentó que el tema llegó a estrados judiciales en 2021, por desacuerdos con la madre de su hijo acerca de la suma que él debería pasarle mensualmente en concepto de cuota alimentaria, y el expediente se radicó en el Juzgado de Familia y Violencia Familiar Nº 2, de Posadas.
“En un momento tuve un litigio judicial porque no nos poníamos de acuerdo en el monto; fuimos a la Justicia, que falló no solamente en la cuota, sino también en todo lo relacionado con el régimen de visita y las vacaciones”, relató.
“Hasta entonces, yo venía pasándole dinero, pero de modo informal; y a partir del fallo judicial quedó todo homologado”, afirmó.
El concejal posadeño comentó que por orden judicial le transfiere a su ex pareja el equivalente de dos salarios mínimos, y que, a veces, como en el depósito que hizo el 9 de enero pasado al mediodía, “le paso un poco más, porque queda un saldo del mes anterior o porque ella necesita”.
El Registro Público de Alimentantes Morosos fue creado en Misiones por la Ley IV Nº 31, que impone restricciones a quienes adeudan más de dos cuotas alimentarias, como impedimentos para obtener habilitaciones comerciales, licencias, créditos, beneficios sociales, realizar trámites municipales y acceder a cargos públicos, como el que ostenta Zarza, que asumió la banca de concejal en diciembre de 2025, en reemplazo del empresario Francisco Pepi Wipplinger, fallecido en enero pasado, quien había resultado electo en las elecciones de junio, pero renunció cuatro meses después.
“La verdad que me sorprendió figurar en ese listado, porque yo siempre estoy cumpliendo con mis obligaciones, no solo en el tema de la cuota alimentaria, sino en el relacionamiento con mi hijo”, dijo Zarza y adelantó que ya instruyó a su abogada, la doctora Nora Rahn, para que “pida por escrito que se me retire del Registro”.

Comprobante de depósito bancario de Fernando Zarza, del 9 de enero pasado.
Política
Concejal posadeño Fernando Zarza en listado de deudores de cuota alimentaria
El concejal posadeño del partido Por la Vida y los Valores (PVV), Fernando Sebastián Zarza, figura en el listado de deudores alimentarios publicado en el sitio web del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
El edil del espacio que encabeza el diputado provincial Walter Ríos, figura en el Informe Mensual de enero, del Registro Público de Alimentantes Morosos, que se difunde también a través del Boletín Oficial de la Provincia, y que contabiliza unos 850 deudores de la cuota alimentaria en Misiones.
Según la información disponible en el listado del STJ, Zarza enfrenta un reclamo judicial de su ex pareja por la cuota alimentaria del hijo adolescente que comparten, en un expediente tramitado en el Juzgado de Familia y Violencia Familiar Nº 2, de Posadas.
El informe oficial no ofrece mayores detalles de la situación de la causa, más que el número de expediente, la carátula, el juzgado donde se tramita y los nombres de la demandante y el demandado.
Zarza asumió como concejal de Posadas en diciembre de 2025, tras la renuncia del empresario Francisco Pepi Wipplinger, fallecido en enero pasado, quien había resultado electo en las elecciones de junio, pero renunció cuatro meses después.
Informe-Alimentantes-Enero-2026
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